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La Fiscalía pedirá cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el desfalco de la UNGRD - Foto: redes sociales

La Fiscalía pedirá cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el desfalco de la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación radicó este miércoles ante el Tribunal de Bogotá una solicitud para llevar a cabo las audiencias de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, de Interior, por su supuesta participación en la trama de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo o UNGRD. La entidad solicitará también que los antiguos funcionarios del presidente Gustavo Petro sean enviados a la cárcel de manera preventiva y les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. 

El ente acusador considera a Bonilla y a Velasco como un peligro para la sociedad y argumentará que tiene evidencia suficiente para probar la participación de ambos en un entramado de corrupción en el que se desviaron recursos de la UNGRD hacia congresistas, empresas y otros implicados. El anuncio de la Fiscalía llega después de que el exdirector de la entidad Olmedo López, su subdirector Sneyder Pinilla y la asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, confesaran que los exministros ordenaron a López de ofrecer beneficios a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que estos avalaran operaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda. A cambio de eso, parte de los recursos aprobados por la comisión fueron canalizados por la UNGRD a terceros previamente pactados. 

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El ente acusador había anunciado ya en junio que imputaría cargos contra Bonilla por conocimiento de una “actividad presuntamente delictiva” del exministro, muy cercano al presidente Petro y quien renunció en diciembre de 2024 para atender las acusaciones fuera del Gobierno. Respecto esa imputación se pronunció su abogado Mauricio Pava, quien manifestó que ha estado recabando elementos probatorios para demostrar que Bonilla no cometió delitos. En entrevista con W Radio aseguró que el caso del exministro de Hacienda “no se trata de un caso en donde exista una imputación por maletines con dinero; no se trata de un caso en donde se hubieran celebrado contratos y hayan supuestamente, o según la Fiscalía, pactado comisiones. El caso de Ricardo Bonilla es otro y así lo va a precisar la Fiscalía”. 

La Fiscalía señala a Velasco de ordenar el direccionamiento de contratos de la UNGRD, por valor de casi 35.000 millones de pesos, para favorecer al senador Julio Elías Chagüi, del Partido de la U, y a quien la Fiscalía señala como beneficiario del entramado de corrupción. Según los testimonios de López y Pinilla, Chagüí había sido designado como vocero de un grupo de congresistas a quienes se les repartieron recursos públicos a cambio de respaldar proyectos del Gobierno en el Legislativo. Eso le generó contratos millonarios en el municipio de Sahagún, Córdoba. 

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Bonilla y Velasco no son los únicos exfuncionarios del Gobierno de Petro implicados en el escándalo. Además de ellos han sido señalados de participar López, Pinilla, el único condenado por el momento, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. Además, continúa prófugo Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia, a quien la Fiscalía imputó los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos por presuntamente ordenar el reparto de contratos por 70.000 millones de pesos para conseguir apoyos legislativos. También continúa prófugo Cesar Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de Función Pública, quien es señalado de desviar recursos por un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras, así como de participar en reuniones donde se decidieron asignaciones de contratos y reparto de recursos. Los dos últimos continúan prófugos. 

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El precandidato Carlos Caicedo propuso la creación de un Frente Unido - Foto: @carlosecaicedo

El precandidato Carlos Caicedo propuso la creación de un Frente Unido

Las elecciones atípicas en el departamento del Magdalena estallaron una grave crisis política en la izquierda, de cara a los comicios del 2026. Y separaron definitivamente al precandidato presidencial y jefe político del movimiento Fuerza CiudadanaCarlos Caicedo, del presidente Gustavo Petro y las principales cabezas del Pacto Histórico en Bogotá. 

El jefe de Estado y varias voces del Pacto, como la senadora María José Pizarro, respaldaron en Magdalena al candidato Rafael Noya, también apoyado por fuerzas de oposición, como Cambio Radical y el Centro Democrático. Justo después, el presidente Petro aseguró en un consejo de ministros que Caicedo busca “dividir a la izquierda”, e incluso, con su ego, restarle curules a la izquierda en el 2026. 

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Al respecto, Caicedo aseguró en entrevista que el presidente Petro ha recibido “malos consejos del círculo político que lo rodea (…) esa cúpula lo está alejando de sus bases sociales y populares, que lo respaldan, como lo hemos hecho nosotros a lo largo de estos años”. 

Agregó que esa misma “cúpula” lo ha llevado a “clientelizar cuotas, a acercarse a los sectores de la política tradicional (…) El pueblo votó por un gobierno de izquierda, pero ha gobernado con un sector de la política tradicional. Eso pasó en el departamento del Magdalena: hacen alianzas con los que son históricamente sus contradictores, sus enemigos y los que nos persiguieron, nos llevaron a la cárcel y nos acusaron de crímenes”. 

