Corte Suprema abrió investigación contra el senador Jota Pe Hernández
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el senador Jota Pe Hernández, del Partido Verde, luego de que varios testigos lo señalaran de participar en un montaje dirigido a enlodar la imagen del entonces senador y exembajador Roy Barreras. Según las versiones, el congresista habría ofrecido beneficios a cambio de declaraciones falsas que sirvieran para construir un escándalo mediático.
En videos de estas declaraciones se asegura que Hernández no solo buscaba afectar a Roy Barreras, sino que tenía otros objetivos adicionales. Estos elementos llevaron a la Sala de Instrucción a abrir un proceso por presunta manipulación de testigos.
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La decisión se suma a una investigación previa abierta el 19 de marzo de 2025 y amplía el espectro judicial sobre las actuaciones del congresista.
Uno de los testigos afirmó que Jota Pe Hernández le pidió rendir un testimonio en su favor y, a cambio, le ofreció un contrato en el Congreso de la República. La propuesta incluía dos alternativas: recibir la totalidad del contrato sin necesidad de presentarse a trabajar en la cárcel o la posibilidad de un viaje al exterior.
El mismo testigo relató que el senador grabó la conversación en su celular personal mientras estaban en una camioneta. La Corte Suprema consideró que este testimonio fue clave para abrir un nuevo proceso enfocado en el uso de falsos testigos.
En las declaraciones se menciona que se intentó convencer a personas para que se hicieran pasar por víctimas y sostener así un relato mediático contra Roy Barreras. Según los testigos, el plan preveía mantener en el anonimato a quienes participaran, con el objetivo de garantizar la ejecución de un escarnio público.
Uno de los declarantes aseguró: “Lo logró con nosotros”, pero agregó que, tras colaborar, cuando buscaron que Hernández cumpliera con lo prometido, este nunca volvió a contestarles.
La Corte Suprema también tuvo en cuenta como indicio un mensaje publicado por Jota Pe Hernández en la red social X (antes Twitter), en el que escribió: “Atención: otra olla podrida en el Congreso, 4.000 millones de pesos de los colombianos entregados a la hija del gran amigo de Roy Barreras a través de la empresa Espejo Público”.
Ese trino se conectó con el convenio 983 de 2022, firmado entre el Congreso de la República y la empresa Dicitec SAS, para la producción de contenidos del canal del Congreso. Los testimonios señalan que la publicación hacía parte del plan para vincular mediáticamente a Roy Barreras.
Frente a estos hechos, Barreras denunció a Hernández por calumnia y hostigamiento agravado, señalando que sus acusaciones buscaban afectar su honra e imagen pública.
Cuando la Corte abrió la investigación previa en marzo de 2025, escuchó a varios funcionarios y exfuncionarios del Canal del Congreso. Entre ellos se encontraban Kilian Torres Rojas, camarógrafo; Jairo Uribe Muñoz, productor, y Katherine Torres Rojas.
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En lugar de incriminar a Roy Barreras, sus versiones reforzaron la tesis de un montaje, pues describieron un plan para atacarlo mediáticamente desde adentro del Congreso.
Con base en los testimonios recopilados, la Corte Suprema abrió un segundo proceso contra J.P. Hernández, esta vez enfocado directamente en la manipulación de testigos. La Sala de Instrucción investiga si hubo ofrecimientos de contratos, viajes o beneficios a cambio de declaraciones falsas y ocultas.
El proceso continúa en curso y podría derivar en sanciones penales y disciplinarias para el congresista, en caso de comprobarse su responsabilidad en el presunto montaje contra Roy Barreras.
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