En el marco de un acalorado debate de control político ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ríos, presentó un crudo y alarmante diagnóstico sobre el estado financiero y la contratación estatal heredada de la administración del expresidente Gustavo Petro.

Durante su intervención, el alto funcionario denunció la existencia de una presunta red de contratación directa desmedida y anunció el despliegue de una auditoría forense integral en toda la Rama Ejecutiva, así como una reducción drástica en el techo presupuestal de la Casa de Nariño para la vigencia 2027.

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«El DAPRE se convirtió en uno de los mayores contrataderos del Estado durante el gobierno Petro. Lastimosamente, en todo el gobierno anterior la conducta general fue la contratación directa; lo que debería ser una excepción terminó siendo una regla general y por eso estamos revisando contrato por contrato», aseveró Ríos ante los legisladores.

Disparo del 595 % en nómina paralela y eventos electorales

En su exposición fiscal, el director de la entidad respaldó sus denuncias con cifras oficiales sobre la evolución del gasto en personal mediante Contratos de Prestación de Servicios (OPS) entre los años 2022 y 2026:

  • Aumento en contratos OPS: Se registró un incremento acumulado del 595 % durante el cuatrienio anterior, experimentando una aceleración del 228 % únicamente entre los años 2025 y 2026.
  • Presupuesto para eventos: Registró un disparo del 113 %, rubro que según la nueva administración obedeció a un esquema de contratación masiva estructurado «ad portas de un proceso electoral».

Ante estos hallazgos, Ríos confirmó que por instrucción directa del presidente Abelardo De La Espriella, se ordenó la congelación inmediata de la contratación de personal eventual y la cancelación de logística para eventos públicos, logrando a la fecha un recorte de entre el 65 % y el 70 % en la vinculación de contratistas en la Presidencia.

Recorte del 78 % al presupuesto del DAPRE y auditoría forense al Ejecutivo

Respecto a la proyección de recursos para la vigencia fiscal del año 2027, el DAPRE, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, presentó una propuesta de austeridad que reduce de manera drástica el techo de gasto fijado por la administración saliente.

El presupuesto de la entidad experimentará un ajuste a la baja del 78 %, pasando de la proyección inicial de $4,1 billones de pesos a un techo de gasto consolidado de $904.000 millones de pesos.

Asimismo, el funcionario anunció la expedición de una directiva preventiva que obliga a todas las carteras y departamentos administrativos del Gobierno a reportar de manera obligatoria su contratación ante el DAPRE. Aquellos compromisos contractuales que superen los 1.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) estarán sometidos a un esquema especial de vigilancia y control previo.

«Por directriz del presidente De La Espriella, lideraremos una auditoría forense a todas las entidades del Ejecutivo. Hemos detectado que la gran mayoría de los presupuestos quedaron ‘amarrados’ con contratistas cuyos niveles de ejecución ni siquiera superan el 15 %», explicó el director del DAPRE.

Los 4 pilares de la reestructuración del aparato estatal

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Como parte del plan de modernización y eficiencia en el gasto público, el DAPRE presentó la hoja de ruta estratégica que guiará el funcionamiento de la Rama Ejecutiva:

  1. Centro de Servicios Compartidos: Se implementará un modelo centralizado de compras públicas para unificar la adquisición de bienes muebles, pólizas de seguros, servicios de vigilancia y aseo en todo el Estado, proyectando eficiencias de ahorro cercanas al 290 %.
  2. Descentralización y Gerencia de Regiones: Se articularán proyectos de infraestructura y desarrollo social directamente con los gobernadores y alcaldes del país para acelerar la ejecución de sus Planes de Desarrollo territorial.
  3. Fondo Milagro: El DAPRE asumirá la administración directa de este fondo especial, reorientando los recursos del Plan Nacional de Desarrollo para financiar prioritariamente la infraestructura y las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
  4. Banco de Talentos: Se puso en marcha una convocatoria pública y meritocrática regional para vincular profesionales de las provincias al servicio público, plataforma en la que ya se registran más de 650 profesionales inscritos.

«Tenemos un trabajo muy importante y es demostrarle ética y moralmente al país lo que hizo el gobierno anterior. Desangraron el país y desde el DAPRE lo vamos a demostrar con pruebas, mientras hacemos que las cosas pasen en beneficio de los colombianos», puntualizó Carlos Ríos al término del debate parlamentario.