Ahora, Caicedo fue mucho más allá y se refirió a la gestión del mandatario en los territorios: “Lo hemos acompañado aun cuando el presidente Petro no ha estado presente con las inversiones que había prometido al departamento de Magdalena; lo hemos acompañado pese a que hemos dado luchas en solitario por defender nuestra personería jurídica y por recuperar la alcaldía que nos robaron, la destitución injusta del gobernador Rafael Martínez” Según dijo, lo ha apoyado pese a que “no ha actuado como garante del Estado y la democracia”. 

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Caicedo aseguró que “es evidente el papel que tiene Roy Barreras y Armando Benedetti en este tipo de acuerdos políticos. Si revisamos las oficinas del Estado (…) esas son cuotas que mantienen sectores políticos tradicionales, de Cambio Radical y del Centro Democrático”. Y agregó: “¿El Ministerio de Educación no se le entregó a un neoliberal como Alejandro Gaviria?, ¿cómo se pretende que se defienda la educación pública cuando entregaron ese ministerio?”. 

Ante esto, el precandidato Carlos Caicedo propuso la creación de un Frente Unido, distinto al Frente Amplio, para continuar con la izquierda, pero recogiendo posturas distintas a la política tradicional. “El que está peleando es Petro, y nosotros fuimos los que ganamos en el pueblo”, dijo. 

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¿Qué ha pasado con la centro derecha? - Foto: Redes sociales

¿Qué ha pasado con la centro derecha?

En los últimos días, tuvieron lugar varias reuniones en Bogotá donde sectores de la derecha y la centro-derecha dejaron ver acercamientos para la conformación de una coalición competitiva frente al oficialismo en las elecciones del 2026. Sin embargo, la posibilidad de llegar a acuerdos aún no se materializa. 

Este lunes, 24 de noviembre, varios precandidatos se reunieron. A la cita asistieron Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Marta Lucía Ramírez y Mauricio Gómez Amín, quienes discutieron mecanismos para avanzar hacia una alianza opositora. 

Esta no es la primera vez que dichos precandidatos se reúnen, de hecho, era una idea que se venía gestando desde hace varios meses, pero no fue sino hasta el pasado 12 de noviembre que se dio el primer cónclave en el que se reunieron ocho aspirantes a la Presidencia: Vicky Dávila, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Felipe Córdoba, Juan Carlos Cárdenas, Mauricio Gómez, Daniel Palacios y Juan Guillermo Zuluaga. 

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A este primer encuentro faltó Aníbal Gaviria, que, para este momento, conformaba la Fuerza de las Regiones -junto con Héctor Olimpo, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas – pero se sumó en la última sesión del 24 de noviembre, una vez fue declarado el candidato único de su alianza, tras la salida de Espinosa y el apoyo cantado por Zuluaga y Cárdenas. 

Espinosa, el mismo 12 de noviembre, salió de esa coalición por las diferencias con sus entonces aliados. Mientras que él insistía en que no había condiciones para realizar la encuesta que permitiera elegir a uno de los cuatro, los otros tres decían que se debía hacer a finales de noviembre, como era el acuerdo inicial. Finalmente, no hubo medición. 

A esa reunión también habían sido invitados Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Galán, que tienen su propia alianza. Sin embargo, no asistieron, aunque sí se han mostrado abiertos a sumarse a una gran coalición. No obstante, esas declaraciones de intención aún no se han materializado en un acuerdo concreto. 

En cuanto a la reunión del 24 de noviembre, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas, no asistieron: Cárdenas por agenda, Pinzón por compromisos previos y Peñalosa por viajar a Dubái a dictar una conferencia sobre “liderazgo”. En dicho encuentro se habló sobre la posibilidad de utilizar una encuesta interna para reducir el número de aspirantes, la cual generó el primer choque visible. 

En todo caso, Pinzón sí ha manifestado su interés de una alianza. Días antes de la reunión, el exministro de Defensa de Juan Manuel Santos planteó que se haga una encuesta nacional vinculante en enero, “abierta exclusivamente a los precandidatos que hayan superado el 3 % de intención de voto” en sondeos previos. Desde su perspectiva, permitiría ordenar el panorama antes de una consulta interpartidista el 8 de marzo. 

Sin embargo, Espinosa, quien recolecta firmas, respaldó la idea de una alianza pero rechazó tajantemente que lo defina una encuesta. “Los procesos definidos por encuestas terminan dividiendo, desgastando y rompiendo equipos”, afirmó, “Una alianza sin un ‘jefe’ que recoja los pedazos cuando es necesario, como lo hace el expresidente Uribe en el Centro Democrático, no puede darse el lujo de entrar en ese laberinto”, dijo el exgobernador de Sucre. 

También cuestionó que, con casi todos los aspirantes dentro del margen de error, abrir ese camino rompería la unidad “antes de nacer”, y pidió que una eventual consulta de marzo sea amplia desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo, “sin exclusiones, sin reglas acomodadas y sin vetos personales”. 

