Nombre del autor:Mauricio Vanegas

Llaman a juicio a fiscal Angélica Monsalve por carrusel de carros blindados de la UNP - Google

Llaman a juicio a fiscal Angélica Monsalve por carrusel de carros blindados de la UNP

En la mañana de este miércoles, 21 de febrero, la Fiscalía informó que radicó escrito de acusación en contra de la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria, quien irá a juicio al ser señalada como presunta responsable del delito de concusión. Asimismo, también es procesada por contumacia, por su reiterada negativa a comparecer a las citaciones.

El ente acusador indicó que Monsalve habría solicitado, por medio de un tercero, 600 millones de pesos para archivar una indagación en contra de un hombre que estaría involucrado en las posibles irregularidades detectadas en el manejo de vehículos blindados en la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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“La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra de la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria, como presunta responsable del delito de concusión. La acusación en contra de la funcionaria judicial se formalizará en la fecha que indique la Judicatura”, informó la Fiscalía.

Monsalve Gaviria, según la investigación, al parecer, era consciente de que el supuesto enviado se presentaba a su nombre y se reunió con la víctima en, por lo menos, cuatro oportunidades. Encuentros en los que habría solicitado el dinero a cambio de no imputar a él y a su compañera sentimental.

En diciembre de 2023, la fiscal Monsalve fue imputada por un despacho de la dirección especializada contra la corrupción por el delito de concusión, porque le habría ofrecido beneficios judiciales a cambio de dinero a la pareja de esposos señalados de tener intermediarios en la Policía y otras entidades para ganar millonarios contratos para la venda de carros blindados.

En noviembre de 2023, Monsalve aseguró en su cuenta de X que Montes y Manjarrez eran los presuntos cabecillas del carrusel de carros blindados señalados de “desfalcar al Estado colombiano por más de 50.000 millones de pesos”.

“Se ha escabullido cinco veces del llamado a imputación por esta fiscal y como última jugada me recusa ayudada por la Fiscalía”, puntualizó.

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Pero, ahora, la historia judicial dio un giro después de que la Fiscalía aceptará esa recusación, informará que la fiscal Monsalve habría pedido dinero para beneficiar a los imputados y decidiera sacarla de la investigación para asignarla a un nuevo investigador.

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Policía retirado mató a dos ladrones que llegaron a robar a un local en Bogotá - Captura de video

Policía retirado mató a dos ladrones que llegaron a robar a un local en Bogotá

Se siguen conociendo detalles de la balacera ocurrida en el restaurante Carne Santander del Sur en la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá, donde dos delincuentes fueron abatidos por un policía en retiro luego de que uno de los ladrones entrara a robarlo mientras almorzaba a las 2:40 de la tarde del martes 20 de febrero.

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El primer delincuente, según el informe previo de las autoridades conocido por Blu Radio, fue identificado como Daniel Esneider Albino de 27 años, quien recibió un impacto mortal a la altura de la cabeza.

El reporte indica que, una vez revisados los antecedentes, al primer delincuente, el que entró al restaurante y forcejeó con el policía en retiro, registraba anotaciones por los delitos de lesiones personales, fuga de presos, hurto calificado, hurto y, además, estaba indiciado por un homicidio ocurrido en 2016.

El segundo hombre que murió en el sitio, el que estaba en la moto al momento de los hechos y que recibió también varios disparos por parte del policía (r), fue identificado como Edgardo Vela Orrego de 42 años de edad. Este delincuente, destaca el reporte, tenía dos impactos de bala en el pecho y uno en la mano derecha; además, recibió un golpe en la cabeza tras estrellarse contra un furgón.

Vela, según las autoridades, tenía antecedentes por los delitos de amenazas; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y hurto calificado. Este hombre se movilizaba en una motocicleta DR-650, misma que usó para intentar escapar y en su recorrido se estrelló contra el vehículo que se encontraba parqueado en la vía pública y quedando tendiendo encima del rodante en la vía pública.

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Ministro de Defensa habló de las operaciones militares contra el “Clan del Golfo” - Google

Ministro de Defensa habló de las operaciones militares contra el “Clan del Golfo”

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, en una rueda de prensa en la que hablaba de las operaciones militares contra el “Clan del Golfo”, dijo que se pueden bombardear campamentos de grupos ilegales siempre y cuando no haya menores de edad.

