Las cuentas del Congreso para la discusión del presupuesto de 2026
Con tres ponencias radicadas, las comisiones económicas discutirán desde el mediodía el Presupuesto General de la Nación de 2026. Si una de ellas no es aprobada en este primer debate conjunto de las cuatro comisiones (Tercera y Cuarta de Senado y Cámara), el presidente Gustavo Petro podrá decretar el presupuesto del próximo año tal y como lo presentó su ministro de Hacienda, Germán Ávila, por $ 556,9 billones.
La discusión ha estado mediada por las tensiones de un sector que insiste en que se debe bajar el monto de manera significativa, ante la necesidad de que haya una ley de financiamiento por $ 26,3 billones para que se pueda cumplir con las cuentas, y un Ejecutivo que ha insistido en que, si no se aprueba, el golpe sería peor para el bolsillo del país.
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Si el presupuesto logra superar esta primera discusión formal, que se dará en el Salón Elíptico del Congreso, entonces habrá plazo de casi un mes más, hasta el próximo 20 de octubre, para que las plenarias de Senado y Cámara lo discutan. Si no, como se dijo, quedará en la potestad del presidente Petro estamparle su firma, tal y como ocurrió en 2024, en medio de las tensiones entre el Capitolio y la Casa de Nariño.
Pero las cuentas son complejas y la votación, de darse, estará atomizada. La ponencia del Gobierno solo contó con 4 de 58 firmas. Hay otra, que presenta una disminución de unos $ 10 billones, planteando un presupuesto de $ 547 billones, que sería la que cuenta con mayor respaldo entre los congresistas. En esta segunda, indicó la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), se “eliminan varios de los artículos peligrosos, como por ejemplo el que echa mano de las vigencias futuras y varios del FONPEC, que afecta lo pensional y los entes territoriales”.
Se refería al artículo 88 (de 97 que tiene el proyecto). En este se planteó la posibilidad de que el Gobierno pueda replantear el uso de las vigencias futuras comprometidas para obras de infraestructura. Se trató de una posibilidad que levantó dudas entre la oposición, al considerar que se pasaba de largo el control congresional.
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La tercera ponencia, radicada por la oposición, le resta $ 26,3 billones al presupuesto, quedando sobre los $ 530 billones. En los cambios propuestos se elimina el valor necesario para cubrir con una ley de financiamiento, que ha sido interpretada como una nueva tributaria y que traería cambios en el IVA y en el impuesto al consumo para algunos productos y servicios, aumentos en las tarifas de renta para personas de mayores ingresos, cambios en el impuesto al patrimonio y ajustes en los impuestos para sectores ya golpeados, como el de minas y energía.
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