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Demandan resolución que delimita zona de ubicación para el frente 33 - Foto: Captura de video

Demandan resolución que delimita zona de ubicación para el Frente 33

En el Consejo de Estado fue radicada una demanda de nulidad contra la Resolución No. 161 del 23 de mayo de 2025, expedida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que delimita una zona de ubicación para el Frente 33 de las disidencias de las FARC en Tibú, Norte de Santander. 

El recurso fue presentado por el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, quien asegura que la resolución se fundamenta en una grave violación de principios constitucionales. 

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“Colombia ya vivió el error de crear zonas donde el Estado renuncia a su soberanía. No podemos repetir ese camino. Esta resolución abre un boquete legal e institucional que debilita el Estado de derecho y deja sin garantías a millones de colombianos. Además, suma motivos para la descertificación del país, lo que traería nefastas consecuencias en materia de cooperación y reputación internacional”, señaló Galán. 

Para el dirigente de la colectividad, el Gobierno ha incurrido en una extralimitación de funciones al adoptar una medida de alto impacto sin motivación suficiente, sin consulta institucional y sin los controles constitucionales que exige un proceso de paz legítimo. 

“La Resolución 161 vulnera tratados internacionales sobre derechos humanos y cooperación judicial, ignora el derecho al debido proceso y pone en riesgo al Catatumbo, territorio que ha sufrido el incremento de la violencia, el desplazamiento forzado y la presencia de estructuras armadas ilegales. La paz debe construirse con rigor jurídico, no con concesiones opacas ni actos administrativos improvisados. Colombia necesita reconciliación, pero no al precio de desproteger a las víctimas y debilitar la justicia”, aseveró. 

La demanda tiene como pretensión la nulidad del decreto, y solicita que, «como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se restablezca el control judicial efectivo sobre las órdenes de captura y de extradición, garantizando que cualquier decisión relacionada con la suspensión o modificación de dichas medidas se sujete al principio de reserva judicial y a los procedimientos legalmente establecidos, en particular en relación con la necesidad de que exista una ley de sometimiento, una autorización judicial para el levantamiento de órdenes de captura y una protección efectiva a las víctimas, tal como lo condicionó la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de la norma». 

El pasado 3 de mayo, el presidente Petro confirmó que la delegación de paz del Gobierno y miembros de las disidencias del Frente 33 —una de las estructuras que componen el Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte— acordaron la instalación de una zona de ubicación temporal de cara a la “dejación de la violencia”. 

El documento, firmado tras un encuentro en la ciudad de Cúcuta, establece la instalación de una zona de ubicación temporal en el área rural del municipio de Tibú, bajo los parámetros establecidos en la Ley 2272 (de “paz total”). 

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“Se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia con el Frente 33 del Estado Mayor y el Gobierno nacional. Allí se congregarán los combatientes y armas del Frente 33. Comienza la paz del Catatumbo”, señaló el presidente Petro en su cuenta de X. 

Este frente, liderado por alias Jhon Mechas y alias Richard, hace parte de las disidencias del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, que a su vez integra el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), conocidas como las disidencias de ‘Calarcá’. 

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Se eliminarán las curules de los exFarc en el Congreso - Foto: Tomada de internet

Se eliminarán las curules de los exFarc en el Congreso  

El Partido Comunes, movimiento que nació tras la desmovilización de la extinta guerrilla de las Farc, dejará de contar con su representación garantizada en el Congreso colombiano a partir de las elecciones de 2026. 

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, el Gobierno de Gustavo Petro expidió los decretos con los que se suprime las diez curules asignadas en el Senado y la Cámara de Representantes para la colectividad, como resultado del acuerdo de paz firmado en 2016. 

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En el documento pactado entre el Gobierno colombiano y el antiguo grupo armado, estableció que los miembros del Partido Comunes recibirían diez curules en el Congreso durante dos periodos legislativos consecutivos, es decir, los periodos 2018 – 2022 y 2022 – 2026, como parte de las garantías para su reincorporación política. 

Esta medida, que buscaba facilitar la transición de la antigua guerrilla a la vida civil y democrática, tenía un carácter temporal y su vigencia estaba limitada a dos cuatrienios. 

Con la expedición del nuevo decreto, el Ejecutivo da cumplimiento a lo pactado en el acuerdo, poniendo fin a la presencia automática de Comunes en el legislativo

“De conformidad con lo anterior, para el periodo constitucional 2026-2030 y los subsiguientes no se habilita la asignación de dichas curules extraordinarias, por cuanto su naturaleza es estrictamente transitoria y su alcance se encuentra expresamente limitado a los periodos mencionados en el acto legislativo 03 de 2017”, se lee en la normativa revelada por el citado medio de comunicación. 