Sin embargo, David Luna ha mostrado reparos en que se cuente con la participación de De la Espriella dentro de la alianza, pues aseguró que la coalición no se identifica con los extremos: “Representamos algo distinto a los extremos, no solo al doctor de la Espriella, sino también al doctor Iván Cepeda (Pacto Histórico)”, aseguró. 

Otro sector en la derecha que está buscando unirse es el que representan los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, como cabezas de sus partidos, Centro Democrático y Liberal. Como los otros, buscan formar un frente unido “contra el pretrismo” en las elecciones de 2026. Ambos exmandatarios se reunieron el pasado 31 de octubre donde abordaron la idea de realizar una consulta interpartidista. La idea de una alianza era llevar a la consulta del 8 de marzo del año entrante al candidato elegido por el Centro Democrático, el candidato del partido Liberal, e incluso se habló de la posibilidad de incluir a Germán Vargas Lleras de Cambio Radical. 

Este fin de semana, Uribe se refirió al proceso de elección de los candidatos del Centro Democrático y aseguró que se tendría listo el o los nombres para el 15 de diciembre. También manifestó su intención de que se realice una coalición más amplia una vez se conozcan sus cartas presidenciales. Además, el director del partido, Gabriel Vallejo, reiteró que el método de selección será a través de una encuesta, como se había acordado originalmente y pese a los reparos de uno y otro precandidato. 

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“Tenemos que hacer coaliciones, pero todo lleva su momento. Primero el o los candidatos, y después la coalición. Pero no puede ser apresurada ni restringida. Hay que ir con paciencia para tener una coalición tan grande que permita que la democracia se revitalice y no siga el actual gobierno”, aseguró Uribe. El partido elegirá entre las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, y Miguel Uribe. 

En cuanto a Germán Vargas Lleras, aún se está a la espera de que defina si será el precandidato presidencial o si liderará la lista al Senado de su partido, Cambio Radical. Desde las huestes de la colectividad, voces insisten en que él los represente en la consulta de marzo, pero aún no hay una decisión de fondo. 

Mientras la centroderecha define reglas para escoger un candidato único, otros sectores avanzan en agendas propias. Ese mismo 24 de noviembre, la coalición Ahora Colombia —integrada por el Mira, el Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso— eligió al representante Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista al Senado, tras semanas de discusiones internas en las que también se habló de la posibilidad de que Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) fuera quien liderara la lista. 

La designación se dio “por consenso” y respondió, según el bloque, a más de dos décadas de experiencia en el servicio público y a un liderazgo que “integra desde la diversidad”. 

Sin embargo, las definiciones legislativas no han resuelto el panorama presidencial: Sergio Fajardo (Dignidad & Compromiso) y Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo) siguen caminos distintos, aunque este último sostiene diálogos con sectores que incluyen a Mauricio Cárdenas y David Luna. 

La centroderecha aún no encuentra un mecanismo que permita un rostro unificado y la discusión sobre el método —encuesta, consulta o consensos internos— ha dejado ver más inconformidades que acuerdos. Mientras que la carrera hacia las elecciones de 2026 continúa avanzando, la centroderecha permanece sin una fórmula definitiva que contrarreste el oficialismo 

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David Luna entregó las firmas para iniciar oficialmente su carrera por la Presidencia - Foto: Cortesía

David Luna entregó las firmas para iniciar oficialmente su carrera por la Presidencia

Este martes, el precandidato presidencial David Luna asistió a la Registraduría Nacional para entregar 1.3 millones de firmas que le permitan aspirar oficialmente a la Presidencia en 2026. Los apoyos serán revisados por el ente electoral para determinar si hay al menos 635.000 válidos. 

Luna llegó a la Registraduría sobre las 10:00 de la mañana acompañado por su familia y su equipo de campaña. Aseguró que pese a su anterior militancia en el partido opositor Cambio Radical no es una candidatura de extremos: “No tengo jefe político, mi único jefe es el ciudadano”.  

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“Yo tomé la determinación de renunciar al Congreso y a Cambio Radical porque estaba seguro de que las peleas no tienen posibilidad de salir adelante […] Colombia no puede seguir liderada por quienes nos quieren llevar a los extremos”, sostuvo Luna. 

El aspirante aseguró que actualmente esos extremos están representados por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico. Por ello, aseguró que no haría coalición ni se mediría con ellos en una encuesta o consulta en marzo. 

Por lo pronto, alista una consulta interpartidista en marzo junto con los precandidatos Mauricio Cárdenas (firmas) y Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo). Invitó a otras candidaturas de centro derecha a sumarse a esta coalición y a evitar caer en las opciones de derecha e izquierda. 

