Tomado de : Corrupcion Aldia
Ante la ‘recocha’ de fallos judiciales emitidos por diferentes juzgados de Barranquilla y sospechas de corrupción y sobornos en el proceso judicial que enfrenta a los descendientes del político barranquillero Gabriel Acosta Bendeck, la Corte Suprema de Justicia decidió trasladar el caso a Bogotá.
La Corte ordenó así cambiar la radicación del proceso que lleva la Fiscalía General de la Nación contra Alberto Enrique Acosta Pérez y Juan José Acosta Osío por presuntas irregularidades en este litigio.
El proceso que arrancó en el 2015 tras la muerte del político tiene como trasfondo, el poder sobre la Fundación Acosta Bendeck y sus joyas: el Hospital y la Universidad Metropolitana de Barranquilla y durante estos años ha generado 21 fallos judiciales de diversa índole, en ocasiones contradictorios.
Como se recordará el lío que empezó siendo familiar y luego pasó a los estrados judiciales, entre los herederos legítimos y políticos de Acosta Bendek, se convirtió en noticia nacional luego de que el periodista Daniel Coronell revelara un audio en el que se escucha al senador Eduardo Pulgar (La U), al parecer, ofreciéndole un soborno al juez que llevaba el caso de la disputa de los Acosta.
Todo eso fue suficiente para que la Corte concluyera: “Como en el Distrito Judicial de Barranquilla no existen las condiciones mínimas necesarias para que, en este caso concreto, se materialicen las garantías judiciales que propicien una autónoma e independiente administración de justicia, los intereses de las personas que se consideran víctimas en este asunto, así como sus abogados, se verían afectados en cuanto al riesgo contra su seguridad o integridad personal”.
El origen de la pelea familiar
Según historia que cuenta el diario El Heraldo, el médico otorrinolaringólogo y senador Gabriel Acosta Bendeck y su primera esposa, Sofía Acero de Acosta, tuvieron una idea: crear la Fundación Acosta Bendeck, a partir de la cual nació la Universidad Metropolitana de Barranquilla en 1973 y el Hospital Metropolitano, cuatro años más tarde.
En su momento, las aspiraciones políticas de Gabriel Acosta Bendeck llevaron a que la rectoría de Unimetro quedara a cargo de su hermano Eduardo Acosta Bendeck, quien estuvo en el cargo por 35 años.
La extraña muerte de Gabriel Acosta Bendeck en 2014 desató una disputa penal y civil que ha requerido la intervención de 11 autoridades judiciales, una vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación a la Universidad Metropolitana y un acuerdo de alternancia en la rectoría.
La disputa está entre dos ramas de la misma familia: por un lado, están Alberto Acosta Pérez y sus primos Juan José Acosta Osío (actual rector del alma mater) y Luis Fernando Acosta Osío (implicado en el supuesto soborno); María Cecilia Acosta Moreno y Gina Eugenia Díaz de Acosta (esposa de Alberto). Estos son algunos de los hijos de los cuatro fundadores de Unimetro: Gabriel, Eduardo, Jacobo y Alfonso Acosta Bendeck.
En el otro bando están Ivonne Acosta, única hija del matrimonio conformado por Gabriel Acosta Bendeck y Sofía Acero de Acosta, quienes dieron origen a la fundación que hoy está en el centro del pleito. Ivonne Acosta es respaldada por su esposo Carlos Jaller Raad, quien es uno de los denunciantes, así como por Javier Cuartas Jaller y Jorge Luis Hernández Cassis.
Sin embargo, la aparente intervención del senador Eduardo Pulgar con el intento de soborno al juez, terminaría de romper aún más los frágiles acuerdos que se habrían logrado y agregaron más denuncias de parte y parte.
Lo actuado por Mineducación
Y como si fuera ya poco lo hecho por jueces, también estarían implicados en actuaciones irregulares funcionarios del Ministerio de Educación.
Resulta que en los audios el senador Pulgar dejó entrever la influencia de ese Ministerio para lograr el nombramiento en la rectoría de la Unimetro a Juan José Acosta Osío, hermano del excónsul, Luis Fernando Acosta. Esto llevó a que la cartera de Educación saliera de inmediato a aclarar su participación dentro del proceso.
Tras la revelación de los audios, el Mineducación ha insistido en que “no es parte dentro de los distintos procesos” sobre presunta corrupción judicial con esa Universidad. Pero en los audios de Pulgar se le escucha decir que “A través de la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación, conseguí que finalmente ahí pusieran un tipo que ha estado antes en la universidad; que es sobrino del viejo Gabriel Acosta”.
La parte contraria aprovechó y afirmó que, en la cartera de Educación, desde 2018, se han negado a dar cumplimiento a una orden del Juzgado 13 de Garantías de Barranquilla, que exige dejar sin efecto la resolución que aprobó la reforma de los estatutos de la U. Metropolitana, y que, al aparecer de manera irregular dejó en manos de los Acosta Osio y de sus amigos políticos, la administración de ese centro educativo.
La tutela presentada por el Ministerio, el 24 de octubre de 2019, pidió a un magistrado del Tribunal de Barranquilla suspender esa orden, bajo el argumento de que no puede dar cumplimiento, porque nunca supo de las citaciones a esas audiencias.
En julio pasado la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República les pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría, investigar presuntas irregularidades en las que habrían incurrido funcionarios del Ministerio de Educación, en torno al tema de la Universidad Metropolitana.
Por ahora se desconoce si la Fiscalía y la Procuraduría abrieron o no investigación contra funcionarios del Ministerio por presunto fraude procesal.
Lo que sí está claro es que la decisión adoptada por la Corte ratifica que alrededor de este caso lo que ha habido es una evidente y descarada actuación corrupta de jueces, quizás de funcionarios estatales y un desgaste innecesario y descomunal de recursos del Estado y un daño colateral a los miles de estudiantes de la Universidad Metropolitana quienes también han resultado perjudicados por todo este intrigante y oscuro novelón familiar al mejor estilo de las recordados dramas mexicanos.
