domingo 19 mayo 2024
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Álvaro Uribe confirmó que denunciará a Zulema Jattin - Google

Álvaro Uribe denunciará a Zulema Jattin por sus declaraciones ante la JEP

El expresidente Álvaro Uribe confirmó que denunciará a la exsenadora Zulema Jattin tras la declaración sobre parapolítica que rindió ante la Jurisdicción Especial de Paz en diciembre de 2022 y en la que hace señalamientos en su contra.

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En ese testimonio, la excongresista menciona a Uribe asegurando que ella lo visitó en 2002, cuando era candidato, para expresarle su preocupación por el accionar de grupos paramilitares en Córdoba, y que la respuesta que obtuvo de él habría sido que, si no tenía pruebas, se abstuviera de denunciar.

Ante esto, el expresidente publicó un comunicado a través del cual confirma la denuncia que había anticipado horas atrás. Allí también reconoce que sí se reunió con la excongresista, pero, según él, no en los términos que Jattin relató.

“Con la doctora Jattin me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin pruebas las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además, menciona personas sobre las que nunca hablamos. Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme inventa ante la JEP su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años”, precisó.

Finalmente, Uribe cuestiona que, pese a que se trata de hechos de hace dos décadas y que fueron relatados en diciembre pasado ante la JEP, se conozcan en este momento, “en vísperas de elecciones”.

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“A los jóvenes les diría que pongan cuidado en no tener conversaciones de buena fe con negociantes de la política”, concluyó.

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La JEP podría llamar a Santos y Uribe como testigos en caso de falsos positivos - Google

JEP podría llamar a Uribe y Santos como testigos en caso de falsos positivos

Hasta el momento en el Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la investigación de los falsos positivos se ha hecho priorizando algunas zonas del país, como Dabeiba, el Catatumbo, Meta, la costa Caribe y Huila, entre otros.

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En estas zonas del país, la JEP ha encontrado algunos patrones en las ejecuciones extrajudiciales; es decir que, por ejemplo, los casos de falsos positivos registrados en en una zona del país contaron con los mismos incentivos de los comandantes en otra región del país y por eso ahora la justicia transicional quiere investigar hasta qué punto hubo información y responsabilidad en estos casos.

Para esto los magistrados que investigan estos casos llamarán a partir del próximo año a militares que hicieron parte de los comandos conjuntos y el Comando General del Ejército, entre los años 2005 y 2008.

Sin embargo, también podrán ser llamados, como testigos, funcionarios del gobierno de ese entonces, según explicó la magistrada Catalina Díaz.
“¿Los expresidentes Uribe y Santos, eventualmente, podrían ser llamados como testigos?”, fue la pregunta a la magistrada.

“La respuesta es que sí, claro que sí, cualquier juez de la República puede llamar a personas como testigos, es importante anotar que la JEP no tiene competencia para investigarlos como presuntos responsables”, señaló la magistrada Díaz.

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En el mismo sentido el magistrado Óscar Parra explicó que por interés de la investigación la idea es llamar a varios militares que estuvieron en los comandos conjuntos y el Comando General, pero esto dependerá del avance de las investigaciones.

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La JEP imputó delitos de lesa humanidad a Pablo Catatumbo y 14 exjefes de las Farc - Google

JEP imputó cargos a Pablo Catatumbo y a 14 exjefes de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz logró una decisión histórica y desde Tumaco, Nariño, anunció la imputación de cargos por delitos de lesa humanidad al exintegrante del secretariado de las Farc y excomandante del Bloque Occidental de ese extinto grupo armado ilegal, Pablo Catatumbo. Junto a él, también cayeron 14 exjefes de esa guerrilla.

El caso estuvo en manos de la magistrada Belkis Izquierdo, quien, tras detallar las responsabilidades de los actores armados, individualizó a los quince máximos responsables. Estos tendrán un plazo máximo de treinta días (30) para presentarse ante la JEP y reconocer su responsabilidad o, de lo contrario, enfrentarse al proceso por la justicia ordinaria que puede traerles hasta veinte años de cárcel.

