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Cinco generales del Ejército, en retiro, a imputación de cargos por crímenes de guerra - Google

Cinco generales del Ejército, en retiro, a imputación de cargos por crímenes de guerra

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le imputará cargos a los generales en retiro Jaime Lasprilla Villamizar; el brigadier general William Pérez Laiseca; así como los mayores Édgar Rodríguez y Marcos Evangelista Pinto, por su participación y conocimientos en 32 ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el departamento del Huila.

Por estos hechos, la Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que los oficiales del Ejército dieron órdenes precisas para detener a civiles ajenos al conflicto con el fin de asesinarlos y presentarlos como guerrilleros abatidos en combate. Esto para demostrar resultados operacionales.

La Sala revisó un centenar de testimonios para establecer los “patrones” que se presentaron en medio de la presentación de bajas en combate por parte de las tropas del Ejército Nacional que operaban en el departamento del Huila entre los años de 2005 y 2008.

Los militares, que hicieron parte del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza; del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’; de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y de la IX Brigada; fueron imputados por 200 casos de falsos positivos, 32 de los cuales fueron víctimas de desaparición forzada, además de ocho tentativas de homicidio documentadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad.

“La Sala subrayó que los generales imputados debían proteger los bienes jurídicos de la población, controlar efectivamente a sus subordinados y, a pesar de contar con medidas razonables a su alcance para hacerlo, incumplieron sus obligaciones constitucionales. Desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción. Esto facilitó la difusión, permanencia y encubrimiento de los crímenes”, explicó la JEP por medio de un comunicado.

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La JEP agregó que las acciones de los tres generales retirados transmitieron la percepción que desde la IX Brigada se permitía el lanzamiento irregular de operaciones para perpetrar homicidios bajo la modalidad de combate simulado y, con ello, que era posible acudir al pago irregular de recompensas para financiarlos. También fueron imputados como coautores los generales (r) Édgar Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y 30 militares más que se desempeñaron como integrantes de los pelotones, comandantes de pelotón y compañía de las cuatro unidades. La Sala considera que esos uniformados siguieron un acuerdo común, con división del trabajo criminal e hicieron aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos.

“Más allá de la responsabilidad penal individual que se les atribuye en el Subcaso Huila, la Sala de JEP observa una falla sistémica de las instituciones, militares y civiles, encargadas de la protección de la población en el Huila. Los mecanismos de control disponibles fallaron o fueron insuficientes para proteger los bienes jurídicos de las personas más vulnerables. Y solo se adoptaron medidas cuando las atrocidades fueron conocidas por la opinión pública”, explicó la JEP.

Por último, la justicia especial explicó que aunque escuchó en versión al teniente coronel (r) Martín Orlando Galindo Páez, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena y a seis oficiales (mayores, tenientes coroneles y coroneles) integrantes del Estado Mayor de la IX Brigada, no imputó a ninguno de ellos, porque consideró que no hay bases suficientes para considerarlos máximos responsables. Por esa razón, todos ellos serán remitidos junto a otros 187 integrantes de la fuerza pública y 453 personas más mencionadas en informes y versiones a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que les resuelva su situación jurídica.

El general (r) fue comandante del Ejército entre 2014 y 2015, llegó al cargo luego de un remezón a la cúpula militar que se anunció en febrero de ese año. Hasta ese momento se había desarrollado como Jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) y en 2011 fue designado como Jefe del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. El general retirado desempeñó la mayoría de su carrera militar al sur del país y logró la captura de dos jefes de la guerrilla alias Payaso y alias El Boyaco, miembros clave del bloque Oriental de las ya desmovilizadas Farc.

Para llegar a este punto la JEP tuvo en cuenta siete informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos; 129 versiones de integrantes de la fuerza pública ante la JEP, más de 100.000 folios de expedientes digitales que fueron obtenidos mediante inspecciones judiciales a las unidades militares priorizadas, así como 65 procesos de la Justicia Penal Ordinaria y la Justicia Penal Militar, entre otros documentos.

