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Familiares de diputados del Valle apelaron sentencia de la JEP contra exsecretariado de las Farc - Foto: JEP

Familiares de diputados del Valle apelaron sentencia de la JEP contra exsecretariado de las Farc

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Algunas de las familias de los diputados del Valle, secuestrados por las extintas Farc en Cali (Valle del Cauca) en abril de 2002, apelaron la primera sentencia emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra del último secretariado de esa guerrilla. De acuerdo con las víctimas, aunque los exguerrilleros reconocen su responsabilidad en los hechos, no cumplen realmente con el Acuerdo de Paz que firmaron en 2016. Piden que se dicte una nueva sentencia en su contra con estándares internacionales. 

La Fundación Defensa de Inocentes, que representa a varios de los familiares de los diputados del Valle del Cauca, secuestrados y asesinados por la extinta guerrilla, presentó recurso de apelación contra la sentencia emitida por la JEP en el caso que investiga la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por parte de las Farc. 

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Según explicó la fundación, la acción se dio porque, aunque la sentencia reconoce la responsabilidad de integrantes del último Secretariado de las Farc, “presenta graves deficiencias que desconocen los compromisos del Acuerdo Final de Paz y los estándares internacionales de justicia restaurativa”. Especialmente, dicen las víctimas, “en lo relativo a la participación efectiva de las víctimas en el diseño de sanciones restaurativas; la proporcionalidad e idoneidad de las sanciones frente al daño sufrido, la ausencia de garantías reales de no repetición y la falta de verdad plena, detallada y exhaustiva sobre los hechos que afectaron a las víctimas y sus familiares”. 

La petición que hacen es que se revoque la primera sentencia de esa jurisdicción en el caso y que se emita una nueva, pero que “incorpore los estándares del Acuerdo de Paz y de la Corte Penal Internacional”. 

Asimismo, invitaron a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia “a unirse en la búsqueda de justicia internacional y a acudir a la Corte Penal Internacional como instancia de garantía frente a los crímenes de lesa humanidad y las violaciones graves a los derechos humanos que permanecen en la impunidad”. 

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Desde el pasado martes 16 de septiembre, cuando se conoció la sentencia en contra del antiguo secretariado de las Farc, algunas de las víctimas de secuestro por parte de la extinta guerrilla mostraron su inconformidad con la sentencia que sancionó a Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. 

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Desmantelada red que utilizaba niños indígenas para la mendicidad en Medellín - Foto: @PoliciaMedellin

Desmantelada red que utilizaba niños indígenas para la mendicidad en Medellín

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Sigue la indignación en Medellín tras conocerse en las últimas horas el desmantelamiento de una red que utilizaba a niños indígenas para la mendicidad en zonas turísticas y de capacidad adquisitiva como El Poblado, Provenza y el Parque Lleras. 

Tras la captura de siete integrantes de esta organización, autoridades en la capital antioqueña revelaron detalles sobre sobre el modus operandi en la que también intervenían ciudadanos venezolanos. 

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Según el alcalde Federico Gutiérrez, los menores víctimas de estas conductas eran obligados a vestirse como recién nacidos y, al momento de ejercer las acciones de mendicidad, los hacían pasar como venezolanos y en estado de vulnerabilidad en vista de las condiciones de los últimos años en su país que los ha obligado a migrar a diferentes lugares. 

«Básicamente al niño le quitan la ropa en espacios públicos y lo disfrazan de niña y se lo entregan a la venezolana ya con ropa como si no fuera de la comunidad indígena. De esa forma ya la mujer venezolana con el niño en brazos, que ya no es niño y no niña, ya no es indígena sino venezolana, ingresan a las farmacias y piden la leche y los pañales que después van a vender», relató Gutiérrez. 

De igual manera, el mandatario reveló que durante la operación se generaba una especie cartel de alimentos e insumos que tras ser adquiridos en droguerías de la zona gracias a aquellas personas que ofrecían su ayuda, luego eran comercializados por un menor valor en el centro de la ciudad. 

