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Gobierno ratifica compromiso con la libertad de cultos

Colombia, DESTACADOS, GENERALES / Alex Beltran

Con motivo de la conmemoración este 4 de julio del Día de la Libertad de Cultos y de Conciencia en el país, la Presidencia de la República invitó a la sociedad a reconocer, respetar y garantizar el derecho que tienen las personas a profesar libremente su religión y a difundirla individual y colectivamente, en desarrollo del artículo 19 de la Constitución Política de Colombia.

Al respecto, el jefe de Despacho Presidencial, Alfredo Saade, recordó que este artículo de nuestra Constitución también busca “honrar las organizaciones de fe locales, rurales y nacionales” que cumplen con “la misión de restaurar la relación del ser humano con Dios”.

En carta enviada al director de Asuntos Religiosos del ministerio del Interior, rabino Richard Gamboa, Alfredo Saade subrayó que en Colombia “todas las confesiones religiosas e iglesias son consideradas iguales ante la ley” y explicó que el alcance de la libertad religiosa incluye:

—Libertad de conciencia: toda persona tiene derecho a tener sus propias creencias religiosas o a no tener ninguna.

—Libertad de profesar sus creencias y de difundirlas individual y colectivamente.

—Autonomía de las iglesias: las iglesias y confesiones religiosas tienen autonomía para establecer sus normas internas y su organización.

El funcionario enfatizó que la Constitución también establece que Colombia es un Estado laico, “lo que implica que no hay una religión oficial y que el Estado debe ser neutral en asuntos religiosos”.

Indicó que, sin embargo, “la Constitución también reconoce la importancia del patrimonio cultural y religioso y la labor social que realizan con altruismo las comunidades de fe”.

En su misiva Saade reflexionó sobre “los ejemplos de vida de hombres y mujeres que han tenido esa conexión con Dios” y que “han transmitido ideas superiores que nos llevan al perdón y a la reconciliación”, que brindan paz interior y se reflejan en “una paz total que nos permita a los colombianos celebrar la vida”.

El jefe de Despacho invitó a iglesias, confesiones, denominaciones y comunidades religiosas a elevar oraciones y clamores por la paz entre hermanos y a participar en las actividades desplegadas por el Gobierno nacional con motivo de la conmemoración del Día de la Libertad de Cultos y de Conciencia en Colombia.

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Motobomba explotó en el casco urbano de Calamar, Guaviare

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

En la mañana de este viernes se presentó un nuevo atentado en el municipio de Calamar (Guaviare), en el que fue activado a una moto bomba que dejó a varias personas heridas en la cabecera municipal. Los Bomberos transportaron a dos militares heridos.

Se conoció que hacia las 8:50 de la mañana un fuerte estruendo se escuchó a las afueras de un establecimiento comercial, a tan solo una cuadra del parque principal de este municipio que padece los rigores del conflicto armado.

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La onda explosiva alcanzó a herir a dos soldados que se encontraban patrullando el sector y a varios civiles. Además, las mesas, puertas y enseres del restaurante resultaron dañadas.

Habitantes del sector señalaron que está aterrados por la gravedad de estos hechos que no habían vivido antes.

La administradora del restaurante, que resultó dañado y estaba a pocos minutos de abrir las puertas, dijo que afuera del lugar suelen sentarse habitantes del sector y que resultaron heridas tras el atentado. En el suelo quedaron bolsas con el mercado que llevaban.

«Venía tranquila para mi negocio cuando sonó el estruendo. Gracias a Dios la empleada que trabaja acá se regresó y se salvó. Hace años no vivíamos esto. No sé qué pueda pasar», dijo la administradora.

La moto bomba explotó sobre la vía que conduce al Batallón de Infantería de selva nro. 24 del Ejército Nacional y también causó afectaciones en la fachada de un hotel.

En esta región, las autoridades encontraron una fosa común con los restos de ocho líderes sociales y religiosos que habían sido reportados como desaparecidos el 4 de abril. Por esto, los habitantes de esta zona, ubicada a 2 horas de San José del Guaviare, marcharon en busca de soluciones a la ola de violencia desatada por las disidencias de las Farc.