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El expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter contra la JEP y desmiente a Mancuso - Google

El expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter contra la JEP y desmiente a Mancuso

El expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter este lunes, 20 de noviembre, contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego del conocimiento de nuevos testimonios que entregó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la justicia especial.

En sus declaraciones reservadas ante la JEP, Mancuso, por primera vez, vinculó directamente al expresidente en la masacre de El Aro y en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

Según Uribe, «el bandido» (Mancuso) no tiene pruebas en su contra. Y que el exparamilitar se contradice en sus declaraciones.

«Mancuso dijo a Justicia y Paz: «Sobre Jesús María Valle dice que se enteró por los medios de comunicación y al no ser área de control de él no estaba enterado de nada de lo que allí ocurriera». En Justicia y Paz «también asevera que no conoció a Álvaro Uribe ni al general Ospina ni al general Rosso José Serrano», dijo el expresidente en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Agregó Uribe en su comunicación: «Tampoco mencionó a Castaño, antes de asesinarlo, sobre su participación y la supuesta de Pedro Juan Moreno (Qepd) en el asesinato de Jesús María Valle, ocurrida cuando yo estaba en la Universidad en Oxford. Mancuso dijo a Justicia y Paz: «Sobre Jesús María Valle dice que se enteró por los medios de comunicación y al no ser área de control de él no estaba enterado de nada de lo que allí ocurriera».

En su versión reservada ante la JEP, Mancuso dijo que los apoyó el helicóptero de la Gobernación de Antioquía en la masacre de El Aro perpetrada en 1997.

«Los helicópteros de la Gobernación tenían un manejo independiente, con pilotos que venían de antes de mi periodo. Las bitácoras vuelo y los testimonios de todo su personal desmienten al bandido Mancuso, como lo ha verificado el CTI de la Fiscalía», respondió Uribe.

Además, en otro aparte de la comunicación Uribe dice: «Mancuso que dio dos millones a José María Maroso (fallecido de cáncer, mayo 2020) para mi campaña de Córdoba. No lo dijo cuando Maroso estaba vivo. La esposa y los cercanos a Maroso confirman la austeridad de esa campaña. Niegan la posibilidad de ese dinero»

El expresidente ha cuestionado duramente a la JEP por la investigación de los falsos positivos, ejecuciones de civiles cometidas por miembros del Ejército que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios por los supuestos resultados obtenidos.

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JEP aceptó el sometimiento a esa justicia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso - Cortesía

JEP aceptó el sometimiento a esa justicia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

La Justicia Especial de Paz, JEP, aceptó este viernes 17 de noviembre de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la Fuerza Pública, entre 1989 y 2004.

Es decir, la JEP considera que Mancuso ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública. En la diligencia, de carácter virtual, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas emitió un concepto «sobre los aportes de verdad entregados por el exjefe paramilitar», preso en EE.UU., «para decidir si tuvo o no un rol de bisagra o punto de conexión con agentes de Estado».

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En 2020, la JEP ya había rechazado el sometimiento de Mancuso, luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concluyera que su rol fue el de un «miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate».

En esa época, el exjefe paramilitar solicitó su sometimiento ante la JEP como tercero civil colaborador o financiador del paramilitarismo entre 1989 y 1997, antes de su vinculación a las AUC, organización de la que fue su último comandante.

En aquella ocasión, la defensa de Mancuso argumentó que él patrullaba con un grupo armado compuesto por militares, antiguos guerrilleros y otros combatientes; portaba armas largas, y participaba directamente en acciones armadas con «fines contrainsurgentes, no solo con el aporte de información».

Desde entonces, el excomandante de las AUC ha hecho varias declaraciones virtuales en audiencias ante la JEP, con las que intenta que lo acojan ante esta justicia especial que contempla penas no privativas de libertad a cambio de aportación de verdad.