«Compraban una caja de leche que se las brindaba, por ejemplo, un turista extranjero, en su gran mayoría, y la compraba en las farmacias del sector, el precio puede ser alrededor de los doscientos cincuenta mil pesos. Lo que hacían era, ya teniendo un buen acumulado de mercancía, se desplazan hacia el centro de la ciudad y a quienes tenían negocios también, donde vendían pañales y vendían leche, lo que hacen es que las vendían por un menor», aseguró el alcalde de Medellín. 

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Todo el entramado delictivo cuyo eslabón más débil los conformaban los menores de edad podría generar hasta 180 millones de pesos cada mes, lo que para las autoridades también explica en parte que durante varias visitas de diferentes dependencias de la Alcaldía hayan rechazado el acceso a programas para los niños como Buen Comienzo. 

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y podrían ser imputados por concierto para delinquir y explotación de menores de edad. Autoridades en la capital antioqueña pidieron denunciar a la ciudadanía este tipo de conductas, así como abstenerse de apoyar la mendicidad en las calles de la ciudad. 

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La JEP impuso sanciones a 12 exmilitares por 127 casos de falsos positivos - Foto: JEP

La JEP impuso sanciones a 12 exmilitares por 127 casos de falsos positivos

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Este 18 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su segunda sentencia de tipo restaurativo, a máximos responsables de graves crímenes de guerra y de lasa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno en Colombia. Doce exmilitares que hicieron parte del Batallón de Infantería La Popa, de Valledupar (Cesar), recibieron sanciones de hasta ocho años por ser responsables de 127 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. 

Los militares en retiro sancionados son Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Élkin Leonardo Burgos Suárez, Élkin Rojas, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra. De los 15 que habían sido imputados, tres no aceptaron cargos y enfrentaron juicio. 

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Esta sentencia de la JEP, la segunda que emite la justicia transicional, está enmarcada en el macrocaso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado. En total, 4.222 personas han sido acreditadas por la jurisdicción especial como víctimas de los casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en todo el país y 22 exuniformados aceptaron su responsabilidad. 

Por las versiones entregadas por los comparecientes, la información y las pruebas recopiladas por la JEP, esa instancia logró documentar que entre enero de 2002 y julio de 2005, 127 civiles fueron asesinados por paramilitares y militares del Batallón La Popa que buscaban presentar cifras alteradas de guerrilleros muertos en combate. Las víctimas, en su mayoría, pertenecían a los pueblos indígenas wiwa y kankuamo. 

Según las versiones entregadas a la justicia transicional, en los departamentos de Cesar y La Guajira hubo una relación de cooperación ilegal entre uniformados y organizaciones paraestatales. La dinámica, a grandes rasgos, funcionaban así: los paramilitares buscaban a sus víctimas, a partir de ciertos patrones o características generales y se los entregaban a militares de La Popa para que los hicieran pasar como bajas en combate. 

La lectura de la sentencia, presidida por los magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, empezó con un pronunciamiento del magistrado Alejandro Ramelli, quien detalló la importancia que tiene este subcaso de falsos positivos en el Caribe, por el carácter étnico de las víctimas. “No podemos caer en el negacionismo histórico, estos crímenes sí ocurrieron”, expresó el presidente de la justicia transicional. 

Agregó que los aportes a la verdad han sido voluntarios. Esto, con relación a los exuniformados que decidieron no aceptar su responsabilidad y asumir juicios adversariales, que para el caso del Batallón La Popa fueron tres militares en retiro. “Ningún compareciente ha sido obligado a declararse culpable o a aceptar delitos que no cometió. Siempre han recibido un trato digno de nuestra parte”, dijo el magistrado Ramelli. Y agregó: “Hemos desenterrado la verdad de los cementerios de Colombia”. 

El presidente de la JEP concluyó su intervención dirigiéndose a las víctimas del subcaso Costa Caribe, que en distintas oportunidades han expresado que la verdad y la reparación aún son insuficientes. “Con esta sentencia no pretendemos borrar sus sufrimientos, pero sí tenemos que seguir el empeño de hacerle frente al discurso negacionista y de odio. Confiamos en que la luz de la verdad salga adelante, que este proceso judicial traiga algo de sosiego a su dolor. Reconocemos y dignificamos a las víctimas”, concluyó. 