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Además de Pablo Catatumbo, están imputados Édgar López (’Pacho Chino’), Luis Carvajal (’Rambo’ o ‘Gustavo’), Hedier Espinosa (’Cachorro’), Groelfi Rodríguez (’Ramiro Cortés’), Wilfrido Ávila (’Mondanga’), Rubiel Torres (’Tachuela’), Arlez Porras (’Yesid Guevara’), Fabio Murcia (’Vitamina’), Jair Acosta (’Javier Guzmán’), Ricardo Palomino (’Jairo Perdomo’ o ‘Chiqui’), Alberto López (’William Santamaría’), José Castro (’el Doctor’), Diego González (’el Pollo’) y Juan Carlos Caicedo (’el Gordo’).

Según las investigaciones, todos los imputados hacían parte de la Columna Móvil Mariscal Sucre, la Columna Móvil Daniel Aldana y el Frente 29 del Bloque Occidental Alfonso Cano. Pablo Catatumbo fue comandante del Comando Conjunto de Occidente y Édgar López fue comandante del Frente 29.
La imputación llega en el marco del Caso 02, del que Izquierdo es relatora, con el que la JEP priorizó las afectaciones que el conflicto causó entre 1990 y 2016 en los municipios nariñenses Barbacoas, Ricaurte y Tumaco. En ese último se realizó la rueda de prensa, que fue precedida por un acto simbólico cultural.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las extintas Farc llevaron a cabo una “política de control social y territorial” que resultó en seis patrones macrocriminales. La zona especificada en el caso 02 es clave, porque concentra tres municipios que fueron “de interés geoestratégico de los actores armados”.

Las cifras de esos patrones son alarmantes. El primero de ellos —las masacres, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas— contempla 314 hechos que ocurrieron entre 1997 y 2016, lo que dejó como resultado 468 víctimas directas.

Los últimos dos patrones fueron el uso ilícito de minas antipersonal y restos explosivos de guerra, que dejó 279 víctimas identificadas, y la destrucción de la Naturaleza y el Territorio. Sobre este último se anotaron 71 hechos que fueron contra “la Naturaleza, los sitios sagrados, el Katsa Su Gran Territorio Awá, el Eperara Euja Territorio Eperara Siapidaara, el Territorio ancestral y colectivo del Pueblo Negro Afrocolombiano, las Tierras de Comunidades Campesinas y urbanas”.

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Por todo ello se imputaron dos tipos de crímenes. Los primeros son de lesa humanidad, o sea, graves delitos cometidos sistemáticamente contra la humanidad o parte de ella, como exterminio, persecución contra pueblos indígenas y afrocolombianos, asesinato, desplazamiento forzado, violación, esclavitud sexual, entre otros.

Los segundos, crímenes de guerra, que son hechos que violan el Derecho Internacional Humanitario y la dinámica que regula los conflictos armados. En este sentido se imputó también homicidio, reclutamiento y utilización de niños para participar en hostilidades, desplazamiento forzado, violación, esclavitud sexual, empleo de minas antipersonales, destrucción del medioambiente y destrucción y apropiación de bienes culturales y lugares de culto.

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Asesinato de Neonatos por las FARC-Redes sociales

Relato de víctimas: las Farc practicaban abortos en gestación avanzada

Luego de que Salvatore Mancuso hubiera asistido y declarado ante la JEP, surgen nuevos cuestionamientos respecto a las desapariciones forzadas, asesinatos, reclutamiento y utilización de menores de edad en grupos armados.

Ahora, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP, llevar a cabo investigaciones respecto a la desaparición forzada y asesinatos de neonatos por parte de las FARC.

La solicitud se da luego de que alrededor de 27 mujeres excombatientes brindaran su testimonio asegurando que las Farc, practicaba abortos a la fuerza en un estado de embarazo avanzado.

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Según los testimonios de las excombatientes, había un médico encargado de realizar estas prácticas, inclusive a muchas mujeres les extraían el bebé vivo, lo asesinaban y procedían a enterrar y desaparecer su cuerpo.

Cabe resaltar que además de cometer este tipo de crímen, las mujeres que dieron su testimonio fueron reclutadas siendo menores de edad.

