Defensoría alertó sobre el desplazamiento de 130 familias desde el Catatumbo
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la llegada a Cúcuta de al menos 130 familias, integradas por cerca de 300 personas, que han sido atendidas por la regional de Norte de Santander, en articulación con la Personería Municipal.
De acuerdo con la entidad, los núcleos familiares arribaron en la noche del 5 de enero tras huir de zonas rurales de Mineiro y Pacelli, en el municipio de Tibú, así como del sector de Filogringo, en El Tarra. En estos lugares continúan los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’ en la región del Catatumbo.
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La Defensoría informó que realiza acompañamiento permanente y hace “seguimiento para que se cumpla la ruta de atención a las víctimas”, mientras se evalúan las necesidades humanitarias de la población desplazada.
El organismo reiteró el llamado urgente a los grupos armados para que cesen de inmediato las hostilidades y respeten a la población civil que continúa en medio del fuego cruzado.
Mediante un comunicado emitido el 29 de diciembre de 2025, la Defensoría del Pueblo advirtió que el conflicto armado en la región del Catatumbo, activo desde el 16 de enero del año pasado, ha provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025, como consecuencia de la intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
La entidad señaló que el riesgo y la vulneración masiva de derechos humanos se concentran en la cabecera urbana y en los corregimientos de Reyes de Campo Dos, Pacelli y La Gabarra, así como en las veredas Versalles, Oru 7, Campo Seis y Caño Indio, en jurisdicción del municipio de Tibú.
De acuerdo con la Defensoría, esta zona reviste especial interés estratégico por su extenso límite fronterizo con Venezuela, condición que facilita el tránsito irregular y la convierte en un corredor clave para la movilidad armada y las economías ilícitas.
El organismo de control alertó, además, que las alcaldías de Cúcuta y Tibú cuentan con capacidades limitadas para responder a los recientes hechos de desplazamiento y confinamiento.
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Frente a este panorama, la Defensoría recomendó que las administraciones municipales, en articulación con la Unidad para las Víctimas, fortalezcan y desplieguen la ruta de atención, con el fin de garantizar la atención humanitaria inmediata, bajo los principios de concurrencia, subsidiariedad y corresponsabilidad.
Asimismo, advirtió sobre la necesidad de reforzar las capacidades territoriales en materia de ayuda humanitaria, kits de emergencia, censos y alojamiento. También exhortó al Ministerio del Interior a coordinar una respuesta rápida y efectiva con las autoridades nacionales y locales para implementar las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas.
A esta hora, 130 familias conformadas por cerca de 300 personas, son atendidas en Cúcuta por parte de nuestra regional de Norte de Santander y de la Personería de Cúcuta.
— Iris Marín Ortiz (@MarnIris) January 6, 2026
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