Colombia

Al parecer habrían recibido un poco más de tres mil millones de pesos que no utilizaron en el desarrollo del proyecto.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a los representantes legales de las empresas que integraron el consorcio GIVIS Huilas Ltda, por una presunta apropiación de recursos públicos destinados a la construcción y mejoramiento de viviendas de interés social rural en los municipios de Tarqui y Suaza, en Huila.

Los afectados por los cargos son Diana Paola Cedeño Chicaiza, Jaime Saavedra Perdomo y Adriana Marcela Peña, representantes legales de la Fundación para el Desarrollo de Colombia, Fundecol, la Cooperativa Creer en lo Nuestro y el consorcio GIVIS Huilas, respectivamente.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Huila los investiga porque al parecer habrían recibido, bajo la modalidad de gerencia integral, un poco más de tres mil millones de pesos, recursos que aparentemente no fueron utilizados en el desarrollo del proyecto, que incluía la construcción de 267 viviendas y el mejoramiento en saneamiento básico de otras 22.

El órgano de control indicó que los dineros, consignados en la cuenta corriente de una corporación financiera para que fueran administrados por el consorcio, aparentemente fueron girados a personas ​jurídicas y naturales diferentes al contratista y la empresa interventora.

Los investigados aparentemente “permitieron que los recursos entregados para el desarrollo del objeto no se ejecutaran en debida forma, puesto que se apropiaron de los mismos a través de maniobras fraudulentas, tales como permitir que a miembros de una misma familia se les giraran y cobraran los dineros públicos destinados a las soluciones de vivienda», sostuvo la Procuraduría en el pliego de cargos.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de dolo. Jaime Saavedra Perdomo y Adriana Marcela Peña fueron afectados por dos cargos disciplinarios.

El Ministerio Público realiza constante seguimiento a las problemáticas en materia ambiental que se presentan en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades nacionales y territoriales la implementación de acciones para la conservación y protección de las playas y litoral rocoso de la Isla de San Andrés y del tejido coralino en esta jurisdicción, afectada por la erosión costera a lo largo del litoral, que con ocasión del paso de los huracanes ETA, IOTA y JULIA se ha incrementado.

En carta enviada a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al Gobernador del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y al Director de Coralina, el ente de control pidió priorizar acciones de recuperación del área litoral, y a su vez, a que se estudie una posible solución de reubicación de las viviendas que se encuentran en zona de riesgo.

Por lo anterior, solicitó a las mencionadas entidades, remitan al Ministerio Público las acciones previstas en el corto, mediano y largo plazo para restaurar los daños ocasionados por el paso de los tres huracanes y el plan de acción para evitar que los próximos eventos climáticos afecten de manera irreversible estas áreas estratégicas.

En la comunicación enviada, la Procuraduría también alertó sobre la inminente llegada de la enfermedad “Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD, por sus siglas en inglés), a los arrecifes coralinos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que afecta la pérdida del tejido coralino y daña drásticamente los ecosistemas marino-costeros, solicitando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los avances que a la fecha se han tenido del Programa de Evaluación Rápida de Arrecifes del Atlántico y Golfo (AGRRA por sus siglas en inglés) y sobre los futuros Planes de Acción Institucionales de las autoridades ambientales.

El ente de control también enfatizó en la necesidad de realizar un trabajo articulado entre las autoridades para la protección y conservación de los ecosistemas del archipiélago, que a nivel nacional e internacional es reconocido por su declaratoria de la UNESCO, como Reserva de Biósfera Seaflower, con la que Colombia se comprometió como país a diseñar e implementar estrategias de desarrollo sostenible para la efectiva conservación de la biodiversidad.

Continúa la buena labor de la Contraloría General de la República de la república de Colombia, ya que profirió fallo con responsabilidad fiscal en cuantía indexada de $222.030 millones, en forma solidaria y título de culpa grave, en contra de la ex secretaria de Hacienda de Boyacá, Elina Ulloa Sáenz, la Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia “S.O.S.” y la exjefe de la Oficina Asesora de la Secretaría Departamental de Educación, Eddye Yarik Reyes.