“El Ministerio Público solicita que se investiguen los siguientes hechos: aborto forzado en edad gestacional avanzada; asesinato de neonatos; lesiones dolosas al feto; y, desaparición forzada de neonatos y las facetas de género que se relacionan con estas conductas”

Christian Wolffühgel Gutiérrez, procurador delegado ante la JEP

Por otra parte, los abortos forzados se realizaban a grupos de 10 mujeres las cuales provenían de varios frentes de las Farc, ELN y ERG.

Los dolorosos relatos

“Las mujeres de las Farc y del ELN eran reunidas en algunas ocasiones para realizar los abortos, les ponían Cytotec y con una chupa absorbían para sacar los bebes (…) siempre habían 5 o 10 mujeres”

Relato de víctimas

En otro de los relatos citados en el documento, se refiere que el Mono Jojoy descubrió a una de las víctimas en estado de embarazo, razón por la cual de inmediato ordenó que se le practicara un legrado y, como en el procedimiento en el cual le fueron administradas tres pastillas vía oral y otras tres introducidas para abortar, no tuvo los resultados esperados, le repítieron la dosis.

Inclusive en el documento se afirma que ese mismo día cuatro víctimas más fueron sometidas al legrado, dentro de ellas, había una mujer que tenía ocho meses de embarazo

Los casos son dolorosos e inhumanos, por ello, el delegado Wolffhügel Gutiérrez hizo hincapié en la necesidad e importancia de ampliar los criterios de investigación en el macrocaso 07 que se basa en la investigación sobre el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado colombiano.

El delegado espera que se indaguen a profundidad los escenarios relacionados con el asesinato de neonatos expuestos por el Ministerio Público.

“Los hallazgos realizados por el Ministerio Público permiten inferir que no se trató de conductas aisladas o accidentales, que pudieran ser desconocidas por los mandos al interior de las filas, pues los hechos ocurrieron en todo el territorio nacional y en todos los Bloques de las Farc”

Christian Wolffühgel Gutiérrez, procurador delegado ante la JEP

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JEP concede libertad condicional al exgobernador Salvador Arana - Google

La JEP concedió libertad condicional a Salvador Arana

Se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz concedió la libertad condicional al exgobernador del departamento de Sucre Salvador Arana. Esto, luego de que el exmandatario reconociera su responsabilidad en el homicidio del alcalde de El Roble Eudaldo Diaz.

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«La JEP concede la libertad transitoria, condicionada y anticipada a Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre, en vista de la calidad de sus aportes a la verdad realizados con relación a los hechos por los que fue condenado y procesado, sucedidos entre 1996 y 2006″, dice el comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Asimismo, se indicó que Arana deberá seguir compareciendo ante la JEP y cumplir con los estándares de verdad, reparación y no repetición. Además, se hizo énfasis en que la libertad que se concede no implica que la definición de su situación jurídica sea definitiva.

Salvador Arana, quien contó su verdad, fue uno de los funcionarios públicos de más alto rango que se unió con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Siendo gobernador de Sucre en el 2000, tuvo alianzas con el Bloque Montes de María y fue el responsable del asesinato del exalcalde Díaz, como ya lo corroboró la Corte Suprema en 2016. Desde 2020 fue aceptado para declarar ante la JEP, y ahora, su solicitud formal por recobrar la libertad, se materializó gracias a las consideraciones positivas sobre sus aportes.

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Sin embargo, Juan David Díaz, uno de los hijos del exalcalde asesinado, recientemente le envió un documento a la JEP, en el cual menciona que el exgobernador “ha demostrado con suficiencia no estar arrepentido de sus actos criminales” por lo que solicitó no darle beneficios porque para él aceptar, tras 20 años, la muerte de su padre, no es muestra de verdad. Por el contrario, David Díaz, el hijo menor de Edualdo, considera que es pertinente mantener a Arana en la justicia transicional porque es garantía de contar la verdad. Dijo que los señalamientos de Juan David, su hermano, no son un pensamiento único de la familia víctima.

