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En un momento crítico para el Catatumbo, región golpeada por la violencia de grupos criminales, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reafirmó –desde la Brigada 30 del Ejército y al terminar una rueda de prensa– el compromiso del Gobierno nacional con la protección de las comunidades, el fortalecimiento de la seguridad y la construcción de la paz en esta zona del país.

A través de los micrófonos de Colombia Estéreo, la emisora oficial del Ejército Nacional, Velásquez destacó el heroísmo de los soldados y policías que trabajan incansablemente para proteger a la población del Catatumbo. 

“Su compromiso con la protección de nuestra patria y de cada colombiano y colombiana en esta región es un ejemplo de valentía y dedicación. Estamos con ustedes. Respaldamos cada esfuerzo que realizan para estabilizar este territorio y devolver la tranquilidad a sus habitantes”, afirmó el ministro, enfatizando el papel fundamental de estas instituciones en la defensa de la soberanía y la paz.

Asimismo, envió un mensaje directo a las comunidades afectadas, recordándoles que no están solas. “Entendemos las dificultades que enfrentan y estamos aquí para protegerlos. Hemos desplegado nuestras tropas en toda la región, reforzando nuestra presencia con nuevos contingentes y tecnología avanzada para garantizar su seguridad. Les pedimos seguir las recomendaciones de nuestras autoridades y acudir a los puntos establecidos para recibir atención humanitaria y resguardar su integridad”, explicó.

El ministro informó que se han habilitado puntos de atención humanitaria y albergues en las localidades de Tibú, Cúcuta y Ocaña, con el propósito de brindar refugio y apoyo a las personas desplazadas por la violencia.

“Estas acciones responden a las directrices del presidente Gustavo Petro, quien desde el primer momento impartió a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional la instrucción de que la prioridad son las vidas. Nuestra labor ha sido salvar vidas y llevarles la ayuda que necesitan”, reiteró.

Apoyo a firmantes de paz y líderes

En rueda de prensa, el ministro de Defensa enfatizó que las operaciones de las tropas están orientadas a neutralizar el accionar criminal del Eln y de las disidencias para que esta situación de violencia no se extienda en el tiempo.

“Y vamos a ir a Tibú y tenemos que ir a Teorama y también a La Gabarra. Tenemos que hacer presencia porque esta situación no la vamos a permitir que se prolongue en el tiempo. Frente a la extracción de varios de los firmantes de paz, de personas perseguidas, de líderes y lideresas, siempre he estado al frente de esta actividad”, dijo el ministro. 

Reiteró que “la instrucción del presidente Gustavo Petro es que la dedicación de la Fuerza Pública está dirigida a garantizar la vida, a salvar vidas que están en grave riesgo por esta acción del Eln”.

Al respecto, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, explicó que estas personas han sido acogidas en bases militares y también en estaciones de Policía. 

Eln actúa como paramilitares

El ministro denunció que el Eln en el Catatumbo está ejecutando prácticas criminales de “cacería” similares a las de grupos paramilitares.

“El Eln ha desarrollado acciones prácticamente de cacería, lo que resulta inconcebible en una organización que se dice guerrillera, que lo que hace es recordarnos aquellas épocas del paramilitarismo realizando masacres. Acciones tan similares, yendo de casa en casa, buscando a sus víctimas para ejecutarlas en acciones típicamente sicariales”, manifestó.

Asimismo, el titular de la cartera de Defensa informó que para realizar las acciones criminales en el Catatumbo, el Eln se reforzó con guerrilleros que llegaron de Arauca. 

“Sí se ha confirmado el traslado de integrantes del Eln de Arauca a Catatumbo y han participado en esos trasladados de Arauca, en esta expedición sanguinaria que ha desatado el Eln en el Catatumbo”, agregó Velásquez, quien recalcó que con las operaciones de las Fuerzas Militares esa ofensiva guerrillera será transitoria y debilitada.

“No vamos a permitir que la violencia se enseñoree en esta región. Trabajemos juntos para construir un futuro seguro y en paz para todos y todas”, expresó.

El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, informó que las confrontaciones en el territorio fueron iniciadas por el Eln contra las disidencias del frente 33, y agregó que entre los dos grupos ilegales se han registrado cinco combates.

“La iniciativa que se tuvo de esa agresión o de esas acciones ofensivas están en cabeza del Eln”, manifestó.

Cifras de desplazados y víctimas

Con relación a las cifras que ha dejado la escalada de violencia del Eln, el ministro Velásquez indicó: “de acuerdo con las inspecciones de cadáveres, digamos que oficialmente podrían tenerse 28 muertos, pero se ha reportado desde las comunidades otros muertos. Podríamos estar alrededor de 58 a 60”.

Al respecto, el ministro dijo que la información recopilada en el territorio permite dar credibilidad a la información de las comunidades. 

Con relación a las cifras de personas desplazadas, Velásquez señaló que este número se calcula en 8.000, que se encuentran en los albergues. 

Según el registro recopilado por las autoridades, los desplazados están distribuidos en albergues en Ocaña (2.600); Acarí (229); Cúcuta (2.700), y Tibú (2.500).

Acciones inmediatas del Gobierno

• Unidad para las Víctimas

La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, confirmó que este domingo llegó a Ocaña el primer avión de la Fuerza Aeroespacial con parte de las 25 toneladas de ayuda humanitaria que serán distribuidas en las zonas más afectadas del Catatumbo, en articulación con la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de este municipio y de Cúcuta y Tibú, entre otras.

