JUDICIAL

La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo coordinado con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, impactaron en los municipios de Buriticá, Amalfi y Anorí (Antioquia) las finanzas de redes criminales dedicadas a la explotación ilícita de minerales.

Durante las acciones adelantadas en Buriticá, las autoridades encontraron oro amalgamado, mercurio, 6 motores, 1 taladro eléctrico y 1 motobomba. Además, se intervinieron 5 plantas de energía que abastecían los socavones ilegales. Con el apoyo de la Gobernación de Antioquia fueron desconectados los transformadores que surtían de energía el lugar.

Cálculos preliminares evidencian que estas actividades generaban rentas ilícitas superiores a los 15.000 millones de pesos mensuales, para organizaciones criminales como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua.

En Anorí y Amalfi las autoridades impactaron la explotación ilegal de oro que era practicada en inmediaciones del río Pance. En total, fueron destruidas 6 retroexcavadoras y 1 motor industrial avaluados en 3.000 millones de pesos.

La Fiscalía estableció que estas actividades generaban, para los frentes Capitán Mauricio y Héroes de Anorí del ELN, al igual que para el Clan del Golfo, ingresos ilícitos por más de 930 millones de pesos cada mes.

Según la investigación, estas actividades generaban incalculables afectaciones al ambiente, pues contaminaban las fuentes hídricas con mercurio y cianuro, alteraban el terreno y deforestaban importantes áreas.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Eduardo Martelo Bolívar, alias Ramoncito o El Zarco, presunto integrante de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del ‘Clan del Golfo’, quien estaría involucrado en extorsiones a dueños de fincas en Bolívar.

Un fiscal especializado lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, hurto calificado y extorsión, estos dos últimos agravados. El procesado, de 38 años, no aceptó los cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Labores investigativas establecieron que el ahora implicado sería el responsable de identificar a las potenciales víctimas en diversos municipios de Bolívar.

Asimismo, habría participado en la incursión armada que realizaron el 14 de enero de 2024, a tres fincas en Malagana y Palenque (Bolívar), donde intimidaron a los propietarios con quitarles la vida y les exigieron el pago de una cuota extorsiva mensual, además se apoderaron de sus pertenencias personales y de dinero en efectivo.

Martelo Bolívar, al parecer, hizo parte del grupo de hombres que retenía personas que transitaban por carreteras de la región, a las cuales les exigían sumas de dinero para liberarlas.

El procesado fue capturado por el Gaula de la Policía Nacional en el barrio Vista Hermosa de Cartagena (Bolívar).

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Alcides Bustamante Muñoz, como presunto responsable de los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.

De acuerdo con la investigación, se evidenció que entre mayo de 2023 y febrero de 2024, varias personas armadas, que afirmaron integrar un grupo armado ilegal, llegaron a fincas de recreo ubicadas en Copacabana (Antioquia) en búsqueda de una supuesta caleta con armas. Al parecer, obligaban a sus víctimas a realizar transferencias bancarias desde sus celulares y se apoderaban de enseres, joyas, ropa, elementos tecnológicos y vehículos, en los cuales huían después de cometer el ilícito.

Uno  de los  hechos ocurrió la noche  del 5 de mayo de 2023, en una finca de la vereda La Veta, donde se encontraba una familia reunida cuando fue sorprendida e intimidada con armas de fuego. Al parecer, Bustamante Muñoz y dos hombres habrían retenido a las víctimas en el lugar y se habrían apropiado de elementos de valor, avaluados en cerca de 70 millones de pesos.

En otro hecho, ocurrido el 16 de septiembre de 2023, retuvieron a 19 personas que departían en una fiesta.  A las víctimas, presuntamente, las encerraron en una habitación donde fueron amarradas de pies y manos, y las obligaron a entregar las claves de sus productos financieros. También, les hurtaron pertenencias avaluadas en más de 166 millones de pesos.

Por estos hechos y delitos ya fueron judicializados y cobijados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad, cinco hombres y una mujer.

