sábado 04 mayo 2024
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Congreso inicia el segundo periodo legislativo con varias reformas por delante

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El segundo periodo legislativo, que empieza el 16 de febrero, será clave para las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro, especialmente la de la salud, la pensional y laboral. Preguntas sobre si la administración Petro logrará alcanzar consensos o consolidar los respaldos necesarios para sacar adelante sus iniciativas en el legislativo, rondan en este momento en el que la situación política del país ha estado caldeada.

El partido de las reformas, de al menos dos de ellas, en esta ocasión, se jugará en el Senado de la República. Escenario en el que el Gobierno tendrá dos frentes abiertos, uno en la Comisión Séptima con la reforma a la salud y, el otro, en la plenaria con la pensional.

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Reforma a la salud:

La iniciativa, que en el semestre pasado logró salir de la Cámara de Representantes, está para tercer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República. Se estima que la discusión y la votación arranque en forma en el mes marzo, cuando culminen las audiencias públicas que vienen realizándose desde inicios de este año y que se extenderán hasta finales de febrero. Hasta el momento se han adelantado audiencias en Santa Marta, la Guajira, Cali, entre otras.

Reforma pensional:

Este proyecto, que durante el semestre pasado no lo logró despegar en la plenaria del Senado, en el mes de diciembre quedó anunciado para segundo debate. La tiene tres puntos en los que no hay consenso, uno de ellos tiene que ver con el umbral de cotización de salarios mínimos en Colpensiones.

Sobre esta reforma hay tres ponencias radicadas: la mayoritaria, la alternativa y la que pide el archivo.

Reforma laboral:

La nueva reforma laboral que radicó el Gobierno en el Congreso, alcanzó a dar sus primeros pasos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes durante el semestre pasado. Hasta el momento se han aprobado 16 artículos y en este nuevo periodo legislativo se retomará el debate en esa célula legislativa.

El senador Ariel Ávila considera que la dinámica de la agenda legislativa del Gobierno dependerá, en gran parte, de si se prioriza en Senado el proyecto de reforma a la salud y en Cámara de Representantes la laboral, que está en primer debate. Según el legislador, eso frenaría el trámite de otros proyectos. Además, considera que la coyuntura política jugará un papel clave este semestre.

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“El panorama de la agenda legislativa en este periodo parece va a estar complicado, va a depender de tres grandes decisiones. La primera, es si el Gobierno sigue con la lógica de meter la reforma a la salud (Senado) inicialmente y la laboral en Cámara, eso puede paralizar gran parte de la agenda legislativa, aunque todo parece indicar que van a insistir en esas reformas. Lo segundo, es saber si va a haber alguna priorización o no”, aseguró Ávila.

Y agregó que: “lo tercero, es la coyuntura política. Si llegamos a mitades de marzo, abril, con una situación como la actual, se garantizaría que el Congreso estuviera paralizado. Entonces vamos a depender mucho de la coyuntura política y del debate nacional”.

Por su parte, desde la oposición el representante por el Centro Hernán Cadavid, manifestó que la discusión en el Congreso nuevamente estará centrada en la reforma a la salud. Insistió en que el proyecto es inconveniente para el país.

“Nuevamente el reinicio del Congreso va a estar atravesado por una de las polémicas mayores y es el desmonte del sistema de salud. Ha quedado probado que el Gobierno lo que tiene es una pelea ideológica con sectores específicos entre ellos las EPS, que más grave todavía, no ha dicho de dónde puede surgir el pago de una reforma que se tasaría en más de 100 billones de pesos en los próximos años, que no hay infraestructura preparada, que las cifras no acompañan el debate del ministro. Por eso, la discusión nuestra no va a ser solamente dentro de los salones del Congreso, sino también en las calles advirtiéndole a los colombianos que ‘ojo, mucho ojo’ con las reformas del Gobierno Petro en el año 2024″, dijo el representante.

El segundo periodo legislativo del Congreso arranca el 16 de febrero y culmina el 16 de junio.

