POLÍTICA

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Fiscalía imputa a abogado que habría ofrecido dinero a dos testigos para desviar sus declaraciones por el entramado de corrupción en la UNGRD.

Fiscalía imputa a abogado que habría ofrecido dinero a dos testigos para desviar sus declaraciones por el entramado de corrupción en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de soborno en la actuación penal al abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, por su presunta responsabilidad en el ofrecimiento de dinero a dos exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para que se retractaran de varios señalamientos hechos por las irregularidades de contratación en la entidad.

Las evidencias recopiladas indican que, el pasado 26 de julio, el hoy procesado contactó al defensor del exsubdirector del Manejo del Riesgo de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y le propuso un acercamiento para que lo ayudara a concretar una negociación con la Fiscalía.

Luego de esta comunicación, se realizaron cuatro encuentros. En uno registrado en un hotel del occidente de Bogotá, Riveros Rey le habría ofrecido a Sneyder Augusto Pinilla 3.000 millones de pesos o el 5% del valor total de un contrato en la UNGRD, a cambio de que modificar su declaración ante la Fiscalía y no inculpar otros involucrados en el entramado de corrupción.

En otra de las reuniones, el 31 de julio del año en curso, el abogado presuntamente manifestó que estaba en condiciones de entregar 10.000 millones de pesos a Olmedo López, para que también se retractara de las afirmaciones contra otros exfuncionarios de la UNGRD, de tal manera que no fueran vinculados a las investigaciones penales.

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Privados de la libertad exdirectivos y contratista por actos de corrupción en la UNGRD.

Privados de la libertad exdirectivos y contratista por actos de corrupción en la UNGRD

Luego de evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación sobre la necesidad de privar de la libertad al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez; el exsubdirector del Manejo del Riesgo de esa entidad, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero; el juez 35 penal de control de garantías de Bogotá impuso a estas tres personas medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual se cumplirá en establecimientos militares para asegurar la vida de los procesados

La decisión resaltó que la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acreditó la participación de los exfuncionarios y el excontratista en un entramado de corrupción, que direccionó la contratación en la UNGRD para cubrir obras de mitigación de emergencias y suministro de agua potable para las comunidades indígenas de La Guajira.

Por estos hechos, los tres investigados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Cargos que no fueron aceptados en su momento.

Las evidencias y elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía dan cuenta de que, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, desde la UNGRD se entregó información privilegiada a algunos contratistas, inscribieron empresas al registro de proveedores de manera apresurada para cumplir requisitos, acordó el pago de dádivas de hasta el 14% del valor de los procesos contractuales comprometidos, y falsificaron documentos para legalizar contratos y desembolsos.

Estas y otras anomalías fueron detectadas en 21 órdenes de contratación, que ascendían a 228.884 millones de pesos.

En este contexto, los entonces director y exdirector de la UNGRD, al parecer, orientaron seis órdenes de contratación para que fueran adjudicadas a las empresas del contratista López Rosero. Los contratos involucrados contemplaban el suministro de materiales para atender emergencias en Nariño, Chocó y Cauca; comprar 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, por 46.800 millones de pesos, adquirir otros 20 carrotanques, por más por 27.000 millones de pesos, y 20 camiones tipo bombero, por 31.000 millones de pesos.

En primer término, la investigación estableció un sobrecosto de 14.163 millones de pesos en el contrato de carrotanques para La Guajira. Parte de este dinero fue destinado al pago de coimas. 724 millones de pesos habrían correspondido a Olmedo López Martínez y 342 millones a Sneyder Pinilla Álvarez. Aquí el contratista presuntamente obtuvo una ganancia ilegal de 7.821 millones de pesos.

De otro lado, se evidenció que la UNGRD también contrató el alquiler de carrotanques, por algo más de 24.000 millones de pesos, con amigos del exsubdirector del Manejo del Riesgo; y confió a empresas referidas por terceras personas otras actividades, bienes y servicios, por 96.000 millones de pesos, que correspondían a recursos de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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Abierta convocatoria para elección de alcaldes en cuatro localidades de Bogotá.