«Sobre esto hay algo que ha sido claro en el planteamiento del gobierno y es la afectación a los menores que se encuentran en campamentos de las organizaciones ilegales: no se puede bombardear si hay presencia de menores. Si la inteligencia acredita que no existe menores, esa restricción no existe”, declaró el alto funcionario.

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Agregó que «uno piensa en sus propios nietos que son llevados a la fuerza o engañados y que se vinculan a estas organizaciones, y que después no se les da la opción de esconderse frente a lo que significa el aterrador bombardeo para la vida de esos niños. De manera que, insisto, no es la prohibición del bombardeo en absoluto, es una operación que es admitida y así se transmitió desde el principio de este gobierno».

El “Clan del Golfo” es señalado del asesinato de cuatro militares en Segovia, Antioquia, durante combates con el Ejército, en los que fue abatido un miembro del grupo criminal, además de la muerte de otro soldado que cayó en un campo minado.

De origen paramilitar, el “Clan del Golfo” es también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el nombre que reivindican sus más de 4.000 combatientes, según datos de la inteligencia militar.

Además de traficar cocaína hacia Centro y Norteamérica, controlan el paso terrestre hacia Panamá a través de la peligrosa selva del Tapón del Darién, epicentro de la migración irregular hacia Estados Unidos.

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Dairo Úsuga, alias ‘Otoniel‘, otrora máximo líder del “Clan del Golfo”, purga una pena de 45 años por narcotráfico en Estados Unidos, adonde fue extraditado en 2022.

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Listo el túnel que surtirá agua a tres millones de personas de Bogotá y Cundinamarca - Cortesía

Listo el túnel que surtirá agua a tres millones de personas de Bogotá y Cundinamarca

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) aseguró que ya está listo el túnel de la línea Tibitoc– Casablanca, que reforzará el suministro de agua en el occidente de Bogotá y los municipios vecinos, una obra que desde hace mucho tiempo estaba esperando la ciudadanía.

Lo más gratificante es que y beneficia a más de tres millones de habitantes de siete localidades del sur y occidente, entre ellas, Engativá, Kennedy, Bosa, Fontibón y los municipios de Funza, Madrid, Mosquera, Zona Industrial, Autopista Medellín (Cota – Tenjo).

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Según explicaron los voceros de la empresa, estas obras se lograron gracias a tecnología de punta, se trató de la puesta en funcionamiento de potentes máquinas tuneladoras, bautizadas con el nombre de Guadalupe y Monserrate. “La primera avanzó de sur a norte y la otra de norte a sur, y en sus trayectos instalaron 10, 5 kilómetros de redes, entre la calle 80 (Engativá) y la Avenida El Ferrocarril del Sur (Kennedy)”, explicaron en la rueda de prensa.

Este proyecto conocido como la Manija Tibitoc-Casablanca hace parte del programa de obras para mejorar la prestación del servicio de agua.

Con estas obras, las cuales estarán en operación en el mes de junio de 2024, una vez termine la instalación de 800 metros de tubería con el método de zanja abierta, dejará completamente modernizada la principal tubería de la ciudad.

Luego de la construcción de la Manija Tibitoc-Casablanca, se podrá rehabilitar la conducción existente que se localiza en la parte central de la Avenida Boyacá. Este proyecto traerá beneficios adicionales para Bogotá, ya que con esta nueva tubería se podrán adelantar los proyectos viales por la Avenida Boyacá. En este proyecto, la EAAB invirtió más de 303 mil millones de pesos que incluyen la obra e interventoría.

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César Gaviria calificó de “ligero y superficial” el informe de Contraloría sobre EPS - Google

César Gaviria calificó de “ligero y superficial” el informe de Contraloría sobre EPS

El expresidente César Gaviria calificó el informe de la Contraloría que habla sobre la crisis financiera de las EPS, como «ligero y superficial». Así se lo manifestó el exmandatario, jefe del Partido Liberal, al contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, a través de un carta que le envió este lunes 19 de febrero.