En ese sentido, en mayo reconoció, por ejemplo, hechos que eran de conocimiento como los vínculos entre paramilitares, políticos y empresas; los crímenes que se cometieron y también dio datos que no se conocían, como la existencia de desaparecidos en Venezuela, adonde llevaban los cuerpos de los asesinados para que no los encontraran.

El pasado 26 de julio el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que solicitará a Estados Unidos la extradición del exjefe de las AUC tras ser designado como «gestor de paz”.

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El Gobierno aclaró que la designación de Mancuso como gestor de paz «de ninguna manera exime de responsabilidades penales, investigaciones o sanciones a exmiembros de las AUC, que deberán seguir compareciendo ante los entes judiciales que les requieran».

«El proceso de paz entre el Gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo”, manifestó en su momento el presidente Petro.

Las AUC, el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado, según la Comisión de la Verdad, se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno de Uribe.

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El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso será aceptado por la JEP en noviembre - Google

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso será aceptado por la JEP en noviembre

El 2 de noviembre fue la fecha escogida por la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, para que el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, sea aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz.

La magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Heydi Patricia Baldosea, pidió a Justicia y Paz que el próximo 2 de noviembre sea el día en que definan la entrada a la JEP de Salvatore Mancuso y se conozca las declaraciones que ha entregado en los reservados.

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La audiencia será efectuada a las 9:00 de la mañana y confirmará la veracidad de los aportes que Mancuso ha entregado sobre los altos mandos de la fuerza pública y de otras entidades del Estado, relacionados con la planeación y ejecución de crímenes, así como de tener alianzas que facilitaron el despliegue y las acciones de los grupos paramilitares en las zonas en que operaron.

La decisión de la entrada del exjefe paramilitar en la JEP, estuvo basada en los aportes que entregó en la audiencia única de verdad que efectuaron los días 10 y 11, 15 y 16 de mayo, y en los que Mancuso entregó información que le permitió a la Jurisdicción evaluar si actuó o no como punto de conexión entre los paramilitares y la Fuerza Pública.

Entre los aportes entregados por Mancuso, habló sobre la importancia de las Convivir en el fortalecimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, y de la participación de las fuentes políticas regionales y nacionales que se habrían acercado a él para solicitarle la creación de varios bloques paramilitares.

También mencionó el apoyo a paramilitares por parte de integrantes de la familia Gnecco en el Cesar, y del acceso e ingresos que tuvo a brigadas y batallones del Ejército Nacional para planear operaciones conjuntas con unidades militares y de la Policía, con el pleno conocimiento y la participación de altos mandos militares.

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Mancuso se refirió también a su participación en la desaparición de víctimas en territorio venezolano, y aseguró que “la orden de desaparecer a estas personas vino de la Fuerza Pública”.

“Unas víctimas fueron arrojadas al río, en la frontera. Pero miembros de autodefensas ingresaron y dejaron fosas en Venezuela. Allá hay por lo menos más de 200 personas desaparecidas”, puntualizó el exjefe paramilitar, en la audiencia de verdad.

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Plantón frente al edificio de la JEP por conmemoración de la Operación Orión - Cortesía

Plantón frente al edificio de la JEP por conmemoración de la Operación Orión

Sobre las 10:45 de la mañana se reportó un plantón de aproximadamente 20 personas sobre la carrera séptima con calle 66, frente a las instalaciones de la JEP. Según el reporte inicial de las autoridades de tránsito se trataría de un grupo de personas que están conmemorando el aniversario de la Operación Orión.

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El grupo de manifestantes que se reunieron frente a la JEP desplegó una pancarta en tela de más de 10 metros de extensión sobre la calzada sur norte de la carrera séptima. Allí mismo se sentaron a pintarla y a entonar arengas mientras realizaban su manifestación pacífica.

En el mismo escenario los manifestantes realizaron varías puestas en escena que conmemoraban y reflejaban los hechos ocurridos hace 21 años en las comunas de Medellín. Allí, los transeúntes que disfrutaban de la tradicional ciclovía de festivo se unieron para apreciar el performance.