Precisamente, les hizo esa invitación a Daniel Palacios, Marta Lucía Ramírez, Felipe Córdoba, Aníbal Gaviria y Vicky Dávila, quienes estuvieron reunidos un día antes en el Hotel Marriot para hablar de las elecciones

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“A mí no me invitaron, pero hubiera ido. Lo primero que hay que preguntarles a mis colegas que estuvieron reunidos es si ellos van a terminar apoyando a un candidato de extremos. Si es así, pues claramente no tenemos mucho que conversar”, explicó Luna. 

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Ministro de Defensa se reunió con senadores de EE. UU. - Foto: Cortesía

Ministro de Defensa se reunió con senadores de EE. UU.

Este domingo 23 de noviembre, Pedro Sánchez, el ministro de Defensa, se refirió al reciente encuentro con siete senadores de Estados Unidos, en el que habló sobre la lucha de Colombia contra el narcotráfico. 

«Una reunión muy productiva con senadores de Estados Unidos, analizando cómo podemos combatir de manera más efectiva el crimen organizado transnacional«, fueron las primeras palabras del ministro. 

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El ministro de Defensa estuvo al frente de una cumbre internacional en la que junto a representantes estadounidenses puso sobre la mesa varios temas de agenda entre Colombia y Estados Unidos. 

Allí, se reiteró la cooperación global en la lucha contra el narcotráfico, «la alianza en materia de seguridad y la colaboración en materia de antinarcóticos». Por su parte, Pedro Sánchez afirmó que Colombia sigue trabajando para contraatacar estas organizaciones criminales. 

«El problema de las drogas es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. Colombia es uno de los países que combate con mayor efectividad el problema de las drogas«, destacó el ministro. 

E incluso señaló que, en medio de los operativos para dar con la captura de los líderes de estos grupos criminales, también se ha perdido la vida de muchos agentes de la policía. 

«Hemos perdido hombres y mujeres en esta lucha. Quiere decir que no solamente mueren por nuestra nación, sino también lo hacen por el mundo«, dijo Pedro Sánchez. 

En un video compartido en las redes sociales del ministro de Defensa, habló el senador de los Estados Unidos Kevin Cramer sobre la cooperación internacional

«Colombia es quizás el socio más importante que tiene Estados Unidos en el hemisferio occidental para combatir el narcotráfico«, expresó el senador. 

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Y agregó algunos detalles del trabajo operativo de Colombia: «Trabajamos muy estrechamente y estamos muy agradecidos no solo por su estrecha amistad, sino también por su increíble experiencia técnica. Están compartiendo información importante que nos permite combatir el narcotráfico. Es una alianza muy importante». 

Por lo anterior y respecto a las cifras por el delito de narcotráfico, se señaló que «más de 780 personas han sido extraditadas por delitos relacionados con el narcotráfico, reafirmando el compromiso de Colombia con la cooperación internacional y la lucha conjunta contra el crimen transnacional», según un informe publicado en la página oficial del Ministerio de Defensa Nacional. 

En el mismo comunicado, se destacó que «los resultados del periodo 2022–2025 confirman la eficacia y continuidad de la política integral contra las drogas, centrada en la interdicción, la destrucción de infraestructura y la articulación con la justicia internacional». 

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¿Falta de transparencia?: Existe preocupación en la adjudicación de SICOV y CALE

En los últimos días de ha divulgado una investigación la cual señala que el denominado Clan Torres, el cual es un grupo económico y político del departamento del Atlántico, y serían ellos quienes habrían logrado influir en decisiones estratégicas dentro del sector transporte en el Gobierno del Cambio. Sobretodo y  particularmente dentro de los procesos relacionados con el Sistema Integrado de Control y Vigilancia (SICOV) y los Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).

Dicho documento es el que plantea las posibles irregularidades que se presentaría en la adjudicación de estos sistemas, que representan negocios de alto impacto económico tanto en la región y para el país.

SICOV: el cual es un sistema cuestionado desde su origen El SICOV, implementado desde el año 2013 con el objetivo de combatir el fraude en los diferentes Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), habría sido adjudicado bajo un proceso que — según la investigación — presentó señales de direccionamiento.

Este es el informe que señala:

· Las condiciones habrían sido diseñadas de forma que solo una empresa del entorno de Euclides Torres pudiera cumplirlas.
· Se habrían inscrito compañías vinculadas al mismo grupo económico, junto con una empresa externa supuestamente presentada para simular pluralidad.
· El sistema, pese a su finalidad, no habría logrado reducir el fraude ni la accidentalidad vial.
Adicionalmente, el actual superintendente de Transporte habría prorrogado el contrato por 15 años más, consolidando un monopolio que hoy generaría ingresos por cientos de miles de millones de pesos anuales.

CALE: es el nuevo proyecto con advertencias de direccionamiento

Por ello en diferentes medios de comunicación también se ha expuesto las diferentes preocupaciones por el proceso de selección para operar los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que evaluarán a los aspirantes a obtener una licencia de conducción.

