Elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Seccional Sucre permitieron que Mario Miguel Mangonez Galindo, alias el Tombo aceptara, mediante preacuerdo, su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado. Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 4 años y 3 meses de prisión.
Durante el proceso se pudo demostrar que el sentenciado, quien hacía parte del Clan del Golfo, venía extorsionando comerciantes y ganaderos en la región del Golfo de Morrosquillo, Tolú, Coveñas y Puerto Viejo (Sucre).
Así mismo, la fiscalía evidenció que entre 2017 y 2021 Mangonez Galindo visitaba fincas ganaderas en dichos lugares donde, bajo amenazas, exigía a sus propietarios pagos de entre 100.000 y 1 millón de pesos por hectárea, a cambio de prestarles seguridad. En caso de incumplir con los pagos los ganaderos tenían un plazo de 24 horas para abandonar sus predios.
Por su parte, los comerciantes y tenderos eran obligados a pagar sumas de 300.000 pesos mensuales para no atentar contra sus vidas o negocios. Las sumas variaban de acuerdo al tipo de negocio.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida deaseguramiento en centro carcelario en contra de Jhoan David Patiño Zapata y Diego Esteban Pérez Zapata, presuntos responsables de los delitos de secuestro simple, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y hurto calificado y agravado.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 15 de agosto en el barrio El Poblado de Medellín donde dos mujeres tomaron un servicio de transporte público y fueron retenidas en el vehículo. Labores de policía judicial evidenciaron que una vez las dos personas subieron al automotor un hombre que estaba escondido en el baúl del carro las intimidó con un arma de fuego.
La policía de vigilancia fue alertada sobre el hecho y los uniformados emprendieron la persecución. Durante el seguimiento las dos mujeres y uno de los presuntos secuestradores se lanzaron del vehículo. En los procedimientos las víctimas fueron auxiliadas y el hombre fue capturado.
Poco después el taxi fue alcanzado por los policías y al revisarlo hallaron tres celulares y un arma de fuego. La Fiscalía constató que los teléfonos pertenecían a 3 ciudadanas que horas antes habían sido víctimas de hurto bajo la misma modalidad.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).
Los elementos materiales probatorios presentados por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de la Seccional Huila, permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro de reclusión a Douglas Sneider Cadena y Daniel Felipe Cruz Vargas quienes serían responsables de los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.
Los hechos investigados ocurrieron la madrugada del pasado 20 de agosto cuando los ahora procesados, desde una motocicleta, habrían lanzado un artefacto explosivo hacia un local comercial ubicado en el centro de Neiva (Huila). Producto de la detonación se generaron daños en varios establecimientos.
El ataque se dio luego de que el propietario del inmueble fuera amenazado por el frente Darío Gutiérrez del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias de las Farc. En un panfleto la víctima era conminaba a asistir a reuniones en la vereda La Esperanza en el municipio de Tello (Huila).
Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional en Huila. Durante los procedimientos se incautó un celular y una motocicleta.
Ninguno de los judicializados aceptó los cargos en su contra.
Por petición de fiscales de la Seccional Bolívar, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a dos hombres que estarían implicados en tres asesinatos registrados en Cartagena.
Se trata de hechos independientes en los que, según sus responsabilidades individuales, el ente investigador imputó a los procesados los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, todas las conductas agravadas.
Entre los asegurados está Luis Fernando Galán Gómez, alias Bemby, de 23 años, quien habría ingresado el 13 de diciembre de 2023 a un lavadero de carros en el barrio El Bosque. Allí presumiblemente disparó contra un hombre de 18 años y una mujer, de 20. La captura fue materializada por la Policía Nacional.
También fue judicializado Sebastián Andrés Gómez Batista quien, en compañía de otra persona, le habría disparado a un hombre para hurtarle su motocicleta. La víctima, de 24 años, falleció cuando era atendida en un centro asistencial. La captura del procesado, de 20 años, se produjo en flagrancia por uniformados de la Policía.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos que les endilgó la Fiscalía.
Las pruebas aportadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos permitieron que un juez condenara a 17 años de prisión a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, quien fue encontrado responsable del homicidio del líder sindical Jhon Freddy Marín Toro, ocurrido el 18 de abril de 2002.
En audiencia aceptación de cargos Jiménez Naranjo, comandante del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), admitió de manera voluntaria su culpabilidad en la muerte de Marín Toro.
El material probatorio evidenció que el sentenciado ordenó la muerte de la víctima, por la incomodidad que causaban las denuncias que hacía en relación con posibles malos manejos económicos por parte de la administración de hospital.
También se acreditó que el sentenciado ordenó la muerte de la víctima ya que este, supuestamente, apoyaba a los grupos guerrilleros que hacían presencia en esa región.
