La Jurisdicción Especial para la Paz logró una decisión histórica y desde Tumaco, Nariño, anunció la imputación de cargos por delitos de lesa humanidad al exintegrante del secretariado de las Farc y excomandante del Bloque Occidental de ese extinto grupo armado ilegal, Pablo Catatumbo. Junto a él, también cayeron 14 exjefes de esa guerrilla.
El caso estuvo en manos de la magistrada Belkis Izquierdo, quien, tras detallar las responsabilidades de los actores armados, individualizó a los quince máximos responsables. Estos tendrán un plazo máximo de treinta días (30) para presentarse ante la JEP y reconocer su responsabilidad o, de lo contrario, enfrentarse al proceso por la justicia ordinaria que puede traerles hasta veinte años de cárcel.
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Además de Pablo Catatumbo, están imputados Édgar López (’Pacho Chino’), Luis Carvajal (’Rambo’ o ‘Gustavo’), Hedier Espinosa (’Cachorro’), Groelfi Rodríguez (’Ramiro Cortés’), Wilfrido Ávila (’Mondanga’), Rubiel Torres (’Tachuela’), Arlez Porras (’Yesid Guevara’), Fabio Murcia (’Vitamina’), Jair Acosta (’Javier Guzmán’), Ricardo Palomino (’Jairo Perdomo’ o ‘Chiqui’), Alberto López (’William Santamaría’), José Castro (’el Doctor’), Diego González (’el Pollo’) y Juan Carlos Caicedo (’el Gordo’).
Según las investigaciones, todos los imputados hacían parte de la Columna Móvil Mariscal Sucre, la Columna Móvil Daniel Aldana y el Frente 29 del Bloque Occidental Alfonso Cano. Pablo Catatumbo fue comandante del Comando Conjunto de Occidente y Édgar López fue comandante del Frente 29.
La imputación llega en el marco del Caso 02, del que Izquierdo es relatora, con el que la JEP priorizó las afectaciones que el conflicto causó entre 1990 y 2016 en los municipios nariñenses Barbacoas, Ricaurte y Tumaco. En ese último se realizó la rueda de prensa, que fue precedida por un acto simbólico cultural.
La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las extintas Farc llevaron a cabo una “política de control social y territorial” que resultó en seis patrones macrocriminales. La zona especificada en el caso 02 es clave, porque concentra tres municipios que fueron “de interés geoestratégico de los actores armados”.
Las cifras de esos patrones son alarmantes. El primero de ellos —las masacres, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas— contempla 314 hechos que ocurrieron entre 1997 y 2016, lo que dejó como resultado 468 víctimas directas.
Los últimos dos patrones fueron el uso ilícito de minas antipersonal y restos explosivos de guerra, que dejó 279 víctimas identificadas, y la destrucción de la Naturaleza y el Territorio. Sobre este último se anotaron 71 hechos que fueron contra “la Naturaleza, los sitios sagrados, el Katsa Su Gran Territorio Awá, el Eperara Euja Territorio Eperara Siapidaara, el Territorio ancestral y colectivo del Pueblo Negro Afrocolombiano, las Tierras de Comunidades Campesinas y urbanas”.
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Por todo ello se imputaron dos tipos de crímenes. Los primeros son de lesa humanidad, o sea, graves delitos cometidos sistemáticamente contra la humanidad o parte de ella, como exterminio, persecución contra pueblos indígenas y afrocolombianos, asesinato, desplazamiento forzado, violación, esclavitud sexual, entre otros.
Los segundos, crímenes de guerra, que son hechos que violan el Derecho Internacional Humanitario y la dinámica que regula los conflictos armados. En este sentido se imputó también homicidio, reclutamiento y utilización de niños para participar en hostilidades, desplazamiento forzado, violación, esclavitud sexual, empleo de minas antipersonales, destrucción del medioambiente y destrucción y apropiación de bienes culturales y lugares de culto.