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Minhacienda emitió decreto que desagrega los $ 13 billones del presupuesto del 2024

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El Ministerio de Hacienda emitió este miércoles 14 de febrero el decreto en el cual se especifica la destinación de los $13 billones del presupuesto para el 2024.

En este documento se incluye la destinación de recursos que realzará el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, para la puesta en marcha de diferentes proyectos de infraestructura a nivel nacional, los cuales permitirán reactivar la economía en las diferentes regiones de Colombia.

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La financiación de uno proyectos que más alertaba a los diferentes sectores de la economía es la primera línea del Metro de Bogotá, que de acuerdo con este documento va a tener un destinación de más de $776 mil millones. Asimismo, el Gobierno Nacional a través de este documento destinó para la construcción de las fases II y III de la extensión de la troncal Norte Quito Sur del sistema Transmilenio hacia Soacha más de $115 mil millones.

Por su parte, el metro ligero de la 80 de Medellín, otro de los proyectos que diferentes sectores calificaron como cruciales, va a contar en este 2024 con una asignación de $ 483 mil millones.

De otro lado, la construcción de la carretera Calamar – San José del Guaviare de los accesos a Mitú va a contar con $10 mil millones, este es considerado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) de importancia estratégica.

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Cabe mencionar que este documento sale, luego de la polémica generada en los últimos días en donde diferentes sectores consideraban que era entregarle “un cheque en blanco” al Gobierno y por el cual salió de su cargo la directora del presupuesto nacional del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa.

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Excancilleres, preocupados por injerencia de organismos internacionales en el país

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Como un hecho sin precedentes en la política exterior del país calificaron los integrantes del Comité Colombiano de Relaciones Internacionales (Cori) las manifestaciones de organismos multilaterales como la OEA y la ONU en asuntos internos del país.

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Los miembros de este importante centro de pensamiento, que preside el excanciller Guillermo Fernandez de Soto, manifestaron su preocupación, pues nunca antes en la historia democrática de Colombia organismos internacionales de este talante se habían manifestado sobre asuntos que son resorte exclusivo de la Corte Suprema de Justicia como es la elección de fiscal general.

“Este se constituye en un hecho que no tiene precedentes en la política exterior del país y amerita el más categórico rechazo”, señala el comunicado que está firmado, entre otros, por los excancilleres Carolina Barco y Julio Londoño Paredes.

Y agregan que “los organismos internacionales y sus dirigentes deben ser respetuosos de los procesos internos del país. Asimismo, tienen el deber de transmitir información objetiva e imparcial y no caer en comunicaciones tendenciosas ni falsas”.

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El comunicado lo firman Guillermo Fernández de Soto, presidente del Cori: Carolina Barco, excanciller; Julio Londoño Paredes, excanciller; el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas; y los demás integrantes del comité entre quienes están Andrés Rugeles, Flavia Santoro, Saúl Pineda, Álvaro Méndez, María Carmelina Londoño y Camilo Jaimes.

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Se suspende el juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leyva Durán

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Cerca del mediodía de este jueves, 15 de febrero, Ernesto Espinoza, procurador del caso contra el canciller Álvaro Leyva por líos en la licitación de pasaportes, rechazó que la defensa del ministro lo haya recusado por enemistad grave, sin embargo, la audiencia quedó suspendida hasta que la procuradora general, Margarita Cabello, resuelva ese recurso.

“No puedo aceptar que se me señale como activista político (…) no conozco ni he tenido trato de ninguna índole con el disciplinado”, aseguró el procurador Espinoza.

Junto a la suspensión de tres meses de su cargo que la Procuraduría General de la Nación le dictaminó al canciller Álvaro Leyva Durán, está el juicio disciplinario en su contra por presuntas irregularidades cometidas en el marco del proceso licitatorio para la expedición de los pasaportes en el país.

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En este juicio, que arrancaba hoy, el procurador delegado del caso le leería al ministro el pliego de cargos por el que se le acusa, en el que reposan dos supuestas faltas cometidas en la licitación.