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Los detalles de la sentencia 

Los 12 exmilitares, máximos responsables de 127 casos de falsos positivos en el Caribe, recibieron sanciones propias con montos de hasta ocho amos de trabajos y actividades restaurativas. Para cada uno de ellos, el monto estipulado en la sentencia es diferente, teniendo en cuenta su rol y participación en el entramado criminal de ejecuciones extrajudiciales investigado por la justicia transicional. 

Guillermo Gutiérrez Riveros fue hallado responsable de los delitos de lesa humanidad de desaparición forzada de personas, asesinato, tortura y persecución, así como del crimen de guerra de homicidio en persona protegida; pagará ocho años de sanción propia. Heber Hernán Gómez Naranjo, sancionado por los delitos de desaparición forzada de personas, asesinato y homicidio en persona protegida, pagará una sanción propia de seis años. 

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Expresidente Juan Manuel Santos se pronunció tras condenas de la JEP - Foto: Redes sociales

Expresidente Juan Manuel Santos se pronunció tras condenas de la JEP

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Después de conocerse la histórica condena contra el último secretariado de las Farc por el delito de secuestro, se pronunció el expresidente Juan Manuel Santos, uno de los protagonistas del acuerdo de paz que abrió la puerta a sanciones alternativas para los máximos responsables de crímenes cometidos en el conflicto armado. 

El exmandatario y Nobel de la Paz defendió las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que impuso ocho años de restricción de derechos y libertades a ocho exjefes guerrilleros, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. 

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Reconoció que entiende la frustración de muchos colombianos que consideran las penas “débiles”, pero subrayó que estas responden a los compromisos asumidos por el Estado para poner fin a más de cinco décadas de confrontación. 

“Fue producto de una negociación difícil, pero necesaria. Lo que hoy no podemos permitir es que este debate se use para desfigurar la importancia del proceso de paz y cargarle a ese acuerdo la responsabilidad de los males y aberraciones que hoy enfrenta el país”, afirmó Santos. 

En un breve video, recordó los costos de la guerra y el punto de quiebre que llevó a la negociación. “Se nos olvida de dónde veníamos, de una guerra a muerte, de secuestros, de extorsiones, de sangre y crueldad (…) Yo, como ministro de Defensa y luego como presidente, comandé operaciones que debilitaron como nunca a la guerrilla. No se sentaron a negociar por cortesía, se sentaron porque los obligamos a punta de garrote”, enfatizó. 

Santos resaltó que gracias al acuerdo la guerrilla más grande del continente desapareció, más de 13.000 combatientes dejaron las armas y se avanzó en cerrar un ciclo de violencia. Al mismo tiempo, lanzó críticas a la falta de implementación: “En eso el Estado ha fallado. A unos les dio miedo que funcionara y decidieron reeditar la guerra. A otros, que aparentemente creían en la paz, solo les servía si era la suya, más grande, más pomposa, una supuesta paz total”. 

El expresidente concluyó que las actuales problemáticas de seguridad no son consecuencia del acuerdo, sino del incumplimiento en su ejecución. “Hoy vemos las consecuencias: violencia reciclada, territorios abandonados, y hasta la descertificación de Estados Unidos, por un fracaso visible en la lucha contra las drogas”. 

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¿Qué sanción impuso la JEP a los exjefes de las Farc? 

Ocho años de restricción de libertades y derechos, en proyectos restaurativos, por crímenes de secuestro. 

¿Qué opina Santos sobre sanciones de la JEP a los exjefes de las Farc? 

Acepta que parecen “débiles”, pero afirma que cumplen lo pactado y fueron clave para terminar la guerra. 

¿Son culpa del acuerdo los problemas actuales de seguridad? 

No, Santos asegura que se deben al incumplimiento estatal y al abandono de territorios, no al pacto de paz. 

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Fiscalía entregó detalles sobre el niño que murió tras fuerte golpiza de su padrastro - Foto: Cortesía

Fiscalía entregó detalles sobre el niño que murió tras fuerte golpiza de su padrastro

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En la tarde de este martes 16 de septiembre se anunció la muerte de un niño de 4 años que fue brutalmente golpeado por, al parecer, su padrastro. El menor, quien vivía en Medellín, duró tres días en cuidados intensivos luego de que el pasado sábado fuera atacado por la pareja de su madre, luego de que, al parecer, este se enojara porque el niño se encontraba despierto en el momento de su llegada. 

