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Presidente de la JEP anunció que “procederán de inmediato” en La Modelo

El presidente de la JEP Roberto Carlos Vidal, se pronunció sobre la confesión inédita del exdirector de la cárcel Modelo, William Gacharná, revelada por este medio de comunicación, en la que el exfuncionario del INPEC afirmó con total seguridad que en la cárcel hay fosas comunes derivadas de la guerra entre paramilitares y guerrilleros de las Farc entre 1998 y el 2003.

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Frente a la gravedad de lo señalado, el presidente Vidal fue cuestionado sobre qué acciones se tomarán desde ese tribunal ante la gravedad de lo señalado por Gacharná, ante lo cual indicó que “procederán inmediatamente” con la Sección de Ausencia de Reconocimiento que se ha encargado de avanzar en la investigación de lugares con posible presencia de desaparecidos.

“Se trata de un funcionario que está revelando sitios y procedimientos pavorosos referente a graves violaciones a los derechos humanos y desaparición de personas. (…) Nuestra Sección viene haciendo una labor ingente de búsqueda de desaparecidos lo que nos ha llevado a muchos lugares del país y ahora llama la atención sobre la cárcel Modelo, sobre lo que se procederá inmediatamente de la mano del Ministerio de Justicia” anunció el magistrado.

Asimismo, resaltó el trabajo de las diferentes salas como la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que recibió el testimonio de Gacharná: “nuestro objetivo es llegar a los lugares de la verdad a los que no ha podido llegar la justicia con los medios que tenía antes”.

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Fuentes cercanas al proceso, en la Sección de Ausencia de Reconocimiento, confirmaron a W Radio que se encuentran estudiando el caso de la cárcel Modelo a partir del testimonio revelado por esta casa radial, para lo cual analizan la disponibilidad de equipos y la posibilidad de intervención a zonas del penal.

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Coronel (r) Hugo Aguilar admitió que ayudó a crear al grupo “Los Pepes” - Cortesía

Coronel (r) Hugo Aguilar admitió que ayudó a crear al grupo “Los Pepes”

Durante una audiencia citada por la JEP, el ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar, habló por más de una hora sobre sus aportes a la verdad, en aras de definir su situación después de haber sido condenado a 13 años de cárcel por sus vínculos con el paramilitarismo.

Aguilar, coronel retirado de la Policía Nacional, es reconocido por haber liderado el Bloque de Búsqueda que dio caza a Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín. Durante su declaración ante la JEP, Aguilar dijo que siendo comandante operativo del Bloque de Búsqueda, el general Miguel Maza Márquez les pidió reunirse con Carlos Castaño y alias ‘Don Berna’, reconocidos Pepes, para recibirles información que pudiera llegar al jefe del cartel de Medellín.

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“En junio de 1993 se encontraba con el bloque de búsqueda, el general Miguel Maza Márquez le informó al coronel Hugo Martínez Poveda que debíamos recibir a Carlos Castaño y a alias ‘Don Berna’, porque tenían información muy importante sobre la muerte de algunos lugartenientes de Pablo Escobar y que ellos querían aportar información exacta para la captura de Escobar. Nos dieron la información, llegamos, y ya había huido, ahí empezó la relación con dos paramilitares que tenían el dominio de las autodefensas en el Magdalena Medio”, reveló el ex policía.

Admitió también que se permitió que redes delictivas se infiltraran en las instituciones encargadas de la seguridad y justicia.

“Aparecieron Los Pepes, en esa guerra el Estado se hizo indiferente, eran ataques terroristas y asesinatos, en ese momento se hablaba en la prensa que en realidad era el bloque de búsqueda, en una reunión determinaban que hacer para que no nos culparan porque iban a terminar judicializándonos a la parte de inteligencia y operaciones especiales”, explicó Aguilar.

Añadió que: “Acordamos que cuando la unidad de levantamientos fuera a hacer algún levantamiento sobre cadáveres o atentados, ellos ponían un papel que decía fueron Los Pepes”.

