Investigan a juzgado por presuntas demoras recaptura de Emilio Tapia
La Comisión de Disciplina Judicial ha abierto una nueva investigación contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla por posibles irregularidades en el manejo del caso de Emilio José Tapia, el empresario condenado por el escándalo de corrupción de Centros Poblados.
La investigación surge tras las denuncias sobre presuntas actuaciones que habrían demorado y obstaculizado la recaptura del contratista, quien fue finalmente detenido el pasado 31 de octubre en una clínica de Barranquilla, a pesar de que la orden de captura había sido emitida más de 20 días antes.
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En abril de este año, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla le otorgó la libertad condicional, considerando su buen comportamiento durante su encarcelamiento. Sin embargo, esta decisión fue apelada por la Procuraduría, que cuestionó el criterio del juzgado, argumentando que Tapia no había demostrado los niveles necesarios de resocialización para acceder a este beneficio.
El 10 de octubre, un juez del Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá revocó la libertad condicional de Tapia, al determinar que no cumplía con los requisitos legales para mantener la medida. Este fallo ordenó la captura inmediata del empresario, que no fue ejecutada con celeridad, lo que ahora ha sido señalado como un posible obstáculo en el proceso judicial.
La nueva investigación, que fue activada tras una compulsa de copias realizada por la Presidencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, apunta a esclarecer si hubo negligencia o presuntas irregularidades por parte de la jueza encargada del caso en Barranquilla.
De ser así, se analizaría si estas acciones contribuyeron al retraso en la recaptura de Tapia, quien ya había sido condenado a una pena de seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco de recursos públicos a través del fallido contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
El caso de Tapia, conocido como el “zar de la contratación”, ha estado rodeado de controversias desde su condena por el desvío de COP 70 mil millones a través de documentos falsificados relacionados con un contrato de conectividad para zonas rurales del país.
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En paralelo a esta reciente investigación, el pasado 22 de septiembre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico dio a conocer que había iniciado una investigación formal contra la jueza primera de ejecución de penas y medidas de Barranquilla. Esta magistrada fue la responsable de firmar la resolución del 11 de abril de 2025, en la que se le otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia.
El 22 de abril, la presidencia de la Comisión Seccional del Atlántico ya había compulsado copias para iniciar el proceso disciplinario contra la jueza. Desde mayo, la magistrada estaba bajo investigación formal, y fue en septiembre cuando la Comisión informó que la investigación se amplió, debido a las circunstancias que rodearon la concesión de la libertad condicional y a una presunta demora en la resolución del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.
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