«He escuchado de usted, como muchos colombianos, informar de forma ligera que solo 5 de las EPS cumplen con los requisitos de reservas técnicas, sin profundizar en las causas y génesis de esta situación», señaló el exjefe de Estado, considerado como el padre del sistema de salud actual.

El jefe del liberalismo, quien estuvo en la Casa de Nariño entre 1990 y 1994, añadió que es claro que las EPS tienen la obligación legal de conformar dichas reservas desde hace ya varios años, pero le dice al «señor Contralor encargado que «es igualmente cierto que no pocos en el sector salud han denunciado un problema estructural de insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y, como la misma Corte Constitucional ha dicho con contundencia, existe un atraso en el pago de los presupuestos máximos y, peor aún, un mal cálculo de estos, lo que hace parte de una gravísima crisis de flujo de recursos en todo el sistema, como lo he venido advirtiendo desde el año pasado».

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«En el marco de todo lo anterior, el mismo Gobierno Nacional solicitó en el 2022 hacer uso de esas mismas reservas técnicas para el pago de deuda corriente, en función del Decreto 995 de 2022. Es decir, el Gobierno instó a gastar las reservas técnicas por el problema de flujo de recursos que él mismo ha venido creando», complementó Gaviria.

A reglón seguido, añadió que el análisis «superficial» de la Contraloría sobre la crisis del sistema no ahonda en las causas de esta crisis y, además, provoca una factura aún más del debate al «decir que esta situación lleva a algunos a pensar en que lo que se debe hacer como una posibilidad, es cerrar a las EPS, tal y como lo proponía el Gobierno, o simplemente exigir la conformación de esas reservas a las EPS, en una falsa dicotomía que soslaya la complejidad financiera del sistema. Plantear esa disyuntiva es francamente incomprensible en alguien que le ha hecho un seguimiento cuidadoso al tema de cuáles son los problemas a enfrentar en las presentes circunstancias».

Gaviria, además, le dice al contralor Zuluaga que «deliberadamente ha ignorado el Auto de la Corte Constitucional que ha determinado, clara y explícitamente, que el Gobierno no ha girado a las EPS los recursos que les adeuda de los últimos tres años por presupuestos máximos y que además, su metodología de cálculo es errada y eso afecta toda la cadena de valor del sistema de salud, lo que ha dificultado la conformación de las reservas técnicas de manera estructural.

Y añade que «es más, mirándolo de forma sistemática, hay razones para creer que la no conformación de las reservas técnicas, no solo es debido a una mala práctica empresarial (sin decir que eso no sea parte del problema), sino un síntoma de una gravísima situación financiera del sistema de salud, que no se soluciona “desapareciendo a las EPS” y acabando con uno de los grandes logros sociales del país en los últimos treinta años».

Asimismo, recuerda que los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ alertaron que era urgente hacer unas reformas al sistema de salud para corregir problemas que se habían acumulado a lo largo de los años.

«Uno de esos problemas, fue la desaparición de EPS del régimen subsidiado, generando deudas muy significativas entre el Estado y la red prestadora, pero más complejo aún, la concentración del riesgo en unas pocas EPS, afectando desproporcionadamente su gasto en salud, que no es reconocido por la UPC ni los techos presupuestarios de los no PBS. Esto es un problema estructural no resuelto, y que no se resuelve simplemente desapareciendo a los aseguradores, pues los pacientes seguirán en el territorio y alguien tendrá que asumir ese riesgo concentrado, que es un problema pendiente que habrá que encontrar un momento para resolver», escribió el exmandatario.

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En otro punto de la misiva, Gaviria señala que el informe de la Contraloría «simplifica» el uso de los recursos de administración por parte de las EPS (10 por ciento en el régimen contributivo y 8 por ciento en el régimen subsidiado), dado que, agrega, en la situación actual de exceso de siniestralidad del sistema, entre un 2-8 por ciento de estos recursos se han usado para atenciones en salud «y no es cierto, como usted lo expresó, que la generación deficiencias administrativas se hayan traducido inmediatamente en excedentes privados, cuyo giro, además, son controlados por el propio Ministerio de Salud».

Gaviria recordó en el documento que buscando soluciones y acuerdos los tres Partidos mencionados anteriormente se reunieron con el presidente Petro para ver cómo el Gobierno podría contribuir a esa reforma del sistema.