Por otro lado, Aguilar detalló un mapa de una finca llamada la Gorgona en la que habrían desaparecido personas. La propiedad era de Luis Ramírez, alias ‘Puntilla’. Allí, describió, “había un lago y los cadáveres de las personas que asesinaban se los lanzaban a los cocodrilos y otros los sepultaban”.

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Aguilar manifestó que recibió apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para llegar a la Gobernación del departamento en el mandato de 2004 a 2007. No obstante, negó haber recibido recursos de ese grupo paramilitar.

“En la campaña a la gobernación ya entra el apoyo que me dan las Autodefensas, en especial en lo que era el permiso para poder hacer proselitismo, ellos le decían a la gente que debían votar por el coronel Aguilar”, aseguró. Sin embargo, dijo que no recibió dinero de ellos ni tampoco manejó sus dineros.

Aguilar Naranjo aseguró también que todos los hospitales y clínicas de Santander fueron obligados a atender los paramilitares enfermos o heridos y que en algunas ocasiones se llevaban a los médicos para que atendieran a los heridos en las zonas rurales.

Confesó que aunque no recibió dinero de estos grupos no hizo nada para combatirlos y por eso pidió perdón a los santandereanos, por la omisión de varias de sus tareas como mandatario que condujeron a hechos de violencia.

“Uno se daba cuenta de los desplazamientos, del robo a la gasolina del oleoducto de Ecopetrol y no se hizo nada”, dijo Aguilar.

Dijo también que “yo no causé víctimas directas. Las víctimas que causé fue por la omisión. He presentado un proyecto productivo para poder reparar las víctimas que determine la JEP”.

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JEP estudiará tutela en la que Salvatore Mancuso pide protegerlo tras amenazas - Google

JEP estudiará tutela en la que Salvatore Mancuso pide protegerlo tras amenazas

Recientemente el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, fue aceptado por la JEP, tras algunas diligencias tanto públicas como reservadas en las cuales se refirió a las presuntas alianzas entre empresarios, militares y políticos con las Autodefensas. Posteriormente se conoció que en su audiencia reservada Mancuso vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la masacre del Aro.

Teniendo en cuenta que Mancuso había pedido que esta información fuera reserva interpuso una tutela ante la JEP para que se le protegieran sus derechos a la vida, al debido proceso y a la integridad personal, pero además el exjefe paramilitar denunció amenazas desde que empezó su proceso de aporte a la verdad en la JEP.

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«Finalmente, expuso que, el 11 de septiembre del año en curso, solicitó medidas de seguridad y protección ante la Sub sala Especial E de la Sdsj y el Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la UIA, en favor suyo, de su equipo de defensa y de su familia, debido a las amenazas de las que han sido víctimas como consecuencia de su participación en la JEP. Sin embargo, aseveró que, a la fecha, no ha obtenido respuesta a dicha solicitud» señaló la JEP en su decisión.

Por otro lado, se le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que explique cuáles fueron las medidas que se tomaron para garantizar la reserva de la información, también si hubo alguna acción que se hubiera tomado después de que se filtrara la audiencia reservada y si conocieron sobre la solicitud de medidas de protección que hizo el exjefe paramilitar.

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«Esta magistratura encuentra procedente ordenar la implementación inmediata de la medida provisional señalada en precedencia, que deberá mantenerse vigente hasta que se profiera el respectivo fallo de tutela, salvo que esta magistratura determine lo contrario. Así mismo, su cumplimiento deberá ser acreditado inmediatamente por la Sdsj, remitiendo a este despacho las constancias a que hubiere lugar» señala en la decisión la magistrada Gloria Amparo Rodríguez.

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JEP dejó en firme expulsión de alias ‘Gafas’, negociador de las disidencias de las Farc - Google

JEP dejó en firme expulsión de alias ‘Gafas’, negociador de las disidencias de las Farc

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la exclusión de Alexander Farfán Suárez, ‘Gafas’, debido a su condición de desertor manifiesto del Acuerdo de Paz.