Hay varios hechos que tendrá que explicar Leyva, como el motivo por el cual canceló el año pasado la licitación que ya daba como ganador, según las normas, a la compañía Thomas Greg & Sons; también el porqué, si se habla de transparencia en el proceso, decidió declarar la urgencia manifiesta para entregar a dedo por un año el contrato para la expedición de los documentos.

Además, tendrá que explicar sus razones para no conciliar con Thomas Greg & Sons, pese a las recomendaciones que se le hicieron desde el Comité de Contratación de la Cancillería y desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, exponiendo a la Nación a demandas que en una alta probabilidad podrían perderse.

Pero no menos grave, entre los hechos que se revisarán en el caso de Leyva Durán están todas las funciones, decisiones, comunicaciones y demás que tomó en representación de la Cancillería en las últimas semanas, según informó la Sala Disciplinaria de Instrucción.

Lo anterior, debido a que desconoció en principio que se encontraba apartado del cargo. En ese sentido, se buscará determinar si los hechos son constitutivos de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Y es que el canciller, desde que fue suspendido el pasado 24 de enero y hasta la semana pasada que acató la decisión, llegó a firmar 14 decretos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a la suspensión que se le había impuesto y a que la procuradora Margarita Cabello ratificó en dos ocasiones, mediante oficios, la decisión inicial.

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El presidente Gustavo Petro ha llegado a asegurar que todo esto solo es un plan desde la Procuraduría para no dejarlo gobernar, y que sería una muestra más de que hay sectores políticos de oposición e instituciones politizadas que buscan un golpe blando.

Leyva, por su parte, espera que la suspensión sea tumbada para poder afrontar su juicio disciplinario en el cargo, esto gracias a la imposición de una tutela para anular el fallo del Ministerio Público alegando la vulneración en sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al ejercicio de cargos públicos.

Yefferson Dueñas es el abogado defensor del canciller, quien aseguró que los hechos muestran que no hay garantías procesales para su defendido.

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Astrid Rodríguez, ministra del Deporte, presentó su carta de renuncia este jueves

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Este jueves, 15 de febrero, renunció la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, luego de que Colombia perdiera la sede de los Juegos Panamericanos para Barranquilla 2027.

“Teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dirimir del cargo de ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024”, dice la carta de renuncia dirigida al presidente Gustavo Petro.

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“Respetado presidente, como usted lo sabe, mi única motivación para atender el generoso llamado que me hizo para ser parte de su equipo de trabajo, fue la de contribuir a la implementación de su Plan Nacional de Desarrollo, por ello, enuncié los elementos más destacados que dentro del sector deporte se articulan a la consolidación de su Gobierno. En ese sentido, sólo me movió la convicción de que estamos ante un momento histórico de innegable trascendencia para la sociedad colombiana”, señala el comunicado.

Astrid Rodríguez llegó al Gobierno luego de la salida de María Isabel Urrutia, quien también abandonó el gabinete en medio de una polémica por irregularidades en la contratación.

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Canciller Álvaro Leyva presentó una tutela para que se levante su suspensión

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La defensa del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, presentó una acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación por la suspensión del alto funcionario por tres meses tras las posibles irregularidades en la licitación para la elaboración de las libretas de pasaportes en Colombia.

Varios son los argumentos que el abogado de Leyva expone para se deje sin efecto la decisión de la suspensión del alto funcionario. Así las cosas, aseguran que la actuación del Ministerio Público fue acelerada y prematura.

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“Por la manera como ha sido diseñada y como se ejerce en la práctica, se convierte en la “cuota inicial” de un fallo sancionatorio a un ritmo acelerado. Porque si llegare a absolverse al disciplinado habrá quedado en evidencia un actuar prematuro e injustificado de la administración, que al interior de una misma entidad, con estructura jerarquizada, difícilmente puede ser aceptada”, dice el documento de la tutela.

Sumado a esto, se agrega que se deben proteger los derechos fundamentales al debido proceso y a que se analicen las diferencias sobre los actos administrativos por los cuales se tomaron decisiones para la suspensión.