De acuerdo con la investigación:

  • La convocatoria exige “cobertura nacional”, un requisito que la mayoría de universidades públicas no pueden cumplir.
    · La UNAD sería la única institución con presencia en los 32 departamentos, lo que la convertiría en el único actor habilitado.
    · Esta universidad tiene antecedentes de contratos adjudicados sin competencia a empresas relacionadas al Clan Torres.
    · Tanto el rector como el vicerrector de la institución se encuentran involucrados en investigaciones por presunto nepotismo y irregularidades contractuales.
    El negocio de los CALE tendría un valor estimado cercano a los 14 billones de pesos durante 20 años.

Implicación de figuras políticas y funcionarios del Gobierno:

El informe señala que el senador Pedro Flórez, integrante del Pacto Histórico, habría sido impulsado políticamente por el Clan Torres. Declaraciones de Nicolás Petro también lo mencionan como presunto operador financiero durante la campaña presidencial.

Posteriormente, el senador llegó a dirigir la Comisión Sexta del Senado, instancia clave para las decisiones legislativas en materia de transporte.

La investigación también menciona a dos funcionarios del Gobierno:

· Alfredo Piñeres, Superintendente de Transporte, con supuestos vínculos empresariales con empresas relacionadas al Clan.
· Lina Huari, Viceministra de Transporte, sancionada previamente por la SIC e involucrada en el proceso de adjudicación de los CALE.

Riesgos identificados por los investigadores

Los analistas del informe advierten varios riesgos institucionales y de seguridad:
· Posible concentración del negocio vial en un solo grupo económico.
· Eventual conflicto de interés al coincidir operador y supervisor del sistema.
· Afectación a la seguridad vial si la evaluación de conductores queda bajo operadores con intereses particulares.
· Exclusión de universidades públicas con capacidades técnicas y acreditación de alta calidad.
· Continuidad de un modelo de contratación presuntamente restrictivo y poco competitivo.

Respuesta de autoridades y panorama actual

Hasta el momento, los entes de control no han emitido comunicados oficiales frente a las denuncias contenidas en el documento y realizada en medios de comunicación y redes sociales.
El caso podría convertirse en uno de los temas más sensibles dentro del sector transporte, considerando el impacto económico, social y de seguridad vial que representan los sistemas SICOV y CALE.

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Gobierno reduce el tope para importaciones por tráfico postal y envíos rápidos - Foto: Archivo

Gobierno reduce el tope para importaciones por tráfico postal y envíos rápidos

El Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso el documento comparativo con los cambios que tendrá la reforma tributaria del Gobierno antes de su radicación la próxima semana

El texto actualizado señala qué artículos se mantienen, cuáles se modifican y cuáles se eliminan, con el objetivo de asegurar el recaudo estimado de $ 16,3 billones en 2026 y más de $ 69,6 billones durante los siguientes cuatro años

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Una parte importante de las disposiciones permanece “sin modificación”, lo que implica que la estructura principal para financiar el Presupuesto General de 2026 continúa tal como fue concebida. Esta decisión responde a la intención oficial de preservar las medidas que considera esenciales para enfrentar la situación fiscal del país. 

El objeto central del proyecto, las reglas del IVA aplicables a juegos de suerte y azar, las normas sobre administración en propiedad horizontal y la organización del impuesto a las ventas para parqueaderos y zonas comunes continúan sin ajustes. También se mantienen las disposiciones de renta y patrimonio, incluida la opción de que no residentes tributen con una tarifa del 5% sobre ingresos por servicios digitales. El régimen para iglesias con actividades mercantiles y la estructura de tarifas para personas naturales se conservan sin alteraciones. 

La sobretasa al sector financiero y el sistema de tarifas variables para actividades extractivas vinculadas a los precios internacionales del petróleo y el carbón permanecen como estaban. Del mismo modo, las reglas de ganancias ocasionales continúan con la tarifa del 30% para loterías, rifas y apuestas, junto con los topes y criterios basados en UVT para herencias y utilidad ocasional. 

Uno de los ajustes más relevantes está en las importaciones por tráfico postal y envíos rápidos. El Gobierno decidió modificar el literal j) del artículo 428 del Estatuto Tributario, reduciendo el umbral de US$200 a US$50, y prohibiendo su uso con fines comerciales. Según el documento, “La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) establecerá los controles de fiscalización e investigación correspondientes para asegurar el pago efectivo del compuesto cuando haya lugar al mismo. El beneficio establecido en este literal no podrá ser utilizado cuando las importaciones tengan fines comerciales”. 

