En un giro decisivo para los procesos judiciales derivados del financiamiento de las elecciones de 2022, la Fiscalía General de la Nación formalizó la radicación del escrito de acusación contra Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol, por el delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales.
El recurso fue elevado por el despacho de la Fiscalía Tercera Especializada, entidad que citó a juicio al exdirectivo tras consolidar un denso expediente sobre los manejos de los recursos, la contabilidad y las inconsistencias detectadas en los reportes presentados cuando Roa se desempeñó como gerente general y administrador financiero de la candidatura presidencial de Gustavo Petro.
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Las cifras del exceso: Más de $1.300 millones por encima del tope legal
La investigación penal se concentró en la auditoría técnica de los informes contables ingresados al aplicativo oficial ‘Cuentas Claras’ de la Organización Electoral y en las inspecciones cruzadas con los registros entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE). Según las conclusiones del ente acusador, la contienda proselitista sobrepasó los techos presupuestales permitidos por la ley tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial de 2022.
Respecto a la primera vuelta de mayo de 2022, el fiscal delegado detalló la responsabilidad directa del entonces gerente en la ordenación del gasto:
“Usted, en su condición de gerente administrador financiero de la campaña Petro Presidente, habría dirigido, manejado y autorizado este gasto ejecutado en esta etapa electoral”, sostuvo formalmente el fiscal del caso durante la formulación de cargos.
De acuerdo con el desglose contable de la Fiscalía, mientras el límite máximo legalmente autorizado para la primera vuelta ascendía a $28.500 millones de pesos, los desembolsos reales ejecutados por el equipo de campaña alcanzaron los $29.924 millones de pesos, generando un sobrecosto o exceso no permitido de $1.388 millones de pesos.
Pagos omitidos y subreportes en el sistema ‘Cuentas Claras’
El pliego de acusación enfatiza que no solo se sobrepasaron los límites normativos, sino que desde la gerencia se habrían reportado datos inferiores a los desembolsos reales para intentar encajar los gastos dentro del marco de la ley.
“Para esa misma etapa, la campaña, en su cabeza como gerente, reportó en Cuentas Claras gastos por valores de $28.384 millones de pesos, es decir, por debajo de lo que realmente habían gastado”, precisó la representación de la Fiscalía.
El rastreo financiero efectuado por los peritos judiciales evidenció que múltiples servicios logísticos, eventos de plaza pública, publicidad y honorarios profesionales fueron omitidos o registrados de forma parcial en la contabilidad oficial:
“Tenemos entonces que, en concreto, durante la primera vuelta, y bajo la gerencia suya, se habrían identificado pagos, gastos, servicios y hechos económicos de campaña por $1.193 millones de pesos, que no fueron reportados o fueron reportados parcialmente”, concluyó el ente investigador.
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Etapa procesal y consecuencias jurídicas
Con la presentación formal del escrito de acusación, el proceso contra el exejecutivo de la petrolera estatal entra en la etapa de juicio oral. Ante un juez de conocimiento, la Fiscalía presentará el material probatorio, testimonios e inspecciones contables para demostrar la presunta responsabilidad penal de Roa Barragán.
De ser hallado culpable bajo el tipo penal de violación de topes electorales (consagrado en el artículo 396B del Código Penal colombiano), el acusado podría enfrentar penas que van desde prisión hasta inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos. Por su parte, la defensa de Roa ha manifestado que demostrará la legalidad de las operaciones y la validez de los reportes entregados en su momento a las autoridades electorales.