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Durante la jornada de plantón las gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno y el personal de apoyo de Transmilenio hicieron a acompañamiento para asegurar el derecho a la manifestación pero también, para lograr reestablecer el flujo vehicular de la carrera séptima.

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Militares que aceptaron falsos positivos ante JEP están ayudando a buscar desaparecidos - Google

Militares que aceptaron falsos positivos ante JEP están ayudando a buscar desaparecidos

Se conoció que 18 militares exintegrantes de la Brigada XVI del Ejército que reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz crímenes de guerra y de lesa humanidad por las ejecuciones extrajudiciales en Yopal, Casanare, vienen trabajando con la Fundación Comité para la Reconciliación y la Unidad de Búsqueda dando información clave para dar con el paradero de las personas desaparecidas en Casanare y algunos municipios de Boyacá.

Ya se está trabajando en la recolección de datos de 56 operaciones militares. La clave para que los militares entreguen datos de la ubicación de los desaparecidos es que esa información no se usa para temas judiciales, sino para efectos humanitarios. Así lo explica Sol Alonso Parra de la Unidad de Búsqueda.

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“Garantizarles que esta información será confidencial, que la información solo será utilizada con fines de búsqueda de personas desaparecidas, que no va a ser utilizada para generarse pruebas o responsabilidades en procesos judiciales”.

Estas operaciones militares pueden contener datos de varios desaparecidos que fueron llevados a otras partes del país y los militares al conocer otras unidades pueden tener información por lo que los planes de trabajo se hacen de manera individual.

“Hemos abordado una serie de trabajos que implica conocer el perfil de ellos que nos puede indicar hacia donde puede girar el abordaje de la búsqueda y los datos relevantes que tienen para entregar”.

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Los lazos de confianza que se han construido con estos 18 militares marcan una hoja de ruta para que más integrantes del Ejército se animen a entregar información para que la Unidad de Búsqueda pueda darles respuesta a las familias que por años han buscado a sus seres queridos.

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JEP aceptó sometimiento de ‘Simón Trinidad’, excomandante de las Farc extraditado - Google

JEP aceptó sometimiento de ‘Simón Trinidad’, excomandante de las Farc extraditado

El antiguo integrante del secretariado de las Farc, Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, más conocido como ‘Simón Trinidad’, fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tras solicitar su ingreso en múltiples ocasiones.

Trinidad fue un importante comandante cuyo nombre siempre estuvo en las mesas de negociación entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y esa extinta organización subversiva.

Desde esa época, los altos mandos guerrilleros exigían su regreso a Colombia, pero el Gobierno nunca cedió por lo complicado del trámite.

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Y es que no se trata de cualquier hombre, Trinidad llegó a ser uno de los líderes más importantes de las Farc y adquirió reconocimiento a nivel nacional e internacional tras ser responsabilizado por el secuestro de tres contratistas estadounidenses en territorio colombiano.

El caso fue tan famoso, que las autoridades de toda América Latina y Europa se dieron a la tarea de hallarlo y lo encontraron en Ecuador, donde finalmente fue capturado.

Meses más tarde, en 2004, Juvenal Ovidio fue extraditado a los Estados Unidos, en donde fue condenado a la pena máxima que permite el Acuerdo de Extradición entre ambos países: 60 años de cárcel en la reconocida prisión de ADMAX, la más segura de EE.UU. y una de las más temidas del mundo.

Bajo ese contexto, la Jurisdicción avocó conocimiento de cinco procesos penales en los que se encuentra procesado o acusado Trinidad. Aunque no especificó cuáles son los casos puntuales, la mayoría de ellos son por homicidio, secuestro extorsivo, rebelión y secuestro en concurso con violación de inmunidad diplomática.

Fuentes de la JEP que aseguraron que esta comparecencia no implica que la justicia transicional asumirá el caso de los estadounidenses, por lo que ese delito sigue bajo la Jurisdicción de EE.UU.