Abierta convocatoria para elección de alcaldes en cuatro localidades de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Gobierno (SDG) invitan a todas las personas con vocación de servicio y compromiso hacia sus comunidades a participar en el concurso de méritos para la elección de alcaldesas y alcaldes locales. Esta es una oportunidad única para liderar y gestionar los recursos públicos de manera honesta y responsable en beneficio de las localidades.

La Secretaría de Gobierno, en alianza con la Universidad Nacional y las Juntas Administradoras Locales (JAL), abre este proceso meritocrático para cubrir las alcaldías locales de Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño y Sumapaz, donde en la primera convocatoria no se logró conformar ternas. Se busca asegurar la transparencia en la elección de liderazgos comprometidos con las necesidades de su comunidad y trabajen por su bienestar.

La Administración distrital hace un llamado especial a las mujeres para que participen activamente en esta convocatoria. “Buscamos liderazgos locales que se sumen a la construcción de este gobierno de lo cotidiano, desde las alcaldías locales», destaca el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila. Es fundamental que las mujeres que cumplan con el perfil profesional y vocacional se postulen y lideren desde sus localidades.

Requisitos para la inscripción

Las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos en las JAL, tanto en formato físico o digital:

  • Formato de inscripción debidamente diligenciado y firmado. (Las personas pueden obtener el formato impreso en cada JAL)
  • Formato Único de Hoja de vida de Persona Natural del Departamento Administrativo de la Función Pública o del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, debidamente diligenciado y firmado, con soportes, en medio físico y electrónico o digital.
  • Copia legible de la Cédula de Ciudadanía.
  • Declaración del o la aspirante, que se entenderá presentada bajo la gravedad del juramento, de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad de que trata el artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993 y las establecidas en el artículo 27 y 29 de la Ley 1909 de 2018, ni de presentar antecedentes judiciales. Esta exigencia aplica a todas las causales contenidas en el artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, salvo la contenida en el numeral 4 ibidem.
  • Soportes de cumplimiento del numeral 13.2.1.1 del artículo 13 del Decreto 785 de 2005: Título profesional y título de posgrado, y experiencia profesional mínima de 48 meses, de acuerdo con las áreas del conocimiento del núcleo básico descrito en la Circular 017 de 2024.

De acuerdo con el tipo de vinculación con la localidad que se quiera acreditar, presentar al menos uno de los siguientes documentos que constate este vínculo por lo menos durante los dos (2) años anteriores a la fecha de elección o nombramiento:

  • Certificación actualizada, expedida por la Alcaldía Local, para acreditar residencia. Esta certificación debe estar acompañada de documento(s) que den claridad del tiempo de permanencia en la localidad durante los últimos 2 años (Ejemplo: certificación de la Junta de Acción Comunal, contrato de arrendamiento, certificado de arrendador o dueño de vivienda, certificado del administrador del conjunto de propiedad horizontal).
  • Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses, para acreditar actividad industrial o comercial.
  • Certificación, debidamente diligenciada, de la empresa de la localidad en la que conste el tiempo de trabajo, dirección de la empresa, NIT, así como la naturaleza jurídica y domicilio de la misma, para acreditar actividad laboral.
  • Certificación expedida por la persona jurídica en la que consten funciones desempeñadas, tiempo de servicio, domicilio y naturaleza de la persona jurídica, para acreditar una actividad profesional.
  • Afirmación del aspirante, que se entenderá presentada bajo la gravedad del juramento, en la que se señale la actividad profesional, tiempo de ejercicio y ubicación en donde se ha desarrollado; para acreditar la actividad profesional que haya sido ejercida de manera independiente.

