Más de 60 menores han sido sorprendidos en bares y discotecas de Bogotá
La escena se repite cada fin de semana en Bogotá: menores de edad bailando, bebiendo, y en algunos casos, intoxicados dentro de bares, discotecas y billares. El hallazgo de más de 60 adolescentes durante operativos de control no solo deja en evidencia el ingreso ilegal de estos jóvenes a establecimientos nocturnos, sino una profunda falla en el cuidado familiar y una preocupante permisividad comercial.
Las consecuencias ya no son solo una advertencia. Si un menor es encontrado en estos sitios, las autoridades activan de inmediato el protocolo de restablecimiento de derechos. En primera instancia, interviene la Policía de Infancia y Adolescencia, y luego el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que analiza cada caso con un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y defensores de familia.
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Cuando se trata de una primera vez, los padres deben acudir al ICBF a firmar un acta de compromiso en la que se obligan a ejercer mayor control sobre sus hijos. Pero si la situación se repite, se inicia una investigación para determinar si hay negligencia grave en la crianza. De confirmarse, el menor podría ser retirado del entorno familiar y llevado a un hogar de paso. “Los padres deben saber dónde están sus hijos y qué están haciendo. El hogar es el primer círculo de protección”, recordó el secretario de Seguridad, César Restrepo, frente a la gravedad del problema.
Pero la responsabilidad no recae solo sobre las familias. Los establecimientos donde se permite el ingreso de menores —o donde se les venden bebidas alcohólicas— también enfrentan fuertes sanciones.
De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en su artículo 38, estos lugares pueden recibir una multa tipo 4 que, para 2025, equivale a $759.200 pesos. Además, se exponen a la suspensión temporal o definitiva de la actividad comercial.
Los operativos, realizados por la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía Metropolitana y las alcaldías locales, han revelado además que muchos menores acceden a estos sitios sin presentar documentación, o con documentos alterados. En otros casos, ingresan acompañados de adultos que los encubren, una práctica que también será sancionada.
Lo más alarmante, según los reportes, es que varios adolescentes han sido encontrados ya bajo el efecto del alcohol o sustancias psicoactivas, lo que agrava la situación y pone en riesgo su integridad física y emocional.
Cuando se evidencia reincidencia o vulneración de derechos, el ICBF no solo interviene con visitas domiciliarias, sino que también hace seguimientos psicosociales y, de ser necesario, remite al menor a programas de prevención de consumo de sustancias.
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Estas intervenciones hacen parte de la estrategia Ciudadanías Seguras, dentro del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia. La idea es proteger a los grupos más vulnerables, entre ellos los menores de edad, que hoy están más expuestos a la violencia y al delito al ser admitidos en lugares que deberían estarles completamente vedados.
Desde la Secretaría de Seguridad se insiste en que la protección de niños, niñas y adolescentes no es solo una tarea del Estado. Las familias y los establecimientos deben asumir su parte. Pero por ahora, lo que muestran los operativos es una cadena de omisiones: padres que no saben dónde están sus hijos, negocios que no hacen controles, y adolescentes cada vez más expuestos a riesgos que podrían evitarse con supervisión y responsabilidad.
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