Los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Maryuri Cuéllar, por su presunta responsabilidad en extorsionar, a través de mensajería instantánea y panfletos amenazantes, a comerciantes de Planadas (Tolima).

Esta mujer fue capturada en Bogotá, por servidores del Gaula de la Policía de Tolima. Un fiscal especializado le imputó los delitos de extorsión y tentativa de extorsión, ambas conductas agravadas; además uso de menores en la comisión de delitos. Cargos que no fueron aceptados.

Maryuri Cuéllar estaría vinculada en seis eventos delictivos, ocurridos en diciembre de 2024, cuando los comerciantes fueron constreñidos, supuestamente, por un grupo armado ilegal, a pagar entre 3 y 4 millones de pesos, por temor a que atentaran contra sus vidas o afectaran sus negocios. Producto de estas exigencias habría recibido 15.000.000 de pesos.

Además, se evidenció que esta mujer habría instrumentalizado a un menor de edad, para que recogiera el dinero, de las extorsiones.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Caldas, judicializó a Óscar Arbey Yarce Berrio como presunto responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años. Los hechos ocurrieron en enero pasado, en la residencia del posible agresor, ubicada en Anserma.

Este caso fue denunciado por la madre del menor, víctima del delito. La mujer señaló al hoy capturado como quien, bajo engaños, se habría llevado a su hijo de 8 años a su casa, donde lo sometió por la fuerza a tocamientos de tipo sexual.

Según la investigación, el procesado habría aprovechado su condición de presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Occidente, para ganarse la confianza de la víctima y su familia.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, durante la recolección de elementos materiales probatorios, ubicaron evidencias que vincularían al ahora judicializado con otros dos hechos similares, en los que las víctimas serían también menores de edad. El ente acusador adelanta las investigaciones respectivas.

Un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Yarce Berrio, quien durante las diligencias judiciales rechazó los cargos en su contra.

El material probatorio presentado por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Córdoba, permitió que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Manuel Alfredo Zurita Núñez, presunto responsable del delito de homicidio.

Zurita Núñez, conocido como ‘El Calvo’, habría atacado en medio de una riña a un hombre con un arma cortocontundente. La Fiscalía estableció que el imputado, al parecer, fue hasta la casa de su padre sacó el elemento con el cual concretaría la agresión, regresó al lugar y, al parecer, atacó a la víctima.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero en la vereda Nueva Esperanza del municipio de Puerto Escondido (Córdoba).

Uniformados de la Policía capturaron al procesado minutos después de la agresión. El imputado negó su responsabilidad en cuanto a los cargos en su contra.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Wilson Augusto Acevedo Pérez, Brayan Iván Hernández Henao y John Anderson Barón Jiménez, presuntos responsables de exigir dinero a comerciantes de Puerto Gaitán y Granada (Meta), en hechos diferentes.

Estos hombres fueron capturados en flagrancia, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de los grupos Gaula de la Policía y el Ejército Nacional. Un fiscal de la Seccional Meta les imputó el delito de tentativa de extorsión, cargo que no fue aceptado por ninguno de los procesados.

Uno de los casos ocurrió el pasado 27 de febrero, en vía pública de Granada (Meta), donde fueron capturados Hernández Henao y Barón Jiménez, mientras recibían 15 millones de pesos, que habrían exigido a un comerciante del lugar, haciéndose pasar como integrantes de una organización criminal de la zona.

El segundo hecho ocurrió en área rural de Puerto Gaitán (Meta), el pasado 1 de marzo, cuando las autoridades capturaron a Acevedo Pérez, luego de recibir el dinero exigido. Este hombre, presuntamente,  aseguraba ser integrante de un grupo armado ilegal. La víctima estaría siendo extorsionada desde enero.

En ambos casos las víctimas habrían recibido llamadas y mensajes de texto, pidiendo dinero a cambio de no atentar contra ellos, sus familias y sus empleados.

En las dos diligencias fueron incautadas motocicletas, celulares y recuperado el dinero entregado por las víctimas.