La controversia institucional y los choques jurídicos en la cúpula del poder ejecutivo sumaron este viernes un nuevo capítulo de alta tensión. El ministro de Trabajo saliente, Antonio Sanguino, confirmó que la cartera laboral evalúa la viabilidad jurídica de abrir una investigación administrativa por la denuncia de presunto acoso laboral y violencia de género política interpuesta por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo Adaptación, en contra del presidente Gustavo Petro.
Durante una intervención concedida a Caracol Radio, el jefe de la cartera del Trabajo explicó el procedimiento normativo que rige este tipo de actuaciones, señalando que la entidad se encuentra verificando la existencia formal de una querella radicada por la alta funcionaria ante los canales de inspección del Ministerio.
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«Tengo que revisar si hay alguna querella interpuesta por ella en esa materia. Si la hay, por supuesto que nosotros indagaremos. Tengo que indagar si en la Dirección Territorial de Bogotá o en la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control se aperturará alguna investigación al respecto», precisó Sanguino.
De la Casa de Nariño a los estrados: El trasfondo de las acusaciones
El pronunciamiento del Ministerio del Trabajo se produce en el punto más alto del choque entre el jefe de Estado y la exdirectora del Dapre. En declaraciones públicas que estremecieron el entorno gubernamental, Rodríguez afirmó de manera tajante que el presidente Gustavo Petro se convirtió en «su mayor victimario», denunciando una cadena sistemática de agresiones psicológicas y persecución política durante su permanencia en el Palacio de Nariño.
Las señalamientos mediáticos acompañan la acción judicial formal radicada por Rodríguez y su apoderado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes —juez natural del primer mandatario—. En dicho expediente, la funcionaria solicita investigar al presidente por la presunta comisión de conductas punibles como peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia.
Según el escrito de acusación, las fricciones entre el presidente y la exdirectora del Dapre se agudizaron tras la negativa de Rodríguez a avalar la designación de Juliana Guerrero en el Viceministerio de Juventudes, al considerar que la aspirante no acreditaba el cumplimiento de los requisitos legales y de experiencia para el cargo. A partir de ese momento, sostiene la denunciante, se desencadenaron episodios de presunto maltrato, descalificaciones profesionales y comentarios despectivos sobre su apariencia física.
Polémica por la historia clínica y respuesta penal desde la Presidencia
Un aspecto crítico en el cruce de acusaciones se relaciona con las declaraciones del presidente Petro sobre el estado de salud de la funcionaria. Ante la polémica suscitada por la ventilación pública de diagnósticos médicos, el ministro Sanguino defendió la posición del jefe de Estado argumentando que no existió una violación a la reserva legal del expediente clínico.
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De acuerdo con el punto de vista expresado por el titular de la cartera laboral, la información relativa a la condición psiquiátrica de la exdirectora del Dapre fue revelada y expuesta inicialmente por la propia funcionaria en escenarios públicos, por lo que desestimó que el mandatario haya incurrido en una divulgación indebida de la historia clínica.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro reaccionó de manera categórica ante la escalada de acusaciones. A través de pronunciamientos emitidos en sus redes sociales, el mandatario negó tajantemente los señalamientos de violencia de género y acoso laboral, asegurando que la exdirectora del Dapre recurrió a «la mentira y la difamación» en un intento por blindar su posición en la administración pública.
El jefe de Estado confirmó que instruyó a su equipo de abogados para emprender acciones penales inmediatas en contra de Rodríguez por calumnia e injuria, trasladando la confrontación política al ámbito de las fiscalías y las cortes.