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Enilce López alias 'La Gata'-Redes sociales

No más oportunidades: la JEP cancela audiencia de alias ‘La Gata’

Enilce del Rosario López alias ‘La Gata’, tendría la última oportunidad para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la Audiencia Única de Aporte a la Verdad la cual estaba programada para este 30 y 31 de mayo de 2023.

sin embargo, en la tarde del 29 de mayo a través de sus redes sociales la JEP aseguró que cancelaba la audiencia única de aporte a la verdad.

Cabe recordar que, Enilce López alias ‘La Gata’ se encuentra acusada de tener nexos con los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María, y en el año 2022, la JEP le habría advertido a López que, si continuaba negando sus nexos con estos grupos al margen de la ley no se le brindaría la posibilidad de someterse a la justicia.

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Por otra parte, la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz se da luego de que ‘La Gata’ anunciara que no asistiría a la audiencia programada por temas de salud.

Según lo afirmó la entidad, esto no esclarece su participación en calidad de tercera civil colaboradora de grupos paramilitares.

En esta última oportunidad que se le habría otorgado a ‘La Gata’ se esperaba que asumiera su participación con los paramilitares además de aceptar su implicación en diferentes crímenes y homicidios referentes al conflicto armado.

Por el momento solo se conoce el comunicado de la JEP, noticia en desarrollo.

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andres pastrana-Google

Expresidente Andrés Pastrana denunció a Salvatore Mancuso

El expresidente Andrés Pastrana es noticia, después de denunciar a Salvatore Mancuso por las afirmaciones que dio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Ante la Fiscalía General de la Nación, el expresidente denunció al ex jefe paramilitar por injuria y calumnia, tras las fuertes afirmaciones que dio Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).  

En las recientes declaraciones del exjefe paramilitar, se han visto involucrados varias figuras de poder, durante la extensa audiencia de cuatro días en la que se ha visto envuelto Mancuso, con la intención de quedar en libertad cuando lo extraditen a Colombia, ha sacado varios trapos a la luz, y con la tentativa de posibles denuncias por parte del también expresidente Álvaro Uribe

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 “En el año 2002, y es algo importante a saberlo porque no solamente se dio a nivel regional, sino también nacional. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso, el 10 de marzo de 2002, y también de manera directa en las elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe. Pero sugiero, les ruego, que podamos hacerlo en audiencia privada” dijo ante la JEP Salvatore Mancuso. 

Después de estas fuertes declaraciones, el expresidente Andrés Pastrana, tomó acciones legales en contra del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. 

“Le exijo al cobarde asesino Mancuso que muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyos o infiltración de dineros del narcoterrorismo paramilitar en mi campaña presidencial. De no hacerlo, pierde, aquí y allá, todos los beneficios que le concede la justicia especial”. Añadió en su cuenta de Twitter, el expresidente.

 

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El expresidente Álvaro Uribe denunciará a Salvatore Mancuso - Google

Álvaro Uribe denunciará a Salvatore Mancuso

El expresidente de la República y jefe natural del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez , negó los señalamientos hechos por Salvatore Mancuso, quien dijo que la organización paramilitar de las AUC asesinó al alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, cuando el Gobierno le quitó el esquema de seguridad.

En un video de más de diez minutos, el jefe natural del Centro Democrático recordó que fue él quien envió a los Estados Unidos a los cabecillas de las AUC para que respondieran por los delitos de narcotráfico, entre otros, luego de que fuera advertido por la Policía que desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí continuaban delinquiendo.

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“Nunca fue para ocultar la verdad. En cumplimiento de lo acordado con nuestro Gobierno, las autoridades de los Estados Unidos han facilitado que funcionarios, fiscales, jueces, políticos, hayan accedido a las cárceles de ese país a obtener informaciones. Incluso han acudido visitantes a ofrecer beneficios para acusar a mi persona”, señaló el expresidente.

En el escrito, Uribe fue claro en afirmar: “Por mi vinculación a Montería conocí al señor Mancuso, no fui amigo de él, pude serlo porque su familia era muy conocida, lo saludé dos o tres veces, nunca nos reunimos ni pasamos de un saludo”.