En este sentido, para las elecciones de 2026, el partido Comunes deberá competir en igualdad de condiciones con el resto de partidos políticos para obtener representación parlamentaria. 

La eliminación de las curules reservadas para Comunes representa un hito en la implementación de los compromisos adquiridos en el proceso de paz. Durante los dos periodos en los que gozaron de esta prerrogativa, los representantes de Comunes participaron en la actividad legislativa y en la vida política nacional, en medio de debates sobre la legitimidad y el alcance de su presencia en el Congreso. 

Antes de que se oficializara el decreto que contempla la eliminación de sus curules en el Congreso, desde el partido Comunes manifestaron su desacuerdo con la decisión del Gobierno Petro, al considerar que se dio prioridad a este aspecto, pero dejando de lado otros asuntos como la seguridad de los excombatientes o la distribución de tierras. 

Uno de ellos fue el senador Julián Gallo que, pese a expresar su inconformidad con el Ejecutivo, confía en que pueden obtener buenos resultados en las elecciones parlamentarias de 2026. 

“Para las elecciones de 2026 ya no tendremos ese principio de favorabilidad, por llamarlo de esa manera, que buscaba darnos dos periodos de transición para lograr plenamente la reincorporación política”, explicó el congresista. 

Incluso, aseveró que “sorprende la celeridad del Gobierno para hacer cumplir esa parte del Acuerdo, pero ojalá esa misma celeridad se viera en otros temas, como la distribución de tierras, los proyectos productivos y la reforma política”. 

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No obstante, declaró que, a vísperas del inicio de la campaña electoral, habría serias dificultades para mantener sus espacios en el Congreso colombiano. 

“No vamos a mantener las cinco curules en Senado, pero sí creemos que en esta convergencia que denominamos ‘Unitarios’ vamos a lograr obtener el umbral (…)Hemos venido trabajando en la construcción de un proceso de convergencia con otros partidos y movimientos políticos para presentarnos en unas listas de coalición tanto al Senado como en las circunscripciones de Cámara”, manifestó. 

Según lo establecido en la legislación colombiana, los partidos políticos deben alcanzar un umbral mínimo del tres por ciento de los votos en las elecciones legislativas para conservar su personería jurídica, lo que podría poner en riesgo la continuidad del movimiento en el escenario político nacional. 

En los comicios de 2018 y 2022, el Partido Comunes obtuvo más de 50.000 votos, lo que representó apenas el 0,34 % del total de sufragio

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Corte Suprema abrió indagación contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda - Foto: Tomada de internet

Corte Suprema abrió indagación contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda 

Tras la votación que se efectuó el pasado 14 de mayo en el Senado, donde se hundió la consulta popular, a la Corte Suprema de Justicia llegó una demanda contra Efraín Cepeda, donde lo señalan de presunta manipulación de esa votación. 

En ese sentido, la Sala de Instrucción de la Corte, concretamente el despacho del presidente César Reyes, dispuso la apertura de una indagación al Senador

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Allí, la Corte ordenó la práctica de varias pruebas, la escucha de varios testimonios y llamará al presidente del Senado para que rinda versión libre dentro del proceso

Toda una polémica se generó en el Congreso después de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, puso en el orden del día la apelación de la reforma laboral antes de la votación de la consulta popular

Desde la oposición aseguraron que esta decisión, Cepeda, la habría tomado como una “jugadita” para no votar la consulta popular

Vale recordar que el Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó la derogatoria del «decretazo» con el que inicialmente se había convocado a una consulta popular. La nueva decisión quedó registrada en el Diario Oficial con la publicación del Decreto 0703 de 2025, firmado por el jefe de Estado. 

Con esta medida, el Ejecutivo deja sin efectos el Decreto 639 del 11 de junio, que citaba a los colombianos a las urnas el próximo 7 de agosto para pronunciarse sobre 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral. Según el nuevo decreto, la convocatoria ya no es necesaria porque el Congreso culminó el trámite del proyecto de ley y aprobó la conciliación del texto el pasado 20 de junio. 

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El Gobierno sostiene que el documento que será sancionado este martes por el presidente Gustavo Petro recoge “ampliamente” el contenido material de las preguntas que se planeaban someter al voto ciudadano

El decreto lleva la firma del presidente Gustavo Petro y de todos los ministros, con excepción de dos que fueron reemplazados por encargados: el ministro Mauricio Cabrera Leal en representación del Ministerio de Ambiente y Kevin Fernando Henao Martínez por el Ministerio de Ciencia. 