Alias ‘Gafas’ es actualmente negociador de las disidencias de las Farc con el Gobierno Nacional.

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De acuerdo con lo determinado por los magistrados, que confirmaron la decisión de primera instancia, su calidad de disidente de las Farc es evidente al ser designado miembro negociador y, además, al haber firmado un preacuerdo con la Fiscalía.

“En consecuencia, constituye un hecho notorio que, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 2272 de 2022, antes citada, el señor FARFÁN SUÁREZ es un integrante de dicho grupo disidente y, por tanto, un desertor manifiesto” indicó la Sección.

Además, negaron una solicitud de nulidad elevada por la defensa de “Gafas” alegando que no le fueron trasladadas previamente las pruebas en su contra para poder defenderse. Para la JEP, la condición de desertor en su caso no requería mayores averiguaciones, y de hecho con el solo preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó cargos y la designación hecha por las disidencias era suficiente para adoptar una decisión.

“No le asiste razón al profesional del derecho cuando señala que fue sorprendido con el objeto de la audiencia pues, en el auto mediante el cual se citó, ya se mencionaban las circunstancias que indicaban el alzamiento en armas del interesado, así como la solicitud del Ministerio Público para que se aplicara la figura de la deserción manifiesta” indicó la Sección.

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Así las cosas, los procesos penales contra Farfán Suárez fueron enviados a la justicia ordinaria.

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JEP declaró no amnistiable la masacre de 9 concejales en Huila perpetrada por las Farc - Google

JEP declaró no amnistiable masacre de 9 concejales en Huila perpetrada por las Farc

En una decisión de 30 páginas, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que la masacre de 9 concejales en Rivera (Huila) y las lesiones a otra concejal y un patrullero es un delito no amnistiable y, por lo tanto, el exguerrillero Clinio Gasca Valderrama deberá responder ante la justicia transicional por esos hechos.

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El caso llegó a la SAI al revisar la situación de Gasca Valderrama, quien fue condenado en la justicia ordinaria por esa masacre, ocurrida el 27 de febrero de 2006, en la estancia Los Gabrieles de Rivera (Huila), cuando hombres de las Farc abrieron fuego desde múltiples posiciones al recinto donde sesionaban los concejales. En la escena del crimen se encontró un panfleto en el que la guerrilla declaraba como objetivo militar a los concejales y alcaldes de la zona mientras no renunciaran a sus cargos.

La investigación judicial determinó que el crimen fue ejecutado por la Columna Móvil ‘Teófilo Forero’ y que Gasca Valderrama llevó a cabo labores de inteligencia previas al ataque.

Al analizar el caso, la SAI concluyó que “es claro que se trata de múltiples homicidios, consumados y tentados, en contra de civiles que no ejercían actividades de combate, ni participaban de forma directa o indirecta de las hostilidades. Es decir, los concejales de Rivera (Huila) eran personas civiles que no habían perdido su estatus de protección contra ataques directos, de acuerdo con el DIH”, se lee en la decisión.

En ese sentido, añade que “la conducta objeto de sanción penal es un crimen de guerra y, a efectos de este trámite, un delito evidentemente no amnistiable”.

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Como la SAI declaró como no amnistiable este crimen, el caso de Gasca será remitido a la Sala de Reconocimiento de la JEP, que lleva el Caso 10, en el que se investigan los crímenes no amnistiables cometidos por miembros de la extinta guerrilla.

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Cinco generales del Ejército, en retiro, a imputación de cargos por crímenes de guerra - Google

Cinco generales del Ejército, en retiro, a imputación de cargos por crímenes de guerra

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le imputará cargos a los generales en retiro Jaime Lasprilla Villamizar; el brigadier general William Pérez Laiseca; así como los mayores Édgar Rodríguez y Marcos Evangelista Pinto, por su participación y conocimientos en 32 ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el departamento del Huila.

