El escándalo político y judicial desatado por las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que exponen presuntos e irregulares pactos secretos entre la administración del saliente presidente Gustavo Petro Urrego y el Estado Mayor del ‘Clan del Golfo’, provocó un fuerte sismo institucional en el Palacio de Nariño. El actual ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, tomó una distancia radical frente a las grabaciones y aclaró de manera pública que las explicaciones sobre estas controvertidas gabelas corresponden exclusivamente a quienes lideraban la cartera y los organismos de inteligencia en el año 2022.

A través de un pronunciamiento oficial emitido en su cuenta de la plataforma X, el jefe de la cartera castrense enfatizó que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz operaba bajo la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y no del Ministerio de Defensa, trazando una clara línea de demarcación de responsabilidades.

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Pedro Sánchez: «Explicaciones corresponden a quienes ejercían los cargos en ese periodo»

El ministro Sánchez detalló que los hechos descritos en los audios —donde se ofrece suspender bombardeos tácticos y replegar operaciones de asalto militar— habrían tenido lugar en el segundo semestre de 2022. En esa línea cronológica, recordó que el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ejerció sus funciones estatales entre agosto de 2022 y noviembre de 2023.

“La veracidad y el alcance jurídico de los audios atribuidos a Danilo Rueda deben ser evaluados por los tribunales competentes. Sin embargo, las explicaciones sobre las actuaciones o presuntas omisiones del Ministerio de Defensa frente a estos hechos le corresponden taxativamente a quienes ejercían las responsabilidades institucionales durante ese periodo, incluido quien se desempeñaba como ministro de Defensa Nacional (Iván Velásquez Gómez)”, sentenció textualmente Sánchez.

Asimismo, el alto funcionario manifestó su total respaldo al poder judicial para desentrañar la matriz del escándalo: “Confío plenamente en que la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades competentes adelantarán una investigación rigurosa, objetiva e independiente, que permita esclarecer los hechos, aplicar justicia y proteger tanto la verdad como la honra de quienes hayan podido resultar afectados”. Sánchez concluyó asegurando que la fuerza pública facilitará con máxima diligencia todos los archivos requeridos para la investigación.

El origen de la crisis: Salida de generales y repliegue de inteligencia

La filtración periodística original, divulgada el pasado 24 de junio, puso en evidencia cómo el entonces comisionado Danilo Rueda presuntamente negoció el desescalamiento operativo de las Fuerzas Militares en los departamentos con mayor influencia del narcotráfico.

De acuerdo con los audios de septiembre de 2022, Rueda sostuvo conversaciones clandestinas con un cabecilla de la organización criminal identificado bajo el alias de “Jerónimo”. En dichas mesas de aproximación, el exfuncionario habría ofrecido:

  1. Cese inmediato de bombardeos aéreos de precisión contra los campamentos del grupo ilegal.
  2. Freno estructural a las operaciones de asalto y despliegue terrestre de la Fuerza Pública.
  3. Remoción de altos mandos de línea dura en el Ejército Nacional, la Policía Nacional y las agencias de inteligencia del Estado, con el fin de viabilizar un canal de diálogo exclusivo con el Clan del Golfo.

Procuraduría abre indagación previa contra la cúpula gubernamental de 2022

La gravedad de las revelaciones provocó la intervención inmediata de los órganos de control disciplinario. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa formal contra un bloque compacto de exfuncionarios del saliente gobierno para establecer si incurrieron en extralimitación de funciones, prevaricato u omisión de sus deberes constitucionales en el marco de la denominada «Paz Total».

El expediente disciplinario cobija formalmente a:

  • Danilo Rueda: Exalto comisionado para la Paz.
  • Iván Velásquez Gómez: Exministro de Defensa Nacional (actual embajador ante el Vaticano).
  • Jorge Lemus: Exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
  • Ricardo Rey Rosanía: Exsubdirector de la misma agencia de inteligencia estatal.

A la par de estas indagaciones de carácter documental, el Ministerio Público citó a declarar al general (r) Henry Sanabria, exdirector general de la Policía Nacional. Sanabria ha encendido el debate al ratificar ante los medios de comunicación que, durante su permanencia en la jefatura de la institución, recibió múltiples llamadas telefónicas procedentes del despacho de la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia. Según el alto oficial en retiro, en dichas comunicaciones se le cuestionaban e instaba a detener procedimientos policiales de captura contra objetivos de alto valor, bajo el argumento de que interferían con la política pacífica del Gobierno.

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Danilo Rueda rompe el silencio y denuncia amenazas

Frente al cerco judicial y político que se estrecha en su contra, el excomisionado Danilo Rueda emitió un extenso comunicado público en el que rechazó la narrativa del informe periodístico y cuestionó la falta de contrastación de las fuentes antes de la divulgación del material fonográfico.

“Ante la furia desatada en las plataformas digitales a raíz de un informe periodístico que no contrastó mi versión de los hechos, se me ha sometido a un escenario de estigmatización sistemática y he recibido crudas amenazas contra mi vida e integridad personal”, plasmó Rueda en su defensa escrita, asegurando que sus actuaciones siempre estuvieron enmarcadas en los lineamientos de la ley de orden público aprobada por el Congreso.

Con la apertura de los expedientes penales y el distanciamiento oficial del Ministerio de Defensa, el caso de los presuntos pactos con el Clan del Golfo pasa a una fase de peritaje técnico forense que promete revelar el verdadero alcance del desescalamiento militar en las regiones de la periferia colombiana.