El panorama político en Colombia ha dado un giro trascendental este martes 21 de abril. El presidente Gustavo Petro ha ratificado su intención de avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente, solicitando formalmente los mecanismos para financiar la iniciativa y recolectar las firmas necesarias. Casi de forma simultánea, sectores de la oposición liderados por Sergio Fajardo han activado una estrategia legal para impedir que el texto constitucional sea modificado.
Una «Constituyente contra la corrupción»: El argumento del Ejecutivo
Durante el último Consejo de Ministros, el mandatario colombiano fue enfático al señalar que su propuesta no pretende derogar la Carta Magna en su totalidad, sino realizar una cirugía profunda al sistema político nacional, al cual calificó como la «base de la corrupción en Colombia».
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«Personalmente, creo que debemos promover la constituyente, que no está prohibido por la ley ni la Constitución. Si queremos luchar contra la corrupción, hay que comenzar ahí», afirmó el Jefe de Estado.
Petro solicitó a su equipo de gobierno los formatos oficiales y los datos de las cuentas de consignación para apoyar financieramente al comité promotor. Según el mandatario, esta reforma es indispensable para sanear las instituciones del Estado, admitiendo incluso que la corrupción permea a funcionarios de su propia administración que han «abusado de su confianza».
Los ejes de la propuesta presidencial:
- Reforma al sistema político: Modificación de las estructuras de poder que facilitan el clientelismo.
- Lucha anticorrupción: Implementación de mecanismos de control más estrictos.
- Fin de la violencia: Vinculación de la estabilidad social con la transparencia institucional.
El «Contra-Referendo»: La respuesta de Sergio Fajardo
La ambición reformista de la Casa de Nariño ha encontrado una barrera inmediata en la Registraduría Nacional. El candidato presidencial Sergio Fajardo, junto a su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla, inscribieron oficialmente el comité promotor del ‘Referendo por la estabilidad constitucional 2026-2030’.
Este mecanismo de participación ciudadana busca que los colombianos decidan en las urnas si desean proteger la Constitución de 1991 y prohibir expresamente cualquier convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente entre agosto de 2026 y agosto de 2034.
Garantías democráticas en juego
Para la fórmula vicepresidencial de Fajardo, el anuncio del Gobierno representa una amenaza real a la estabilidad del país. «Hemos invitado al Gobierno a que, si no es cierta esta amenaza, retire ese comité», declaró Edna Bonilla.
Por su parte, Fajardo fue crítico con el estilo de gobernanza actual:
«Hoy estamos en una confrontación inédita. Nunca habíamos visto por parte del gobierno una manera de irrespetar la Constitución de esta forma. La Carta Magna no puede ser una herramienta del gobierno de turno».
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El camino legal y político hacia 2026
Con ambos bandos movilizando sus bases para la recolección de firmas, Colombia se encamina a una batalla jurídica y popular de gran envergadura. Mientras el petrismo busca los apoyos para reescribir las reglas del sistema político, la coalición de Fajardo apuesta por la «estabilidad» como bandera de campaña para las elecciones presidenciales de 2026.
El país queda ahora a la espera de los cronogramas que defina el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, en un proceso que definirá no solo el futuro de la actual Constitución, sino el equilibrio de poderes para la próxima década.
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— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 22, 2026