Según el Ministerio de Defensa, este domingo llegará otro avión con mercados y kits de ayuda humanitaria a Cúcuta, desde donde se procederá a su distribución a los albergues en Tibú y otras localidades en camiones, tal como ya se hizo en horas de la madrugada.

“Lo más importante ahora es rodear a la población, que sepan que ningún habitante está solo”, dijo la directora Solano.

• ICBF

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó seis unidades móviles para brindar atención inmediata a las familias desplazadas y, de ser necesario, abrir procesos de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes, y de atención a jóvenes que puedan ser desvinculados de los grupos armados ilegales. 

Los equipos interdisciplinarios del ICBF están conformados por trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, que estarán en los albergues instalados en los municipios a donde está llegando la población desplazada.

Además, se coordinó el envío de 2.232 unidades de Bienestarina líquida desde Valledupar y 600 cajas de 21.600 unidades del mismo producto desde la planta en el departamento de Caldas.

Además, el ICBF articula con los sistemas de atención del riesgo y actores institucionales nacionales y locales las acciones para garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes.

Igualmente, acompaña de manera permanente con el fin de que las ayudas humanitarias de alimentación, colchonetas, kits de emergencia y otros elementos lleguen lo más pronto posible y de manera efectiva a las familias afectadas por esta grave crisis.

• Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, indicó que dos equipos de esta cartera están en Norte de Santander apoyando las acciones de la Fuerza Pública para atender la emergencia.

El primer equipo, que estará en Cúcuta, es liderado por el secretario general del Ministerio, Cristian Buitrago, y la directora de Seguridad, Paola Manosalva. El segundo equipo tendrá Ocaña como base, bajo la dirección del viceministro Gabriel Rondón y los directores de Democracia y Derechos Humanos de la entidad.

Con información del Ministerio de Defensa, la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio del Interior. 

Tras avalar los elementos materiales de prueba presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Didier Yofre Crispín Tovar, por su presunta responsabilidad en realizar exigencias económicas a varios comerciantes en Pitalito (Huila).

Una fiscal Gaula de la Seccional Huila le imputó el delito de extorsión agravada. El cargo no fue aceptado.

El material de prueba da cuenta de que, al parecer, este dinero producto de las extorsiones se estaría utilizando para la financiación de organizaciones criminales de la zona.

Labores investigativas permitieron evidenciar que, entre febrero de 2022 y 2023, presuntamente, Crispín Tovar, en compañía de otra persona, llegó a bordo de una motocicleta hasta las viviendas de sus víctimas, en la vereda Llano, indicándoles que los debían asesinar por una aparente deuda.

Al parecer, las exigencias económicas oscilaban entre los 20 y 40 millones de pesos. Se cree que este hombre, amenazó de muerte a los ciudadanos, si denunciaban ante las autoridades lo sucedido. Además, de atentar contra los establecimientos comerciales.

Crispín Tovar fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública del barrio Villa Sofía de Pitalito.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un hombre de 23 años, que estaría involucrado en la desaparición de una niña de 11 años en zona rural de Sogamoso (Boyacá).

En el curso de la investigación se acreditó que el 25 de diciembre, en horas de la madrugada, la menor de edad salió de su lugar de residencia, luego de una discusión familiar, y no regresó. Al parecer, el hoy procesado, quien es familiar de la víctima, se encontró con ella en un sector conocido como Vanegas y a bordo de una motocicleta la llevó a la vereda El Ciral.

Los elementos materiales probatorios y las evidencias recopiladas por un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional que asumió la búsqueda dan cuenta de que el hoy procesado habría tenido contacto con la niña antes de su desaparición. Sin embargo, ante las preguntas de los funcionarios de policía judicial negó haberla visto.

En ese sentido, servidores del CTI de la Fiscalía lo capturaron en su lugar de residencia en la vereda Cartagena, en Firavitoba (Boyacá).

Un fiscal de la Seccional Boyacá le imputó el delito de desaparición forzada, cargo que no fue aceptado. Por disposición del juez de control de garantías de Sogamoso, el hombre deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta participación de Cristian David Herrera, alias Chino, en el crimen de dos hermanos pertenecientes a la etnia arhuaca, el 12 de enero de 2025, en el corregimiento Santa Rosalía, en jurisdicción de Zona Bananera (Magdalena).

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Magdalena lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, partes y municiones. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con la investigación, alias Chino sería uno de los dos hombres armados que, a bordo de una motocicleta, interceptó a las víctimas a la salida de un establecimiento de comercio y les disparó hasta causarles la muerte.

Por estos hechos, fue capturado en diligencia realizada de manera conjunta con la Policía Nacional en la vereda San Pablo, en Zona Bananera. En el procedimiento fue incautada el arma de fuego que habría sido utilizada para ejecutar la acción sicarial.

En ese sentido, un fiscal adscrito a la Seccional Norte de Santander, les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En un primer hecho, ocurrido el 9 de octubre de  2024,  en el barrio Cuberos Niño, Jahider Enrique Isidro Castañeda, habría atacado con arma de fuego a otro hombre que se encontraba en estado de indefensión. 

El procesado fue capturado el pasado 14 de enero por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional en vía pública de esta ciudad.Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Asimismo, la Fiscalía formuló cargos en contra de Bardomar Rafael Evaristo Pereda, quien el 22 de marzo de 2024, en el barrio Carora, habría disparado a la víctima por supuestos problemas personales. 

Evaristo, se encuentra actualmente privado de la libertad en centro carcelario por otras investigaciones.