Este atentado se conoce horas después del atentado con un dron cargado con una granada fue dirigido hacia el Batallón de Infantería de selva nro. 24 del Ejército Nacional, explosión que no dejó ni heridos ni daños materiales considerables.

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El ataque, al parecer, provino de uno de los dos frentes de las disidencias de las Farc que delinquen en esa zona del departamento, donde ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ se disputan el control territorial de las cerca de 40 veredas que hay, en las que sacan provecho de economías ilícitas.

El hecho, que fue reportado a las autoridades, se produjo sobre las 3:40 de la tarde a escasos tres minutos del casco urbano de Calamar, punto en el que se encuentra el batallón. Mientras el artefacto explosivo era dirigido a dicha unidad en el parque principal del pueblo, la comunidad se reunía para darle inicio a la marcha en contra de la violencia.

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Autoridades en máxima alerta por posible ofensiva del ELN

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

Las Fuerzas Militares y la Policía se encuentran en máxima alerta tras conocerse, a través de labores de inteligencia, un plan criminal del ELN para conmemorar de forma violenta su aniversario número 61, este viernes 4 de julio de 2025.

Según información recopilada mediante inteligencia humana, técnica y de señales, y tras un cruce de datos con agencias de distintas instituciones desplegadas en el territorio nacional, se logró establecer que el Comando Central del ELN busca ejecutar ataques simultáneos en varias regiones y ciudades del país como parte de su conmemoración.

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El plan terrorista incluiría atentados contra instalaciones militares y policiales, infraestructura crítica como oleoductos, torres de energía, vías y puentes, así como ataques contra edificios gubernamentales y sedes bancarias. El objetivo principal sería generar un fuerte impacto mediático y sembrar temor entre la ciudadanía.

Los reportes de inteligencia indican que las células y estructuras del ELN en regiones como el Catatumbo, sur de Bolívar, Chocó, sur del Cauca, Arauca, nororiente de Boyacá, Cauca, Nariño y Antioquia ya tendrían listos estos operativos.

Además, se han detectado serios indicios de acciones de propaganda armada en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, Popayán, Cartagena, Barranquilla y Barrancabermeja. En estos lugares, el ELN tendría previsto instalar banderas y pendones alusivos a su organización, algunos acompañados de artefactos explosivos, en sitios de alta concurrencia.

Frente a esta amenaza, todas las unidades del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional han sido alertadas y han incrementado sus dispositivos de seguridad, vigilancia y protección en sus respectivas jurisdicciones.

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Las autoridades reportaron que, gracias a estas medidas preventivas, en los últimos días se han logrado neutralizar al menos 32 acciones terroristas en departamentos como Arauca, sur de Bolívar, Catatumbo, Valle del Cauca, Antioquia y Boyacá, lo que ha permitido contrarrestar en parte los planes del grupo armado ilegal.

Para garantizar la seguridad en el país, el nivel de alistamiento y acuartelamiento de las tropas se ha incrementado, con el fin de disponer del mayor número de efectivos en terreno. La instrucción es clara: reforzar la presencia institucional, elevar los controles y, sobre todo, prevenir que el ELN logre materializar sus intenciones violentas durante su aniversario.

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Caso UNGRD; Ordenan enviar a prisión a Carlos Ramón González

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

Por orden del Tribunal Superior de Bogotá, este jueves se conoció que Carlos Ramón González, otrora uno de los funcionarios poderosos y cercanos al presidente Gustavo Petro, será enviado a prisión. Lo anterior, por su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Puntualmente, González es señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. Si bien la Fiscalía buscaba que también respondiera por lavado de activos, no se logró probar la inferencia de autoría o participación en ese delito.

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En la determinación adoptada por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, se decreta una orden de captura contra González para que cumpla con la medida de aseguramiento. Al parecer, hoy el exfuncionario se encuentra fuera del país, por lo que es incierto si cumplirá con la decisión.