Esto debido a irregularidades en la celebración y ejecución del contrato 1061 de 2016, suscrito entre el Departamento de Boyacá y el contratista mencionado, cuyo objeto era la prestación de servicios educativos para adultos y jóvenes en extraedad (educación por ciclos).

El contrato referido se financió con recursos del Sistema General de Participaciones y la CGR verificó que en su ejecución se pagó un mayor valor en exceso por un total de $104.645 millones, de los cuales $103.454 millones son por concepto de reconocimiento a estudiantes diferentes a lo contratado y $1.200 millones por faltantes de la canasta educativa.

Dicho daño patrimonial se elevó a $222.030 millones, al ser indexado:

A este proceso de responsabilidad fiscal habían sido vinculados inicialmente el exgobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya y su secretario de Educación, Jorge Ferney Cubides, y en la imputación se ordenó el archivo correspondiente y se levantaron las medidas cautelares que se les había impuesto.

Responsables Fiscales:

El fallo con responsabilidad fiscal de la CGR, por un total de $222.030.099, cobija a:

• Elina Ulloa Saenz, en su condición de secretaria de Hacienda del Departamento de Boyacá.

• Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia ‘S.O.S’., en calidad de contratista ejecutor del Contrato No. 1061 de 2016.

• Eddye Yarik Reues Grisales, en su condición de jefe Oficina Asesora de la Secretaría de Educación del Departamento y Supervisora del Contrato No. 1061 de 2016.

Como Tercero Civilmente Responsable se declaró a la compañía de seguros La Previsora S.A.

A nuestra sala de redacción llega esta denuncia de los moradores del barrio Ciudadela 2000 en Soplaviento, en el departamento de Bolívar.

Denuncia la comunidad del sector más conocido como «Las Casitas», en el municipio de Soplaviento, donde se ha evidenciado un basurero a cielos abiertos, representando por si solo, un foco de contaminación que pone en riesgo la salud de la comunidad de este sector.

Cabe destacar que se trata de un barrio, conformado en su gran mayoría por menores de edad y adultos mayores, quienes se ven en riesgo de contraer enfermedades y brotes epidémicos debido a los malos olores y putrefacción que se registra en este basurero.

Es de recordar que esta situación se registra se encuentra justo en las entradas a esta municipalidad del departamento de Bolívar, dando un mal aspecto y olvido de una administración municipal.

El llamado a la alcaldía para tomar cartas en el asunto y además de hacer retiro, limpieza y disposición final de los deshechos, ejercer control en dicho sector para evitar nuevamente se repitan situaciones que afecten la salud y medio ambiente.

El Superintendente Nacional de Salud, el médico barranquillero Ulahy Beltrán López, dio a conocer a la opinión pública que hay desprotección sostenida de los usuarios en el Atlántico y Barranquilla

La alerta fue informada ya que son altos los niveles de insatisfacción que dan a conocer los afiliados del departamento del Atlántico y del distrito de Barranquilla contra la atención dada por las entidades administradoras de recursos (EPS) que operan en esta parte de la región colombiana.

 

Investigación:

 

En los primeros 10 meses de este año en el departamento de Atlántico se han radicado 49.862 peticiones, quejas y súplicas de vida por parte de los pacientes a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Supersalud. Esto significa que, en promedio, cada día de este año se interponen 166 quejas formales para que las EPS den solución a las necesidades de salud.

 

El 35% de las quejas (17.651) son clasificadas como ‘riesgo de vida’, debido a la criticidad del paciente y a la urgencia de que sean tramitadas con inmediatez por parte de las entidades administradoras.

 

Ante este panorama de sostenida insatisfacción en este territorio, el Superintendente Beltrán López hizo un fuerte llamado de atención a las autoridades de salud locales y seccionales, y a los representantes de las EPS, para recordarles que el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad “no es optativo ni discrecional” y que los usuarios tienen derecho a exigir la garantía de servicios con calidad y oportunidad dado que ellos son los dueños del sistema.