Cronograma y etapas del proceso

Alcaldes locales

No podrán ser elegidos quienes:

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 65 y 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, no podrán ser elegidos alcaldes o alcaldesas locales quienes:

  • Hayan sido condenados a pena privativa de libertad, excepto en los casos de delitos culposos o políticos.
  • Hayan sido sancionados con la pena de destitución de un cargo público, o se encuentren, temporal o definitivamente, excluidos del ejercicio de una profesión en el momento de la inscripción de su candidatura.
  • Hayan perdido la investidura de miembros de una corporación de elección popular.
  • Dentro de los tres (3) meses anteriores a la inscripción de la candidatura se hayan desempeñado como empleados públicos en el Distrito; hayan sido miembros de una junta directiva distrital; hayan intervenido en la gestión de negocios o en la celebración de contratos con el Distrito o hayan ejecutado en la localidad contrato celebrado con organismos públicos de cualquier nivel.
  • Sean cónyuges, compañeros o compañeras permanentes o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, o primero de afinidad civil, de los concejales o de los funcionarios distritales que ejerzan autoridad política o civil.

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Condenados por corrupción exalcalde y dos exsecretarios de Ebéjico (Antioquia).

Condenados por corrupción exalcalde y dos exsecretarios de Ebéjico (Antioquia)

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 7 años y 10 meses de prisión al exalcalde de Ebéjico (Antioquia) Jaime Wither Sánchez Posada, y a los exsecretarios de Planeación y Hacienda de esa población,  Juan Marcelo Gaviria Zapata y Víctor Alonso Álvarez Vergara, por irregularidades en la contratación.

Los exfuncionarios fueron sentenciados como responsables de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

Los hechos están relacionados con irregularidades cometidas en la firma de varios contratos por valor de 34 millones de pesos, para la remodelación de la casa de la cultura del corregimiento Sevilla, de la citada población del occidente antioqueño.

De acuerdo con el proceso adelantado por una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, en enero de 2010 durante la etapa precontractual se falsificaron las firmas de uno de los supuestos oferentes y se omitieron los análisis técnicos para soportar los valores estimados de los contratos de estudios y diseños.

La Fiscalía probó que no existió la licitación, que se simuló la convocatoria y que nunca se cumplió con el objeto del contrato, pese a que se pagó la totalidad del dinero pactado.

Durante la audiencia del sentido del fallo condenatorio, el juez de conocimiento ordenó la captura de los tres procesados.

La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa ante la sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

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¡Trabajo Si Hay! Gran Megaferia de Empleo en Suba con Inclusión Social y Más de 4000 Vacantes

El 9 de agosto de 2024, el Centro Comercial Fiesta Suba será el epicentro de la Megaferia de Empleo, organizada por Aliados Laborales en colaboración con la Alcaldía Local de Suba. Con más de 90 empresas y 4000 vacantes disponibles, esta es una oportunidad imperdible para quienes buscan empleo en Bogotá.

Bogotá, D.C., 2 de agosto de 2024 – En un esfuerzo por reducir la tasa de desempleo y promover la inclusión social en Bogotá, Aliados Laborales, en conjunto con la Alcaldía Local de Suba, llevará a cabo una Megaferia de Empleabilidad el próximo 9 de agosto en el Centro Comercial Fiesta Suba. Este evento, que se desarrollará desde las 8 a.m. hasta las 2 p.m., promete ser una de las mayores oportunidades del año para quienes buscan empleo en la capital.La Megaferia contará con la participación de más de 90 empresas de 25 sectores económicos, entre las que se destacan nombres como Salitre Mágico, Femsa Coca-Cola, Cruz Verde, Kenzo Jeans, Industria Santa Clara, Grupo Coomeva, Grupo Falabella, Mac Pollo y Securitas Colombia. Estas empresas ofrecerán más de 4000 vacantes para una variedad de perfiles, desde administrativos y asistenciales hasta cargos de alta y media gerencia.