El gobierno rápidamente expresó su interés en aportar los recursos para lograr el sistema, llegará a las zonas más lejanas y apartadas del país.

«Esa era una contribución muy positiva y mejoraba el cubrimiento y atención de una gran cantidad de ciudadanos. Infortunadamente por la visión que tenía una ministra, el Gobierno se movió hacia una definición de las EPS como entidades estatales, a pesar de varios pronunciamientos de la Corte Constitucional que le había otorgado su carácter privado y derecho al lucro, en medio de deficiencias técnicas para construir un sistema de salud que no creara mayores problemas y falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Esa fue la posición que el gobierno Petro adoptó y que sostuvo a lo largo del proceso de trámite de la reforma a la salud, con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza», escribió el director del Partido Liberal.

Gaviria remata su carta diciendo que es imperativo que la Contraloría no solo reconozca la complejidad y profundidad de los problemas en el sistema de salud, sino que también se comprometa a abordar de manera integral las causas subyacentes de la crisis financiera. Atender la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), corregir los retrasos en los pagos de presupuestos máximos, y resolver la problemática en torno a las reservas técnicas son aspectos cruciales que demandan una atención detallada».

Y agrega que «es esencial que asuma un papel proactivo en la búsqueda de soluciones, abogando por reformas estructurales que fortalezcan el sistema de salud en lugar de optar por medidas extremas como el cierre de las EPS. Además, la atención a los ciudadanos debe ser una prioridad, garantizando el acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud. Abogamos por un enfoque que promueva la transparencia en el uso de los recursos públicos y una gestión integral del riesgo».

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FIFA define las tres sedes del Mundial Femenino Sub 20 en Colombia - Google

FIFA define las tres sedes del Mundial Femenino Sub 20 en Colombia

Sedes definidas para la decimoprimera edición del Mundial Femenino Sub 20 que se realizará en nuestro país. La FIFA confirmó que Bogotá, Medellín y Cali recibirán a la competición que se llevará a cabo desde el 31 de agosto hasta el 22 de septiembre y que por primera vez contará con 24 selecciones participantes.

Los cuatro estadios que acogerán los compromisos de la Copa Mundo son El Campín y el Metropolitano de Techo en la capital del país, el Atanasio Girardot en Medellín y el Pascual Guerrero en Cali.

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“Las tres ciudades participaron anteriormente en el primer torneo de la FIFA para Colombia, la versión masculina de la competición sub-20, en 2011, con tres de los cuatro estadios (excepto el Metropolitano de Techo) como escenario de los partidos. Cali y Medellín también fueron sedes de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA que se celebró en el país sudamericano en 2016″, señaló el ente rector del fútbol mundial.

Barranquilla y Cartagena, ciudades que fueron visitadas por la FIFA en el proceso de elección de las sedes, quedaron descartadas para recibir partidos de esta competición.

Colombia es el segundo país sudamericano en organizar el Mundial Femenino Sub 20 luego de que lo hiciera Chile en 2008, edición ganada por Estados Unidos al superar en la final a Corea del Norte (2-1).

La FIFA destacó en su comunicado los éxitos de las Selecciones Colombia en la rama femenina, como alcanzar los cuartos de final en el Mundial de mayores de Australia y Nueva Zelanda, llegar a octavos en la Copa del Mundo Sub 20 y colgarse la medalla de plata en el Sub 17, actuaciones que han incrementado el interés del país en el fútbol femenino.

“Estos éxitos han alimentado el apetito de los telespectadores colombianos por el fútbol femenino. El partido inaugural de Colombia en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 fue visto por más de nueve millones de personas en el país, más del triple del total que había visto un partido de la Copa Mundial Femenina de la FIFA anteriormente”, añadió la FIFA.

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Por ahora hay 16 selecciones clasificadas al Mundial Femenino Sub 20 de Colombia. Resta conocer a los representantes de la AFC (Asia) y Conmebol. Colombia (sede), Camerún, Ghana, Marruecos, Nigeria, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México, Fiyi, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, España, Francia y Países Bajos son los que ya aseguraron su participación en el certamen.