Además de la pena de prisión el sentenciado deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) por perjuicios y daños morales y será inhabilitado por 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
La Tasa de Desempleo (TD) de las mujeres se redujo del 11,9% registrado en 2023 al 10,8%, lo que representa una disminución de 1,1 puntos porcentuales.
Un dato positivo adicional es que cada vez más mujeres están ingresando al mercado laboral en la ciudad.
Bogotá, D.C. 20 de agosto de 2024. En Bogotá, las brechas de género en empleabilidad están disminuyendo, según un análisis del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, basado en información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Durante el primer semestre de 2024, la Tasa de Desempleo (TD) de las mujeres se redujo del 11,9% registrado en 2023 al 10,8%, lo que representa una disminución de 1,1 puntos porcentuales.
“Estamos viendo un avance significativo en la reducción de las brechas de género en el mercado laboral de Bogotá. Si bien aún queda camino por recorrer, el aumento en la tasa de ocupación y la disminución del desempleo entre las mujeres son señales alentadoras de que estamos construyendo una ciudad más equitativa en términos de oportunidades laborales”, puntualizó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico.
Un dato positivo adicional es que cada vez más mujeres están ingresando al mercado laboral en la ciudad. Durante el periodo de análisis, la Tasa Global de Participación femenina, que refleja la cantidad de mujeres en edad de trabajar que están participando activamente en el mercado laboral, aumentó en 3,6 puntos porcentuales, lo cual refleja un panorama alentador para la empleabilidad de las mujeres en Bogotá.
Además, la Tasa de Ocupación femenina se situó en 57,1%, lo que significa un aumento de 3,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando era del 53,3%. En contraste, la tasa de ocupación de los hombres alcanzó el 71,6%, con un incremento menor de 2,8 puntos porcentuales. No obstante, aún persiste una brecha de 14,5 puntos porcentuales entre ambos géneros.
En términos absolutos, 5.752 mujeres salieron del desempleo en el periodo de referencia y, frente a 2019 esta cifra ha caído en 32.882.
Las brechas entre hombres y mujeres disminuyen
Durante el primer semestre de 2024, la brecha de género en la Tasa de Desempleo se redujo en 0,2 puntos porcentuales, pasando de -1,1 puntos porcentuales en el mismo periodo de 2023 a -0,9 puntos porcentuales este año, con una menor tasa de desempleo entre los hombres.
De igual forma, la brecha en la Tasa de Ocupación se redujo en 1 punto porcentual, pasando de 15,5 puntos porcentuales en el primer semestre de 2023 a 14,5 puntos porcentuales en el mismo periodo de 2024. En cuanto a la Tasa Global de Participación, la brecha se redujo en 1,2 puntos porcentuales, disminuyendo de 16,7 a 15,4 puntos porcentuales en el mismo lapso de tiempo.
Estos avances han posicionado a Bogotá como la ciudad con las menores brechas de género entre las 13 principales ciudades del país, destacando su progreso hacia una mayor equidad en el ámbito laboral.
La Secretaría de Integración Social tuvo conocimiento de un nuevo hecho de violencia en el contexto familiar identificado a través del Puesto de Mando Unificado (PMU) del Parque Nacional la noche del 17 de agosto.
Se trata de una nueva situación de violencia física y de género contra la adolescente que se acercó en el mes de julio al PMU por fuertes dolores abdominales luego de haber sido agredida por su pareja.
En dicha ocasión la joven fue remitida a la Clínica Materno Infantil para ser valorada y estabilizar su condición médica, luego de lo cual el hecho fue puesto en conocimiento de la Comisaría de Familia Permanente del CAPIV, donde se adoptaron medidas de protección provisionales.
Tres semanas después, la joven volvió a ser víctima de un hecho de violencia similar por parte de su pareja, y solicitó nuevamente ser valorada por la unidad de salud que hace presencia en el PMU, aunque desistió de ser trasladada a un centro médico.
Una vez puesto en conocimiento sobre los nuevos hechos, el Comisario de Familia del CAPIV que se encuentra en turno, se desplaza hasta el PMU para notificar personalmente tanto al agresor como a la víctima y su acudiente, informando que la joven cuenta con una medida de protección definitiva por los hechos acontecidos el 24 de julio.
Con apoyo de los equipos de las distintas entidades que hacen presencia en el PMU, se logró que el agresor acuda al espacio institucional, en donde el Comisario de Familia notificó el incidente de incumplimiento, y explicó las implicaciones del mismo: el primer incumplimiento acarrea multa de dos a diez SMMLV convertibles en arresto a razón de tres días por cada salario no pagado, el segundo incumplimiento acarrea cárcel de 30 a 45 días. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que deriven por el delito de violencia intrafamiliar.
