Un estremecedor balance sobre el impacto del conflicto armado en la población infantil sacudió la agenda pública nacional. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló la tarde de este miércoles 1 de julio de 2026 que al menos 65 menores de edad han muerto en medio de bombardeos y operaciones aéreas ordenadas por las Fuerzas Militares durante los últimos cuatro años.
El informe oficial, fundamentado en rigurosas necropsias y procesos de identificación técnico-científica, pone bajo la lupa las dinámicas de orden público de la administración saliente y reabre el debate sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en los bombardeos a campamentos de grupos armados ilegales donde confluyen menores reclutados forzosamente.
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Las zonas críticas del país y el perfil de las víctimas
En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación en Bogotá, el director general de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, entregó las cifras consolidadas de las inspecciones forenses practicadas por su equipo interdisciplinario en los últimos 48 meses.
“Tenemos una estadística de aproximadamente unos 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del Gobierno actual”, confirmó el directivo Cortés Martínez.
El reporte pericial detalla las variables geográficas y demográficas de esta problemática:
- Rango de edad: La gran mayoría de las víctimas mortales registraba edades comprendidas entre los 14 y los 17 años.
- Regiones más afectadas: Los decesos se concentran de manera crítica en las zonas periféricas y de frontera del país, siendo los departamentos de Guaviare, Arauca y Putumayo los territorios con mayor incidencia de letalidad en operaciones de bombardeo.
El caso de Nuquí: Cuatro menores caídos en el Chocó
El director de la entidad forense citó como uno de los casos más recientes y emblemáticos el operativo militar desplegado el pasado 12 de junio en zona rural del municipio de Nuquí, en el litoral pacífico del departamento del Chocó.
En dicha acción, las Fuerzas Militares ejecutaron un bombardeo estratégico contra un campamento de la estructura John Freddy Orjuela del Clan del Golfo (también conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia). El balance inicial de la Fuerza Pública reportó la neutralización de nueve presuntos integrantes de la organización criminal.
Sin embargo, tras el traslado de los restos mortales a la sede regional de Medicina Legal en Quibdó, los peritos forenses establecieron un diagnóstico trágico: cuatro de los nueve fallecidos eran menores de edad que se encontraban en el área de impacto de los artefactos explosivos.
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Operación conjunta y debate por el DIH
El bombardeo en Nuquí, que hoy forma parte de las carpetas de investigación de los organismos de control, fue el resultado de un asalto de alta complejidad en el que participaron de forma coordinada unidades del Ejército Nacional, la Armada Colombiana, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.
La confirmación de la presencia de menores en estos campamentos profundiza la controversia jurídica y política en Colombia sobre el principio de precaución en la ventaja militar. Aunque el derecho internacional tipifica el reclutamiento forzado como un crimen de guerra cometido por los grupos ilegales, la muerte de menores en bombardeos del Estado sigue provocando duros cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, que exigen protocolos de inteligencia más estrictos antes de autorizar ataques aéreos en zonas de influencia subversiva.
