Un profundo pulso institucional y ético sacude los cimientos de la seguridad nacional y la política de orden público en el país. El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, cuestionó de forma categórica el informe oficial emitido por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual documenta que al menos 65 menores de edad han perdido la vida en desarrollo de bombardeos tácticos autorizados por el gobierno del saliente presidente Gustavo Petro Urrego durante los últimos cuatro años.
En el marco de una rueda de prensa extraordinaria con medios de comunicación locales e internacionales, el jefe de la cartera castrense aseveró que los datos estadísticos de la entidad forense carecen de rigor de campo y no reflejan con exactitud las variables operacionales del conflicto armado interno.
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Pedro Sánchez: «Esa cifra no es precisa; los responsables son los reclutadores»
El ministro de Defensa argumentó que las metodologías de indexación de las morgues regionales agrupan de forma generalizada las distintas causales de deceso en zonas de combate, lo que desvirtúa la cifra exacta de fallecidos por impactos directos de misiones de bombardeo estratégico.
“El informe forense de Medicina Legal abarca de forma global a quienes caen de manera trágica en el teatro del conflicto, pero, específicamente por la acción directa de bombardeos, ese no es el número real. Los menores de edad que lamentablemente caen en estas operaciones son la evidencia más clara y desgarradora de un crimen de guerra sistemático cometido por los grupos ilegales, quienes reclutan forzosamente a nuestra niñez. Hablo principalmente de las estructuras de las disidencias de alias ‘Calarcá’ y, de forma reciente, de la expansión armada del ‘Clan del Golfo’”, sentenció con severidad Sánchez Suárez.
Sosteniendo una cerrada defensa de los protocolos de la Fuerza Pública, el ministro descartó que la inteligencia militar presente fallas estructurales al momento de validar los objetivos de alto valor: “La inteligencia no ha fallado. Al contrario, es el insumo que ha permitido sostener una ofensiva operacional contundente contra estos grupos multicrimen. Sin embargo, nos enfrentamos a un objetivo militar dinámico, no estático, que está en constante desplazamiento y que en cualquier instante instrumentaliza la movilidad de las comunidades”, puntualizó.
El origen de la polémica: La radiografía forense de Arauca, Putumayo y Guaviare
El debate nacional cobró fuerza tras la intervención pública del director nacional de Medicina Legal, el doctor Ariel Emilio Cortés Martínez, quien el pasado 1 de julio expuso ante el Congreso y la prensa las trazas biológicas de la confrontación. Según el alto funcionario de la entidad forense, la mayoría de los eventos bajo la lupa judicial se concentraron geográficamente en los departamentos de Arauca, Putumayo y Guaviare.
El expediente más crítico en la memoria reciente se remonta a noviembre de 2025, fecha en la que se desató un escándalo político tras confirmarse la muerte de siete niños en un solo bombardeo aéreo ejecutado en las selvas del Guaviare, hecho que revivió los debates sobre la aplicación de los principios de distinción y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
“Tenemos una estadística consolidada de aproximadamente 65 menores de edad que fallecieron en el marco de operaciones militares aéreas durante este cuatrienio del Gobierno actual”, ratificó el doctor Cortés Martínez. Los análisis forenses añaden un dato sociológico clave: la edad de las víctimas oscila de manera persistente entre los 14 y los 17 años, el rango de mayor vulnerabilidad ante los frentes de reclutamiento forzado.
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El trimestre negro de 2025: 15 menores fallecidos en cuatro ataques
La gravedad de la tendencia ya había sido alertada por las agencias humanitarias en los cierres del año anterior. Los archivos epidemiológicos de Medicina Legal detallan que, tan solo en la ventana de tiempo comprendida entre agosto y noviembre de 2025, un total de 15 menores de edad murieron en cuatro misiones de bombardeo avaladas por los comandos conjuntos.
La distribución técnica de la mortalidad en ese periodo crítico quedó registrada por los peritos forenses de la siguiente manera:
| Departamento de Impacto | Número de Menores Fallecidos | Periodo de Registro |
| Guaviare | 10 menores de edad | Agosto – Noviembre 2025 |
| Amazonas | 4 menores de edad | Agosto – Noviembre 2025 |
| Arauca | 1 menor de edad | Agosto – Noviembre 2025 |
Con la presentación de estos balances contrapuestos y la inminente transición de mando hacia el gobierno electo de Abelardo de la Espriella, las carpetas de los bombardeos tácticos entran en una fase de revisión por parte de la Fiscalía General de la Nación. Corresponderá a la justicia penal militar y a los tribunales ordinarios establecer si existió dolo u omisión en la verificación de campamentos y determinar las responsabilidades por las vidas truncadas en los perímetros de la guerra.
#ATENCIÓN| “Son personas que no tenían protección en ese momento por el DIH ya que están participando directamente en las hostilidades”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras el reporte entregado por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores en bombardeos. Agregó… pic.twitter.com/REVixpj7dR
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 2, 2026