Tres artículos relacionados con el IVA de combustibles fueron retirados del proyecto, incluyendo las disposiciones sobre la base gravable para distribuidores minoristas, las tarifas escalonadas de gasolina y ACPM a partir de 2026 y las reglas sobre mercancías premarcadas. En contraste, los artículos ambientales que fortalecen el impuesto al carbono se mantienen, con tarifas diferenciadas por tipo de combustible y la destinación del 45 por ciento del recaudo a programas ambientales estratégicos. También continúa la tarifa cero para varios departamentos amazónicos y municipios del Chocó, salvo cuando haya explotación o refinación. 

El impuesto especial a la extracción de hidrocarburos y carbón se conserva, fijando una tarifa del 1% que se causa en “la primera venta dentro o desde el territorio nacional” o en la exportación. La base gravable se calculará con base en el valor de venta o el valor FOB, y se mantienen las sanciones para contribuyentes que no realicen el pago en los términos establecidos. 

Los incentivos para proyectos con fuentes no convencionales continúan sin modificación. Los bonos de transición energética, que permiten deducir hasta el 50% de la inversión, se mantienen, así como la exención del IVA para bienes y servicios vinculados a tecnologías renovables y eficiencia energética. El proyecto no incorpora beneficios para vehículos híbridos, pero sí detalla un listado amplio de elementos para vehículos eléctricos, como baterías, motores, cargadores e inversores. 

En facturación electrónica, persisten las deducciones del 5% en 2026, 3% en 2027 y 1% a partir de 2028, siempre que las compras no superen las 240 UVT y estén validadas previamente. La exigencia de identificar al adquirente permanece como mecanismo para fortalecer la formalización. 

También se mantiene el artículo que adiciona un parágrafo al régimen de ineficacia de declaraciones de retención en la fuente, otorgando efectos legales a las declaraciones presentadas sin pago desde la vigencia de la ley. Para subsanar declaraciones previas afectadas por ineficacia, se fija como plazo máximo el 31 de marzo de 2026, con una sanción reducida al 15% y sin intereses. De igual forma, las precisiones al régimen sancionatorio del artículo 701 del Estatuto Tributario permanecen sin ajustes, aplicando sanciones incluso cuando no exista declaración. 

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Durante una jornada en Casas de Santa Bárbara, el ministro Germán Ávila Plazas destacó el retiro de las medidas sobre combustibles y el mantenimiento de la renta progresiva. El Ministerio señaló que el encuentro fue “un espacio clave para avanzar en un proceso de ajuste concertado y responsable”. Con presencia del director (e) de la Dian, Carlos Betancourt, el Gobierno reiteró que los cambios deben responder a la sostenibilidad fiscal. 

El Ministerio de Hacienda se alista ahora para la radicación oficial del proyecto, aunque ya existe una ponencia de archivo presentada por la representante Katherine Miranda. Además, un grupo de 12 congresistas estaría organizándose para impulsar el hundimiento de la iniciativa. 

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Radican ponencia de archivo para la reforma tributaria - Foto: Redes sociales

Radican ponencia de archivo para la reforma tributaria

En la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes se radicó ayer la ponencia de archivo a la reforma tributaria, que no tiene el mejor ambiente en las comisiones económicas del Congreso

El documento fue presentado por la representante Katherine Miranda, quien argumenta que Colombia no aguanta más impuestos

Una reforma que hoy pretende recaudar 26 billones de pesos, metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos que ya no aguantan más impuestos. Esta reforma afecta directamente a los más pobres y a la clase media (…) insiste en subir aún más el costo de la gasolina, pese a que el presidente Gustavo Petro diga lo contrario. Ese aumento golpea a los campesinos, a los transportadores y a los trabajadores, y termina encareciendo los alimentos y la vida de todos los colombianos”, señaló. 

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Y agregó: “Radico esta ponencia de archivo porque esta reforma sí afecta a quienes menos tienen y porque el país no necesita más reformas ni más impuestos. Lo que Colombia necesita es un gobierno austero que deje de derrochar los impuestos de los colombianos en viajes, en comitivas, en lujos y en gastos innecesarios. Un gobierno que recorte la contratación excesiva, que cierre las embajadas que no sirven y que por primera vez se apriete el cinturón y deje de cargarles sus errores a los colombianos”. 

Dentro del documento de la ponencia se argumenta que Colombia no necesita una reforma que suba la tributación agregada a hogares y empresas. Para la congresista, este proyecto deteriora la competitividad, castiga a las familias formales, encarece la producción, golpea la inversión y debilita el crecimiento. 

“En vez de simplificar y dar estabilidad, propone más tarifas, más bases y más tributos superpuestos. Lo diré con números: el texto eleva la presión sobre las personas naturales —subiendo tarifas hasta 41%, gravando inflaciones y desmontando deducciones—; castiga el ahorro y el mercado de capitales encareciendo dividendos para residentes; mantiene a Colombia con 35% de renta empresarial cuando la OCDE promedia 23%, y encima sube el dividendo a inversionistas extranjeros; reactiva un impuesto al patrimonio más amplio y más caro; y recarga insumos productivos vía un impuesto al carbono que no es ambiental, sino recaudatorio. Todo ello mientras reintroduce un 1% sobre ingresos brutos a la extracción de hidrocarburos y carbón, y añade más disposiciones antitécnicas que traban la economía real”, señala el documento. 