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Juez de Haití acusó de complicidad a viuda de Jovenel Moise por magnicidio - Google

Juez de Haití acusó de complicidad a viuda de Jovenel Moise por el magnicidio

Un juez de Haití acusó este lunes a Martine Moise, viuda del asesinado presidente haitiano, Jovenel Moise, de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio, ocurrido en 2021, según la acusación obtenida por el diario Miami Herald.

Junto con la viuda fueron imputadas otras 50 personas, entre ellas 17 colombianos y también el exprimer ministro de Haiti Claude Joseph y el exjefe de la Policía Nacional Léon Charles, quien ahora se desempeña como representante permanente del país caribeño ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Joseph afronta los mismos cargos de Martine Moïse, mientras que Charles se enfrenta a cargos de asesinato, tentativa de asesinato, posesión y porte ilegal de armas, conspiración contra la seguridad interna del Estado y asociación para delinquir.

«Existen cargos concordantes y pruebas suficientes para justificar su responsabilidad en los hechos que se les imputan», según la decisión del magistrado, que los remite «al Tribunal Penal, reunido sin asistencia de jurado, para ser juzgados por los hechos de asociación para delinquir, robo a mano armada, terrorismo, asesinato y complicidad en asesinato, delitos cometidos en perjuicio de Jovenel Moise».

En cuanto a la viuda de Moise, sus declaraciones sobre el asesinato del presidente «están tan plagadas de contradicciones que dejan mucho que desear y la desacreditan», según el auto dictado por el juez de instrucción.

El magistrado Voltaire envió su auto de 122 páginas a un fiscal que ahora informará a las personas vinculadas sobre la acusación.

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El próximo paso será que el presidente del Tribunal Supremo haitiano organice un juicio. Por el caso ya se han declarado culpables cinco personas ante la justicia de Estados Unidos, donde se planificó y financió el complot.

Moise fue torturado y asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos. En el ataque su esposa resultó herida, por lo que ese mismo día fue trasladada a Miami (Estados Unidos).

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Consejo de Estado ordenó reforzar la seguridad del Palacio de Justicia - Google

Consejo de Estado ordenó reforzar la seguridad del Palacio de Justicia

El Consejo de Estado ordenó al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que tome medidas para mejorar la seguridad en el Palacio de Justicia, el próximo 22 de febrero, fecha en la que se realizará una nueva sesión de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la que se adelantará una nueva votación para elegir fiscal general.

La orden fue emitida en el marco de una demanda que admitió ese tribunal que pide protección de los derechos fundamentales y seguridad de las personas que trabajan al interior del Palacio de Justicia, debido a los hechos del asedio a ese edificio el pasado ocho de febrero.

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El demandante resalta que durante esa jornada de protestas, medios de comunicación reportaron que la vida de la personas al interior del palacio corría peligro, especialmente la seguridad de los magistrados de la Corte Suprema.

“Muchos medios de comunicación se pronunciaron que corrían peligro la vida e integridad de las personas que se encontraban dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia, en especial la de los Magistrados”, cita el documento.

El magistrado ponente asegura que las manifestaciones del ocho de febrero fueron infiltradas por personas ajenas a los convocantes de dichas protestas y esta sería una de las razones por las que se registraron los hechos de violencia alrededor del Palacio de Justicia.

Frente a esto, el consejo ordena al alcalde Carlos Fernando Galán que incremente el pie de fuerza y tome medidas como controles de tráfico en zonas cercanas al edificio en donde se adelantará la nueva votación de la Corte Suprema.

“Incluirán el reforzamiento del pie de fuerza y el establecimiento de controles del tráfico de aproximación al Palacio de Justicia, y la consulta y actuación de conformidad con los informes de inteligencia que hayan sido recabados sobre el tipo de conductas que fueron denunciadas en la marcha anterior, para identificar y ejercer vigilancia sobre personas interesadas en infiltrar las marchas”, añade el auto de admisión.

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El accionante también solicitó que se suspendiera la votación hasta que no se brinden las garantías necesarias para que los magistrados tengan seguridad que permitan adelantar las sesiones de Sala Plena, pero el despacho rechazó esa petición.

Esto se suma a la petición del presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, quien solicitó a la Policía que refuerce la seguridad para el próximo jueves e hizo el llamado de atención para que no se presione a los magistrados de la Sala Plena y permitir que se adelanten las votaciones.

