La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Élder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, considerado uno de los eslabones clave en la investigación por el atentado y asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. En esta ocasión, el ente acusador formalizó su llamado a responder ante los jueces por su presunta responsabilidad en otro violento crimen perpetrado en el occidente de la capital de la República el 15 de junio de 2024.
De acuerdo con el escrito de acusación, alias “Chipi” habría ordenado y coordinado el asesinato de un ciudadano en medio de una enconada disputa territorial por el control de las rentas criminales derivadas del microtráfico y el narcomenudeo en la localidad de Engativá.
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El precio de la muerte: El plan sicarial en Engativá
Las indagaciones adelantadas por el cuerpo técnico de la Fiscalía en el Búnker central señalan que Arteaga Hernández presuntamente contrató a un sicario para ejecutar el homicidio, ofreciéndole una suma de 4 millones de pesos (COP) por acabar con la vida de la víctima.
La reconstrucción de los hechos, basada en pruebas técnicas y testimoniales, detalla la fría logística empleada para el crimen:
- La reunión inicial: El acusado se habría citado con el ejecutor material en un establecimiento de billar tradicional en Bogotá para afinar los detalles de la operación, hacerle entrega de una fotografía de la víctima y pagarle un anticipo en efectivo de 2 millones de pesos.
- Marcación en el terreno: El 15 de junio de 2024, el propio alias “Chipi” habría estado presente en las inmediaciones del barrio El Muelle, en Engativá, donde ubicó los movimientos de la víctima dentro de un local comercial.
- Entrega del armamento: Acto seguido, Arteaga Hernández habría contactado al sicario para reunirse al interior de un vehículo particular, donde presuntamente le suministró el arma de fuego con la que se cometió el asesinato en plena vía pública minutos después.
Por este alarmante suceso, la Fiscalía General le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El procesado no aceptó los cargos y se declaró inocente, por lo que el caso se resolverá en etapa de juicio oral.
Nexos criminales: De la banda ‘Plata o plomo’ a la Segunda Marquetalia
Este nuevo proceso judicial se suma al voluminoso expediente que pesa sobre alias “Chipi” como presunto director logístico del magnicidio que conmocionó al país el 7 de junio de 2025, fecha en la que el senador Miguel Uribe Turbay fue ultimado por un menor de 15 años durante un evento político masivo en el parque El Golfito del barrio Modelia.
Las líneas de inteligencia judicial identifican a Arteaga Hernández como la máxima cabeza de la organización delincuencial “Plata o plomo”, una red sicarial de alto impacto que opera en la capital.
Según las bitácoras de la investigación, alias “Chipi” coordinó de manera directa el atentado contra el líder político junto a Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, quien es señalado por las autoridades como un enlace estratégico de la disidencia de las FARC ‘Segunda Marquetalia’, bajo el mando de alias ‘Iván Márquez’. Ambos sujetos habrían consolidado una alianza criminal previa para la ejecución de múltiples homicidios selectivos en Bogotá.
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Frenado el preacuerdo por el magnicidio de Miguel Uribe
Alias “Chipi” fue capturado el 5 de julio de 2025 en un operativo de asalto desplegado por unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía en el mismo barrio El Muelle, localidad de Engativá, zona que utilizaba de manera recurrente como su base de operaciones y refugio.
A pesar de que el detenido buscó una salida negociada con la justicia y llegó a estructurar un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptaba su participación material e intelectual en el magnicidio a cambio de una condena tasada en 21 años de prisión, el trámite penal se encuentra estancado.
La representación jurídica de la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay se ha opuesto de manera rotunda a los términos de la negociación, argumentando que la pena propuesta no se compadece con la gravedad del crimen y exigiendo el pleno esclarecimiento de los determinadores económicos y políticos del asesinato. La validación definitiva o el rechazo de dicho preacuerdo permanece bajo el análisis de un juez de conocimiento de Bogotá, mientras el imputado ahora deberá comparecer simultáneamente por su presunto rol de dinamizador del microtráfico capitalino.