 

El departamento de Atlántico ocupa el sexto lugar entre todos los territorios de Colombia cuando se mide el volumen de PQRD entre enero y octubre de este año. Los cuatro mayores motivos de reclamación en Atlántico son: la falta de oportunidad en la asignación de citas con especialistas, el retraso en la entrega de medicamentos, la demora en la programación de exámenes de laboratorio diagnósticos y la tardanza en la programación de cirugías.

 

Al revisar el comportamiento de las cifras, se tiene que el 66% del total de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias de Atlántico se concentran en el Distrito de Barranquilla, con 32.933. Esto significa que dos de cada tres quejas se radican en el Distrito de Barranquilla.

 

Así mismo, el primer municipio del departamento del Atlántico con mayor cantidad de quejas es Soledad, con 10.445, seguido por Malambo y Sabanalarga. Las entidades administradoras de recursos (EPS) que reciben el mayor número de quejas medidas en tasas, son: en el régimen contributivo Nueva EPS, Mutual Ser y Famisanar; y en el régimen subsidiado están Nueva EPS, Cajacopi y Coosalud.

 

Beltrán López dijo: «Es la quinta cartera de Colombia, mientras que las IPS de Atlántico reportan cuentas por cobrar por 564.294 millones de pesos, lo que lo convierte en el quinto territorio con la cartera más cuantiosa de toda Colombia, los reportes de las EPS hablan de una cartera neta en Atlántico de 218.671 millones de pesos.

 

Lo que indica que en el Atlántico las EPS no están conciliando la cartera de manera rutinaria con las IPS que atienden a sus afiliados, contribuyendo así a la carencia de una verdadera información entre los actores que intervienen en el sistema territorial de salud, generando la directa afectación en la calidad de la prestación de los servicios de salud que la población afiliada requiere».

Hasta ahora en Colombia se han 5,6 millones de bovinos y bufalinos vacunados contra fiebre aftosa en el país a través de ej ICA y Fedegán llegando al 18,5 por ciento del total y, asimismo, contra la brucelosis bovina al 14,7% de las terneras del hato del país.

Las cifras fueron entregadas por Instituto Colombiano Agropecuario, (ICA), y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y el Fondo Nacional del Ganado (FNG), que llevan a cabo el ciclo II de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina en el país.

Deyanira Barrero León, gerente general del ICA, dijo al respecto: «La actual campaña para proteger la salud de los bovinos y bufalinos registra una gestión acorde a los lineamientos estratégicos del ICA.

Permite, de manera simultánea, reafirmar el compromiso de productores en el sostenimiento de las altas coberturas de vacunación para mantener el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación, reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA (antes OIE).

Esta jornada de salud animal registra unos resultados positivos y es una campaña de la que vale la pena destacar dos aspectos fundamentales: el primero, el compromiso del equipo humano que interviene en la ejecución del ciclo de vacunación.

El segundo ciclo de vacunación, la cultura sanitaria de los ganaderos que no obstante la cruda situación climática, cumplen con su obligación de proteger sus animales de las citadas enfermedades.

El gerente técnico de FEDEGÁN-FNG y líder ejecutor del segundo ciclo de vacunación a nivel nacional, José de Silvestri dijo: «Agradecer a los productores ganaderos a cumplir con la cita programada de vacunación para proteger el hato bovino y bufalino de las enfermedades de la fiebre aftosa y la brucelosis bovina».