“Si bien es cierto, González Merchán ha acudido a los llamados de la justicia, entre ellos a las audiencias que se desarrollan en este despacho virtualmente, el implicado no cuenta con arraigo actualizado y, al parecer, se encuentra en Nicaragua, lo cual hace palpable el riesgo de no comparecencia que se busca evitar mediante la imposición de una medida de aseguramiento en su contra”, argumentó el magistrado.

Según el fallo, la no comparecencia de González “es un riesgo previsible”, dada su posición social, los recursos que maneja y su constante ingreso y salida del territorio colombiano. “Es probable que se ausente del país para evitar el ejercicio de la acción penal adelantada en su contra, entre otros motivos, dadas las penas tan altas a las que se podría enfrentar en caso de ser vencido en juicio”.

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es señalado de ser el artífice de un supuesto esquema de corrupción para ofrecer dádivas a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara) a cambio de tramitar proyectos y reformas del Gobierno Nacional. Todo esto, con dineros arañados de la corrupción que se enquistó en Gestión del Riesgo.

En esa línea, el fallo resalta que González se mueve “en las más altas esferas del Estado”, cuenta con reconocimiento público y está vinculado desde hace bastantes años con el poder político, “a pesar de lo cual decidió delinquir, comprando la función legislativa de los presidentes del Senado y de la Cámara”.

Según la Fiscalía, el entonces director del Dapre le habría pedido a quien fuera el director de la UNGRD, Olmedo López, entregar a los presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes), contratos de la Unidad por $60.000 millones para el primero y de $10.000 millones para el segundo. Lo anterior, a cambio de “un apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el órgano legislativo”.

Sin embargo, debido a la “premura con la que los congresistas pedían los recursos”, González supuestamente solicitó a Olmedo López “variar la oferta” a Name, ofreciendo una suma en efectivo de $3.000 millones y a Calle de $1.000 millones, a través de dineros provenientes de la contratación en UNGRD.

De acuerdo con el ente investigador, el 25 de septiembre de 2023, durante un desayuno organizado por Sandra Ortiz –entonces consejera presidencial para las Regiones–, se pactó entregarle los $3.000 millones a Name. Por otro lado, ese mismo día, a través de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, se le entregaron los $1.000 millones a Calle.

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Frente al delito de peculado por apropiación en favor de terceros, la Fiscalía detalló que el 21 de septiembre de 2023, durante un encuentro en Palacio, quien fuera el cofundador del partido Alianza Verde, “le ordenó ilícitamente” a Olmedo López entregar los $4.000 millones en coimas. Para ello, se determinó que los recursos provendrían de un contrato para carrotanques para La Guajira.

El dinero se direccionó, sostuvo la Fiscalía, a través del empresario Luis Eduardo López Rocero, con quien se habría pactado una coima del 14 % del valor total del contrato.

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La canciller Laura Sarabia presentó su carta de renuncia al presidente Petro

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

La canciller Laura Sarabia presentó este jueves su renuncia en medio de la crisis generada por la licitación de los pasaportes. Su salida se produce luego de que el presidente Gustavo Petro desautorizó su decisión de prorrogar por once meses el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons.

“En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, señaló Sarabia, quien por estos días se encuentra en Praga (República Checa).

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La también exjefe de Gabinete, del Dapre y del Dps, agregó: “Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público. Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar”.

Sarabia había declarado una nueva urgencia manifiesta para extender el contrato con el actual proveedor, ante la inminente expiración del mismo el próximo 31 de agosto y la falta de tiempo para implementar el nuevo modelo de contratación. Sin embargo, el jefe de Estado intervino directamente para ratificar que la elaboración de los pasaportes estará a cargo de la Imprenta Nacional de Colombia, en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, a partir del 1 de septiembre.

La decisión fue confirmada por el jefe de despacho, Alfredo Saade, quien afirmó que el contrato entre la Imprenta Nacional y la entidad portuguesa ya está en marcha.