Los hechos ocurrieron, acorde con lo que relató el alcalde Federico Gutiérrez a medios de comunicación, en la mañana del sábado 13 de septiembre a eso de las 7 a. m. Lo que dio a conocer el mandatario fue que, hacia esa hora, el padrastro del niño llegó a la casa y, tras ver al menor despierto a tan esas horas del día, le solicitó que volviera a dormirse. El llamado del señalado asesino no fue correspondido por el niño, quien continuó jugando en su cama, lo que finalmente conllevó a un trágico desenlace. «(el padrastro) le dice que se tiene que dormir y el niño, por supuesto, no lo hace y se pone a jugar, razón por la que este tipo lo golpea brutalmente», explicó Federico Gutiérrez. 

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La Fiscalía dio nuevos detalles al respecto: el hoy procesado «habría atacado intempestivamente al niño. Inicialmente, lo levantó de la cama, golpeó y lanzó al piso. Luego le quitó el pantalón y agredió con un machete». Frente a esta serie de actos violentos, la madre del pequeño intentó intervenir para defenderlo, pero esta también fue maltratada por el sujeto señalado de los hechos, quien era conocido con el alias de Lámpara y pertenecía a una organización delincuencial. 

La Fiscalía también detalló que esta dura golpiza condujo a que el pequeño de cuatro años quedara en estado de inconsciencia y fuera trasladado hacia un centro asistencial, en donde, tras análisis profesionales, se identificaron graves lesiones en el tórax, la cabeza, la espalda y el pecho que obligaron al menor a ser internado en una unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Medellín, en donde estuvo desde su traslado inicial hasta el momento de su deceso. 

Los primeros estudios del caso por parte de investigadores y demás representantes de las autoridades han podido establecer que tanto el niño como su madre eran víctimas constantes de todo tipo de violencias, y que este sujeto no solo los atacaba recurrentemente sino que también los intimidaba con armas, amenazándolos con asesinarlos si no le obedecían o pedían ayuda. «Los elementos materiales probatorios indican que el niño y su mamá soportaban un ciclo de violencia física y emocional constante», se lee en una parte del comunicado. 

Por todos los hechos expuestos anteriormente, la Fiscalía General de la Nación solicitó a un juez penal de control de garantías imponer la respectiva medida de aseguramiento en centro carcelario al padrastro del niño, señalado de «golpear y atentar contra la vida de su hijastro menor de edad en un inmueble del barrio Castilla, en Medellín (Antioquia), el pasado 13 de septiembre». 

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El hombre fue imputado por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI): inicialmente se le acusó de haber cometido los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. Sin embargo, tras la muerte del menor estos cargos cambiarían. El sujeto no aceptó ninguno de los dos cargos. 

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Cinco presos muertos en estación de Policía de Funza, Cundinamarca - Foto: Captura de video

Cinco presos muertos en estación de Policía de Funza, Cundinamarca 

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En horas de la noche del 16 de septiembre se presentó un intento de motín por parte de varios presos en la estación de Policía del municipio de Funza, departamento de Cundinamarca. 

La tentativa de motín dejó varias personas lesionadas, a causa del incendio que se presentó en las instalaciones por la quema de algunos colchones, información que se conoció de manera preliminar. 

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Sin embargo, sobre las 6:00 a. m. del 17 de septiembre, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, confirmó que, debido a los hechos, cinco de los detenidos perdieron la vida. 

“Horas después del incidente, otros internos son remitidos a hospitales por manifestar también malestares respiratorios. Estos son llevados a diferentes centros hospitalarios donde algunos de ellos fallecen. En total, son cinco los fallecidos a esta hora. La información entregada por Bomberos indica que no presentaban quemaduras”, escribió en su cuenta de X. 

El mandatario departamental se permitió ampliar un poco más de lo ocurrido horas previas, que causó caos y problemas para las autoridades del recinto. 

“Anoche se presentó un incidente en la estación de Policía del municipio de Funza, donde personas privadas de la libertad, aparentemente, quemaron colchones e iniciaron un incendio. Los @Bomberoscundi atienden la situación de manera inmediata, evacuan a tres de los internos, quienes salen por sus propios medios y son remitidos a los hospitales de la zona”. 