Por estos hechos, la Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que los oficiales del Ejército dieron órdenes precisas para detener a civiles ajenos al conflicto con el fin de asesinarlos y presentarlos como guerrilleros abatidos en combate. Esto para demostrar resultados operacionales.

La Sala revisó un centenar de testimonios para establecer los “patrones” que se presentaron en medio de la presentación de bajas en combate por parte de las tropas del Ejército Nacional que operaban en el departamento del Huila entre los años de 2005 y 2008.

Los militares, que hicieron parte del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza; del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’; de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y de la IX Brigada; fueron imputados por 200 casos de falsos positivos, 32 de los cuales fueron víctimas de desaparición forzada, además de ocho tentativas de homicidio documentadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad.

“La Sala subrayó que los generales imputados debían proteger los bienes jurídicos de la población, controlar efectivamente a sus subordinados y, a pesar de contar con medidas razonables a su alcance para hacerlo, incumplieron sus obligaciones constitucionales. Desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción. Esto facilitó la difusión, permanencia y encubrimiento de los crímenes”, explicó la JEP por medio de un comunicado.

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La JEP agregó que las acciones de los tres generales retirados transmitieron la percepción que desde la IX Brigada se permitía el lanzamiento irregular de operaciones para perpetrar homicidios bajo la modalidad de combate simulado y, con ello, que era posible acudir al pago irregular de recompensas para financiarlos. También fueron imputados como coautores los generales (r) Édgar Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y 30 militares más que se desempeñaron como integrantes de los pelotones, comandantes de pelotón y compañía de las cuatro unidades. La Sala considera que esos uniformados siguieron un acuerdo común, con división del trabajo criminal e hicieron aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos.

“Más allá de la responsabilidad penal individual que se les atribuye en el Subcaso Huila, la Sala de JEP observa una falla sistémica de las instituciones, militares y civiles, encargadas de la protección de la población en el Huila. Los mecanismos de control disponibles fallaron o fueron insuficientes para proteger los bienes jurídicos de las personas más vulnerables. Y solo se adoptaron medidas cuando las atrocidades fueron conocidas por la opinión pública”, explicó la JEP.

Por último, la justicia especial explicó que aunque escuchó en versión al teniente coronel (r) Martín Orlando Galindo Páez, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena y a seis oficiales (mayores, tenientes coroneles y coroneles) integrantes del Estado Mayor de la IX Brigada, no imputó a ninguno de ellos, porque consideró que no hay bases suficientes para considerarlos máximos responsables. Por esa razón, todos ellos serán remitidos junto a otros 187 integrantes de la fuerza pública y 453 personas más mencionadas en informes y versiones a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que les resuelva su situación jurídica.

El general (r) fue comandante del Ejército entre 2014 y 2015, llegó al cargo luego de un remezón a la cúpula militar que se anunció en febrero de ese año. Hasta ese momento se había desarrollado como Jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) y en 2011 fue designado como Jefe del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. El general retirado desempeñó la mayoría de su carrera militar al sur del país y logró la captura de dos jefes de la guerrilla alias Payaso y alias El Boyaco, miembros clave del bloque Oriental de las ya desmovilizadas Farc.

Para llegar a este punto la JEP tuvo en cuenta siete informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos; 129 versiones de integrantes de la fuerza pública ante la JEP, más de 100.000 folios de expedientes digitales que fueron obtenidos mediante inspecciones judiciales a las unidades militares priorizadas, así como 65 procesos de la Justicia Penal Ordinaria y la Justicia Penal Militar, entre otros documentos.

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El expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter contra la JEP y desmiente a Mancuso - Google

El expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter contra la JEP y desmiente a Mancuso

El expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter este lunes, 20 de noviembre, contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego del conocimiento de nuevos testimonios que entregó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la justicia especial.