“La Cancillería ha recurrido a dos declaratorias de urgencia manifiestas, pero no han tomado las acciones necesarias para pensar en lo que iba a suceder el 31 de agosto de este año. Lo que les correspondía hacer era preparar a la Imprenta Nacional para poder recibir el 1 de septiembre todo el proceso de los pasaportes. Ahora vamos a enseñarle a Colombia lo que es un pasaporte para que no entren en pánico los medios de comunicación. Están intentando crear pánico”, manifestó Saade.

Ahora, con la renuncia de Laura Sarabia, el país enfrentará una nueva transición a tan solo semanas de que entre en vigor el nuevo contrato. El Gobierno -en palabras de Saade- insiste en que el suministro de pasaportes está garantizado y que no habrá interrupciones en el servicio; sin embargo, persisten las dudas sobre la capacidad operativa del nuevo proveedor.

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Esta posición ha contrastado con la del excanciller Luis Gilberto Murillo, quien ha reiterado que dejó todos los procesos listos para que la Imprenta Nacional asumiera esa tarea a partir del 1 de septiembre.

Por otro lado, fuentes del Ministerio del Interior -cartera de la que depende la Imprenta Nacional- señalaron que los avances en la alianza con la Casa de la Moneda de Portugal han sido mínimos, debido a que aún no se ha firmado el convenio interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta. Sin este acuerdo, explican, no es posible adelantar varias de las gestiones necesarias para la producción de los pasaportes.

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Gas natural llega por primera vez a 2.700 hogares del Magdalena gracias a Ecopetrol.

Gas natural llega por primera vez a Magdalena gracias a Ecopetrol

Bienestar, Colombia, Comercio, DESTACADOS / Alex Beltran

Más de 2.700 familias de estratos 1 y 2 de los municipios de Algarrobo, Zona Bananera, Pivijay, Santa Bárbara de Pinto, Salamina, El Retén y San Sebastián de Buenavista, en el departamento del Magdalena, a partir de hoy dejarán la leña y comenzarán a usar gas natural en sus hogares.

A través del programa Gas Social, una ambiciosa iniciativa liderada por Ecopetrol con su filial Hocol, y Gases del Caribe S.A. E.S.P., miles de familias en todo el país se han beneficiado con el combustible, que ofrece una alternativa más eficiente, segura y limpia, mejorando su calidad de vida, el desarrollo social y la equidad energética en las regiones. A la fecha se han beneficiado más de 89 mil hogares, y más de 30 mil desde 2022.

El proyecto tuvo una inversión superior a los $6.000 millones y busca cerrar brechas sociales, así como promover el acceso a servicios públicos esenciales en comunidades vulnerables. Ecopetrol aportó más de $2.603 millones en gastos de conexión e interventorías; las alcaldías locales contribuyeron con más de $1.800 millones para financiar las conexiones internas, y Gases del Caribe invirtió $1.500 millones para subsidiar estufas y otorgar descuentos en la instalación del servicio.

“El programa Gas Social es una muestra de cómo miles de familias pueden disfrutar de un servicio de gas seguro, eficiente y accesible, cerrando brechas sociales y reduciendo el impacto en el medio ambiente”, señaló Álvaro Casanova, gerente de Gas y GLP de Ecopetrol.

Por su parte, la directora de Responsabilidad Corporativa de Hocol, Ángela Muñoz, aseguró que “este programa mejora de forma inmediata la calidad de vida de las familias y promueve un futuro más sostenible”.