Finalmente, afirmó que otras siete personas continúan bajo valoración médica debido a las afectaciones que les dejó la emergencia. 

La Policía Metropolitana de la Sabana y la Fiscalía General de la Nación procederán con las investigaciones para determinar los responsables y las causas del lamentable suceso. 

En entrevista, el coronel John César Rosas Cárdenas, comandante encargado de la Región Metropolitana de Policía de la Sabana, se conocieron los nombres de las personas fallecidas tras la tragedia: 

  • Andrés Alberto Organista Ibáñez. 
  • José Fernando Rodríguez Lesmes. 
  • Alejandro Javid Blanquicet Bocanegra. 
  • Arcadio Antivia Velázquez. 
  • Sergio Humberto Sarta Barreto. 

El general retirado Luis Fernando Navarro, secretario de Gobierno de Cundinamarca, le entregó más pormenores de los hechos a Blu Radio: “Los hechos de manera puntual, a las 3:00 p. m., se produce una pelea entre los internos, esta pelea es atendida por la Policía, uno de ellos tiene una herida leve en la mano sin ninguna consecuencia (…) a las 7:00 p. m. se produce una conflagración por las mismas personas privadas de la libertad, produce afectaciones por la inhalación de humo. Es atendido por Bomberos y paramédicos”. 

El gobernador narró que una de las presuntas causas de este episodio violento es porque “ellos sospechando que al día siguiente habría traslados al centro de reclusión, incendian colchonetas, las colocan al frente de las celdas, ellos se hacen hacia el fondo y una vez encienden las colchonetas se produce un humo que perjudica sus vías respiratorias”. 

En el momento de la contingencia, la Alcaldía del municipio emitió un comunicado oficial por medio de sus redes sociales en el que confirmó los capturados que estaban en ese lugar fueron reubicados por cuestiones de seguridad: 

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“Es importante señalar que las instalaciones de la Estación de Policía no resultaron afectadas por la conflagración. Los demás privados de la libertad, por decisión del Comando de Policía, serán trasladados y permanecerán bajo custodia, conforme a los protocolos de seguridad establecidos”. 

El capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos de Cundinamarca, describió la rápida reacción de los equipos de emergencia: 

“Desde Hombres de Cundinamarca informamos que personal del cuerpo de bomberos del municipio de Funza se encuentra en la atención de un incidente relacionado a un incendio. Esto en la estación de Policía de este municipio. Al parecer, por un amotinamiento del personal que se encontraba privado de la libertad, se hace la valoración inicial de doce personas recluidas, las cuales son remitidas a los diferentes centros asistenciales. Al momento, la situación está bajo control”. 

En las imágenes de las cámaras del circuito de seguridad se ve cómo por una de las puertas del lugar empieza a verse un resplandor y sale una cantidad considerable de humo. 

De inmediato, algunos de los uniformados que se encontraban en el lugar empiezan a correr por el lugar y a pedir ayuda. Segundos más tarde, carros de la institución arriban al lugar para intentar controlar la emergencia mientras los organismos de socorro hacen presencia. 

Uno de los peligros que existió en el momento es que varios vehículos estaban muy cerca a la salida por donde se estaban viendo las llamas, por lo que cabía la posibilidad de que alguna chispa alcanzara a alguno y provocara una tragedia mucho más grande. 

Por el momento, todo el caso es materia de investigación y, además de los fallecidos y heridos, se desconocen con certeza los detalles del intento de motín.

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Comunidades colombianas transforman excedentes industriales en nuevas oportunidades económicas.

Comunidades colombianas transforman excedentes industriales en nuevas oportunidades económicas

Bienestar, Colombia, DESTACADOS, ECONOMÍA /

En un país donde cada año se generan más de 12 millones de toneladas de residuos y el reciclaje no alcanza el 20% según el DANE, una nueva iniciativa internacional busca darle un giro social a esa realidad: los excedentes de producto terminado que antes quedaban estancados en bodegas empresariales ahora se están convirtiendo en insumos para el desarrollo económico local y en divisas para el país.