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‘El armatoste de Leyva es una conspiración con el narcotráfico y la extrema derecha’: presidente Gustavo Petro.

‘El armatoste de Leyva es una conspiración con el narcotráfico y la extrema derecha’: presidente Gustavo Petro

“El armatoste que plantea Álvaro Leyva no es más que una conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha, aparentemente colombiana y norteamericana, para derrocar al presidente del Cambio en Colombia».

Así respondió el presidente Gustavo Petro a los medios en el marco de la Cuarta Conferencia sobre Financiación al Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Sevilla (España), al referirse a los audios que reveló el diario El País de España, donde se estaría fraguando un golpe de Estado contra el mandatario colombiano.

En sus declaraciones el jefe de Estado aseguró que “todavía hay que investigar si las personas que nombra, pero todas las personas que nombra allí -de las cuales no sé si lo que él cuenta es verdad o no- deben dar explicaciones, y ella. Y no solamente públicas, sino ante la justicia».

La referencia a “ella» que hizo el mandatario era al nombre de la vicepresidenta Francia Márquez, quien ya emitió un comunicado aclarando las denuncias.

En el documento, la vicepresidenta aseguró que “Colombia necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo».

Añadió que “tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del Presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación».

“No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. No me mueve el resentimiento ni la conveniencia, y a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados», enfatizó.

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Ministro de Justicia rechaza intento de golpe de Estado y lo califica de ‘afrenta a la democracia’.

Ministro de Justicia rechaza intento de golpe de Estado y lo califica de ‘afrenta a la democracia’

Como “una afrenta a la democracia» calificó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, los supuestos intentos del exministro Álvaro Leyva para desestabilizar al Gobierno con la intención de propiciar un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro, con base en una investigación que publicó el diario El País de España

En un breve mensaje el funcionario se preguntó sobre el complot que se estaría fraguando desde Estados Unidos para derrocar al jefe de Estado colombiano, en estos términos: “¿quién es el gran titiritero detrás de la marioneta?»

El ministro Montealegre se unió así a las voces de rechazo emitidas por su homólogo de Defensa, Pedro Sánchez, quien también reaccionó con el escándalo desatado por los aparentes planes de conspiración del excanciller Leyva.

“No toleraremos ni permitiremos cualquier intento de conspiración contra nuestra nación. Defenderemos con todas nuestras capacidades y determinación la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional», manifestó el titular de la cartera de Defensa.

​En alusión a la publicación del diario español, el mandatario colombiano calificó de “injurias» las manifestaciones del excanciller Álvaro Leyva, las cuales provienen “de alguien que, simplemente, había ayudado de corazón».

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‘Rechazamos y condenamos cualquier intento de alterar nuestro Estado Social de Derecho’: MinDefensa.

‘Rechazamos y condenamos cualquier intento de alterar nuestro Estado Social de Derecho’: MinDefensa

 “Quien pretenda o actúe de manera ilegal contra el Presidente de la República o contra las instituciones legalmente constituidas, está atentando directamente contra nuestra Nación», expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en su cuenta de X.

En relación con el escándalo desatado por los aparentes planes de conspiración del excanciller ÁlVaro Leyva, desde su posición como titular de dicha cartera, Sánchez manifestó que “no toleraremos ni permitiremos cualquier intento de conspiración contra nuestra nación. Defenderemos, con todas nuestras capacidades y determinación, la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, e igualmente, mantendremos las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como para la convivencia pacífica en todo el territorio colombiano. Eso reza nuestra Constitución».

En ministro expresó a su vez su confianza plena en la Rama Judicial “para que actúe con la firmeza que exige la ley frente a quienes pretendan fracturar el orden constitucional. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse cohesionada en torno a los principios de estabilidad democrática, prudencia y el respeto por la Constitución y la ley».

De igual modo, invitó a la ciudadanía a informar oportunamente cualquier hecho o situación que le permita a la institucionalidad anticiparse a posibles intentos de desestabilización.

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Gustavo Petro derogó el decreto que convocaba a la consulta popular - Foto: tomada de internet

Gustavo Petro derogó el decreto que convocaba a la consulta popular 

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 639 del 2025 con el que deroga la consulta popular nacional que había sido convocada para defender los derechos laborales. 

La decisión, que se formaliza justo el mismo día en que se sancionará la reforma laboral, una de las más recientes victorias del gobierno en el congreso

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Deróguese el decreto número 639 del 11 de junio de 2025, por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones”, señala el nuevo decreto con fecha del 24 de junio. 