“En la resolución, firmada por la magistrada Diana Vega Laguna, integrante de la Sala de Amnistía o Indulto, también se declara la inhibición para estudiar dos casos en los que Palmera Pineda fue absuelto por parte de la justicia ordinaria y que tienen que ver con el secuestro de Consuelo González de Perdomo y el ataque a un vehículo perteneciente a la administración municipal de Gigante, en Huila”, detalló la JEP.

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Además de aceptar su ingreso, la Jurisdicción también le ordenó a su Unidad de Investigación y Acusación –que es como la Fiscalía de la JEP– que recabe información adicional sobre otros 116 procesos penales y analice el estado en el que se encuentran las actuaciones en su contra.
Así mismo, “que identifique y ubique a las víctimas de cinco procesos más para continuar con el estudio de la situación actual” de Trinidad en la justicia ordinaria.

El ahora compareciente ante la JEP está siendo procesado en Colombia por terrorismo, homicidio, desplazamiento y desaparición forzada; narcotráfico, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos; destrucción y apropiación de bienes protegidos; apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo, secuestro extorsivo y rebelión, entre otros hechos delictivos cometidos durante el conflicto armado.

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Alias ‘Sonia’ descalificó relatos de las víctimas y negó abortos y reclutar niños - Google

Alias ‘Sonia’ descalificó relatos de las víctimas y negó abortos y reclutar niños

Se conoció la versión voluntaria rendida por Omaira Rojas Cabrera, conocida en el pasado como ‘Sonia’, por el caso 07 en la JEP, que investiga casos de reclutamiento de menores y abortos forzados. ‘Sonia‘ fue mando del Frente 14 de las Farc (uno de los que más reclutó niños) y extraditada en el pasado a los Estados Unidos por narcotráfico.

En su declaración, ‘Sonia’ negó cualquier conocimiento sobre reclutamiento de niños menores de 15 años; aseguró además que todo ingreso a las Farc era voluntario, y siempre en lo que supo incorporaron menores desde los 15 años porque estaba prohibido de más baja edad.

Esto se contradice por lo asegurado por una víctima quien señala directamente a la excomandante de las Farc de conocer sobre el ingreso de niños menores de 15 años, explicando que cuando entró a las Farc a los 10 años, fue recibido por la exguerrillera para proceder a colocarse un alias.

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“Alias ‘Sonia’ me dijo que a partir del momento me llamaba XXXX. Cuando llegue a la escuela el grupo de cursantes éramos 480, de los 480 integrantes 300 éramos menores de edad todos del Bloque Sur, pero de diferentes frentes, muchos de ellos contaban de que se los habían llevado engañados diciendo que les iban a pagar otros que iban para un paseo a conocer el Ecuador y la mayoría les decían que iban a tener armas entre las manos”, dijo la víctima.

A pesar de lo sostenido por el directamente afectado, ‘Sonia’ respondió que nunca conoció a la víctima cuando estaba en las filas y que supuestamente llegó a la zona después de que esta persona ingresó a las Farc.

Pero no fue el único caso que fue desconocido por la excombatiente de las Farc. ‘Sonia’ también negó ante la JEP que los padres desesperados que acudían a los campamentos de la guerrilla a preguntar por sus hijos fuesen amenazados y desplazados.

Un segundo hecho fue negado por ‘Sonia’ y se relaciona con un niño de 14 años que fue reclutado el 11 de julio del 2000 por el Frente 14 que ella integraba. Su madre retrató que ‘Sonia’ y otros exguerrilleros “engatuzaban” a los menores facilitándoles sus armas para que las manipularan y convenciéndolos; allí, afirmó que al enterarse del reclutamiento de su hijo habló con ‘Sonia’ quien le respondió que el niño se había ido voluntariamente y no había sido obligado.

Pero lo más grave que cuenta la progenitora, es que al buscar saber del paradero de su hijo se dirigió hasta el campamento de la guerrilla, y la respuesta que recibió al preguntar fue que tenía tres horas para abandonar el caserío.

