La crisis de derechos humanos y el recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo alcanzaron un punto crítico. A través de un pronunciamiento oficial emitido este jueves 17 de septiembre de 2026, la Defensoría del Pueblo denunció una aterradora secuencia de acciones bélicas cometidas en zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander), las cuales cobraron la vida de dos menores de edad y dejaron a dos civiles gravemente heridos tras el uso indiscriminado de artefactos explosivos y drones.
Los hechos, ocurridos en el transcurso de la presente semana, reavivan las alarmas sobre el desprecio sistemático de los grupos armados ilegales por las normas mínimas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la vulneración directa a la población infantil y juvenil en esta convulsa zona del nororiente colombiano.
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Dos adolescentes muertos en hechos aislados en zona rural de Tibú
De acuerdo con el reporte detallado por el organismo defensor de derechos humanos, la jornada trágica se concentró el pasado martes 15 de septiembre, día en que se registraron dos decesos de menores en distintos puntos de la geografía municipal:
- Tragedia por mina antipersonal: Un adolescente de 16 años perdió la vida de forma instantánea en la vereda La Unión Vetas tras pisar y activar una mina antipersonal mientras adelantaba labores del campo y la agricultura. La entidad enfatizó que este trágico evento «evidencia los riesgos extremos a los que continúa expuesta la población civil que desarrolla sus actividades cotidianas».
- Homicidio de hijo de líder social: Ese mismo día, un joven de 17 años que se desplazaba hacia el sector de Filoquemado (en la ruta que conduce a Versalles) para prestar servicios de barbería fue interceptado en el camino. Según las denuncias recibidas, presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lo retuvieron de manera arbitraria y posteriormente lo asesinaron. La víctima era hijo de un reconocido líder social de la región y ambos estaban vinculados a la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).
«Nos solidarizamos profundamente con las familias de los dos adolescentes y continuamos acompañándolas mediante la activación de las rutas institucionales de atención, protección y contención psicológica», expresó la Defensoría del Pueblo.
Ataques con drones cargados de explosivos: Una amenaza en expansión
A la muerte de los dos menores se suma la denuncia sobre un ataque perpetrado también el martes en el sector de Miramontes, zona rural de Tibú, donde dos civiles resultaron heridos al ser alcanzados por las esquirlas de artefactos explosivos lanzados desde el aire.
La entidad advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de la consolidación de una táctica de guerra no convencional que ha sido mapeada minuciosamente por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT):
- Uso táctico: Grupos armados ilegales emplean aeronaves no tripuladas (drones) para labores de inteligencia, patrullaje, intimidación comunitaria y control territorial.
- Ataques teledirigidos: Modificación de drones comerciales para transportar y soltar granadas u otros artefactos explosivos improvisados sobre infraestructuras o tropas, impactando a la población civil.
Cifras oficiales citadas por la Defensoría y recopiladas por el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) revelan que, entre enero y mayo de 2026, se contabilizaron 121 ataques con drones equipados con explosivos en Colombia, con un saldo trágico de 21 personas muertas y 145 heridas. El 32 % de los afectados correspondió a la población civil, siendo Norte de Santander el departamento más golpeado con 30 eventos documentados.
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Exigencia de garantías y llamado a la Fiscalía General
Ante la gravedad de los acontecimientos, la Defensoría del Pueblo lanzó un vehemente llamado a la estructura del ELN y demás organizaciones criminales con presencia en el Catatumbo para que cesen las hostilidades contra los no combatientes.
«Las niñas, niños y adolescentes gozan de una protección especial e reforzada en el marco de los conflictos armados. El empleo de minas antipersonal está categóricamente prohibido por el derecho internacional y continúa poniendo en riesgo la subsistencia de las comunidades. Exigimos el respeto absoluto al DIH y la suspensión inmediata de ataques indiscriminados», subrayó el comunicado.
Finalmente, la institución instó al Gobierno Nacional a fortalecer de inmediato los esquemas de prevención y protección en la provincia de Ocaña y el Catatumbo, al tiempo que solicitó a la Fiscalía General de la Nación celeridad en las investigaciones judiciales para identificar, capturar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes.
Esta semana dos adolescentes murieron en hechos ocurridos en zona rural de Tibú, Norte de Santander: uno tras la activación de una mina antipersonal y otro fue asesinado. Además, dos civiles resultaron heridos en un ataque con drones equipados con explosivos en el sector de… pic.twitter.com/xvt35tCyDv
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 17, 2026
