Nombre del autor:Jonathan Davis

La Fiscalía General de la Nación radicó ante un juez de control de garantías la solicitud de legalización del principio de oportunidad para María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

La audiencia para formalizar el acuerdo está programada para el próximo 22 de julio, y se espera que allí se determine si se avala el beneficio judicial a favor de Benavides, quien se ha convertido en una pieza clave dentro del entramado de este caso. 

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El principio de oportunidad permitiría suspender la acción penal en su contra, siempre y cuando la exfuncionaria colabore eficazmente con la justicia, aporte información relevante y contribuya al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de otros responsables en la red de corrupción que ha salpicado a varios funcionarios y contratistas. 

Benavides Soto se perfila como la principal testigo contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según ha declarado ante la Fiscalía, Bonilla estaría directamente vinculado con el entramado de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

La exasesora ha entregado detalles sobre una operación que, según ella, se habría gestado en diciembre de 2023 para aprobar de forma exprés una millonaria línea de crédito internacional requerida por el Gobierno Nacional. En su testimonio, señala que hubo un supuesto acuerdo entre su exjefe Ricardo Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo. 

De acuerdo con su versión, el objetivo de esa reunión era destrabar la aprobación de los créditos y canalizar recursos para ”comprar senadores y representantes a la Cámara”, con el fin de asegurar respaldo político. Estas afirmaciones han sido tomadas por la Fiscalía como elementos clave dentro de la investigación y sustentan la solicitud del principio de oportunidad, bajo el compromiso de que la exasesora aporte pruebas contundentes para avanzar en la judicialización de los altos funcionarios implicados. 

El relato de la exfuncionaria coincide con el del Olmedo López y Sneyder Pinilla, quien afirmaron que para lograr esos créditos Bonilla, Ramírez y Velasco destinaron contratos de la UNGRD por 92.000 millones de pesos para sobornar a los congresistas. 

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Benavides también le contó a la Fiscalía que en su momento contactó a los congresistas para brindar los contratos en municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), como mecanismo para influir en la Comisión de Crédito Público. 

Y reconoció que llamó Karen Manrique, congresista de las curules por la paz, porque estaba interesara en un contrato en Arauca. 

La intención, según el ente acusador, era lograr que varios legisladores votaran a favor de la aprobación de créditos solicitados por el Ejecutivo. Estos recursos estaban destinados a respaldar proyectos gubernamentales, pero habrían sido gestionados bajo presiones indebidas, dentro de un esquema más amplio de corrupción en la UNGRD.