De otro lado Mario Cuello, subgerente de Distribución de Gases del Caribe, reiteró el compromiso de la compañía para “garantizar un servicio confiable y seguro, que contribuya al desarrollo sostenible del Caribe colombiano”.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente destacó un informe de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) según el cual el abastecimiento de alimentos en las centrales mayoristas del país marcó un récord histórico en mayo de 2025. De acuerdo con la UPRA, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, en dicho mes ingresaron 654.252 toneladas de alimentos a las principales centrales mayoristas del país, volumen más alto registrado desde que se realiza esta medición de forma sistemática (enero de 2013). El aumento fue del 6,8 % respecto al mismo mes de 2024, lo cual consolida una tendencia de crecimiento en la oferta de alimentos frescos y procesados en las ciudades del país. Este comportamiento positivo se reflejó en 16 de las 23 ciudades con mercados mayoristas de referencia, con aumentos especialmente destacados en Tibasosa (67,8 %), Manizales (29,2 %), Villavicencio (15,3 %), Armenia (12,5 %), Medellín (11,3 %) y Bogotá (8,4 %). En este sentido, la directora de la UPRA, Dora Inés Rey, manifestó: “Estos datos confirman que el campo está respondiendo a la demanda alimentaria del país. Para planificar con eficiencia, necesitamos saber qué llega, desde dónde y en qué cantidades. El monitoreo técnico del abastecimiento es clave para garantizar la seguridad alimentaria y orientar la producción desde los territorios rurales”. Agroindustrializar El presidente Petro considera además que este buen resultado implica disminuir el precio de la comida que consumen millones de personas en Colombia, teniendo cuidado con los riesgos relacionados con la sobreoferta de alimentos. “Sé que llegan más alimentos a las centrales de abastos que nunca, y que esto implica bajar el precio de la comida de millones de personas, pero me llega el temor de la sobreoferta”, precisó. El jefe de Estado señaló que “es necesario que cooperativas urbanas transformen mucha de la producción agraria en agroindustria” y también que “el campesinado se cooperativice para agroindustrializar”. Llevar alimentos a zonas afectadas por desnutrición Indicó que es fundamental construir redes de fríos y abrir exportaciones marítimas al Caribe, y que el ministerio de Agricultura y Prosperidad Social lleven alimentos a las zonas con mayor tasa de desnutrición, incluidas las que existen en las grandes ciudades. “Findeter debe darme un pormenorizado informe sobre los centros de abastecimientos y su ubicación exacta en zonas del hambre”, instruyó el presidente Petro.

Presidente Petro destaca récord histórico de ingreso de alimentos a centrales mayoristas

Bienestar, Agro, Colombia, DESTACADOS / Alex Beltran

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente destacó un informe de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) según el cual el abastecimiento de alimentos en las centrales mayoristas del país marcó un récord histórico en mayo de 2025.

De acuerdo con la UPRA, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, en dicho mes ingresaron 654.252 toneladas de alimentos a las principales centrales mayoristas del país, volumen más alto registrado desde que se realiza esta medición de forma sistemática (enero de 2013).

El aumento fue del 6,8 % respecto al mismo mes de 2024, lo cual consolida una tendencia de crecimiento en la oferta de alimentos frescos y procesados en las ciudades del país.

Este comportamiento positivo se reflejó en 16 de las 23 ciudades con mercados mayoristas de referencia, con aumentos especialmente destacados en Tibasosa (67,8 %), Manizales (29,2 %), Villavicencio (15,3 %), Armenia (12,5 %), Medellín (11,3 %) y Bogotá (8,4 %).

En este sentido, la directora de la UPRA, Dora Inés Rey, manifestó: “Estos datos confirman que el campo está respondiendo a la demanda alimentaria del país. Para planificar con eficiencia, necesitamos saber qué llega, desde dónde y en qué cantidades. El monitoreo técnico del abastecimiento es clave para garantizar la seguridad alimentaria y orientar la producción desde los territorios rurales”.

Agroindustrializar

El presidente Petro considera además que este buen resultado implica disminuir el precio de la comida que consumen millones de personas en Colombia, teniendo cuidado con los riesgos relacionados con la sobreoferta de alimentos.

“Sé que llegan más alimentos a las centrales de abastos que nunca, y que esto implica bajar el precio de la comida de millones de personas, pero me llega el temor de la sobreoferta”, precisó.

El jefe de Estado señaló que “es necesario que cooperativas urbanas transformen mucha de la producción agraria en agroindustria” y también que “el campesinado se cooperativice para agroindustrializar”.

Llevar alimentos a zonas afectadas por desnutrición

Indicó que es fundamental construir redes de fríos y abrir exportaciones marítimas al Caribe, y que el ministerio de Agricultura y Prosperidad Social lleven alimentos a las zonas con mayor tasa de desnutrición, incluidas las que existen en las grandes ciudades.

