El diferendo histórico y de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña sumará un nuevo capítulo en los estrados judiciales internacionales. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede central en la ciudad de Hamburgo, confirmó este martes 20 de octubre de 2026 que los días 10 y 11 de noviembre escuchará los alegatos de ambas naciones en torno a las medidas cautelares urgentes solicitadas por Buenos Aires.

El presidente del organismo judicial, Maurice K. Kamga, fijó el calendario oficial para las vistas públicas que se desarrollarán en la sala principal del tribunal. La causa se centra en la controversia por las licencias y actividades de exploración e inminente explotación de hidrocarburos en el yacimiento offshore Sea Lion, ubicado en la cuenca de Malvinas Norte, un área marítima bajo administración británica pero reclamada formalmente por el Estado sudamericano.

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La estrategia judicial del Gobierno de Javier Milei ante el TIDM

La solicitud argentina fue radicada de manera formal al amparo del apartado 5 del artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), instrumento marco que regula la preservación de los recursos naturales y la solución pacífica de controversias marítimas globales.

A través de esta figura, la administración liderada por el presidente Javier Milei busca congelar los avances unilaterales impulsados por Londres y las autoridades insulares de las islas Malvinas. Las peticiones concretas presentadas por la Cancillería argentina ante el tribunal internacional exigen:

  • Freno a la explotación: Que el Reino Unido se abstenga de utilizar la información geológica y ambiental obtenida durante las fases de exploración previas.
  • Protección del medio marino: Que el Gobierno británico deje de obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Argentina dirigidas a preservar el ecosistema y la biodiversidad en las áreas marinas en disputa.
  • Congelamiento de permisos: Que Londres no otorgue nuevas licencias ni concesiones petroleras sobre la plataforma continental en controversia hasta que exista una resolución definitiva del litigio.

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Sea Lion: El megaproyecto petrolero que desencadenó la crisis diplomática

El núcleo del contencioso legal es el proyecto de extracción de crudo Sea Lion, una operación de perforación offshore situada a 200 kilómetros al norte del archipiélago. La iniciativa es operada por la firma de capitales israelíes Navitas Petroleum (propietaria del 65 % del consorcio) en alianza con la compañía británica Rockhopper Exploration ( poseedora del 35 % restante).

Las petroleras prevén iniciar la fase de extracción comercial de petróleo hacia el año 2028. No obstante, el Gobierno argentino reitera que los permisos otorgados por el gobierno colonial ilegítimo de las islas carecen de validez jurídica, catalogando las operaciones como «ilegales» y activando acciones penales y administrativas en contra de las empresas involucradas por violación a la legislación hidrocarburífera nacional.

Las audiencias de noviembre en Hamburgo determinarán si el TIDM impone una orden de suspensión temporal a las obras de infraestructura y prospección en el Atlántico Suroccidental.