En una maniobra de alto impacto para las cadenas de suministro mundiales, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) oficializó la entrada en vigor, desde las primeras horas de este viernes 24 de julio de 2026, de un nuevo esquema de impuestos a la importación que oscila entre el 10 % y el 12,5 %. La medida alcanza a cerca de 60 socios comerciales estratégicos cuyas exportaciones representan, de manera conjunta, el 99,4 % de las compras de bienes que realiza la potencia norteamericana en el exterior.
El ajuste en la política arancelaria estadounidense se produce de forma calculada, justo al expirar la tasa arancelaria general del 10 % que el presidente Donald Trump había activado a comienzos de año y que fue tumbada recientemente por la Corte Suprema de EE. UU. al ser declarada ilegal.
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El escudo legal de la Casa Blanca: Trabajo forzoso y Sección 301
Ante el revés judicial en el máximo tribunal de justicia, el gobierno estadounidense recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta jurídica históricamente más sólida y resistente a demandas judiciales. Esta normativa se aplicó tras una investigación de varios meses iniciada por el USTR sobre el presunto uso de trabajo forzado en la fabricación de mercancías globales y la inacción de diversos gobiernos para erradicar estas prácticas.
Altos funcionarios de la Casa Blanca enfatizaron en conferencia de prensa que el Ejecutivo no renunciará a su agenda proteccionista a pesar de las trabas en los tribunales:
“El presidente no permitirá que su política comercial y sus objetivos generales se vean socavados simplemente porque una herramienta puede estar limitada por un tribunal u otra cosa”, explicaron voceros oficiales bajo reserva de nombre.
A diferencia del mecanismo anterior, las autoridades argumentaron que este nuevo marco legal aporta mayor certidumbre y predictibilidad a los importadores y ejecutivos de negocios. Además, se contemplaron exenciones estratégicas para bienes de primera necesidad que no se producen en suelo estadounidense, así como para el sector energético de petróleo y gas.
Reacción en cadena: Indignación y rechazo entre las potencias afectadas
La entrada en vigor de los gravámenes detonó una oleada de rechazo y cuestionamientos diplomáticos en varios continentes:
- Unión Europea: La alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, calificó la decisión de Washington como una «sorpresa negativa» y rechazó de plano los señalamientos de trabajo forzado dentro del bloque comunitario por considerarlos infundados.
- Australia: Con una tasa asignada del 12,5 %, el ministro de Comercio australiano, Don Farrell, tildó las tarifas de «totalmente injustificadas» y aseguró que Canberra mantendrá la presión diplomática para exigir la exención total.
- Brasil y Noruega: El gobierno brasileño rechazó enérgicamente el gravamen del 12,5 % impuesto a sus productos y apeló al principio de reciprocidad. Por su parte, Noruega criticó la medida pero aclaró que no planea aplicar represalias inmediatas.
- México: En una postura de cautela, el ministro de Economía mexicano señaló a través de sus canales oficiales que la nación no proyecta «ningún cambio en el arancel efectivo que México paga actualmente» debido a los acuerdos comerciales vigentes.
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Escenario económico: ¿Golpe al bolsillo del consumidor final?
A pesar de que países que demostraron avances en la persecución del trabajo forzoso lograron calificar a la tasa reducida del 10 % en lugar del 12,5 %, la Casa Blanca advirtió que mantendrá las tarifas elevadas de forma indefinida al no avizorar cambios estructurales a corto plazo.
Analistas del mercado coinciden en que el consumidor estadounidense no percibirá un alza inmediata de precios en los supermercados, dado que el porcentaje reemplaza valores que los importadores ya venían absorbiendo durante los meses previos. No obstante, los expertos advierten que la presión inflacionaria se sentirá en el mediano plazo.
El panorama comercial promete mayor tensión, pues la administración mantiene abiertas otras investigaciones bajo la misma Sección 301 dirigidas a examinar el exceso de capacidad productiva global en potencias como China, México y la propia Unión Europea. Paralelamente, la Casa Blanca alista un arancel del 50 % para bienes canadienses bajo la Ley Smoot-Hawley, lo que confirma que la escalada arancelaria está lejos de llegar a su fin.