A pesar de estos puntos negativos, en la ponencia se rescatan algunos puntos positivos de la iniciativa, como alivios, conciliaciones y un bono de transición energética, que se “pueden aprobar en una ley aparte sin abrirle la puerta a la reforma”. 

En las Comisiones Económicas de la Cámara y Senado no hay ambiente para la reforma tributaria. La posición no ha cambiado a pesar de que se aprobó un presupuesto para el 2026 con un déficit de 16 billones de pesos. El pasado jueves se reunieron los ponentes con el gobierno para exponer el proyecto, pero al final fueron pocos los presentes por parte de los legisladores. Por Senado apenas fueron tres congresistas. 

En el gobierno son conscientes de las dificultades que implica tramitar una reforma tributaria en año electoral y con los señalamientos de mala ejecución del gobierno de Gustavo Petro. 

Por eso, desde que aprobaron el presupuesto con el déficit de 16 billones pusieron como posibilidad bajar aún más los recursos a conseguir por la tributaria

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Fuentes del gobierno confirmaron en pasadas ocasiones que estarían dispuestos a bajar hasta la mitad el monto a recoger. Es decir, sería una ley de financiamiento de 8 billones y no de 16, como se planteó con lo aprobado en el presupuesto. 

Sin embargo, lo ocurrido durante la semana pasada es una evidencia de que hay pocas intenciones de conciliar. Y es que es muy difícil tramitar un proyecto en el Congreso que implique nuevos impuestos en pleno año electoral. Dar un voto positivo a la propuesta puede implicar perder apoyos en las urnas. 

En ese sentido, las alternativas que se están manejando apuntan a hundir el proyecto y reemplazarlo con otras propuestas. Por ejemplo, desde la oposición reconocieron que presentarán ponencia de archivo al proyecto y esta vendrá acompañada con una propuesta de recorte de gastos. 

“Vamos a armar una ponencia de archivo con una propuesta similar a lo que hizo Uribe en el 2003, que fue el Prap (Plan de Renovación de la administración pública)”, explicó el senador Ciro Ramírez

La propuesta sería hacer un recorte de gastos del gobierno en un aproximado de 1,5 puntos del PIB, lo que equivaldría a los 16 billones que se buscan con la tributaria. Esta propuesta viene del uribismo, pero vendría con el visto bueno de otros sectores contrarios al gobierno que ven con dificultad aprobar más impuestos en año de elecciones. 

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César Gaviria se pronunció sobre la moción de censura contra el ministro de Defensa - Foto: Redes sociales

César Gaviria se pronunció sobre la moción de censura contra el ministro de Defensa

El expresidente César Gaviria se pronunció sobre la moción de censura que fue radicada este 18 de noviembre en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por los bombardeos y operaciones militares que dejaron al menos 15 menores muertos. 

Para el director del Partido Liberal, la intervención militar exige las investigaciones y correctivos institucionales

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“La discusión sobre la moción de censura al ministro de Defensa no puede desligarse del contexto ni de la responsabilidad política real del Gobierno. Los hechos ocurridos en la reciente operación militar, que lamentablemente dejó como víctimas a jóvenes menores de edad reclutados por organizaciones criminales, son profundamente dolorosos y exigen todas las investigaciones y correctivos institucionales. Ninguna democracia puede normalizar estas tragedias”, señaló. 

Sin embargo, el expresidente aseguró que por primera vez desde el inicio del actual gobierno se vio un ejercicio efectivo de autoridad en materia de seguridad

“El presidente Petro, que durante dos años se negó a asumir con claridad el liderazgo sobre la Fuerza Pública, finalmente tomó decisiones, dio órdenes concretas y asumió el control político que la Constitución le exige. En un gobierno que ha privilegiado la retórica y el voluntarismo sobre la acción, esta operación marcó un giro: se actuó contra estructuras armadas que llevan años destruyendo comunidades enteras”, manifestó. 

Y agregó: “Pretender que la respuesta institucional a esa realidad sea tumbar a un ministro es desconocer la dimensión del desafío de seguridad que vive el país. La moción no se sostiene porque castiga a quien comenzó a ejecutar, por fin, una política de defensa después de meses de improvisación, vacilaciones y concesiones fallidas. Lo que debe exigirse es una política clara, coherente y sostenida en el tiempo, no la destitución episódica de un funcionario que apenas empieza a recomponer el rumbo”. 