El documento incluye la firma de todos los ministros, incluidos quienes no habían firmado el primer decreto, entre ellos figuran Laura Sarabia; Edwin Palma y Energía; y Eduardo Montealegre, nuevo ministro de Justicia

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La derogatoria del decreto coincide con el acto de sanción de la reforma laboral, una de las iniciativas bandera del presidente Petro, que logró ser aprobada con modificaciones en el Congreso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ya había anticipado que si el Congreso daba luz verde a la reforma, el Gobierno renunciaría a la consulta popular. 

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Presidente Petro criticó la extensión de contrato de pasaportes con Thomas Greg - Foto: Presidencia

Presidente Petro criticó la extensión de contrato de pasaportes con Thomas Greg 

Justo cuando el Gobierno prepara la firma de una nueva urgencia manifiesta para que Thomas Greg & Sons continúe a cargo de la emisión de los pasaportes colombianos por 11 meses más, ante la imposibilidad de tener listo el nuevo esquema de las libretas, el presidente Gustavo Petro reiteró que no quiere ver más a dicha empresa con el negocio. 

«No va seguir con Thomas & Greg, porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta», dijo el jefe de Estado este martes durante un nuevo consejo de ministros televisado. 

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Sin embargo, la postura del presidente Petro choca directamente con la decisión que tiene tomada la Cancillería de mantener a Thomas después de agosto, fecha en la que terminaba su labor. Esto a pesar de que se había firmado un memorando de entendimiento entre Colombia y Portugal para que la Casa de la Moneda portuguesa capacite y prepare a la Imprenta Nacional, cuya capacidad para fabricar las libretas genera fuertes dudas. 

La situación ha provocado una dura discusión entre la canciller Laura Sarabia y su antecesor, Luis Gilberto Murillo. Al parecer, el equipo de Sarabia no encontró solidez técnica, financiera y jurídica en el proceso adelantado por Murillo, quien en cambio asegura que todo estaba listo para implementarse. 

Pues bien, tras varias reuniones con el Ministerio del Interior, Planeación Nacional, Hacienda y la Imprenta, se concluyó que lo más responsable para que no se presenten problemas con el servicio es acudir nuevamente a Thomas Greg

La decisión podría costarle caro a la ministra Sarabia quien, precisamente, no estuvo presente en el consejo de ministros de este martes. Mínimo habría un regaño del presidente Petro y crece la expectativa por si esto generaría una nueva tensión en el gabinete. 

A pesar de que trascendió la determinación del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la urgencia manifiesta, el presidente Petro no se refirió a las acciones de sus actuales funcionarios, sino que volvió a arremeter contra su primer canciller, Álvaro Leyva

«El canciller por demorarse en hacerme caso de suspenderla (la licitación) terminó en un lío que lo llevó afuera por culpa de la Procuraduría y ahora quiere vengarse de mí con sus famosas cartitas tontas, porque yo no hago vida social ni privada con el señor Leyva», comentó Petro. 

Es de recordar que este escándalo nació en septiembre de 2023, cuando el excanciller del Gobierno Nacional declaró desierta, bajo la Resolución 7485, la licitación de pasaportes por cerca de 600.000 millones de pesos, debido a que estaría direccionada a beneficiar a la empresa Thomas Greg, que durante 17 años ha mantenido este negocio. 

Según Leyva, ese freno lo hizo para salvaguardar los recursos estatales, pues al parecer todo estaba acomodado para que la compañía se quedara con la jugosa contratación. Pero para la Procuraduría, con ello pudo haber vulnerado principios establecidos en la ley de tipo económico, de transparencia y de responsabilidad. 

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Posterior a ello, y para garantizar la expedición de este documento durante 12 meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró la urgencia manifiesta bajo una resolución que también fue objeto de reparos -la 7541 del 14 de septiembre-. 

Y en octubre del año pasado, el excanciller y exembajador Luis Gilberto Murillo recurrió a una segunda urgencia manifiesta por 11 meses. La idea era usar ese tiempo para transitar hacia el nuevo modelo con la Imprenta, pero esto no se ha hecho. 

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‘En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas sino personas presas en rehabilitación: presidente Petro sobre evento de paz urbana en Medellín.

‘En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas sino personas presas en rehabilitación: presidente Petro sobre evento de paz urbana en Medellín

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas que ha recibido el Gobierno nacional por la presencia en el evento ‘Pacto por la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá’ de varios exjefes de estructuras ilegales que permanecen presos.

Durante el consejo de ministros de este martes en la Casa de Nariño, el mandatario aseguró que “en Medellín se subieron (a la tarima) gente que estaba presa a mostrar en público, no debajo de una mesa, cómo hacer un pacto de paz en los barrios de Medellín».