“De este modo se evidencia que la investigación disciplinaria seguida contra el doctor Álvaro Leyva está basada únicamente en discrepancias sobre la legalidad de los actos administrativos que él expidió, que de ninguna manera conllevan a la comisión de una falta disciplinaria y mucho menos es un fundamento válido para suspenderlo de su cargo, máxime cuando ningún juez de la República ha declarado su ilegalidad. Si bien la Procuraduría General tiene competencia para investigar al ministro de Relaciones Exteriores, lo hace respecto de su conducta, pero no sobre la presunción legal que revisten las decisiones que en ejercicio de sus funciones profiera”, agregan.

También, la defensa asegura que no hubo imparcialidad en los procesos por las declaraciones que dio la procuradora Margarita Cabello en los medios de comunicación que señalaron el actuar del canciller Leyva.

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“Este tipo de actos materializa la falta de transparencia e imparcialidad dentro de estos procesos, máxime cuando lo que se debate es una decisión que no contiene elementos objetivos, por lo que se ponen en riesgo las garantías esenciales que deben revestir a todos los procesos judiciales y administrativos. La arbitrariedad y el capricho no emanan del señor canciller, sino de quien debería ser uno de los principales garantes de los derechos de los ciudadanos: el Ministerio Público. Por ello, la intervención del juez de tutela resulta verdaderamente imprescindible”.

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Presidente de Corte se reunió con Policía para garantizar seguridad en Palacio

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, señaló que lo sucedido el pasado jueves 8 de febrero, fue un hecho de agresión violenta. Aunque el magistrado no se refirió al término de “secuestro”, sí aseguró que fue grave lo ocurrido, evitando que entraran los almuerzos y que salieran de la corporación en paz.

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“Hemos pedido que lo que sucedió el día jueves no se le quite la trascendencia y la gravedad del hecho, porque evidentemente fue un acto de agresión y violencia contra la Corte Suprema de Justicia y contra los magistrados de la entidad. ¿Por qué fue un acto de agresión y de violencia contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia?, porque la Corte fue sitiada, las puertas de ingreso y de salida fueron bloqueadas y eso es un acto de agresión, en tanto representó una afectación a la libre movilidad de los magistrados, de los empleados que se encontraban para ese día dentro de la corporación”, dijo.

Por eso, el próximo 22 de febrero será la fecha para realizar la votación para fiscal y va a haber más Fuerza Pública para la seguridad.

“Nosotros desarrollamos una reunión en el día de ayer con el señor vicepresidente y el director de la DIPRO, de la Policía Nacional, donde pusimos de presente nuestras preocupaciones por lo ocurrido el día jueves y demandábamos la adopción de las medidas que fueran necesarias para que ese día, nuestra sala plena pueda desarrollarse en condiciones de normalidad”, aseguró

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Finalmente, aseguró que hasta el momento, no se tiene pensada aplazar la elección a fiscal.

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Alertan que nueva licitación de pasaportes volvería a favorecer a “Thomas Greg”

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El Ministerio de Relaciones Exteriores ya recibió las primeras observaciones frente a la nueva licitación para elaborar las libretas de pasaportes en Colombia, un contrato por más de 416.000 millones de pesos.

A través de la carta la empresa Accesos Holográficos Sucursal Colombia, interesados en el proceso, señalan que el pliego de requisitos no cumpliría la ‘igualdad de condiciones’ y nuevamente se presentaría un favorecimiento al contratista actual, la empresa Thomas Greg and Sons.

Según el representante legal, esta licitación obliga al proponente a entregar muestras personalizadas con diseños específicos que incluyen símbolos patrios, leyendas e imágenes de Colombia, lo que costaría miles de dólares.

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“La preparación de muestras a la medida no solo implica miles de dólares en preparación de artes, matrices, herrajes y demás costos directos e indirectos del proceso, si no también implica un tiempo muy superior “al mes” con que contamos los proponentes desde la fecha de expedición del acto administrativo, hasta la fecha de entrega de propuestas. No ha existido un solo proceso a nivel mundial donde se obligue a los proponentes a incurrir en semejante costo y menos sin tiempo de reacción”, dice el documento.