“…me amenazaron dándome tres horas para desocupar el caserío, mi esposo quedó solo en la finca mientras yo me vine hacia puerto rico junto con mis hijos que me quedaron- sobre estos hechos de desplazamiento interpuse la respectiva denuncia”, narró la víctima.

Todo lo anterior fue desconocido por Omaira Rojas ‘Sonia’, quien afirmó que nunca habló con la madre del menor y sostuvo que además nunca se enteró de que las Farc amenazaran o desplazaran a los padres que se opusieran al reclutamiento o se acercaran a los campamentos a indagar.

“No tengo conocimiento de este caso, ni hablé alguna vez con alguna madre que preguntara por su hijo (…) Es entendible que por instinto maternal fueran a buscar a sus hijos (…) pudo haber muchos casos donde se denunciaron reclutamiento forzados por parte de los padres, siendo ingresos voluntarios. Según la experiencia de mis padres, o de lo que yo viví en el frente 14, nunca vi que guerrilleros amenazaran a los padres de las personas que ingresaban”, fue lo que sostuvo ‘Sonia’ ante el despacho de la JEP.

Adicional a lo anteriormente expuesto, afirmó que no sabía si había menores de edad porque no les preguntaba cuántos años tenían, dijo que no supo de niños que al fugarse fueran perseguidos por ello, y a pesar de que existe documentación de la Fiscalía y reportes de actividad que firma junto a otros comandantes sobre la escuela de entrenamiento de El Billar y traslados de personal, así como la declaración de un testigo (quien sostuvo que por lo menos el 65% eran niños de entre 15 y 10 años), ‘Sonia’ negó haber conocido esa escuela o haber estado allí.

“No había escuela de entrenamiento en El Billar. No tengo conocimiento respecto de la ubicación, operación, financiamiento y comandantes de esta escuela”, fue lo que respondió a pesar de la gruesa evidencia presentada por el despacho.

Adicional a su nulo reconocimiento por reclutamiento de menores de 15 años a pesar de evidencias como la escuela de entrenamiento de El Billar, o la descalificación a lo aseverado por varias víctimas, Omaira Rojas Cabrera ‘Sonia’ también negó haber conocido de algún caso de abortos forzados o violencia sexual contra menores dentro del Frente 14 de las Farc.

Lo anterior, a pesar del testimonio que uno de los propios exguerrilleros ha rendido ante la Fiscalía y la JEP, en el que aseguró que en Peñas Coloradas (Caquetá) había un hospital financiado por ‘Sonia’ (seguramente con dineros de las Farc) en el que las guerrilleras eran enviadas para que, aún en contra de su voluntad, les fueran practicados abortos.

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“En este pueblo nos quedaba también muy fácil ya a los guerrilleros que estábamos en otros frentes en llegar a ese hospital y yo estuve muy cercano ahí, y de ahí pues me daba cuenta cómo llegaban personas, mujeres, que no querían, que no querían, porque ellas pedían de que les diera la posibilidad de tener a su hijo, y pues, absolutamente no había nada que hacer”, narró el testigo en entrevista ante el exmagistrado Iván González Amado.

Además, el testigo mencionó dos nombres: Christian alias ‘Agujas’ y otra persona de nombre Gerardo Sócrates, de quien dijo practicaban los abortos a solicitud de las Farc en dicho centro de salud. Todo esto fue descalificado por “Sonia”, quien expresó que el único centro de salud de las Farc quedaba selva adentro, pero tampoco quiso dar información que pudiese permitir la ubicación de los nombres aportados, argumentando supuestas razones de seguridad.

“Debido a la situación de seguridad de las y los excombatientes, declarada por la Corte Constitucional como estado de cosas inconstitucional, no puedo dar información sobre la identidad y ubicación de personas. Para esto están las entidades estatales con las cuales se puede obtener la información requerida”, fue lo que respondió al despacho.

Adicionalmente, afirmó que nunca conoció de algún caso de violencia sexual contra menores de edad ni de abusos sexuales de comandantes de frente, o bloque, hacia subalternas.