«Esta Megaferia de Empleo es una muestra de nuestro compromiso con la comunidad y nuestro esfuerzo por cerrar la brecha de desempleo en Bogotá. Queremos brindar oportunidades reales y accesibles para todos los ciudadanos,» declaró un portavoz de Aliados Laborales.

Oportunidades para Todos:Entre las vacantes disponibles, se incluyen puestos para contadores, administradores de empresas, ingenieros civiles y de obra, así como auxiliares administrativos, de servicios generales y de servicio al cliente. Además, se buscan asesores comerciales, promotores, cajeros y personal para call centers, ofreciendo una amplia gama de opciones para distintos niveles de experiencia y formación.

La feria también tendrá un enfoque inclusivo, buscando integrar a personas de diferentes contextos y necesidades. La presencia de la emisora radial La Kalle, la móvil de la Agencia Pública de Empleo Colsubsidio, y el Sistema TransMilenio, que ofrecerá personalización de tarjetas, refuerza el objetivo de llegar a un amplio espectro de la población.Presencia Institucional:La Alcaldía Local de Suba y diversas entidades distritales también estarán presentes, ofreciendo su oferta interinstitucional y diferentes servicios de gobernabilidad del Distrito. «Es crucial que la comunidad se sienta respaldada por sus instituciones en estos eventos. La colaboración entre el sector público y privado es esencial para crear un impacto positivo y sostenible en la ciudad,» comentó un representante de la Alcaldía de Suba.

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Procuraduría inhabilitó por 10 años a exalcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia - Google

Procuraduría inhabilitó por 10 años a exalcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia

La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por 10 años al exalcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, por irregularidades en la ejecución de los dineros para la educación del territorio.

El Ente de control sostuvo que el exmandatario provocó un detrimento patrimonial superior a los $ 2.000 millones producto del desvío de recursos destinados a la educación de niñas, niños y adolescentes.

“La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular sostuvo que el disciplinado destinó cerca de $3.500 millones del Sistema General de Participaciones para pagar dos contratos de prestación de servicios educativos para 3.880 estudiantes de los que 2.321 resultaron ser alumnos inexistentes”, indicó la Procuraduría.

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Dichas irregularidades, según el ente de control, significó un detrimento patrimonial en el municipio en los años 2014 y 2015.

“De igual manera, el Ministerio Público ratificó que Valencia Ramos incluyó en el banco de oferentes a un centro docente que no cumplía con los requisitos de reconocida trayectoria, idoneidad e infraestructura, a pesar de lo que posteriormente celebró con el mismo cuatro contratos más”, añadió la Procuraduría.

Según la Procuraduría, el exmandatario omitió la responsabilidad en la contratación de estos procesos, teniendo en cuenta que era el ordenador del gasto, por lo que calificó la falta como gravísima a título de culpa gravísima.

La decisión fue tomada en segunda instancia y, a causa de lo anteriormente mencionado, el exfuncionario fue inhabilitado y destituido.

Hasta el momento, Bartolo Valencia, exalcalde de Buenaventura, no se ha pronunciado frente a la decisión de la Procuraduría General de la Nación de sancionarlo.

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Por otra parte, se debe recordar que no es la primera vez que el exmandatario tiene problemas con la ley, debido a que ya había sido capturado en el año 2015 por otras presuntas irregularidades como máxima autoridad del municipio, pero fue dejado en libertad en el año 2016.

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Procuraduría pidió cuentas al MinSalud por recursos destinados para 2024 - Google

Procuraduría pidió cuentas al MinSalud por recursos destinados para 2024

La Procuraduría General de la Nación le pidió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que entregue información con respecto a los proyectos y estrategias a las que se destinarán los más de cinco billones de pesos, que fueron aprobados para ese sector en el decreto del Presupuesto General de la Nación.

La procuradora delegada para estos asuntos, pidió que esa entidad entregue información con respecto a los proyectos y planificación a los que se les entregará parte de esos recursos destinados por el Gobierno Nacional, para mejorar la atención en salud.