Por su parte, se entregó a la joven directamente las diligencias, explicando la importancia de acudir a las autoridades a las que ha sido remitida y a la audiencia cuando sea citada.
Con esta nueva actuación, la Secretaría de Integración Social y las Comisarías de Familia demuestran su compromiso con garantizar una vida libre de violencias y rechazan cualquier hecho que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes, haciendo un llamado a la corresponsabilidad entre familia, Estado y comunidad.
Las pruebas presentadas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), permitieron que un juez condenara a 34 años de cárcel a Jorge Eliécer García Estupiñán, responsable de los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir agravado.
La Fiscalía demostró que García Estupiñán, presunto mando medio de la estructura delincuencial Los de Vaca o Resistencias Unidas Campesinas (RUC), participó en la desaparición forzada de cinco firmantes de paz.
Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2017 en la vereda Isupí, en El Charco (Nariño). Las víctimas fueron retenidas por hombres armados quienes los acusaron de incumplir las órdenes impartidas por esta red criminal en la zona.
La investigación determinó que los firmantes fueron amarrados de manos, y conducidos por un río. Desde entonces no se conoce su paradero.
Tentativa de homicidio a firmante de paz
Ferney Andrés Cuaspur Chacua aceptó, mediante preacuerdo, su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio agravada y; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
De acuerdo con la investigación, el sentenciado participó en el intento de asesinato de la firmante de paz Leidy Lorena Pasu Ceromeca. Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre del 2023, en Mocoa (Putumayo).
La firmante de paz fue atacada por el hoy condenado que le disparó cuando se encontraba en su residencia. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde lograron salvarle la vida.
Un juez penal especializado de Mocoa avaló la negociación judicial y lo condenó a 9 años y 1 mes de prisión. También fue inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.
Por petición de la Fiscalía, un juez penal municipal con función de control de garantías de Buga (Valle del Cauca) impuso de medida de aseguramiento carcelaria contra John Jairo Moreno Cardona y Sebastián Gómez Correa. Estas personas serían responsables de los delitos fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones; tráfico fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
Los procesados pertenecerían a la columna Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc a la cual se le atribuye la dinamización del tráfico de estupefacientes, las extorsiones y hurto de vehículos ocurridos en el Valle de Cauca. También serían responsables de ataques contra la Fuerza Pública encargada de patrullar la zona.
También se evidenció que este grupo armado residual habría participado en el ataque contra la estación de Policía de Pradera (Valle del Cauca), ocurrido el pasado 27 de junio, cuando hombres que se movilizaban en una motocicleta cometieron el frustrado atentado.
Los investigados fueron capturados por la Policía Nacional en dos operativos de registro y allanamiento adelantados en inmuebles del municipio de Pradera. Durante estas acciones se logró la incautación de un objeto cilíndrico similar al lanzado contra la estación de Policía. Además, se incautaron tres celulares, una bolsa plástica transparente con 13 cartuchos de arma de fuego y clorhidrato de cocaína.
Fiscales del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) obtuvieron sentencias condenatorias contra dos personas que, en hechos distintos, causaron graves afectaciones a animales en Cajicá (Cundinamarca) y Armenia (Antioquia).
Envenenamiento en Cajicá
Las pruebas presentadas por la Fiscalía permitieron que un juez condenara a 9 meses de prisión, por aceptación de cargos, a Eriberto Moreno Muñoz, encontrado responsable del delito de maltrato animal agravado.
De acuerdo con la investigación, el pasado 14 de febrero, en Cajicá (Cundinamarca), el hoy procesado salió de su vivienda con una bolsa llena huesos de pollo impregnados con una sustancia tóxica que esparció en un andén del municipio.
En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que el procesado llegó al lugar en bicicleta para lanzar los restos de comida que fueron olfateados y consumidos por varios animales. Un canino que consumió estos desechos falleció intoxicado.
A Moreno Muñoz, también le fue impuesta una inhabilidad para la tenencia de animales por un año, y deberá pagar una multa de 3.75 salarios mensuales legales vigentes.
Canina quemada con agua hirviendo
Luz Marina Arango Piedrahita, aceptó mediante preacuerdo, su responsabilidad en el delito de maltrato animal y fue condenada por causar graves afectaciones físicas a una canina llamada Dulce. Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 2023 en una finca del corregimiento de la Herradura en Armenia (Antioquia).
La Fiscalía determinó que la mujer sumergió la cabeza del animal en agua hirviendo, causándole quemaduras de segundo y tercer grado. La canina fue rescatada por las autoridades del municipio para su atención médica. Los especialistas encontraron que el animal presentaba signos de desnutrición y problemas en sus ojos los cuales no fueron atendidos debidamente.
Por estos hechos, la mujer fue sentenciada a 6 meses de prisión y una multa de 2.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