Por lo anterior, se solicita se pueda entregar muestras genéricas, donde la entidad pueda verificar de parte del proponente, que tiene la capacidad de cumplir una a una las características de seguridad establecidas.

En el documento también piden al gobierno que se pueda acreditar la experiencia con certificaciones expedidas por los contratantes bien sean directamente gubernamentales o a través de privados al servicio de un estado pues la licitación establece que deben ser expedidas por la “autoridad emisora de pasaportes del país de origen”.

La empresa recordó al gobierno que en la licitación pasada los oferentes manifestaron desventajas ante el actual proveedor en el puntaje técnico, por ello, piden que se tenganen cuenta otras tecnologías de seguridad y mejoras para pasaportes tales como: Foto principal en escala de gris con sobreimpresión a color, Una tercera foto a color compuesta de micro textos,  Imagen fantasma en tinta reactiva a luz negra, Impresión o personalización en relieve hasta de 3 niveles (impresión táctil) y Chip con el doble o más velocidad de lectura que los requisitos mínimos, entre otros.

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El oferente exigió que la cancillería respete los tiempos mínimos de implementación “tal como ella misma los usa como argumento jurídico para el establecimiento de la declaratoria de urgencia manifiesta en 12 meses”, señalando que el tiempo de implementación establecido de 5 meses es supremamente “riesgoso” por no decir “imposible” de cumplir por tercero diferente al actual proveedor. Nuevamente con este tipo de requisitos se presenta un claro favorecimiento.

Por último, la empresa también solicita que sea una entidad internacional “independiente” quien evalúe técnicamente las propuestas “dadas las circunstancias de falta de transparencia con que la cancillería ha actuado, demostrando un comportamiento sistemático de favorecimiento al proveedor actual que persisten aún en este proceso, pese a las investigaciones disciplinarias y penales que hay en curso”, explica el documento.

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Presidente de Corte Constitucional propone aplazar elección de fiscal si se repite violencia

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El nuevo presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, propuso, en entrevista con Mañanas Blu, que se aplace la elección del fiscal general de la Nación si el próximo 22 de febrero se repite el asedio a la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió el pasado jueves.

“Si un hecho como este se repite, es decir, el 22 otra vez prorrumpieran en las inmediaciones del palacio con el tono de querer penetrar. Usted sabe que después de que cae la primera valla, no sabemos qué va a pasar: si es solo una cosa física contra los vehículos y las instalaciones o si vamos más allá. Es decir, una persona prudente cuando ve una cosa como esta, lo que tendrá que hacer, digo el presidente (de la Corte Suprema) es decir: ‘Mire, no podemos decidir hoy porque esto puede generar estos efectos y mi primera misión también es proteger la vida de los magistrados’, por ejemplo. Sí, y entonces yo diría: ‘Lo suspendemos la agenda hasta que el ambiente no esté en unas condiciones, claro de manifestación, pueden manifestarse, puede haber toda clase de expresión. Lo que no puede haber es violencia’”, dijo el magistrado.

En ese sentido, el magistrado expresó su inquietud por los eventos de violencia que asediaron a la Corte Suprema el pasado jueves. «¿Necesitan que maten un magistrado?», cuestionó Reyes en un momento de la conversación con Blu Radio.

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Añadió que en estos casos debe imperar la verdad y conminó al presidente Gustavo Petro a que no minimice lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, en donde, por unas cinco horas, manifestantes no permitieron la salida de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tras no elegir la fiscal.