“Identificar los proyectos aprobados y relacionar los proyectos y/o subproyectos a los que se van a asignar los recursos por más de 5 billones de pesos. Remitir la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada (Empresas Sociales del Estado beneficiadas)”, señala uno de los apartes del oficio.

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También pidieron que se desglose de manera clara las iniciativas que van a ser objeto de destinación de casi dos billones de pesos, e información detalla los aspectos técnicos y jurídicos que se tuvieron en cuenta para destinar la millonaria cifra.

“Se encuentran recursos por un valor total de $ 1.871.459.224.293 millones de pesos relacionados con los rubros y la descripción, de la cual se solicita explicar en detalle en qué consisten cada uno de los planes, programas o proyectos presentados, su fundamento jurídico, la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios”, añade el documento.

Además, la Procuraduría solicitó que entreguen en el informe una explicación con respecto a los otros rubros que también aparecen en la descripción del Presupuesto General de la Nación, para que den a conocer los presupuestos para financiar los proyectos de las entidades territoriales.

“Si existen otros rubros con los cuales se tenga presupuestado financiar o cofinanciar proyectos remitidos por las entidades territoriales y/o las ESE relacionados con transporte asistencias, dotación hospitalaria e infraestructura en salud”, concluyó la procuradora delegada.

El ministro Jaramillo tendrá un plazo de diez días hábiles para entregar ese documento, que permita que la Procuraduría estudie los aspectos clave de los recursos de salud que serán destinados durante el 2024.

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Gobernador de Córdoba pidió a la nación asumir parte de las pérdidas en facturas - Cortesía

Gobernador de Córdoba pidió a la nación asumir parte de las pérdidas en facturas

Al finalizar en Sincelejo la Cumbre Energética del Caribe, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, reiteró la urgente necesidad de abordar el alto costo de la energía el cual ha afectado a las familias y la competitividad regional.

“El alto costo de la energía ha empobrecido a las familias y limita la competitividad de las regiones. Por eso, hoy en la Cumbre Energética del Caribe, en Sincelejo, le solicitamos al Gobierno Nacional un mayor compromiso para lograr unas tarifas justas”, insistió el gobernador.

Propuso que la nación asuma parte de las pérdidas que actualmente los usuarios pagan en sus facturas y que la transición energética se convierta en una oportunidad, con una mayor participación accionaria para los departamentos en empresas como Urrá y Gecelca.

Al mismo tiempo reclamó una participación diferencial para Córdoba, destinando parte de las utilidades a subsidiar los estratos 1 y 2.

Además, anunció que en los próximos días se instalará una mesa técnica con presencia de las gobernaciones y los ministerios de Minas y Hacienda para evaluar fórmulas para financiar y materializar proyectos de granjas solares que aporten al sistema y en la disminución de los costos para los usuarios.

En la primera Cumbre Energética del Caribe con presencia de gobernadores, el ministro de Minas y Energía, Omar Camacho Morales, hizo especial énfasis para que esta región lidere la transición energética del país al referirse a la instalación de parques solares.

Habló de la posibilidad de crear una empresa de generación energía renovable para el caribe colombiano como opción para resolver el tema de los altos costos.

Además, el ministro de Minas se refirió a un plan de emergencia tarifario para el Caribe que le propuso a los congresistas y mandatarios revisar en conjunto y anunció que existe un plan para radicar una nueva Ley de Servicios Públicos.

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Álvaro Uribe asegura que una ley de punto final sería inaplicable en Colombia - Google

Álvaro Uribe asegura que una ley de punto final sería inaplicable en Colombia

El expresidente Álvaro Uribe se volvió a referir a la polémica que se ha generado por cuenta de una propuesta legislativa que plantearía una ley de punto final en el país.

Uribe aseguró que esta iniciativa sería inconveniente, e hizo una comparación con el proceso de paz que lideró cuando estuvo en la Presidencia de la República y que permitió la desmovilización de los paramilitares y miles de guerrilleros.

