En las semanas definitivas de la transición institucional, el Gobierno Nacional, bajo la firma del presidente saliente Gustavo Petro Urrego, oficializó el decreto que establece el reajuste en la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República para la vigencia fiscal de 2026. De acuerdo con el documento emitido por el poder Ejecutivo, el incremento salarial se fijó en un siete por ciento (7%), una medida de ley que contempla un beneficio retroactivo para los legisladores que culminan su periodo y que traza la base económica para el parlamento entrante que asumirá funciones el próximo 20 de julio.
“Reajuste asignación mensual miembros del Congreso. A partir del 1° de enero de 2026 la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en siete por ciento (7%)”, reza taxativamente el artículo primero de la nueva normativa estatal.
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La expedición de este decreto deroga formalmente al Decreto 1092 de octubre de 2025, el cual había determinado un incremento idéntico para la legislatura anterior, manteniendo una tendencia de ajuste porcentual indexado que responde a los parámetros macroeconómicos del país.
El impacto técnico: Retroactivo y transiciones de nómina
La aplicación de la norma genera dos escenarios administrativos diferenciados en las cuentas del erario público y la tesorería del Capitolio Nacional:
- Congresistas salientes (Periodo 2022–2026): Los senadores y representantes a la Cámara que cesan en sus funciones el próximo 19 de julio recibirán el pago de un retroactivo financiero. Este desembolso compensará la diferencia del 7% acumulada sobre los salarios devengados desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha de finalización de sus periodos constitucionales.
- Congresistas electos (Periodo 2026–2030): Los nuevos legisladores que se posesionan en julio iniciarán sus labores devengando la asignación mensual con el reajuste del 7% ya incorporado desde el primer día de su contrato público.
Una paradoja financiera: Nuevos legisladores ganarán menos que sus antecesores
A pesar del incremento porcentual ordenado por la ley, el nuevo Congreso de la República experimentará una particularidad inédita en la historia salarial del poder legislativo colombiano: serán los primeros senadores y representantes que percibirán un ingreso neto mensual ostensiblemente menor al de sus antecesores.
Esta reducción nominal obedece a la aplicación estricta del decreto presidencial expedido el pasado 19 de enero de 2026, mediante el cual la administración Petro derogó el histórico Decreto 2170 de 2013, eliminando de forma definitiva la denominada «prima especial de servicios». Dicha prebenda económica representaba un ingreso adicional de aproximadamente 16,9 millones de pesos mensuales por parlamentario, por lo que su supresión ha significado un millonario alivio para el presupuesto nacional.
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Pulso jurídico en los tribunales por el sueldo de las altas cortes
Aunque la medida fue celebrada por diversos sectores políticos como un cumplimiento de las promesas de austeridad y reducción del gasto del Estado, el decreto que tumbó la prima especial de servicios enfrenta actualmente una fuerte resistencia en el aparato judicial de la nación.
El decreto de eliminación se encuentra demandado ante el Consejo de Estado, debido a que la arquitectura legal colombiana estipula que los salarios de los congresistas sirven como un espejo e indicador directo para fijar los sueldos de magistrados de las Altas Cortes, ministros del despacho y altos funcionarios de las demás ramas del poder público. El argumento de los demandantes apunta a que la medida socava de forma indirecta los ingresos de la carrera judicial del país.
No obstante, mientras los magistrados del tribunal contencioso-administrativo dirimen las demandas y emiten un fallo definitivo, la ley se aplicará de manera inmediata sobre el nuevo Congreso 2026-2030. La fórmula final dictamina que los nuevos padres de la patria comenzarán con el incremento constitucional del 7%, pero sus cuentas bancarias registrarán un descuento neto de casi 17 millones de pesos en comparación con los sueldos del cuatrienio anterior.
