Un demoledor informe periodístico sacudió este miércoles, 24 de junio, los cimientos de la política de ‘Paz Total’ del Gobierno Nacional. Una investigación revelada por Noticias Caracol expuso una serie de grabaciones de audio que vinculan directamente al excomisionado de Paz, Danilo Rueda, en una negociación clandestina con altos emisarios y equipos jurídicos del Clan del Golfo (Ejército Gaitanistas de Colombia – EGC), orientada a otorgar beneficios estratégicos y jurídicos a cambio de su vinculación a los diálogos.

Las interceptaciones y registros de audio dejan al descubierto que, desde los albores de la actual administración, el alto funcionario se habría comprometido a gestionar el cese de operaciones de la Fuerza Pública, la suspensión de trámites de extradición hacia los Estados Unidos y una «purga» institucional al interior de la cúpula militar y policial.

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«Juguemos a las escondidas»: El origen del pacto clandestino

Los hechos de la investigación periodística se remontan al 2 de septiembre de 2022, apenas tres semanas después de la posesión presidencial. De acuerdo con el material sonoro, Danilo Rueda sostuvo un encuentro secreto con la cúpula del Clan del Golfo, la cual estuvo representada por un cabecilla identificado con el alias de ‘Jerónimo’, dos asesores políticos y dos abogados de la estructura criminal.

En uno de los apartes más controvertidos del audio, se escucha al entonces comisionado de paz acuñar una polémica frase para definir la estrategia de mimetismo que debían adoptar el Estado y el grupo ilegal ante la opinión pública:

“Juguemos a las escondidas”, textualmente propuso Rueda a los delegados del Clan del Golfo, sugiriendo una coordinación oculta para evitar el choque armado.

A lo largo del diálogo, el hoy exfuncionario notificó que la directriz gubernamental inmediata era el quietismo absoluto de las tropas estatales. “Todos nos quedamos congelados los tres, incluido el ejército congelado. Ahora, si a alguien le da por moverse, ya empieza mal… congelados”, enfatizó el comisionado en la mesa de votación.

Contradicciones de Estado: Freno a bombardeos y «limpieza» militar

El contenido de las grabaciones evidencia una profunda grieta entre los discursos oficiales del Ministerio de Defensa y los compromisos que Rueda asumía bajo cuerda con los capos del narcotráfico.

Mientras el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, declaraba de cara al país que los bombardeos estratégicos solo se suspenderían en zonas con presencia confirmada de menores de edad, Danilo Rueda afirmaba en privado haber intercedido directamente ante la cartera de Defensa para abortar operaciones de asalto en desarrollo: “Hablamos con el ministro y dieron la orden… había bombardeos para las zonas donde se están moviendo”.

Aún más grave para la seguridad nacional, el excomisionado ofreció como prenda de garantía y generador de «confianza» el desmantelamiento de las unidades que mejor conocían las dinámicas del grupo criminal:

  • Purga de inteligencia: Rueda calificó el relevo de altos mandos tácticos como una «decisión de limpieza en la inteligencia policial».
  • Retiro de oficiales: El funcionario utilizó la salida masiva de 35 generales de la República ocurrida en 2022 para ganar credibilidad ante el Clan, presentándolo como una «barrida» y muestra pública del compromiso del Ejecutivo. Una semana después de dicho encuentro, tres coroneles clave en la persecución contra el Clan del Golfo fueron removidos sorpresivamente de sus cargos.
  • Delación interna: Rueda instó formalmente a la organización criminal a que le informara sobre cualquier militar o policía que desobedeciera la orden de frenar operativos operacionales, con el fin de intervenir directamente junto al Ministerio de Defensa.

El freno judicial de la Fiscalía y la Corte Suprema

El desvelamiento de estos audios coincide con un momento crítico de la agenda de paz. Mañana jueves está previsto el inicio del desplazamiento de los primeros integrantes de esta estructura hacia las dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) decretadas por el Gobierno en Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), un experimento sociojurídico que ha desatado una intensa controversia en los tribunales colombianos.

En un intento por facilitar la logística del traslado hacia las ZUT, la Presidencia de la República había radicado una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación para suspender 29 órdenes de captura vigentes contra delegados del Clan. Sin embargo, el ente acusador negó de tajo la petición.

La Fiscalía argumentó una flagrante falta de información detallada sobre los perfiles de los beneficiarios y la necesidad imperiosa de salvaguardar los compromisos de cooperación internacional, dado que 13 de los implicados son requeridos en extradición por cortes de los Estados Unidos. Esta negativa jurídica recibió posteriormente el respaldo pleno de la Corte Suprema de Justicia, cerrando la puerta a los beneficios de impunidad penal acordados inicialmente en la clandestinidad.

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Radiografía del monstruo: El Clan del Golfo duplica su tamaño

Los datos analíticos recopilados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), procesados con base en los registros de la Fuerza Pública, permiten dimensionar el riesgo estratégico de haber otorgado un periodo de «congelamiento» militar a esta organización. Actualmente, el Clan del Golfo se consolida como el grupo armado ilegal con mayor pie de fuerza en la geografía colombiana.

INTEGRANTES TOTALES: 9.840 miembros
├── En Armas: 3.328 combatientes (34%)
└── Redes de Apoyo Logístico: 6.512 miembros (66%)

Con estas cifras, la estructura criminal concentra casi el 36 % de los 27.000 integrantes de organizaciones al margen de la ley que delinquen en el país.

El crecimiento del Clan del Golfo bajo las gabelas del desescalamiento ha sido exponencial. Entre los años 2022 y 2025, el grupo criminal incrementó su pie de fuerza en un alarmante 140 % (pasando de 4.099 integrantes a bordear los 10.000). Paralelamente, su expansión territorial se duplicó de forma crítica: en 2022 ejercían influencia en 145 municipios de 13 departamentos; para 2025, la cifra trepó a 296 municipios en 17 departamentos.

El experimento de las Zonas de Ubicación Temporal arrancará con un plan piloto de 500 hombres. El resto de la organización delictiva, compuesta por cerca de 10.000 combatientes y redes de apoyo logístico desplegadas en 23 departamentos de Colombia, permanecerá a la expectativa de los alcances judiciales de este nuevo panorama, mientras la opinión pública exige explicaciones inmediatas al Gobierno por las concesiones reveladas en los audios. Noticias Caracol confirmó que intentó contactar a Danilo Rueda para conocer su versión, pero el excomisionado no emitió respuesta alguna.