La Defensoría del Pueblo de Colombia, bajo el liderazgo de Iris Marín Ortiz, emitió este viernes una enérgica condena tras la difusión de pruebas audiovisuales que muestran a grupos armados ilegales operando dentro de instituciones educativas rurales. Según la entidad, estructuras criminales en los departamentos de Nariño y Cauca estarían utilizando los planteles para distribuir propaganda, entregar útiles escolares y ocupar espacios civiles, violando flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La denuncia surge tras el análisis de videos y fotografías que circulan en redes sociales, donde se observa a combatientes uniformados interactuando con menores en entornos que deberían ser zonas de paz y resguardo.
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Adoctrinamiento y control social: Más allá de la interrupción escolar
Para la Defensoría, esta situación trasciende la simple suspensión de clases. La presencia de actores armados en las aulas representa una estrategia de control social y presión psicológica sobre las comunidades más vulnerables.
«La presencia de actores armados genera miedo, inseguridad y presión sobre niñas, niños y adolescentes, lo que incrementa el ausentismo, la deserción escolar y la interrupción de sus trayectorias educativas«, señaló la entidad a través de un comunicado oficial.
Además, el organismo advirtió que estas acciones afectan el ejercicio efectivo del derecho a la educación y comprometen el futuro de miles de jóvenes en el suroccidente del país.
Riesgo inminente: Reclutamiento forzado y violencia sexual
Uno de los puntos más críticos de la alerta institucional es el peligro que enfrentan los menores al estar expuestos directamente a los victimarios. La Defensoría subrayó que esta «normalización» de la presencia armada en las escuelas dispara los indicadores de vulnerabilidad en dos frentes específicos:
- Reclutamiento Forzado: La entrega de útiles escolares y el contacto directo facilitan el contacto para el enganche de niños y adolescentes a las filas de los grupos al margen de la ley.
- Violencia Sexual: La ocupación de bienes civiles incrementa el riesgo de abusos y otras afectaciones graves contra la integridad física y emocional de los estudiantes.
Violación a los tratados internacionales y «Escuelas Seguras»
La Defensoría recordó a los grupos armados que están obligados a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), particularmente los principios de distinción y precaución. La ocupación de establecimientos educativos constituye una infracción grave, ya que estos son bienes protegidos de carácter civil.
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Asimismo, la entidad invocó la Declaración sobre Escuelas Seguras de la ONU, la cual establece directrices claras para que las partes en conflicto eviten el uso, la ocupación y la destrucción de centros de enseñanza.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
Ante la gravedad de los hechos en Nariño y Cauca, la Defensora Iris Marín Ortiz instó al Gobierno Nacional y a las gobernaciones locales a adoptar medidas de protección integrales.
«Es urgente que se garanticen entornos escolares seguros que promuevan no solo el acceso, sino la permanencia de los niños en el sistema educativo«, enfatizó la Defensoría. Se espera que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación articulen una respuesta inmediata para recuperar la soberanía en estos centros educativos y devolver la tranquilidad a las familias rurales.
El Buen Futuro de niñas, niños y adolescentes no debe ponerse en riesgo. En el primer trimestre del año, la Defensoría del Pueblo ha identificado 19 casos de reclutamiento, concentrados principalmente en Norte de Santander, Antioquia y Caquetá.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 24, 2026
En el documento Decisiones… pic.twitter.com/XAXH2HICRV
