Colombia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos personas, entre ellas a un menor de edad, que estarían involucrados en el secuestro de un ciudadano en hechos ocurridos el pasado 15 de julio, en Tuluá (Valle del Cauca).

Kevin Mauricio Molina Peralta fue capturado y un menor de edad de 15 años aprehendido, en el momento que presuntamente recibían una suma de dinero exigida para la liberación del ciudadano.

Los familiares de la víctima, al parecer, recibieron visitas a sus viviendas y comunicaciones telefónicas donde los intimidaban y les exigían el pago del dinero, además les enviaban fotos del secuestrado, como prueba de supervivencia.

Luego de acordar una entrega controlada, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) e integrantes del Gaula de la Policía sorprendieron a los procesados que llegaron en una motocicleta. Durante la diligencia judicial les fue incautado un celular que permitió ubicar el sitio donde se encontraba el secuestrado y lograr su liberación.

Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) los presentó ante jueces de control de garantías y de responsabilidad penal para adolescentes y les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado.

En las audiencias concentradas, Molina Peralta y el menor de edad no aceptaron el cargo imputado.

Por solicitud de la Fiscalía al hombre le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Por su parte, al adolescente infractor en un centro de internamiento especializado.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Cristian Andrés Pinzón Bermúdez, por su presunta responsabilidad en el crimen de un adulto mayor.

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Tolima le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado; ambas conductas agravadas; además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Los hechos ocurrieron en el barrio Uribe de Ibagué (Tolima), el pasado 6 de marzo cuando fue asesinado un adulto mayor. La víctima salió a llevarle comida a un habitante de la calle y fue sorprendido por Pinzón Bermúdez, quien, al parecer, lo golpeó en varias ocasiones e intentó estrangularlo, ocasionándole la muerte.

Tras cometer el hecho, el presunto agresor de 21 años, se apoderó del reloj y otras pertenecías de la víctima, cuyo cuerpo lanzó al río Combeima.

El procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

La acción terrorista ocurrió en jurisdicción del municipio de El Carmen (Norte de Santander), los tres uniformados fueron atacados con drones en un acto que viola el Derecho Internacional Humanitario (DIH), denunciaron voceros del Gobierno.

Las víctimas son los soldados profesionales Jesús Alberto Sánchez Anaya, Jader Luis Calle Núñez y Héctor Miguel Ramos Olivera, a quienes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, les ofreció un sentido homenaje y dijo que «la patria no los olvida. Su sacrificio es eterno y su valor, un ejemplo que nos impulsa a seguir luchando».

El funcionario indicó que unidades militares fueron desplegadas en la zona, donde se intensificaron las operaciones para dar con los responsables del crimen «que enluta a Colombia y revela una vez más la degradación del ELN»,

Expresó toda su solidaridad, respeto y apoyo a las familias de los uniformados en nombre del Gobierno y ofreció recompensas por información que permita dar con los autores del asesinato de los soldados.

El titular de la cartera de Defensa solicitó a la ciudadanía reportar cualquier hecho que resulte útil para dar con los responsables del ataque a los siguientes contactos telefónicos: Contra el crimen: 314 358 7212, Línea 107- 157, GAULAS: 147 – 165 y Reclutamiento infantil: 14. Se garantiza absoluta reserva.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Jairo de Jesús García Álzate, presunto responsable de abusar sexualmente de una menor de 14 años, a quien habría contactado aprovechando su cargo como docente universitario.

La investigación indica que entre octubre de 2024 y enero de 2025 en Florencia (Caquetá), García Álzate se habría comunicado con la víctima, que para ese entonces tenía 13 años, por medio de una aplicación de mensajería instantánea.

El hombre presuntamente se ganó la confianza de la niña para luego ofrecerle dinero a cambio de que le compartiera videos de contenido íntimo y posteriormente se acercó personalmente a ella y la sometió a vejámenes sexuales.

El dinero habría sido transferido a través de billeteras virtuales o entregado de manera personal a la menor de edad.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los ilícitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Cargos que no fueron aceptados.

Este hombre fue capturado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)  en un kiosco universitario ubicado en Florencia.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Yeferson Sánchez Perea, Hugo Fernely Sánchez Perea e Isauro Claros Oviedo, quienes estarían involucrados en la muerte de animales silvestres en Neiva (Huila), mediante la caza ilegal.

El pasado 10 de julio, en una vía del corregimiento de Vegalarga en Neiva (Huila), los procesados fueron requeridos por las autoridades en un puesto de control instalado en el momento que se desplazaban en un motocarro.

Al adelantar la inspección del automotor, habrían sido encontradas un ave guacharaca muerta, cuatro caninos entrenados para labores de caza, una escopeta y tres cartuchos. Los presuntos responsables fueron capturados en flagrancia.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Huila, les imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En audiencias concentradas los procesados no aceptaron los cargos y por disposición del juez deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.