El modelo, que ya logró reincorporar más de 40.000 toneladas de inventario en mercados internacionales durante 2024, llega a Colombia con un enfoque comunitario. Líderes barriales, asociaciones productivas y emprendedores están recibiendo capacitaciones para identificar en los saldos empresariales una fuente de ingresos sostenibles.

El impacto es doble: por un lado, las empresas locales recuperan capital de mercancías no vendidas; por el otro, las comunidades acceden a nuevas oportunidades económicas al integrarse en cadenas de valor globales.

Voceros en temas de sostenibilidad resaltan que este esquema convierte a Colombia en pionero regional en la aplicación de la economía circular con enfoque territorial, abriendo un camino distinto frente a la tradicional gestión de residuos.

La multinacional francesa Ozeol, con operaciones en más de 35 países, es la encargada de articular este puente entre empresarios y comunidades. Su papel consiste en facilitar que el inventario excedente encuentre salida en mercados internacionales, generando un beneficio compartido entre sector privado y ciudadanía.

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Ejército dio de baja a alias ‘Mico’ y capturó a un integrante del ELN en Arauca - Foto: Cortesía

Ejército dio de baja a alias ‘Mico’ y capturó a un integrante del ELN en Arauca

Colombia, DESTACADOS /

En el marco de operaciones ofensivas desarrolladas en zona rural de Cravo Norte, Arauca, tropas de la Décima Octava Brigada asestaron un contundente golpe al Frente Domingo Laín Sáenz, comisión Rafael Villamizar, del grupo armado organizado ELN, neutralizando a alias Mico, uno de los principales extorsionistas de la región y reclutador de menores. 

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Durante combates registrados en el sector conocido como Puente Jorobado, se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Mico, señalado como responsable de adelantar actividades de proselitismo ilegal, extorsiones y de reclutar menores mediante engaños y amenazas. En la misma operación fue capturado en flagrancia otro presunto integrante de esta estructura criminal, por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. 

En la acción militar fueron incautadas 2 armas de fuego tipo pistola, 75 cartuchos calibre 9 mm, 3 proveedores, una motocicleta, una pancarta alusiva a los 45 años de este frente y una bandera del ELN. El capturado, junto con el material decomisado, fue puesto a disposición del CTI de la Fiscalía General de la Nación para los actos urgentes y el proceso de judicialización. 

Este resultado constituye una afectación significativa a la capacidad criminal y de adoctrinamiento ilegal del GAO ELN en Arauca, reduciendo su poder de intimidación y control sobre la población civil. 

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El Ejército Nacional reafirmó su compromiso constitucional de continuar brindando seguridad a los araucanos y protegiendo la vida de la población, con el valor y la dedicación de los soldados que día a día cumplen su misión en esta región estratégica del país. 

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El angustioso llamado de los policías durante ataques de disidencias en Cauca - Foto: Captura de video

El angustioso llamado de los policías durante ataques de disidencias en Cauca

Colombia, DESTACADOS /

El departamento del Cauca volvió a ser epicentro de la violencia. Durante este domingo 14 de septiembre se registraron ataques armados –en simultáneo– contra las estaciones de Policía de varios municipios, en medio de la confrontación quedó registrado el angustioso llamado de los agentes que estaban bajo fuego. 

Los ataques se registraron en la mañana del domingo en los municipios de Corinto, Caldono, Toribío, Caloto, Miranda, Cajibío y Silvia. En medio de los ataques murió un policía y otros cuatro resultaron heridos. 

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En las grabaciones, los policías pedían refuerzos mientras, al fondo, se escuchaban los disparos que provenían de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, célula que obedece las órdenes de alias ‘Iván Mordisco’. 

“Por favor, que manden refuerzos porque están acabando con la Policía. Les están diciendo que se entreguen, ya llevamos una hora, esto está muy duro y no se ve nada de respuesta”, se escucha en uno de los audios enviados por los policías. 

En videos conocidos se observa el momento en el que los uniformados de la subestación de Policía de El Carmelo están atrincherados y tratando de responder a la ofensiva de los ilegales. 

“Nos tienen rodeados, comandante, por favor que llegue el helicóptero, están pegando los disparos en la pared”, pide otro de los uniformados. 

