El exgobernador del departamento del Magdalena y líder del movimiento Fuerza Ciudadana, Carlos Eduardo Caicedo Omar, emitió un vehemente pronunciamiento público este 20 de julio para responder formalmente a las denuncias periodísticas que lo señalan de presuntamente haber incurrido en el delito de abuso sexual contra una menor de edad. La gravedad del expediente, revelado en primera instancia por la revista Semana, ha desatado una nueva tormenta política y judicial en el norte del país.
A través de un comunicado oficial fechado en la ciudad de Santa Marta, el exmandatario departamental negó de manera categórica la veracidad de los hechos, asegurando que hasta la fecha no ha sido notificado formalmente por ningún despacho judicial ni conoce el expediente de la acusación en su contra.
Te puede interesar: Conmoción en Córdoba: Asesinan al periodista comunitario y líder social Jader Durango en Tierralta
«Una condena mediática sin sustento»: La postura de la defensa de Caicedo
En el documento público, Carlos Caicedo calificó la acusación como un montaje diseñado para deteriorar su imagen pública y violentar su derecho fundamental al debido proceso antes de ser vencido en juicio.
“Esta nueva endilgación carece de sustento y constituye un nuevo intento de condena mediática. No conozco el contenido de las supuestas denuncias, no he sido notificado de actuación alguna y, en consecuencia, rechazo de manera categórica cualquier imputación que se pretenda hacer en mi contra. Nadie puede ser condenado en los medios de comunicación antes de ejercer plenamente su derecho de defensa”, aseveró de manera tajante el exgobernador.
El político magdalenense recalcó que acudirá ante los estrados judiciales en el momento en que sea requerido para desmontar la gravedad de las imputaciones.
Fuego cruzado: Cuestionamientos directos al penalista Julián Quintana
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de Caicedo apuntó de forma directa contra el abogado penalista Julián Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía y actual apoderado legal de la madre de la presunta víctima. Según Quintana, la Fiscalía General de la Nación ya cuenta con un sólido acervo probatorio recopilado dentro del proceso penal.
Sin embargo, para Caicedo, la participación de Quintana responde a intereses políticos de la administración distrital de Santa Marta:
“No es una coincidencia que el abogado Julián Quintana Torres aparezca nuevamente detrás de esta ofensiva judicial y mediática. Se trata del mismo abogado que ha promovido actuaciones en mi contra en el pasado y que hoy mantiene vínculos contractuales con la Alcaldía de Santa Marta, mientras el alcalde ha expresado públicamente su interés en impulsar procesos en mi contra. Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse si existe una estrategia coordinada para desacreditarme”, cuestionó el exgobernador.
También puedes leer: Balance histórico de la Corte Suprema: Revelan cuáles son los delitos de corrupción más cometidos por congresistas y gobernadores en Colombia
«Más de dos décadas de persecución sistemática»
En su alocución, el exmandatario enmarcó esta nueva controversia penal en lo que califica como un «entramado de persecución judicial» que ha tenido que enfrentar a lo largo de su trayectoria en la administración pública.
“Esta nueva acusación hace parte de una persecución sistemática que he padecido durante más de dos décadas. He enfrentado centenares de denuncias falsas, privación por años de la libertad, procesos en los que he demostrado mi inocencia y decisiones judiciales que me han dado la razón”, enfatizó.
Al cierre de su comunicación, el exgobernador del Magdalena confió en que las autoridades judiciales actuarán con imparcialidad y sin presiones de carácter mediático. «Confío en la justicia, en el debido proceso y en que la verdad volverá a imponerse sobre la mentira o los montajes judiciales que buscan manchar nuevamente mi imagen. Defenderé mi honra, mi presunción de inocencia y mis derechos por las vías legales», concluyó.
Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la Nación entregue un reporte oficial sobre el estado preliminar de las indagaciones para determinar el curso de la acción penal.