También sostuvo que nunca supo de despojo de tierras a campesinos, o casos donde desertores de las Farc fueran perseguidos o asesinados, y mucho menos menores de edad que hayan decidido abandonar las filas y fuesen acribillados. De hecho, aseguró ante la JEP y las víctimas, que, si un guerrillero no quería fusilar a otro tras un Consejo de Guerra, se podía negar sin problema alguno.

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Miembros del Ejército reconocerán responsabilidad en 296 falsos positivos - Redes Sociales

Miembros del Ejército reconocerán responsabilidad en 296 falsos positivos

Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz se llevará a cabo esta diligencia de reconocimiento de verdad dentro del sub-caso Casanare del macro-caso de investigación 03 de falsos positivos. Durante dos días 21 miembros del Ejército que hicieron parte de la Brigada XVI, un funcionario del extinto DAS y dos civiles reconocerán públicamente su responsabilidad en desaparecer y asesinar a 303 personas en 296 eventos de ejecuciones extrajudiciales, entre enero de 2005 y diciembre de 2008.

Dentro de lo que asumirán ante los familiares de las víctimas su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad están el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, otros 13 oficiales, además de 7 suboficiales, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles.

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Durante estos dos días de audiencia que se realizarán en el Auditorio Quiripa, en la Cámara de Comercio, en Yopal, Casanare, los militares se referirán a los daños causados a las víctimas, así como a la organización criminal que se implantó en la Brigada XVI del Ejército entre 2005 y 2008.

Por ejemplo, en los casos del mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, la Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que ellos participaron en el asesinato de 303 personas, en 218 eventos ocurridos en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca.

Aquí en la presencia de los familiares de las víctimas de los falsos positivos los militares imputados darán detalles escabrosos de como por dar resultados operacionales asesinaron a personas inocentes y los hicieron pasar como guerrilleros dados de baja en combate.

Recordemos que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Y, a algunos, los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.

En el sub-caso de Casanare de falsos positivos cuando se hizo la imputación dos oficiales no aceptaron su responsabilidad el coronel retirado Cipriano Peña Chivatá, quien ya falleció y el coronel retirado, Germán Alberto León Durán, este último si su proceso llega hasta el Tribunal para la Paz y pierde el juicio podría pagar 20 años de cárcel.

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Según la investigación de la JEP dentro del macro-caso 03 se tienen documentados 6.402 casos de falsos positivos en Colombia.

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La JEP concedió la libertad al exparamilitar Wilson Rodríguez Mimísica - Google

La JEP le otorgó la libertad al exparamilitar Wilson Rodríguez Mimísica

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en libertad al exparamilitar y reclutador de falsos positivos, Wilson Rodríguez Mimísica, uno de los declarados máximos responsables de ese fenómeno criminal entre el 2005 y el 2008 en la Brigada 16.

La decisión fue adoptada al comprobar que el exintegrante de las Autodefensas del Casanare, y quien le entregó, por lo menos 10 víctimas al Gaula del Casanare, al mando del mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, cumplió con estar privado de la libertad más de cinco años y además sus aportes a la verdad fueron genuinos y detallados.

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Además, se resaltó la aceptación de cargos de Rodríguez frente a los cargos que le endilgó la JEP en calidad de máximo responsable por los homicidios de los reclutados.

“En este mismo orden el relato del compareciente según la SRVR sirvió para establecer cómo los efectivos del Gaula Casanare y otras unidades de la Brigada XVI falsearon la información de actas de pago por información de inteligencia en aras de encubrir los asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate” señaló la magistratura.

Asimismo, también se hizo mención del compromiso de no repetición del exmilitar, punto que fue resaltado positivamente por el ministerio público y ha materializado sus compromisos.

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Según lo confesado por el propio exparamilitar y concluido por la jurisdicción, recibió pagos con recursos públicos por la entrega de las víctimas, entre $ 1.500.000 y $ 500.000 según la información establecida hasta el momento.

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