Los uniformados relataron que las granadas de mano, lanzadas por los disidentes, caían apenas a siete metros de distancia. Hecho que ponía en riesgo la vida de los policías y los habitantes de los municipios afectados. 

Los uniformados insistieron durante varios minutos en la necesidad de apoyo inmediato, solicitaban el ingreso de helicópteros artillados y la presencia del Ejército Nacional. 

“Llevamos ya como 40 minutos diciéndoles, hermano. Yo no sé qué hijueputas trámites administrativos tienen que hacer, pero les estoy diciendo. Nos tienen ya rodeados, hermano. Nos tienen ya rodeados”. 

La Fuerza Pública responsabilizó al Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc de estos ataques. El Ejército desplegó hombres de la Brigada 29 para tratar de restablecer el orden público. 

La disputa por el control territorial, de las rentas ilícitas y de las rutas del narcotráfico tiene a varios ilegales intentando acaparar el departamento del Cauca. 

En Colombia hay 253.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, según la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, y solo en el Cauca se concentran 31.844 hectáreas de estos cultivos ilícitos (12,5%). El clúster de la ilegalidad se completa con las rutas que facilitan la salida al océano Pacífico para exportar los narcóticos y con las empresas para el lavado de activos en el Valle. 

El balance humanitario de la Defensoría del Pueblo evidenció –durante el primer semestre del 2024– la presencia en el Valle y Cauca de los carteles mexicanos de Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y los Zetas. 

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Los carteles son el brazo financiero y los disidentes controlan las armas y ejercen presión sobre los campesinos para mantenerlos concentrados en cultivar, exclusivamente, la hoja de coca. 

Con la inyección de los narcos, los disidentes han logrado establecer presencia en 41 de los 42 municipios del departamento del Cauca. 

A esa disputa –solo en Cauca– se suman los ilegales del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la Coordinadora Simón Bolívar. Desde 2023 están encendidas las alertas por el riesgo que estas presencias generan para la vida y seguridad de las regiones. 

Los hostigamientos ocurrieron en Corinto, Caldono, Toribío, Caloto, Miranda, Cajibío y Silvia. La Fuerza Pública responsabilizó al Frente Jaime Martínez, disidencia del Estado Mayor Central de las Farc, aliado de carteles mexicanos. 

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ADRES respondió por servicios médicos de más de 140 mil víctimas de accidentes sin SOAT.

ADRES respondió por servicios médicos de más de 140 mil víctimas de accidentes sin SOAT

Bienestar, Colombia, DESTACADOS, SALUD, Transporte /

En dicho periodo, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (ADRES) reconoció y giró $326 mil millones a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que radicaron reclamaciones de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no identificados o sin SOAT. 

Este monto equivale a $126 mil millones más frente al mismo periodo de 2024.

Por otro lado, la entidad registró durante estos seis meses 141.343 víctimas únicas de accidentes causados por vehículos no identificados o sin SOAT vigente, que fueron atendidas con recursos del sistema de salud administrados por ADRES. 

El valor pagado en este periodo refleja el trabajo de la ADRES en materia de auditoria de las cuentas médicas presentadas por las IPS a las que se les ha girado no solo más recursos, sino que han sido sometidas a mayor control de sus reclamaciones. 

Reclamaciones nuevas

En el balance de reclamaciones nuevas presentadas ante la entidad, se destaca una disminución del 20,2 % en su número (195.991), y del 19,8 % en el valor (468.248) respecto al mismo semestre de 2024. 

En el periodo, cinco departamentos concentraron el 57,6 % del valor total de nuevas radicaciones: Valle del Cauca, 20 %, por un valor de $93.489 millones; Atlántico, 11 % ($51.708 millones); Córdoba, 10,7 % ($50.264 millones); Magdalena, 9,3 % ($43.763 millones), y Bogotá, 6,5 % ($30.476 millones).

Finalmente, entre enero y junio de 2025 el 53,8 % de las reclamaciones correspondió a vehículos identificados sin SOAT, de los cuales el 95,3 % (100.485) fueron motocicletas, lo que evidencia su alta incidencia en los siniestros viales y más evasión en el pago de la obligación de aseguramiento SOAT.

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