El régimen de Corea del Norte ha intensificado drásticamente el uso de la pena capital en los últimos años. Según un informe presentado este martes (28.04.2026) por el Transitional Justice Working Group (TJWG), al menos 153 personas fueron ejecutadas o condenadas a muerte entre 2020 y 2024, una cifra que triplica los registros del quinquenio anterior.

Este repunte coincide con el cierre de fronteras derivado de la pandemia de COVID-19 y la implementación de leyes más severas destinadas a erradicar la influencia cultural extranjera, particularmente la proveniente de Corea del Sur.

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El impacto de la pandemia y el control social

El reporte titulado Mapeando las ejecuciones en Corea del Norte antes y después de la pandemia de Covid-19′ detalla un cambio de tendencia alarmante. Entre 2015 y 2019, las ejecuciones habían mostrado un descenso, atribuido en parte a la presión de la comunidad internacional. Sin embargo, a partir de 2020, el aislamiento del país facilitó un endurecimiento de la represión interna.

La oenegé surcoreana comparó las 153 víctimas recientes frente a las 44 registradas en el periodo previo al cierre fronterizo, subrayando que la crisis sanitaria funcionó como un «punto de inflexión» para el control estatal.

Métodos y lugares de ejecución bajo el mandato de Kim Jong-un

El estudio abarcó un análisis exhaustivo de 144 casos de ejecuciones y sentencias durante los 13 años de gobierno de Kim Jong-un (2011-2024), documentando un total de 358 ejecuciones en dicho periodo. Los datos arrojan estadísticas reveladoras sobre las prácticas del régimen:

  • Ejecuciones públicas: Representan el 72,8 % de los casos documentados.
  • Método predominante: El fusilamiento fue utilizado en el 96,4 % de los eventos.
  • Geolocalización: Se identificaron 46 lugares de ejecución, varios de ellos situados en Pionyang, cerca de la sede central del Partido de los Trabajadores.

Delitos políticos y «contaminación» cultural

El TJWG sostiene que la pena de muerte se utiliza en Corea del Norte como una herramienta de control ideológico. Además de los delitos políticos tradicionales, ha habido un incremento en las condenas vinculadas al consumo o difusión de contenido cultural surcoreano, así como por prácticas religiosas y actos considerados «supersticiosos«.

La investigación se fundamenta en los testimonios de 265 desertores norcoreanos y el monitoreo de cinco medios especializados con fuentes directas dentro de la hermética nación.

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Consenso internacional sobre la crisis humanitaria

Los hallazgos de la oenegé no son hechos aislados. Coinciden con denuncias previas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que señalan un deterioro drástico de las condiciones de vida y los derechos fundamentales en el país.

A finales del mes pasado, la ONU aprobó una nueva resolución condenando las violaciones de derechos humanos por parte del régimen norcoreano, una iniciativa que contó con el copatrocinio de Corea del Sur y que refuerza la vigilancia global sobre la situación en la península.