En el marco de una cumbre estratégica para afinar los detalles de la política de seguridad y justicia del país, los congresistas de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes sostuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Justicia, Iván Cancino. El encuentro institucional tuvo como eje central concertar la hoja de ruta para la discusión del proyecto de ley de sometimiento, una iniciativa legislativa radicada con mensaje de urgencia que busca desmontar de manera definitiva el modelo de la llamada «paz total» promovido durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
A la mesa de diálogo asistieron figuras clave del bloque parlamentario, entre ellos los senadores Enrique Gómez (Movimiento Salvación Nacional) y Hernán Cadavid (Centro Democrático), junto al representante por las circunscripciones de paz James Mosquera (CITREP). La reunión se produjo tras la formalización de la primera ponencia conjunta, respaldada por firmas de ambas corporaciones, que fija los lineamientos para el acogimiento a la justicia de estructuras criminales de alto impacto.
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«Sin beneficios excesivos»: El giro radical en las reglas de sometimiento
El avance del articulado implica un viraje doctrinal en la relación del Estado con los grupos armados al margen de la ley. Tras la revisión técnica de los ponentes, la propuesta legislativa redujo su extensión de 28 a 22 artículos, ajustando los vacíos jurídicos que generaron controversia en el pasado.
El senador Hernán Cadavid precisó los alcances del cronograma de trabajo y los objetivos centrales que guiarán la discusión en el Capitolio:
«Avanzaremos en la tarea a partir del próximo miércoles y allí vamos a establecer las pautas para, primero, eliminar la ley de ‘paz total’; segundo, establecer las condiciones para que personas o los grupos se puedan someter a la justicia sin concederles mayores beneficios que los de adherirse a la ley. Esto elimina el modelo que veníamos trayendo en Colombia de beneficios excesivos», aseveró el parlamentario del Centro Democrático.
Roles de mando, penas mínimas y filtros de acreditación
El nuevo texto ajusta la terminología y las condiciones de aplicabilidad de las rebajas punitivas para evitar impunidad entre los altos mandos del crimen organizado:
- De ‘rol de liderazgo’ a ‘rol de mando’: La ley precisa la tipificación conceptual, estableciendo que la valoración conjunta para la concesión de rebajas de pena se aplicará exclusivamente a quienes no hayan ejercido rol de mando dentro de la estructura ilegal.
- Piso punitivo para cabecillas: Para los máximos jefes de las organizaciones delictivas, el proyecto fija un límite mínimo de 10 años de prisión de pena efectiva que resultará del proceso de sometimiento.
- Controles de acreditación: Se incluye un estricto filtro de verificación para validar la identidad y pertenencia real de los integrantes de los grupos criminales que soliciten acogerse a este marco jurídico, evitando el colado de delincuentes comunes.
Negociación estrictamente jurídica y con apoderados legales
Tanto el ministro de Justicia, Iván Cancino, como el ministro del Interior, Rodrigo Lara, enfatizaron que el espíritu de la norma proscribe explícitamente cualquier tipo de estatus o negociación de carácter político con grupos armados o terroristas.
El proceso se denominará formalmente «acogimiento» y estará supeditado a reglas procedimentales rigurosas: la interlocución se realizará únicamente a través de abogados titulados, se limitarán los espacios geográficos para las conversaciones y las rebajas de penas —que oscilarán entre el 30 % y el 50 %— dependerán del grado de responsabilidad y la entrega de información veraz.
«Este proyecto busca crear un marco normativo que permita el desmonte, desarme y acogimiento. No es una negociación política, por eso el interlocutor tiene que ser abogado. La negociación tiene que ser jurídica dentro de las herramientas que hay. Se acogen a lo que el Gobierno presenta, pero los grupos armados no van a tener ninguna negociación política. La víctima va a ser el centro de este proceso», recalcaron de manera conjunta los ministros Cancino y Lara.
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Expectativa por la radicación del Estatuto Antiterrorista
A la par de la discusión del proyecto de ley de sometimiento, el Congreso de la República se encuentra a la expectativa de la radicación formal del borrador del nuevo Estatuto Antiterrorista.
El documento, que consta de 116 páginas y fue sometido previamente a la evaluación técnica del Consejo Superior de Política Criminal, regresó a las dependencias de la Casa de Nariño. La iniciativa legislativa se halla en su fase final de revisión jurídica para recibir el aval definitivo del jefe de Estado y de su secretario jurídico, Andrés Barreto, antes de iniciar su trámite correspondiente en las comisiones constitucionales.
El ministro Iván Cancino participó en una mesa de trabajo con congresistas para avanzar en el Proyecto de la Ley de Sometimiento que fortalece la acción del Estado frente a organizaciones criminales y promueve su sometimiento a la justicia bajo el marco constitucional y legal. https://t.co/AoQR7L6r3g
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) October 20, 2026
