En un giro procesal dentro de uno de los mayores escándalos de corrupción recientes, un juez de garantías ordenó la libertad inmediata de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones. Ortiz es señalada por la Fiscalía como la presunta «mensajera» o intermediaria en el esquema de sobornos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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La decisión: Vencimiento de plazos procesales
La boleta de libertad se emitió tras considerar que se superaron los plazos establecidos por la ley sin que se diera inicio al juicio oral. El debate jurídico en la audiencia del pasado 8 de mayo se centró en el conteo de los días:
- Defensa: Sostuvo que Ortiz completó 460 días privada de la libertad desde la radicación del escrito de acusación en enero de 2025, superando por 52 días el límite legal.
- Procuraduría: Apoyó la solicitud de libertad, argumentando que han transcurrido 300 días efectivos no atribuibles a maniobras dilatorias, lo cual excede en 60 días el término de ley.
- Fiscalía: Se opuso radicalmente, afirmando que existen 284 días de dilaciones provocadas por la defensa y que, bajo su cálculo, aún restaban 55 días para que vencieran los términos.
El papel de Ortiz en el entramado
Sandra Ortiz enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias. Según la teoría del caso de la Fiscalía, ella habría sido la encargada de entregar millonarias sumas de dinero a los entonces presidentes del Congreso para aceitar el trámite de las reformas gubernamentales:
- Iván Name (Senado): Habría recibido COP 3.000 millones.
- Andrés Calle (Cámara): Habría recibido COP 1.000 millones.
Mientras Name y Calle permanecen privados de la libertad, Ortiz ha insistido en su inocencia. Su defensa, liderada por Mauricio Camacho, ha cuestionado la precisión de la acusación, señalando inconsistencias en la ubicación de contratos que inicialmente fueron vinculados al proceso (Repelón vs. Girón).
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¿Qué sigue en el proceso contra Sandra Ortiz?
Pese a recuperar su libertad física, Sandra Ortiz sigue vinculada al proceso penal y deberá comparecer a las audiencias del juicio oral que comenzó formalmente el pasado 10 de abril. La decisión del juez representa un duro golpe para el ente acusador, que no logró dar inicio a la etapa de juzgamiento dentro de los tiempos de la detención preventiva.
Se espera que en las próximas horas la exfuncionaria abandone su centro de reclusión, mientras la opinión pública permanece atenta al desarrollo de un juicio que promete revelar más detalles sobre el manejo de recursos públicos destinados a emergencias en el país.
#ATENCIÓN | Este es el momento en el que el juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá otorga la libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones procesada por el desfalco de la @UNGRD.
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 11, 2026
Vía:… pic.twitter.com/GGWKsPhzBR