Para Gaviria, la responsabilidad del Estado es proteger la vida y la integridad de todos —incluidos los menores reclutados forzosamente por grupos armados—, pero también “es garantizar que estos grupos no sigan actuando con la impunidad que han tenido durante años. Ese equilibrio es complejo, pero indispensable. Y por eso, lejos de una moción de censura que distrae y fragmenta, lo que Colombia necesita es una conducción seria, continua y eficaz de la seguridad”. 

En esa misma línea, señaló que la defensa que el presidente Gustavo Petro hace al ministro Pedro Sánchez es acertada porque “pretender su salida en este momento sería un despropósito. La prioridad debe ser contener a las estructuras armadas que están violando de manera flagrante el derecho internacional humanitario mediante el reclutamiento de menores, y no debilitar la capacidad institucional para enfrentarla. Suspender las operaciones solo agravaría la ya delicada situación de seguridad que vive el país. Por ello, remover al ministro no solo sería ineficaz, sino abiertamente contraproducente. Colombia necesita ejercer autoridad con coherencia y continuidad, no profundizar la parálisis institucional”. 

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El comunicado finaliza diciendo: “La situación actual también debe servir como un llamado de atención sobre la errática y profundamente cuestionable gestión del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño. Su conducción ha estado marcada por improvisación, falta de claridad estratégica y una desconexión evidente con las realidades que operan en los territorios. Bajo su responsabilidad, los procesos de diálogo y sometimiento han avanzado sin reglas claras, sin garantías de verificación y con un preocupante relajamiento frente a actores armados que hoy siguen expandiendo su poder. La ausencia de resultados concretos y la incapacidad para ofrecer una hoja de ruta seria han contribuido a agravar el panorama de inseguridad nacional”. 

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Aníbal Gaviria será el candidato único de La Fuerza de las Regiones - Foto: Redes sociales

Aníbal Gaviria será el candidato único de La Fuerza de las Regiones

Este miércoles, la Fuerza de las Regiones perdió a dos de los tres precandidatos que le quedaban. En la misma jornada renunciaron a su candidatura Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas. De esta forma, solo queda Aníbal Gaviria en su aspiración presidencial. 

El primero en bajarse fue el exgobernador del Meta, que esgrimió argumentos de la necesidad de unir fuerzas para vencer al petrismo. Luego, horas después, se conoció la decisión de Juan Carlos Cárdenas de seguir por el mismo camino.  

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Fuentes de la Fuerza de las Regiones confirmaron que es muy probable que Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, quede como candidato único de esta alianza y sea apoyado por los otros dos que se bajaron en la tarde de este miércoles.  

Era casi un hecho la declinación de Cárdenas cuando se confirmó que Juan Guillermo Zuluaga no iba. El exalcalde de Bucaramanga era el menos conocido y el de menor marcaje en las encuestas. Gaviria quedaba como el más probable ganador.   

Por eso, como se veía como un mero trámite la victoria del exgobernador de Antioquia, la segunda renuncia de este miércoles termina ahorrando las dispendiosas discusiones que iban a tener en los próximos días para definir la candidatura única.  

Antes de la renuncia de Zuluaga se tenía proyectado definir entre jueves y viernes la metodología para escoger el candidato, si por una encuesta propia o promediando los sondeos que salieran en noviembre. 

Quedando solo dos precandidatos, era muy difícil asumir el peso económico de una encuesta hecha en todo el país. Por otro lado, si es por promedio, Gaviria tenía una amplia ventaja frente a Cárdenas, que es el de menor visibilidad a nivel nacional. 

En menos de una semana, la Fuerza de las Regiones perdió tres de su cuatro miembros y se desarmó. Hace una semana fue expulsado el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa. Este tuvo un choque con el sector mayoritario, y especialmente con Zuluaga, por un intento por mover la escogencia del candidato para enero del próximo año. 

La mayoría de la alianza regional (Zuluaga, Aníbal Gaviria y Juan Carlos Cárdenas) se opuso y apuntó a que debía cumplirse con el compromiso inicial de escoger un candidato para el 1 de diciembre. Ante la dificultad de llegar a un consenso, prefirieron sacar a Espinosa. 

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Sin embargo, menos de una semana después, ahora se bajaron Zuluaga y Cárdenas. En entrevista, Espinosa aprovechó para cuestionar al exgobernador del Meta, pues fue uno de los que más se opuso al sucreño y abogó por su salida. “Va saliendo a relucir la verdad. El resultado de las encuestas que no le eran favorables”; fue la crítica del exgobernador, que en varios momentos aseguró que Zuluaga estaba tratando de sabotear la coalición de exalcaldes y exgobernadores. 

Ahora, solo quedó en la contienda Aníbal Gaviria. El proyecto que prometía una encuesta para escoger un solo candidato se diluyó por sustracción de materia. Solo falta ver si con esta decisión comienza a posicionarse el exgobernador de Antioquia o si la propuesta de llevar la autonomía regional como bandera de campaña se pierde. 

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