“Findeter debe darme un pormenorizado informe sobre los centros de abastecimientos y su ubicación exacta en zonas del hambre”, instruyó el presidente Petro.

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Lucho Herrera entregó su versión a la Fiscalía sobre desaparición de vecinos

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

El ídolo colombiano Lucho Herrera está en el centro de la polémica por las denuncias que lo involucran en un repudiable crimen en Fusagasuga, Cundinamarca. El caso se remonta al año 2002. De hecho, el exciclista admitió que pagó diez millones de pesos (unos 2.482 dólares) en 2016 a paramilitares para que lo sacaran del caso en el que está vinculado por la presunta desaparición forzada de cuatro personas.

«Yo se los di en Fusa. Llegó un muchacho delgado en una moto, y no volví a saber nada», expresó Herrera en declaraciones recogidas por Noticias Uno, que tuvo acceso a lo dicho por el exciclista, campeón de la Vuelta a España de 1987, durante una audiencia.

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Herrera, de 64 años, rindió versión libre ante la Fiscalía y, aunque rechazó dar declaraciones a la prensa, su abogado, Hernando Herrera, divulgó un comunicado en el que afirmó que su cliente es víctima de «calumniosas sindicaciones, extorsiones y chantajes emocionales».

La diligencia de Lucho Herrera ocurre luego de que una jueza de Fusagasugá solicitara en abril pasado abrir una investigación formal contra el exciclista por un caso de desaparición forzada de cuatro vecinos suyos. La orden se produjo tras el señalamiento directo del exparamilitar condenado Luis Fernando Gómez Flórez, alias ‘Ojitos’, quien lo acusó de haber solicitado a las Autodefensas Campesinas del Casanare hacer desaparecer a cuatro vecinos, presuntamente por negarse a venderle sus tierras colindantes.

El caso se remonta a 2002 cuando, según la versión de Gómez, alias ‘Ojitos’ y otro exparamilitar llamado Óscar Andrés Huertas, alias ‘Menudencias’, recibieron la orden de Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, de atender un encargo de Herrera.

Según Gómez, el objetivo era «mandar a limpiar (desaparecer) a una gente que era miliciana de la guerrilla» y que en realidad eran vecinos del deportista, identificados como los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, Gonzalo Guerrero Jiménez y Diuviseldo Torres Vega, «desaparecidos el 23 de octubre de 2002, en circunstancias similares», señala el documento judicial.

En ese sentido, Lucho Herrera afirmó, según la publicación de este martes de Noticias Uno, que conocía a dos de las víctimas, que fueron criados y crecieron cerca de la casa de los padres del exciclista en Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca.

Herrera, conocido como el ‘jardinerito de Fusagasugá‘, es uno de los íconos del ciclismo colombiano y fue el primer latinoamericano en ganar una etapa del Tour de Francia, el 18 de julio de 1984, cuando cruzó la meta en primer lugar en la mítica cima del Alpe d’Huez.

En un comunicado publicado semanas antes de la audiencia, Lucho Herrera rechazó los señalamientos hechos por los tres paramilitares. Añadió, además, que estas personas son «condenadas anticipadamente por delitos graves» que se han acogido a «sentencias negociados, por lo que rechaza sus declaraciones con «absoluta contundencia».

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«Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta. Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia», mencionó.

En esa misiva, el exciclista señaló que en su trayectoria como empresario y comerciante ha sido «víctima de extorsiones, amenazas y secuestros», situaciones que han sido puestas en conocimiento de las autoridades. «En 2016 otorgué poder a mis abogados para solicitar información ante la Fiscalía General de la Nación y promover las denuncias correspondientes frente a versiones falsas y presiones indebidas», añadió. El junio de este año, las autoridades identificaron los cuerpos de dos de los vecinos de Lucho Herrera asesinados en el 2002.