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Tiroteo en el sur de Bogotá terminó con una niña herida por una bala perdida

Continúan los hechos de violencia en Bogotá. Está vez, un sicario abordó a un hombre que se encontraba en un puesto ambulante consumiendo alimentos, sacó un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades sin mediar palabra. De acuerdo con la Policía, se escucharon en la zona varios disparos, lo que generó terror entre la comunidad.

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“Un ciudadano que se encontraba consumiendo alimentos en un puesto ambulante, es abordado por un tercero el cual sin mediar palabra atenta contra su humanidad, le impacta varias veces en su cuerpo con proyectil producido por arma de fuego”, indicó el coronel Pascual González de la Policía.

Las autoridades destacaron que, en medio del ataque sicarial, colateralmente una menor de edad fue impactada en uno de sus brazos, por lo que de manera inmediata fue trasladada y atendida en un centro asistencial. La víctima del ataque, por su parte, también fue llevada a un hospital.

“En este momento se encuentra en observación fuera de peligro y nuestras unidades, tanto de inteligencia policial como de Policía Judicial se encuentran realizando las labores de campo, verificando sistemas tecnológicos que nos permitan dar con la ubicación del responsable de este hecho”, agregó el coronel.

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Ricardo Roa, a responder en el CNE por cuentas de campaña Petro Presidente - Google

Ricardo Roa, a responder en el CNE por cuentas de campaña Petro Presidente

Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y quien en su momento fungió como gerente de la campaña de Petro Presidente, sería llamado a responder ante el Consejo Nacional Electoral por la presunta financiación irregular.

Roa es uno de los salpicados por el escándalo de los dineros irregulares que habrían ingresado a la candidatura del ahora presidente Gustavo Petro. Así como la donación que se conoció recientemente por parte de Fecode, con la que al parecer se habrían violado los topes máximos en campaña.

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La mayor polémica que lo envuelve estalló luego de las declaraciones de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente ante la Fiscalía –que lo imputó por lavado de activos y enriquecimiento ilícito–, donde resalta que parte de la plata irregular que recibió del exnarcotraficante Santander Lopesierra, del hijo de Alfonso “el turco” Hilsaca y del empresario Óscar Camacho fue a parar a la campaña presidencial.

A Roa le siguieron otros procesos por ese mismo caso, uno en la Procuraduría y uno en Fiscalía, al detallar posibles irregularidades en el desempeño de Roa como gerente y se le pidieron todos los documentos relacionados con las cuentas en campaña.

Recientemente, la revista Semana informó que se vienen imputaciones contra Roa por presunta violación de topes de gastos. A Roa se le sumaría Dagoberto Quiroga, expresidente del partido Colombia Humana, y William Velandia, presidente ejecutivo de Fecode. Desde Fiscalía explicaron que todavía no hay información oficial al respecto.

Por otro lado, una de las líneas de investigación que va más adelante es la del caso Fecode. El ente investigador ya realizó una inspección judicial a la sede del sindicato nacional de maestros rastreando una donación de 500 millones de pesos, suma de dinero que se habría girado al partido Colombia Humana. El ente trata de investigar si presuntamente ese dinero terminó en la campaña presidencial de Petro Presidente sin que fuera reportado.

El año pasado el CNE decidió pisar el acelerador en el caso de financiación irregular para la campaña. Uno de sus objetivos fue recolectar la mayor cantidad de información del caso para avanzar lo más pronto posible. Roa fue uno de los que quedó bajo la lupa del CNE.

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En su momento, pidieron a la Dian mayor información sobre Ricardo Roa. Mediante escrito, el CNE solicitó información exógena de los años 2021 y 2022 de Roa; es decir, la reportada por terceros, además de la copia de la facturación electrónica de bienes y servicios adquiridos entre 1 de enero al 31 de diciembre.

Por su parte, Roa siempre ha defendido sus actuaciones y resalta que todo se ajustó a la ley. Su defensa también había pedido el archivo de las diligencias.

La dirección de Ecopetrol tampoco se vio seriamente afectada por el escándalo. Desde la junta directiva mostraron apoyo a Roa.

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