Este miércoles 21 de octubre de 2026 se dio inicio formal en el Capitolio Nacional al primer debate del proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia, la apuesta legislativa de la administración del presidente Abelardo De La Espriella para desmantelar las estructuras del crimen organizado en el país. El texto normativo, tramitado con mensaje de urgencia, ingresó al escenario de discusión de las Comisiones Primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes respaldado por una ponencia positiva mayoritaria impulsada por las bancadas de Gobierno.
La iniciativa busca reformar y ajustar el marco de la emblemática Ley de Orden Público de 1994, estructurando una ruta legal precisa con incentivos, penas restrictivas y condicionamientos para el sometimiento colectivo de bandas criminales de alto impacto. El paquete normativo se complementa de forma paralela con el Estatuto Antiterrorista, articulado que redefine la doctrina de seguridad del Estado para los próximos años.
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Reunión con el Ministerio de Justicia y mensaje de urgencia
Previo a la instalación del debate, el ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo una mesa de trabajo en las instalaciones del ministerio con los coordinadores ponentes del articulado. En el espacio técnico se resolvieron inquietudes jurídicas sobre las condiciones de imputación y la dosificación de penas.
A la cita asistió una parte del equipo de ponentes, dado que varios congresistas venían de afrontar una extensa sesión nocturna en la discusión del Presupuesto General de la Nación de 2027, iniciativa que saldrá expedida mediante decreto ejecutivo tras detectarse vicios procedimentales en su trámite.
Pese a las ausencias, el ministro Cancino ratificó que la ponencia oficial llega blindada jurídicamente y con modificaciones menores respecto al texto original radicado por las carteras de Justicia e Interior, conservando el espíritu punitivo y de rigor procesal promovido por la Casa de Nariño.
Del «rol de liderazgo» al «rol de mando»: Ajustes técnicos en la ponencia
Uno de los cambios más representativos incorporados en la ponencia aprobada el pasado viernes por la mayoría oficialista consiste en la precisión del lenguaje jurídico. El texto sustituyó el concepto genérico de «rol de liderazgo» por el de «rol de mando», alineándose de manera estricta con el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el marco penal nacional.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, coautor y ponente de la propuesta, subrayó la importancia estratégica de este ajuste dentro de la iniciativa gubernamental:
«Este texto es clave para el desmonte real de la política de paz del gobierno anterior de Gustavo Petro. Clarificar las limitaciones a los roles de mando resulta fundamental para identificar verdaderamente a los máximos responsables en la cadena jerárquica de las organizaciones criminales y evitar impunidades», sostuvo Briceño.
Bajo la nueva redacción, se delimitan los alcances de la «valoración conjunta» para las rebajas de penas, libertad condicional y redenciones de condena. El proyecto establece de forma taxativa que las modalidades especiales de beneficios procesales se otorgarán exclusivamente a los integrantes de base que no hayan ejercido funciones de mando o jefectura en el grupo al margen de la ley.
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Tensión política y observaciones de la bancada conservadora
Desde el Partido Conservador, el congresista ponente Santiago Barreto valoró la estructura del articulado al señalar que «soluciona las falencias que tenía la política de paz del gobierno anterior, especialmente sobre los desmedidos beneficios que se les otorgaban a los criminales».
Sin embargo, Barreto formuló observaciones frente al incentivo de confesión en el caso de delatores que salpiquen a colaboradores en el ámbito político. El congresista advirtió que la norma debe prevenir «incentivos perversos» o instrumentaciones judiciales que deriven en escándalos de señalamientos infundados, rememorando los polémicos episodios denunciados en el denominado Pacto de Valledupar del anterior quinquenio.
Por su parte, sectores de oposición pertenecientes a las bancadas del Pacto Histórico y la Alianza Verde confirmaron que no apoyarán la iniciativa del Ejecutivo. Los legisladores de izquierda argumentan que el enfoque restrictivo de la propuesta bloquea caminos de negociación política y endurece innecesariamente las penas sin garantizar garantías efectivas de no repetición en los territorios. Se anticipa un vertiginoso debate en las Comisiones Primeras antes de su paso a las plenarias corporativas.
Iniciamos la discusión de la Ley de Sometimiento: se acaba el modelo de beneficios excesivos de la Paz Total. El nuevo camino es el sometimiento a la ley, sin impunidad, con penas proporcionales y las víctimas en el centro. https://t.co/tXlWZAAadD
— Hernán Cadavid (@hernancadavidma) October 21, 2026
