En la mañana de este martes 21 de octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato de los reconocidos establecimientos Andrés Carne de Res, en Chía, y Andrés D.C., en Bogotá, tras detectar graves incumplimientos en materia de seguridad eléctrica y de gas combustible.
Según la entidad, las deficiencias halladas «representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes», por lo que se impusieron medidas preventivas y se iniciaron cuatro investigaciones administrativas contra la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de ambos locales.
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El comunicado oficial señaló que las actuaciones se derivan de visitas administrativas de inspección realizadas los días 10 y 11 de septiembre en los establecimientos de la Calle 3 No. 11A – 56, en el municipio de Chía (Cundinamarca), y en la Calle 82 No. 12-15/21, locales 201 a 205, 301 a 305, 405 a 407 y terraza, en Bogotá D.C.
La entidad aseguró que estas inspecciones se desarrollaron en cumplimiento de las funciones de vigilancia y control establecidas por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible, ambos diseñados para garantizar la seguridad y prevenir accidentes en establecimientos abiertos al público.
Los profesionales de la SIC encontraron en sus visitas una serie de «deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas combustible», entre las que se mencionaron:
«Conductores eléctricos expuestos a daños físicos»
«Deficiencias en tableros de distribución»
«Ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas»
«Falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible»
«Uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos».
De acuerdo con el informe, estas condiciones «constituyen un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación», lo cual motivó a la entidad a emitir una orden inmediata de la suspensión de actividades para proteger la integridad de quienes visitan los establecimientos comerciales.
En ese sentido, la SIC resolvió que la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S. deberá suspender de inmediato la prestación de servicios y actividades económicas, incluyendo las de «restaurante, bar, bailadero, actividades artísticas, preparación y venta de alimentos y bebidas, y cualquier otro espectáculo o evento», mediante el cierre total de los establecimientos ubicados en Chía y Bogotá.
El documento presentado por la entidad precisó que la empresa deberá «aportar las pruebas que acrediten el cumplimiento de los reglamentos técnicos aplicables y corregir las deficiencias encontradas, con el fin de eliminar los riesgos identificados«, y posteriormente solicitar el levantamiento de las medidas preventivas impuestas.
Esto significa que los restaurantes no podrán retomar sus operaciones hasta tanto no se demuestre que las instalaciones cumplen plenamente con los estándares de seguridad exigidos por la normatividad colombiana.
La Superintendencia enfatizó en que «el cumplimiento estricto de los reglamentos técnicos es fundamental para garantizar la seguridad de los consumidores y prevenir accidentes derivados de la manipulación inadecuada de la energía eléctrica o el gas combustible».
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Además, la entidad recordó que la finalidad de estos controles no es sancionar de manera arbitraria, sino «proteger la vida y la integridad de las personas que frecuentan o trabajan en estos lugares», especialmente en recintos de alta afluencia como lo son los establecimientos de la marca Andrés.
La SIC también advirtió que la infracción a los reglamentos técnicos o el incumplimiento de las órdenes impartidas podrá dar lugar a la imposición de multas de hasta dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).
Dichas sanciones económicas se aplicarán en caso de que la empresa no atienda las instrucciones emitidas o continúe operando sin subsanar los problemas que generan riesgo para el público.
La SIC explicó que su actuación responde a su función de «inspección, vigilancia y control del cumplimiento de los reglamentos técnicos», con el propósito de prevenir accidentes o emergencias derivadas del uso inadecuado de las instalaciones eléctricas o de gas.
En ese sentido, insistió en que las empresas que prestan servicios al público tienen la obligación de «mantener condiciones seguras que garanticen la salud, la vida y la tranquilidad de los ciudadanos«.
Mientras tanto, la Superintendencia aclaró que las medidas permanecerán vigentes hasta que la empresa corrija los hallazgos y acredite el cumplimiento total de los reglamentos técnicos aplicables. Solo entonces se podrá considerar el levantamiento de las sanciones y la eventual reapertura de los reconocidos establecimientos.
«La seguridad de los consumidores es una prioridad», concluyó la SIC en su comunicado.