Explicó que en la capital antioqueña nuevamente comenzó a subir la violencia urbana, de ahí la importancia de esa estrategia presidencial. “La realidad de Medellín que es que ha empezado a subir la violencia. Nosotros la bajamos, la bajamos a casi 10 homicidios por 100 mil habitantes, lo cual internacionalmente saca a cualquier ciudad de la lista de ciudades violentas», afirmó.

“Lo que hicimos en Medellín, frente al pueblo, fue hacer lo que hacían a escondidas, ¿cierto? Entonces, la gobernabilidad era una estrategia por medio de la cual las bandas en las calles y sus jefes en las calles negociaban votos con los políticos. Los políticos le decían ‘baje la tasa de homicidios y sigan’. Entonces, Medellín se volvió una ciudad bajo la extorsión», aseguró el jefe de Estado.

Agregó que lo atacan “porque las bandas saben la verdad, quiénes hablaron con ellos, quiénes los negociaron. En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros».El mandatario añadió que se olvidan de un principio universal de la justicia: El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación. “Como aquí ven la justicia como venganza, entonces no ven la gente que está en las cárceles como gente en rehabilitación. Ah, que desde las cárceles manejan violencia, cierto. Pero yo les dije ‘hay que meterlos en las fragatas, quien reincida y maneje muerte desde la cárcel se va para las fragatas o a la cárcel de seguridad más alta que tengamos. No van a usar la cárcel como capital de la delincuencia, pero la gran mayoría de los presos son personas en rehabilitación», insistió.

Le dijo al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que hay que revisar la política de paz urbana “que hace agua por varias razones: una de ellas, porque no hemos podido extender el programa de negociación con las bandas. Lo hemos hecho Buenaventura, Quibdó, Medellín, ahora quiero abrir Barranquilla», anunció.

Mayor control a puertos y​ aeropuertos

Igualmente, al referirse a las tasas de homicidios en Colombia, el presidente Petro dijo que si no baja la tasa nacional es porque no ha bajado en la capital del país, lo que significa un cambio en la estructura de la violencia.

“En Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura, Cartagena, etc., que son puertos, aumenta la violencia. En Bogotá también porque es un puerto y tiene dos grandes aeropuertos, uno controlado por la Policía y otro controlado por gente privada (aeropuerto El Dorado).  Entonces, si no hay control de los aeropuertos, va a seguir subiendo la cocaína, producida cerca de Bogotá, ya sabemos que en la sabana de Bogotá hay laboratorios que son de la Junta del Narcotráfico», afirmó.

El presidente ordenó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fortalecer el control sobre puertos y aeropuertos en el país, en especial en la terminal aérea de Bogotá.

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Gobierno objetó proyecto de ley que otorgaba mayor autonomía a gobernadores - Foto: Presidencia

Gobierno objetó proyecto de ley que otorgaba mayor autonomía a gobernadores 

El gobierno del presidente Gustavo Petro no sancionó un proyecto de ley que otorgaba mayor autonomía a los gobernadores para el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). 

El jefe de Estado envió una comunicación oficial al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en la que objetó la iniciativa por considerarla “inconstitucional e inconveniente”. 

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En el documento remitido, Petro argumentó que la propuesta vulneraba varios artículos de la Constitución. Entre ellos, el artículo 334, que establece el principio de sostenibilidad fiscal, y el artículo 48, que prohíbe el uso de recursos del sistema de seguridad social para fines distintos a los establecidos. 

También señaló que la norma afectaba la destinación de rentas de las entidades territoriales y la autonomía de las mismas, en contravía del artículo 287 constitucional

Según el Gobierno, el proyecto implicaba un impacto fiscal significativo, al generar un gasto adicional tanto para la Nación como para las entidades territoriales, sin definir una fuente de financiación clara. 

El Ministerio de Hacienda advirtió que esta situación desconocía lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y ponía en riesgo la estabilidad del sistema pensional

El documento de objeción incluyó un anexo técnico con argumentos respaldados por gráficas y cifras. En él, el Ministerio explicó que la redistribución de los recursos del Fonpet, sin una fuente adicional de financiamiento, afectaría directamente la caja del Tesoro Nacional y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia pensional. 

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Adicionalmente, la Presidencia cuestionó el procedimiento legislativo del proyecto. Señaló que el Congreso no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica 819 de 2003, que regula el trámite de las leyes con impacto fiscal. 

También afirmó que se vulneraron los principios de especialidad y competencia de las comisiones constitucionales permanentes

Con esta decisión, el Ejecutivo frenó la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso y que buscaba descentralizar el manejo de recursos pensionales en favor de las gobernaciones. Ahora, la discusión regresará al Legislativo. 

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