La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y excanciller, Laura Camila Sarabia Torres, sumó un nuevo capítulo en el frente judicial que enfrenta por los hechos ocurridos a comienzos del año 2023. Ante el despacho de la Jueza Primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación de cargos contra la exalta funcionaria.
Durante la diligencia, el ente investigador le atribuyó la presunta autoría en los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, conductas que se habrían configurado tras el extravío de un maletín con dinero en efectivo en su residencia privada y el posterior despliegue de los esquemas de seguridad del Estado para someter a pruebas de polígrafo a su exniñera, Marelbys Meza.
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La génesis del caso: El maletín con $4.000 millones y el operativo en el DAPRE
De acuerdo con la reconstrucción fáctica presentada por la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los hechos se remontan al 27 de enero de 2023. En esa fecha, Sarabia —quien se desempeñaba como jefa de Gabinete de la Presidencia— habría entregado a su exjefa de seguridad, la teniente Sandy Alvernia Guerrero, en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), un maletín con pertenencias personales que contenía una bolsa negra con 4.000 millones de pesos en efectivo y documentos de carácter privado.
La instrucción impartida por la exfuncionaria era trasladar el paquete hasta su apartamento y entregárselo a su cónyuge, Andrés Fernando Parra. Sin embargo, al no encontrarse este en el inmueble, la maleta fue recibida por la trabajadora doméstica del hogar, Marelbys Meza.
Dos días después, el domingo 29 de enero, mientras Sarabia se encontraba en el municipio de Villa de Leyva (Boyacá), solicitó a su esposo ubicar el dinero. Al percatarse del faltante de los recursos, la entonces jefa de Gabinete se puso en contacto directo con el coronel Carlos Alberto Feria, jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad de la Presidencia, para ordenar la activación de las indagaciones.
«Usted personalmente le dijo a su empleada que debía someterse a esa prueba. Desbordó su competencia funcional para activar un operativo reservado del Estado en favor de un asunto estrictamente personal», sostuvo la fiscal delegada durante la lectura del escrito de imputación.
Las irregularidades en la prueba de polígrafo y las presuntas víctimas del proceso
El 30 de enero de 2023, Marelbys Meza fue conducida al Edificio Galán, sede administrativa del DAPRE, para ser sometida al examen poligráfico. La Fiscalía enfatizó que dicho procedimiento constituye un protocolo estricto y reservado, exclusivo para funcionarios públicos o aspirantes a esquemas de alta seguridad del Estado, por lo que su aplicación a una ciudadana particular constituyó un abuso de función pública y un uso indebido de los recursos institucionales (peculado por uso).
Asimismo, el ente de control sustentó la tipificación del constreñimiento ilegal agravado en la marcada asimetría de poder entre la alta dignataria y su empleada doméstica, asegurando que «bastó una palabra de la exfuncionaria para activar el aparato de seguridad y doblegar la voluntad de la víctima».
Durante la audiencia pública, cuatro partes solicitaron formalmente ser reconocidas en calidad de víctimas dentro del expediente:
- Marelbys Meza: Exniñera de la familia Sarabia, representada por su apoderado judicial.
- Fabiola Perea: Exempleada del hogar que habría sido objeto de interceptaciones e indagaciones irregulares.
- Marbel Alcira Morales Quevedo: Fiscal que lideró inicialmente la denuncia por hurto y que argumenta haber sido «instrumentalizada» por los esquemas de inteligencia.
- Presidencia de la República: Representada por el jurista Andrés Tapias Torres, en defensa del patrimonio e institucionalidad del Estado.
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Sin aceptación de cargos: Fiscalía prepara la fase de acusación
Tras la exposición detallada del material probatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación, Laura Sarabia se declaró inocente y no aceptó ninguno de los cargos imputados.
Con la culminación de esta etapa procesal, el ente investigador dispone de los términos de ley para formular el escrito de acusación formal ante los jueces de conocimiento de Bogotá, dando inicio al juicio oral en el que se determinará la responsabilidad penal de la exdirectora del DAPRE.
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