Luis Fernando Velasco

En la mañana del lunes 1 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación imputó a los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El ente investigador pidió medida de aseguramiento para los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, al tiempo que los señaló de, posiblemente, haber cometido los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. 

Los exministros Velasco y Bonilla son dos de las personas señaladas dentro del escándalo de corrupción de la entidad encargada de atender desastres y emergencias en el país. Según el ente investigador, en el año 2023 habrían buscado destrabar las reformas del Gobierno Nacional en el Congreso de la República, a cambio de contratos. La imputación estuvo a cargo de la fiscal María Cristina Patiño, investigadora delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y fue presidida por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. 

Luego de casi 10 horas de audiencia, la fiscal Patiño solicitó ante la magistrada Alexandra Rosero la “medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia para Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla”, por los delitos imputados. 

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La togada propuso, inicialmente, que la audiencia se desarrollara el próximo 4 de diciembre. Sin embargo, las partes señalaron que el volumen de la información presentada por la Fiscalía requiere más tiempo para su estudio. Finalmente, la diligencia quedó programada para el próximo 15 de diciembre, a partir de las 9:00 a.m. La magistrada agregó que, posiblemente, ese mismo día tomará una decisión, pues desde el 19 de diciembre inicia vacancia judicial. 

La Fiscalía señaló que tanto el exministro Velasco como Bonilla “tenían plena capacidad de comprender que sus conductas contrariaban el ordenamiento jurídico”, al destacar que ambos son mayores de edad, profesionales y con experiencia en el sector público. Asimismo, aseguró que actuaron de manera libre, consciente y voluntaria. 

La fiscal María Cristina Patiño también sostuvo que la medida de aseguramiento contra los exministros es necesaria y urgente, “pues desde el momento de la comisión de los ilícitos hasta la fecha, la sociedad se halla en permanente estado de riesgo, dada la naturaleza de las conductas, la utilización de la estructura del Estado, la experiencia en el sector público de los imputados, la función pública y los contratos de los que dispusieron”. 

El ente investigador indicó que el mecanismo utilizado para “comprar la voluntad de los congresistas desvirtuó la esencia del Estado Social de Derecho”. Agregó: “La gravedad aumentó porque quienes ejecutaron estas conductas eran ministros y altos funcionarios del Estado; es decir, personas investidas con un deber reforzado de probidad, que no solo conocían la ilicitud del ofrecimiento, sino que además tenían poder real para concretar esos contratos, lo que hace que el acto no fuera hipotético ni simbólico, sino plenamente eficaz”. 

Además, la investigadora Patiño indicó que los actos de ambos exministros no pueden confundirse con un ejercicio público, puesto que “se alteró deliberadamente la independencia del Congreso, se pervirtió la función administrativa y se afectó el patrimonio público”. 

Tras un receso, la audiencia continuó a las 5:20 p. m., momento en el cual la magistrada Aura Alexandra Rosero solicitó a la fiscal María Cristina Patiño ser más concisa respecto a los elementos probatorios del segundo y tercer delito: interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, imputados a los exministros Velasco y Bonilla. Nuevamente, la principal testigo fue María Alejandra Benavides, entonces asesora del Ministerio de Hacienda. 

Entre los elementos presentados por la Fiscalía se encuentran interrogatorios realizados a Benavides y a Olmedo López, así como conversaciones extraídas entre ella y el exministro Ricardo Bonilla. 

Entre las pruebas, la Fiscalía presentó uno de los interrogatorios realizados a María Alejandra Benavides el pasado 21 de marzo. Según indicó el ente investigador, “la testigo entregó una tabla en Excel con la que gestionaba y actualizaba la información junto a Juan José Oyuela, funcionario enlace de Invías con el Ministerio de Hacienda. En dicha tabla, el ministro Ricardo Bonilla daba el visto bueno a los proyectos que debían priorizarse conforme con los compromisos ilegales con los parlamentarios, y con esa información se actualizaban los cupos indicativos”. 

Por otra parte, la Fiscalía presentó un interrogatorio realizado a Olmedo López el 12 de julio de 2024, en el cual se afirmó que, durante una reunión denominada Cónclave, “se impartieron órdenes para condicionar la atención de congresistas en la Ungrd, en el sentido de que aquellos que no respaldaran las iniciativas del Gobierno serían excluidos”. En contraste, quienes accedieran a votar favorablemente recibirían contratos direccionados. Según el ente investigador, esto pondría en evidencia un esquema de intercambio de beneficios coordinado y liderado por Fernando Velasco, Ricardo Bonilla y Carlos Ramón González. 