En sus declaraciones reservadas ante la JEP, Mancuso, por primera vez, vinculó directamente al expresidente en la masacre de El Aro y en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

Según Uribe, «el bandido» (Mancuso) no tiene pruebas en su contra. Y que el exparamilitar se contradice en sus declaraciones.

«Mancuso dijo a Justicia y Paz: «Sobre Jesús María Valle dice que se enteró por los medios de comunicación y al no ser área de control de él no estaba enterado de nada de lo que allí ocurriera». En Justicia y Paz «también asevera que no conoció a Álvaro Uribe ni al general Ospina ni al general Rosso José Serrano», dijo el expresidente en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Agregó Uribe en su comunicación: «Tampoco mencionó a Castaño, antes de asesinarlo, sobre su participación y la supuesta de Pedro Juan Moreno (Qepd) en el asesinato de Jesús María Valle, ocurrida cuando yo estaba en la Universidad en Oxford. Mancuso dijo a Justicia y Paz: «Sobre Jesús María Valle dice que se enteró por los medios de comunicación y al no ser área de control de él no estaba enterado de nada de lo que allí ocurriera».

En su versión reservada ante la JEP, Mancuso dijo que los apoyó el helicóptero de la Gobernación de Antioquía en la masacre de El Aro perpetrada en 1997.

«Los helicópteros de la Gobernación tenían un manejo independiente, con pilotos que venían de antes de mi periodo. Las bitácoras vuelo y los testimonios de todo su personal desmienten al bandido Mancuso, como lo ha verificado el CTI de la Fiscalía», respondió Uribe.

Además, en otro aparte de la comunicación Uribe dice: «Mancuso que dio dos millones a José María Maroso (fallecido de cáncer, mayo 2020) para mi campaña de Córdoba. No lo dijo cuando Maroso estaba vivo. La esposa y los cercanos a Maroso confirman la austeridad de esa campaña. Niegan la posibilidad de ese dinero»

El expresidente ha cuestionado duramente a la JEP por la investigación de los falsos positivos, ejecuciones de civiles cometidas por miembros del Ejército que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios por los supuestos resultados obtenidos.

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JEP aceptó el sometimiento a esa justicia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso - Cortesía

JEP aceptó el sometimiento a esa justicia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

La Justicia Especial de Paz, JEP, aceptó este viernes 17 de noviembre de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la Fuerza Pública, entre 1989 y 2004.

Es decir, la JEP considera que Mancuso ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública. En la diligencia, de carácter virtual, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas emitió un concepto «sobre los aportes de verdad entregados por el exjefe paramilitar», preso en EE.UU., «para decidir si tuvo o no un rol de bisagra o punto de conexión con agentes de Estado».

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En 2020, la JEP ya había rechazado el sometimiento de Mancuso, luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concluyera que su rol fue el de un «miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate».

En esa época, el exjefe paramilitar solicitó su sometimiento ante la JEP como tercero civil colaborador o financiador del paramilitarismo entre 1989 y 1997, antes de su vinculación a las AUC, organización de la que fue su último comandante.

En aquella ocasión, la defensa de Mancuso argumentó que él patrullaba con un grupo armado compuesto por militares, antiguos guerrilleros y otros combatientes; portaba armas largas, y participaba directamente en acciones armadas con «fines contrainsurgentes, no solo con el aporte de información».

Desde entonces, el excomandante de las AUC ha hecho varias declaraciones virtuales en audiencias ante la JEP, con las que intenta que lo acojan ante esta justicia especial que contempla penas no privativas de libertad a cambio de aportación de verdad.

En ese sentido, en mayo reconoció, por ejemplo, hechos que eran de conocimiento como los vínculos entre paramilitares, políticos y empresas; los crímenes que se cometieron y también dio datos que no se conocían, como la existencia de desaparecidos en Venezuela, adonde llevaban los cuerpos de los asesinados para que no los encontraran.