“Nuestro proceso de desmovilización fue para todos. Treinta y cinco mil paramilitares y diez y ocho mil guerrilleros lo aceptaron. Un gran artífice, Luis Carlos Restrepo, patriota ejemplar, fue expatriado. No cambiamos la Constitución, no hubo impunidad absoluta, tampoco elegibilidad política para condenados, menos por delitos atroces como el reclutamiento de niños”, indicó.

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Dijo que en su momento se definió que el delito de sedición fuera considerado como político para las guerrillas y los paramilitares, lo que generó algunas diferencias con los magistrados.

“Consideramos que guerrilla y paramilitares podían ser beneficiarios del delito político de sedición. Ambos, sea cualquiera su excusa política, interfieren el funcionamiento del Estado de Derecho. Ese alegato argumental fue origen de desacuerdos con algunos magistrados de la Corte, que solamente aceptaban la sedición para la guerrilla”, indicó.

Uribe afirmó que una eventual ley de punto final sería inaplicable en Colombia, razón por la cual ha insistido en una amnistía política, por una sola vez, para que las personas puedan recuperar sus derechos de elegir y ser elegidos, sin que ello signifique una suspensión de la pena.

“De manera pública he propuesto una amnistía política, por una vez, no penal, para recuperar derechos políticos de condenados. Será necesario dado el antecedente de impunidad absoluta con la Farc, que además están en el Congreso a pesar de tantos delitos atroces y también por lo que se asoma con el ELN y otros”, añadió.

Dijo que dicha amnistía serviría para beneficiar a personas que trabajaron en su gobierno y que fueron condenadas por diferentes hechos. “Confieso que tengo interés en mis compañeros de Gobierno, condenados por nombrar un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso”, dijo.

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Aún no se conoce si el Centro Democrático preparará o no un proyecto de ley encaminado a garantizar esta amnistía política que se plantea por una sola vez.

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Consejo de Estado anuló la personería jurídica del partido Fuerza Ciudadana - Google

Consejo de Estado anuló la personería jurídica del partido Fuerza Ciudadana

El Consejo de Estado anuló la personería jurídica del partido Fuerza Ciudadana, liderado por el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, debido a irregularidades que se registraron en la emisión de esa dignidad de parte del Consejo Nacional Electoral.

Según el tribunal, se demostró que el Consejo Nacional Electoral expidió la personería bajo una falsa motivación, debido a que no era permitido que, como grupo significativo de ciudadanos, se hubiese hecho esa coalición al Pacto Histórico.

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“Se constató la aplicación indebida del principio de igualdad, pues el CNE tomó como referente colectividades cuya situación no era equiparable a la de Fuerza Ciudadana”, resalta el tribunal.

El consejo resaltó que la determinación fue tomada debido a que se vulneraron normas superiores, entre esas, las que establecen que las coaliciones son únicas y exclusivamente para partidos y movimientos con personería jurídica.

Los magistrados explicaron que para el momento en que la autoridad electoral otorgó la personería jurídica, el movimiento Fuerza Ciudadana era un grupo significativo de ciudadanos, por lo que no era posible que hiciera parte de dicha coalición.

Los efectos de esta sentencia tendrán incidencia hacia el futuro, lo que quiere decir que, las personas que fueron elegidas y nombradas en representación de Fuerza Ciudadana, seguirán en sus cargos con normalidad, pues reconoció que los cargos obtenidos por esa colectividad, mostraban la seriedad de un movimiento.

«Debe anotarse que la trayectoria del movimiento Fuerza Ciudadana y sus triunfos electorales como grupo significativo sirven para acreditar la seriedad de la propuesta, su solidez como agrupación política y su potencial en términos de presencia nacional», menciona el documento.

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Ese tribunal consideró que el Consejo Nacional Electoral aplicó incorrectamente el principio de igualdad, por lo que definió quitar la personería jurídica al movimiento político.

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