La audiencia continuó alrededor de las 2:30 p. m., momento en el cual la magistrada Aura Alexandra Rosero solicitó a la fiscal investigadora continuar con la petición de medida de aseguramiento preventiva. María Cristina Patiño señaló: “La Fiscalía cuenta con diferentes elementos de conocimiento que le permiten realizar un pronóstico de responsabilidad de los imputados, incluso superando el estándar probatorio legalmente exigido de la inferencia razonable de autoría o participación de Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonillo González en los ilícitos. Existe información legalmente obtenida, como interrogatorios, declaraciones juradas, informes de investigadores de laboratorio y de campo, inspecciones judiciales y documentos judiciales que así lo acreditan”. 

A través de un audio correspondiente a una entrevista realizada a Olmedo López, la Fiscalía presentó la prueba relacionada con la imputación por el delito de concierto para delinquir agravado. Según indicó la fiscal, “Olmedo López recibió una orden directa del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para asistir a la Comisión Séptima del Senado el 13 de junio de 2023, donde se debatía la reforma pensional. La instrucción del senador, del ministro Velasco, fue apoyar a los congresistas mediante contratos direccionados y así consolidar mayorías legislativas, para lo cual debía ponerse a disposición de la senadora Marta Isabel Peralta Epiayú”. 

Tras las intervenciones de los exministros Bonilla y Velasco, en las que expresaron su desacuerdo con la imputación y dejaron sobre la mesa preguntas relacionadas, por ejemplo, con los nombres de otros ocho congresistas que estarían relacionados con las presuntas entregas irregulares de contratos, la magistrada Rosero Baquero consultó a los exfuncionarios si aceptaban o no los cargos. Ambos negaron su responsabilidad en los tres delitos imputados: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. 

La fiscal Patiño respondió a los dos puntos abordados por el abogado Mauricio Pava en su intervención. Sobre la aclaración solicitada con relación a dos decretos que no incluyen las negociaciones previas a contrataciones del Estado, dentro del proceso contractual propiamente dicho, la fiscal señaló que esa reglamentación no tiene incidencia directa sobre lo que dice el Código Penal respecto a presuntas irregularidades. La Fiscalía dijo que los decretos “no modifican ni alteran” el artículo 409 del Código Penal, que “sanciona la corrupción en la contratación estatal”. 

Por otro lado, la fiscal del caso defendió la postura del ente investigador de que los hechos de corrupción presuntamente cometidos por el exministro Bonilla sí tenían vocación de sostenibilidad en el tiempo. Una intención que, en concepto de la investigadora, se frenó por el propio escándalo público que se generó cuando salió a la luz el posible entramado de corrupción. “Había una apuesta común para corromper al Legislativo, obviamente enmarcada en un tiempo”, dijo la fiscal. En ese sentido, le pidió a la magistrada Rosero Baquero que no tumbe la imputación por el delito de concierto para delinquir. 

Luego de un receso de 15 minutos en la audiencia, el abogado Mauricio Pava, quien representa al exministro Ricardo Bonilla, intervino en la audiencia para pedirle a la Fiscalía aclaraciones sobre los delitos imputados por la Fiscalía. Pidió, sobre la información documentada por el ente investigador sobre presuntas irregularidades en contrataciones, que se aclarara si para la imputación del delito de interés indebido en la celebración de contratos se tuvieron en cuenta o no dos decretos que no incluyen las negociaciones previas a contrataciones del Estado, dentro del proceso contractual propiamente dicho. 

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“La formulación de hechos de la fiscal es un buen relato, pero no necesariamente es un relato correcto (…). Una cosa es construir un buen relato y otra es que en términos de denominación jurídica sea correcto”, señaló el abogado Pava. Agregó que en el presunto entramado criminal no hubo una perspectiva de permanencia a futuro de las posibles movidas ilegales, lo que no daría lugar a la imputación del delito de concierto para delinquir. Esto porque, en su concepto, el ejercicio de Bonilla en el cargo como ministro de Hacienda se dio durante un lapso puntual, igual que los presuntos hechos de corrupción, documentados por la Fiscalía entre octubre de 2023 y marzo de 2024. 

Tras detallar los tres hechos de presunta corrupción en los que habrían incurrido los exministros Velasco y Bonilla, la fiscal Patiño detalló que su actuar habría puesto en riesgo la administración pública, al sobreponer intereses personales sobre proyectos de interés de toda la sociedad, que comprometían recursos públicos. “Actuaron de manera libre, consciente y voluntaria, sin cohesión alguna (…). Se enfocaron en satisfacer intereses individuales”, dijo la Fiscalía. 

Los delegados de la UNGRD y la Contraloría acompañaron la imputación hecha por la Fiscalía. Los dos coincidieron en la precisión de la Fiscalía y, respetando la presunción de inocencia de los exministros, señalaron que da cuenta de hechos criminales que habrían puesto en riesgo los recursos de la Nación. “La imputación describe fielmente cómo se instrumentalizó el presupuesto de la Nación para comprar gobernabilidad”, señaló el representante de la Contraloría.