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Fiscalía reveló detalles de la masacre ocurrida en el Guaviare

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

La Fiscalía General de la Nación confirmó el hallazgo de una fosa común con ocho cuerpos en una zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. Las víctimas eran líderes religiosos y sociales provenientes, en su mayoría, del departamento de Arauca, y fueron ejecutadas por integrantes del Frente Primero de las disidencias de las FARC.

La revelación más impactante llegó por voz del fiscal delegado para la criminalidad organizada, Raúl González, quien en entrevista con Mañanas Blu aseguró que los asesinados “fueron obligados a cavar su propia fosa antes de ser ejecutados por presuntos vínculos con el ELN, acusación sin sustento alguno según la investigación en curso”.

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“Esta situación aparentemente se da por el origen de algunos de ellos; son de origen araucano, y en esa paranoia criminal, los victimarios asumen que son integrantes del ELN intentando ingresar al departamento”, explicó el fiscal González.

Los ocho asesinados, identificados por sus familiares, respondían a los nombres de Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.

Según detalló la Fiscalía, la mayoría eran campesinos, líderes sociales y un pastor evangélico, quienes estaban organizando iniciativas comunitarias, principalmente en torno a actividades agrícolas y religiosas. Aunque no pertenecían a ninguna organización política, eran figuras de cohesión comunitaria.

“Eran familias campesinas que buscaban dónde hacer una nueva vida”, afirmó González, al tiempo que destacó el papel del pastor asesinado: “Predicaba en espacios comunitarios, no en una gran iglesia, pero tenía un liderazgo fuerte entre los suyos”.

Los hechos se remontan a principios de abril de 2025, cuando dos de las víctimas fueron citadas por miembros del Frente Armando Ríos del Estado Mayor Central (EMC), disidencia liderada por alias ‘Iván Mordisco’, en la vereda Agua Bonita Media. Tres días después, se convocó a los otros seis. La excusa fue una supuesta verificación de información sobre su vínculo con el ELN.

Las víctimas fueron interrogadas, ejecutadas con armas de fuego y enterradas en una fosa clandestina. La investigación avanzó tras la captura de un integrante de la estructura criminal, en cuyo teléfono se hallaron imágenes de las víctimas con vida y posteriormente muertas.

“Al hacer la extracción de información del celular de esta persona, encontramos secuencias fotográficas que permitieron corroborar los hechos y ubicar la fosa”, explicó González. La Fiscalía sostiene que la ejecución fue ordenada por la cadena de mando del frente primero, lo cual implica al entorno cercano de alias ‘Iván Mordisco’, aunque su participación directa no ha sido confirmada formalmente.

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El fiscal González reconoció falencias institucionales que pudieron haber evitado la tragedia.

“Desafortunadamente, siempre hay una falla. Estas situaciones no deberían ocurrir. Vivimos en unos niveles de violencia que nos exigen mayor responsabilidad como Estado frente a la protección de nuestros ciudadanos”, lamentó.

El municipio de Calamar, donde ocurrieron los hechos, es considerado uno de los más afectados por la violencia armada en el sur de Colombia. Las disidencias de las FARC ejercen control territorial en vastas zonas, realizando vigilancia extrema sobre el flujo de personas y estableciendo sus propias reglas de seguridad interna.

Un patrón de terror: citación, secuestro y ejecución

Las autoridades han identificado un modus operandi claro en esta masacre, que podría replicarse en otras zonas del país bajo influencia de las disidencias. Se trata de una política de “limpieza” basada en la desconfianza hacia personas foráneas, en especial si provienen de regiones como Arauca, donde el ELN tiene fuerte presencia.

“Ellos manejan un control estricto del territorio y, cuando perciben una posible infiltración, ejecutan acciones preventivas bajo su lógica criminal”, afirmó el fiscal.

Actualmente, las autoridades trabajan en el desmantelamiento de esta subestructura, al tiempo que avanzan los procedimientos de exhumación e identificación plena de los cuerpos para su entrega a los familiares.