Uribe, además, indico que Mancuso ha dicho a algunos que tuvo dos reuniones con él, a otros que cuatro o que una. “Nunca entró a la Hacienda El Ubérrimo. El coronel Suárez, cuando era comandante de la Policía de Córdoba, fue a visitarme para preguntar por mi seguridad, así lo hacían los comandantes del Ejército y de Policía. El coronel Suárez negó haber ido a reunirse conmigo en compañía de Salvatore Mancuso, como este lo afirmó”, añadió.

Sobre los señalamientos hechos por Mancuso sobre el asesinato del exalcalde de El Roble, Sucre, Uribe fue enfático en indicar que a este nunca se le quitó el esquema de seguridad.

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“El General Teodoro Campo Gómez, quien para entonces era director de la Policía, al preguntarle esta mañana por las declaraciones del señor Mancuso, me dijo inicialmente ‘que nadie le habría quitado la protección al alcalde’. En la misma conversación pedí al general que me ayudara con una investigación, la más completa posible. Esta tarde me llamó y me informó que el comandante de la Policía de Sucre era el coronel Norman León Arango, quien al alcalde de El Roble le tenía asignado un escolta de la Policía.

De acuerdo con la averiguación del general Teodoro Campo, el alcalde contaba con dos escoltas adicionales contratados por el municipio; no aceptaba que la Policía o la Armada le aumentaran escoltas; y, con frecuencia, se evadía de ellos como lo hizo para acudir a la cita que lo condujo al secuestro y asesinato”, agregó.

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El expresidente Uribe también se refirió a su relación con el exgobernador de Sucre Salvador Arana. Aseguró que el exdirigente político “aceptó haber sido autor intelectual del asesinato del alcalde”. “Lo conocí cuando llegué a la Presidencia por su condición de gobernador. No tuve amistad con él. Estuvo en un puesto diplomático porque denunció amenazas, como también se protegió de esa forma a familiares de guerrilleros. El retiro del cargo diplomático se dio por las acusaciones sobre el crimen”, indicó el exmandatario.

Ante los señalamientos hechos, el líder del Centro Democrático anuncio que “procederá a denunciar a Mancuso ante la justicia colombiana y ante la justicia de los Estados Unidos, donde vive” y que “tendrá que probar que le quitó los escoltas al alcalde de El Roble”.

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La JEP rechazó la solicitud de alias 'Jorge 40' de ingreso a esa jurisdicción - Google

JEP rechazó sometimiento de alias ‘Jorge 40’

Rodrigo Tovar Pupo, exlíder del Bloque Norte de las AUC, más conocido como ‘Jorge 40’, no tendrá cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así lo confirmó la justicia especial, al encontrar que el exjefe paramilitar por no aportó verdad plena que demostrara que actuó como punto de conexión o de bisagra entre la Fuerza Pública y los paramilitares.

«La decisión fue tomada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas luego de escuchar a Tovar en Audiencia Única de Verdad los pasados 26 y 27 de enero. La sala además determinó que el exjefe paramilitar incumplió varios requerimientos hechos por la JEP«, señaló ese organismo.

Asimismo, la JEP aseveró que ‘Jorge 40‘ y sus apoderados fueron advertidos de que los incumplimientos de quienes comparecen voluntariamente ante la JEP «son inadmisibles» y, además, reiteró que se le brindaron las garantías necesarias para que expusiera su aporte a la verdad.

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Vale mencionar que ‘Jorge 40’ estaba obligado a demostrar con un alto estándar probatorio la calidad de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, a partir de su comportamiento como punto de contacto entre el aparato oficial y los paramilitares. “Esto último no solo para efectos operacionales, sino, también, para el flujo de información e inteligencia, la entrega de armas y dotación, apoyo logístico, transferencia de recursos económicos, entre otros”, según explicó la JEP en su momento.

“A pesar de que pagábamos el impuesto a la guerrilla, mi padre y mi prima fueron secuestrados. Le enviamos una carta al presidente Ernesto Samper denunciando la violencia que se vivía en ese momento en el Cesar. Nos encontrábamos en sepelio por los muertos que nos iban matando estas organizaciones”, contó en una de las audiencias.

Asimismo, sostuvo que desistió de acudir a las institucionalidades «porque todos estaban vendidos, todo sucedía frente al batallón la Popa”, agregó.

