En un giro determinante para la política fiscal de la nación, el Ejecutivo liderado por el presidente Abelardo De La Espriella confirmó que expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal 2027. La decisión institucional se adoptó luego de que se detectara una discrepancia insalvable entre los textos aprobados por el Senado de la República y la Cámara de Representantes en el último tramo de la discusión legislativa.

El anuncio fue oficializado desde la Casa de Nariño por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Ambos funcionarios fueron enfáticos en aclarar que el articulado no fue hundido ni rechazado por el Poder Legislativo, sino que se recurrirá a las facultades constitucionales y legales previstas ante la imposibilidad de conciliar los textos a tiempo.

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Para dar viabilidad jurídica al decreto, el Gobierno invocará lo establecido en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. La norma contempla que, bajo este escenario, regirá el proyecto presentado originalmente por la administración central, incorporando únicamente las modificaciones discutidas y aprobadas en el primer debate de las comisiones económicas conjuntas.

De esta manera, la cifra global fijada en 634,9 billones de pesos se mantendrá incólume, al igual que la distribución sectorial y las facultades de traslado y reorientación presupuestal acordadas en la instancia inicial.

«El Gobierno Nacional, en el día de hoy, procederá a decretar dicho Presupuesto General de la Nación. Este presupuesto que vamos a decretar hoy es el presupuesto de la verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado», aseveró el vicepresidente José Manuel Restrepo durante la rueda de prensa.

El error procedimental que impidió la sanción ordinaria

El origen del impase normativo obedeció a un desfasaje formal en la votación del artículo 65 del proyecto. Mientras el Senado de la República retiró una proposición avalada previamente con el fin de agilizar la aprobación, la Cámara de Representantes votó y aprobó el texto incluyendo dicha modificación.

Al aprobarse dos versiones distintas de un mismo artículo en las plenarias de ambas corporaciones, la ley exigía convocar a una comisión de conciliación. Sin embargo, la falta de coordinación y los tiempos del calendario legislativo impidieron surtir dicho trámite de unificación de textos.

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El representante John Edgar Pérez, coordinador ponente en la Cámara, explicó la falla técnica registrada en la secretaría y la coordinación de la ponencia:

«Teníamos una información y un paquete de cuáles habían sido las proposiciones aprobadas y avaladas por el Ministerio de Hacienda para de esa manera ir separando en bloque los diferentes artículos. A mí me entregan el bloque de las proposiciones que se habían debatido en Senado, que tenían aval y que habían sido aprobadas. Y ahí estaba la del artículo», detalló el congresista sobre el descuido en el empaquetamiento del texto.

Con la firma y expedición del decreto ejecutivo, el Gobierno de De La Espriella busca dar tranquilidad a los mercados, asegurando la continuidad de la inversión pública, las transferencias regionales y la operatividad del Estado para el ejercicio fiscal de 2027.