El pasado 26 de julio el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que solicitará a Estados Unidos la extradición del exjefe de las AUC tras ser designado como «gestor de paz”.

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El Gobierno aclaró que la designación de Mancuso como gestor de paz «de ninguna manera exime de responsabilidades penales, investigaciones o sanciones a exmiembros de las AUC, que deberán seguir compareciendo ante los entes judiciales que les requieran».

«El proceso de paz entre el Gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo”, manifestó en su momento el presidente Petro.

Las AUC, el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado, según la Comisión de la Verdad, se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno de Uribe.

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El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso será aceptado por la JEP en noviembre - Google

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso será aceptado por la JEP en noviembre

El 2 de noviembre fue la fecha escogida por la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, para que el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, sea aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz.

La magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Heydi Patricia Baldosea, pidió a Justicia y Paz que el próximo 2 de noviembre sea el día en que definan la entrada a la JEP de Salvatore Mancuso y se conozca las declaraciones que ha entregado en los reservados.

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La audiencia será efectuada a las 9:00 de la mañana y confirmará la veracidad de los aportes que Mancuso ha entregado sobre los altos mandos de la fuerza pública y de otras entidades del Estado, relacionados con la planeación y ejecución de crímenes, así como de tener alianzas que facilitaron el despliegue y las acciones de los grupos paramilitares en las zonas en que operaron.

La decisión de la entrada del exjefe paramilitar en la JEP, estuvo basada en los aportes que entregó en la audiencia única de verdad que efectuaron los días 10 y 11, 15 y 16 de mayo, y en los que Mancuso entregó información que le permitió a la Jurisdicción evaluar si actuó o no como punto de conexión entre los paramilitares y la Fuerza Pública.

Entre los aportes entregados por Mancuso, habló sobre la importancia de las Convivir en el fortalecimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, y de la participación de las fuentes políticas regionales y nacionales que se habrían acercado a él para solicitarle la creación de varios bloques paramilitares.

También mencionó el apoyo a paramilitares por parte de integrantes de la familia Gnecco en el Cesar, y del acceso e ingresos que tuvo a brigadas y batallones del Ejército Nacional para planear operaciones conjuntas con unidades militares y de la Policía, con el pleno conocimiento y la participación de altos mandos militares.

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Mancuso se refirió también a su participación en la desaparición de víctimas en territorio venezolano, y aseguró que “la orden de desaparecer a estas personas vino de la Fuerza Pública”.

“Unas víctimas fueron arrojadas al río, en la frontera. Pero miembros de autodefensas ingresaron y dejaron fosas en Venezuela. Allá hay por lo menos más de 200 personas desaparecidas”, puntualizó el exjefe paramilitar, en la audiencia de verdad.

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Plantón frente al edificio de la JEP por conmemoración de la Operación Orión - Cortesía

Plantón frente al edificio de la JEP por conmemoración de la Operación Orión

Sobre las 10:45 de la mañana se reportó un plantón de aproximadamente 20 personas sobre la carrera séptima con calle 66, frente a las instalaciones de la JEP. Según el reporte inicial de las autoridades de tránsito se trataría de un grupo de personas que están conmemorando el aniversario de la Operación Orión.

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El grupo de manifestantes que se reunieron frente a la JEP desplegó una pancarta en tela de más de 10 metros de extensión sobre la calzada sur norte de la carrera séptima. Allí mismo se sentaron a pintarla y a entonar arengas mientras realizaban su manifestación pacífica.

En el mismo escenario los manifestantes realizaron varías puestas en escena que conmemoraban y reflejaban los hechos ocurridos hace 21 años en las comunas de Medellín. Allí, los transeúntes que disfrutaban de la tradicional ciclovía de festivo se unieron para apreciar el performance.

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Durante la jornada de plantón las gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno y el personal de apoyo de Transmilenio hicieron a acompañamiento para asegurar el derecho a la manifestación pero también, para lograr reestablecer el flujo vehicular de la carrera séptima.

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