“El presidente dice que los magistrados podían salir y entrar. Eso no es cierto. Lo digo y lo sostengo y creo que es importante mantenerlo en un estado constitucional. La verdad debe ser la protagonista. La verdad es el centro de toda posibilidad de discusión. Entonces, cuando no ponemos la verdad por delante es muy difícil construir razones, argumentos. Es difícil construir una conversación. Entonces yo creo que el presidente minimiza el asunto. Y, además, anoche escuché las declaraciones de del general (William) Salamanca diciendo que no sabía que nunca había habido un riesgo para los para los magistrados. Y el presidente dice que ninguno fue tocado siquiera. Todo eso es cierto. La pregunta es: ¿necesitamos que maten a un magistrado y que quemen una oficina, que quemen un vehículo?”, dijo.

“No se puede minimizar el hecho y no puede decir que aquí no pasaron cosas porque no hay muertos”, dijo Reyes.

El magistrado añadió que los asedios, así ocurran en la puerta de un despacho o un juzgado, ya son suficientemente significativos para entender que la independencia de un juez está siendo ir respetada.

“O sea, no necesitamos un muerto. No necesitamos un litro de sangre. No necesitamos el incendio en oficina. ¿Es suficiente esto? Por eso le digo cuando salen estos discursos a decir es que no les pasó nada, que no los tocaron. Eso es minimizar un evento. La justicia necesita un medio tranquilo», concluyó Reyes.

Las declaraciones del magistrado se dieron luego de que el presidente Gustavo Petro acusara a los en los medios de comunicación de informar “mentiras” respecto a lo ocurrido el 8 de febrero. Para el presidente los magistrados no salieron porque estaban trabajando.

“El problema de ayer, de esta información mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro. Siempre pudieron salir y entrar como quisiera. Es más, no salieron, porque ellos le dijeron al general de la Policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más hasta la hora en que salieron”, dijo el presidente.

Esta declaración le ha valido críticas al jefe de Estado, quien, en ese mismo discurso, conminó a sus seguidores a seguir presionando para que la corte elija al reemplazo de Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación.

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MinJusticia decreta emergencia carcelaria por asesinatos a guardias del INPEC

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El Ministerio de Justicia, decretó la emergencia carcelaria en todo el país, como una medida de choque para frenar la ola de asesinatos y amenazas en contra de funcionarios del INPEC.

La declaratoria de la emergencia tiene dos objetivos: proteger las vidas de los guardianes del INPEC y erradicar el delito de extorsión que se origina desde las penitenciarías.

La decisión fue tomada esta mañana, durante una Sesión Extraordinaria de un Consejo Directivo. En lo corrido de este 2024 hay un registro de dos homicidios (Cúcuta y Cartagena) cinco atentados y más de 10 amenazas.

Entre las medidas figuran: Apoyo de la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios, y aumentará esa seguridad cuando a solicitud del director del INPEC lo considere, y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad.

Se incluirá traslados presupuestales y contratación directa de recursos para bloquear la señal en las cárceles y así evitar los casos de extorsión y las amenazas.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que está trabajando estratégicamente para desarticular y debilitar a la banda “La Inmaculada”, que opera en Tuluá, Valle.

“Consideramos que es el momento de actuar unidos. El enemigo son esas estructuras criminales que están heridas y es el momento para que el Gobierno y los sindicatos del Inpec actuemos conjuntamente. La semana pasada firmé un decreto que creó una ‘prima de la vida asistida’ para los trabajadores del Inpec que está en trámite para su gestión. Además, estamos acelerando el diseño del esquema jurídico y la consecución de recursos para ver qué viabilidad tiene un seguro de vida para los guardias”, agregó el jefe de esta cartera.

Estarían detrás las bandas criminales “Los Magos” una organización que panfletera que atemoriza a los guardias y banda criminal “La inmaculada” que delinque, principalmente en Tuluá, Valle del Cauca. Precisamente los jefes de esta última entrarán al “Plan dominó” que es una estrategia anticrimen que implementó el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC.

Precisamente, los ataques contra guardias del INPEC se debe a que producto del “Plan Dominó” se ha cerrado el cerco a los extorsionistas que delinquen desde las cárceles, y se ha cortado privilegios clandestinos como drogas, bebidas alcohólicas, celulares y televisores que mantenían los presos.

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