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Víctimas del conflicto armado en Tolima y Cesar fueron indemnizados con más de $9.800 millones

Bienestar, Colombia, DESTACADOS / Alex Beltran

La Unidad para las Víctimas sigue avanzando en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Con este propósito, la entidad entregó 517 cartas de indemnización por valor de 4.781 millones de pesos a sobrevivientes del conflicto armado que habitan en 32 municipios tolimenses, y 152 cartas más por 5.033 millones de pesos a víctimas de los paramilitares en el Cesar.

En el caso del Tolima, la medida de reparación económica fue entregada en cuatro jornadas de indemnización. Las dos primeras se realizaron el 11 y el 17 de junio en Ibagué, que beneficiaron a víctimas de los municipios de Alpujarra, Anzoátegui, Cajamarca, Carmen de Apicalá, Cunday, Dolores, Espinal, Guamo, Ibagué, Natagaima, Prado, Rovira, San Luis, Villarrica, Alvarado, Coello, Icononzo, Purificación, Saldaña, Suárez y Valle de San Juan. Allí se entregaron 435 cartas por 3.838 millones de pesos.

En Líbano se realizaron otras dos jornadas, que beneficiaron a víctimas de los municipios de Venadillo, Villahermosa, Herveo, Lérida, Líbano, Armero, Falan, Fresno, Honda, Mariquita y Palocabildo. Estas entregas tuvieron una inversión de 943 millones de pesos representados en 82 cartas.

Las actividades incluyeron asesoría y orientación en el uso adecuado de los recursos y estrategias de inversión, así como un mensaje de reconocimiento y dignificación.

La directora territorial Central de la Unidad para las Víctimas, Zoraida Hernández, destacó que “estas acciones las realizamos en el marco de nuestra misionalidad de reparación individual. De esta manera, la Unidad le sigue cumpliendo a las víctimas del conflicto armado en el Tolima”.

En el caso del Cesar, la Unidad lideró en el municipio de Pelaya una jornada de reparación, memoria y dignificación que benefició a 215 víctimas del extinto frente paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra.

En cumplimiento de los compromisos asumidos en abril de 2025 con esta población, la entidad aceleró la entrega de 152 cartas de indemnización por valor de 5.033 millones, lo que significó un avance en la reparación integral de las víctimas de este caso.

“El que se está dando en Pelaya es un paso reparador que hace parte del cumplimiento de lo que ha significado en la memoria de Colombia el caso de la Hacienda Bellacruz, una acción de grupos paramilitares que destruyeron la vida y el bienestar de hombres y mujeres”, afirmó la directora general (e) de la Unidad, Gloria Cuartas Montoya.

En esa línea, la directora destacó que 215 víctimas de este caso ahora tienen en sus manos la indemnización económica que esperaron por más de dos décadas, lo cual se considera como una “parte simbólica” de lo que significa el proceso de perdón y de reparación, que “es mucho más que una indemnización económica. Es un camino largo, que estamos cumpliendo”.

Reparación emocional

Además de su indemnización, las víctimas tuvieron un espacio de reparación emocional en el que contaron los hechos victimizantes que vivieron para generar conciencia y hacer un llamado a que no se repita lo que les ocurrió.

Esta actividad se enmarcó en la estrategia Cartas para el futuro, liderada por el equipo de Contribuciones a la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de la Unidad para las Víctimas.

Durante la actividad, las víctimas expresaron a puño y letra en sus cartas las reflexiones que querían dejarle al destinatario que escogieron para que recibiera su misiva y estos textos fueron leídos ante el público presente, para generar un momento de reflexión sobre los vejámenes que sufrieron a manos de paramilitares en febrero de 1996.

Luego de leer su carta, cada víctima encendió una vela blanca como homenaje a la memoria de quienes perdieron su vida por cuenta de estos actos violentos, y proyectaron un video para exaltar a cada uno de sus seres queridos asesinados. En este espacio también se entregaron 19 placas conmemorativas a las familias de los fallecidos.

La Unidad para las Víctimas sigue trabajando en el fortalecimiento de los procesos de memoria y reparación de las víctimas del conflicto armado en todo el territorio nacional, y reitera su compromiso de seguir implementando medidas que garanticen su reparación integral, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.

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