La polémica por el evento público en La Alpujarra, corazón administrativo de Medellín, donde el presidente Gustavo Petro compartió tarima con nueve excapos hoy sentados en la mesa de Itagüí, sigue sumando voces de rechazo. La defensora del Pueblo, Iris Marín, aunque reconoció que la paz urbana que se busca con esas conversaciones es un camino necesario, cuestionó que responsables de homicidios, desapariciones, reclutamiento, violencia sexual y otros crímenes graves hayan tenido un lugar de «honra y distinción».
Es de recordar que el sábado 21 de junio, el jefe de Estado convocó lo que bautizó como un acto «por la Paz Urbana». El propósito era exponer los avances de los diálogos que adelanta el Gobierno con distintos grupos delincuenciales del valle de Aburrá, como parte de uno de los brazos de la ‘paz total’. Sin embargo, la polémica estuvo servida por cuenta de la invitación que extendió el Ejecutivo a nueve excapos de estas bandas, hoy condenados, a quienes sacó de la cárcel de Itagüí y posaron junto a altos funcionarios.
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Los ministros de Educación, Daniel Rojas; de Defensa, Pedro Sánchez; de Trabajo, Antonio Sanguino; de Justicia, Eduardo Montealegre; del Interior, Armando Benedetti; la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y otros miembros del gabinete presidencial acompañaron el acto.
Durante su intervención –transmitida como alocución–, el Presidente Petro aseguró que “revisará con la fiscal a qué beneficios jurídicos pueden acceder los negociadores, a cambio del cese total de las acciones criminales”.
Es de mencionar que el presidente Gustavo Petro le habló a una plaza llena de asistentes que, según varias versiones de allegados al evento, llegaron desde distintas regiones de Antioquia en buses y chivas. Además, habría recursos públicos comprometidos en almuerzos y logística.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, y otros líderes políticos condenaron la exposición pública de excabecillas condenados por graves crímenes. A este rechazo se sumó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien cuestionó no solo la visibilidad que se les dio a los responsables, sino también la supuesta confrontación política entre el Gobierno Nacional y el Distrital.
«Más que una desarticulación, se percibe una rivalidad política que no debería tener lugar en una ciudad como Medellín, que necesita soluciones integrales, no confrontaciones institucionales», dijo Iris Marín.
Y agregó: «La paz urbana debe avanzar con pasos concretos. Reiteramos nuestra disposición para trabajar articuladamente con las autoridades municipales y nacionales, en favor de una paz integral que respete el Estado social de derecho y los derechos de las víctimas».
La cabeza del Ministerio Público respaldó los acercamientos de paz con las bandas y el crimen organizado, a las que calificó como un eslabón que causa «tanto daño como el conflicto armado» y que debe abordarse «inclusive» a través de diálogos de paz.
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Sin embargo, advirtió que la construcción de esta paz debe sustentarse en el Estado de Derecho y que los responsables de crímenes graves, como los cometidos por los excapos, no pueden tener «un lugar de honra», sino que deben «comparecer ante la ley y someterse plenamente a ella».
El Gobierno venía alistando un borrador de la Ley de Sometimiento 2.0 que, según la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, se pretendía presentar en la próxima legislatura. El primer proyecto, que también fue blanco de polémica, se radicó en el Congreso en marzo de 2023, pero nunca se debatió y terminó archivado.