Seguidamente, Tovar reveló que su primer aporte a las AUC fue de $1.500.000 y se reunió con el supuesto comandante de las AUC de Pailitas, Cesar.

https://twitter.com/JEP_Colombia/status/1658175368920981516

“Me reuní tres veces con el señor Luis Ábrego, me decía que era comandante de las Autodefensas de Pailitas, Cesar, y que su jefe era Carlos Castaño, dijo que nos quería ayudar. Tenía que pagar el impuesto a la guerrilla de $1.500.000, pero me dice que mejor se la entregue a ellos. Nos encontramos y Luis Ábrego se llevó los dos guerrilleros, la plata de mi aporte y las armas. Acabas de hacer tu primer aporte a la causa, me dice”, indicó.

En la misma diligencia, Tovar Pupo reveló que viajó a Estados Unidos a comprar armas para Salvatore Mancuso y que, posteriormente, fueron ingresadas por el puerto de Cartagena. Además, que en 1997 ayudó a comprar botas pantaneras para los paras en Valledupar.

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Sin embargo, cuando los magistrados le consultaron sobre los actores involucrados en las masacres y cómo él ayudó en la logística de estos crímenes, Tovar se negó a hablar.

“No voy a entrar aquí a hablar en materia que pueden ser perjudiciales para el otro escenario jurídica que es el que estoy sujeto”, se defendió.

A su paso, la magistrada que se encontraba en la audiencia, Sandra Jeanette Castro, lo cuestionó. “Si usted está diciéndonos que sobre ese tema no va a hablar, prácticamente podemos terminar la audiencia«, planteó.

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JEP revocó libertad del coronel (r) Publio Hernán Mejía - Google

JEP revocó libertad a coronel (r) Publio Hernán Mejía

El coronel (r) Publio Hernán Mejía deberá enfrentar un juicio ante la Justicia Especial para la Paz por falsos positivos.

Durante la comandancia del coronel en retiro Publio Hernán Mejía, quien fue comandante del batallón La Popa con sede en Valledupar, se registraron casos de falsos positivos por hombres bajo su mando y algunos de ellos señalaron que Mejía habría tenido conocimiento de estas ejecuciones extrajudiciales e, incluso, aseguraron que dio la orden para que dichos delitos se cometieran.

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También lo señalaron de tener, presuntamente, vínculos con el paramilitarismo. La JEP lo imputó como máximo responsable por estos casos y le otorgaron el beneficio de la libertad condicional; sin embargo, ahora deberá enfrentar un juicio en la jurisdicción por no aceptar su responsabilidad y, si es vencido, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Un grupo de víctimas le solicitó a la JEP que evaluara la posibilidad de expulsar a Mejía de la jurisdicción, pues consideraban que había faltado a sus compromisos en la jurisdicción, pues en medio del paro nacional en Colombia habría utilizado redes sociales y otros medios de comunicación para emitir mensajes que las víctimas consideran incitaciones al terrorismo, por lo que no estaba cumpliendo con garantizar la no repetición de los hechos. Por su parte, la sección de Ausencia de Reconocimiento estudió si debía o no sancionar a Mejía por estas razones.

Lo que ha considerado la jurisdicción es que estos mensajes públicos podrían estar relacionados con el discurso de odio, pues si bien no se comprobó que la cuenta de Twitter la utilizara él, sí se corroboró que Mejía realizó unos videos en los cuales emitía este tipo de mensajes. Ante esto, la sección de Ausencia de Reconocimiento reconoce que Mejía incumplió sus compromisos, le revocan el beneficio de libertad condicional y le ordenan al director de la Policía Nacional hacer efectiva la orden de captura, que deberá cumplirse en una unidad militar.

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En uno de los ejemplos que utilizó el magistrado Gustavo Salazar para determinar que hubo un incumplimiento, está un video en el que Mejía asegura: «Entiendan queridos compatriotas que no estamos ante una manifestación y una protesta pacífica, estamos ante una guerra planteada por el comunismo, por el globalismo, por el apoyo de las Farc, del ELN, de las milicias bolivarianas, del gobierno venezolano y tristemente con el apoyo de políticos colombianos como Petro, Santos y Samper», señalaba refiriéndose al paro nacional.

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