Se garantiza la ampliación para aumentar la capacidad en la terminal aeroportuaria: Ministerio de transporte y Agencia Nacional de Infraestructura

En el marco del XIX Congreso Nacional de la Infraestructura que se realiza en el Centro de Convenciones, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, anunció que se suscribe el otrosí al contrato de concesión del aeropuerto internacional Rafael Núñez y será una realidad la ampliación en la terminal aeroportuaria. “Nosotros desde que llegamos al gobierno empezamos todo un proceso de balance de las terminales aéreas, encontramos situaciones de hacinamiento en algunas de ellos, como el aeropuerto de Cartagena, Ríonegro, Buenaventura, Santa Marta, Cali, entre otros. Frente a esta situación, hoy les anunciamos que se suscribe el otrosí al contrato de concesión del aeropuerto internacional Rafael Núñez, que es el paso previo para lo que será la IP de un aeropuerto más fortalecido y con una nueva terminal internacional”, manifestó Reyes González. Añadió: “la ciudadanía cartagenera esperaba esta noticia, es un avance, tendremos condiciones más adecuadas para nuestros pasajeros, y esto hace parte del proceso de cambio, siendo el turismo el eje fundamental del desarrollo”. A su turno, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, William Camargo Triana, destacó que con la ampliación del aeropuerto, se aumentaría la capacidad para ocho millones de pasajeros. ”Estamos comprometidos con Cartagena, hay dos momentos muy importantes, el primero de ellos es la extensión de la operación del concesionario actual, y el segundo, se surtió el tema del Conpes, que permite una ampliación del aeropuerto en una capacidad para atender a ocho millones de pasajeros”. “Esto fortalece la apuesta productiva del sector turístico y nos da un tiempo prudencial para poder trabajar en una nueva terminal para los siguientes años. Se esperan ocho años de operación y mantenimiento, teniendo también una ampliación de servicios. La apuesta turística debe fortalecer a las regiones para que se conozca las bondades de nuestro país”, sostuvo Camargo Triana. Frente a este anuncio, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, calificó como positiva esta noticia destacando que la ciudad necesita de esta ampliación para poder seguir recibiendo a más turistas, teniendo en cuenta que, durante todo el año este sector genera más empleo y economía. “Como Alcalde de Cartagena soy el mayor interesado en la ampliación del aeropuerto actual. Cartagena, en gran parte, vive del turismo; el aeropuerto que tenemos está recibiendo aproximadamente 50% más pasajeros, comparado a cuando recibieron la concesión. La idea es que toda Colombia trabaje de manera articulada para traer turistas; se nos han presentado casos en el que aerolíneas proponen nuevos centros de operaciones en Cartagena, pero no podemos recibirlos porque no hay espacio. Con este anuncio se va a generar más empleo y más economía”, precisó el mandatario de los cartageneros. Además del anuncio de la ampliación del aeropuerto en Cartagena, el Ministro de Trabajo en conjunto con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, revelaron que será una realidad el metro en la capital del país. “Con lo que hoy se está dando a conocer, quiero decir que esto es un sector que hace país, hace región, conecta a Colombia y genera empleo”, dijo López Hernández.

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible asume la competencia de la licencia ambiental del Relleno Sanitario Loma Grande de Montería y ordena a la ANLA realizar la evaluación y control respectivo.
• La decisión se toma ante la necesidad de preservar la salud de los ciudadanos y proteger el ambiente ante los riesgos detectados por las presuntas deficiencias en la operación del relleno, el manejo y disposición de los lixiviados.
• La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, ante este hecho, hace un llamado a las corporaciones para que fortalezcan la vigilancia y el control sobre los Rellenos Sanitarios del país.

Con el propósito de proteger a la ciudadanía y mitigar los posibles daños ambientales asociados al manejo de los lixiviados en el Relleno Sanitario Loma Grande, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible asume la competencia sobre la licencia del relleno y ordena a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), realizar la evaluación y control respectivo.

Esta acción permitirá hacer requerimientos y seguimientos a los permisos que tiene actualmente el relleno.

Para la ministra de ambiente, Susana Muhamad, asumir esta competencia, implica tener mayor control desde el nivel central sobre la situación que afecta a la población de la capital del departamento de Córdoba y los habitantes de la zona circunvecina al relleno.

Sumado a la decisión el ministerio solicitará al Instituto Nacional de Salud, que realice un estudio epidemiológico que permita determinar la situación de salud de la comunidad.

La decisión se toma tras varias visitas técnicas realizadas por La Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana (DAASU) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.