La discusión sobre la implementación de pilotos de aspersión aérea de cultivos de uso ilícito con glufosinato de amonio llegó al Congreso de la República, donde representantes del Gobierno y sectores de oposición expusieron sus posiciones frente a los posibles impactos ambientales y sanitarios de esta estrategia de erradicación.

El debate de control político, que había sido aplazado en varias oportunidades, tuvo como eje central conocer el alcance de la medida impulsada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella y las condiciones bajo las cuales se aplicarían los pilotos en el departamento del Putumayo.

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Mientras algunos congresistas cuestionaron la utilización de esta sustancia por sus posibles efectos sobre la salud humana y el medio ambiente, el Gobierno defendió la medida como una herramienta para combatir el fortalecimiento económico de los grupos ilegales dedicados al narcotráfico.

Oposición cuestionó los riesgos del glufosinato de amonio

El representante José Luis Bohórquez, del Pacto Histórico, lideró parte del debate y cuestionó la decisión de reactivar la fumigación aérea para combatir los cultivos ilícitos, especialmente con el uso de glufosinato de amonio.

Según el congresista, esta sustancia tendría menores niveles de efectividad frente a otras alternativas utilizadas anteriormente y podría representar mayores riesgos para las personas expuestas. Además, señaló que este tipo de estrategias pueden provocar el desplazamiento de los cultivos hacia zonas donde no sea posible realizar operaciones de erradicación.

Por su parte, el representante Renson Alexander García aseguró que documentos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), advierten limitaciones frente al uso de este herbicida.

El congresista afirmó que el glufosinato es una sustancia que puede afectar diferentes especies vegetales y expresó preocupación por los posibles efectos sobre comunidades indígenas que habitan algunas de las zonas donde se realizarían los pilotos.

También cuestionó los productos complementarios que podrían utilizarse junto con el herbicida y aseguró que algunas combinaciones podrían incrementar los riesgos sobre la salud humana.

Gobierno asegura que la fumigación cumplirá controles legales y ambientales

Durante el debate, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que la administración nacional respetará las decisiones judiciales y los controles establecidos antes de avanzar con cualquier operación de aspersión.

“El uso de esta sustancia debe hacerse sin afectar a la ciudadanía”, afirmó el funcionario, quien señaló que el objetivo principal del Gobierno es combatir las estructuras ilegales que se benefician económicamente de los cultivos ilícitos.

Cancino sostuvo que el narcotráfico representa una fuente de presión y violencia contra las comunidades del territorio y defendió la necesidad de afectar las finanzas de los grupos armados mediante estrategias de erradicación.

El ministro también argumentó que la producción de cocaína genera graves impactos ambientales debido al uso de precursores químicos y la afectación de fuentes hídricas.

Pilotos tendrán condiciones establecidas por la Corte Constitucional

El jefe de la cartera de Justicia aseguró que los pilotos de aspersión estarán sujetos a las condiciones definidas por la Corte Constitucional y a los conceptos técnicos requeridos por las autoridades ambientales.

Según Cancino, si alguna de las condiciones establecidas no se cumple, el Gobierno no avanzará con la implementación de estas actividades.

Además, indicó que la administración ha adelantado conversaciones con entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, universidades públicas y organismos internacionales para establecer mecanismos de seguimiento.

El funcionario rechazó las críticas que señalan que los pilotos podrían utilizarse para evaluar efectos sobre las personas.

“Este programa no está diseñado para ver qué pasa con el ser humano cuando se hace la aspersión. Se trata de protegerlo y evitar su exposición”, afirmó.

Gobierno anuncia estrategia combinada con erradicación manual y drones

El ministro Cancino explicó que la estrategia del Ejecutivo no estará limitada a la fumigación aérea, sino que también incluirá acciones de erradicación manual y el uso de drones.

De acuerdo con el funcionario, el propósito es evitar que los cultivos ilícitos simplemente sean trasladados hacia zonas donde no pueda aplicarse la aspersión.

Además, reiteró que el Gobierno buscará avanzar en programas de sustitución de cultivos para ofrecer alternativas económicas a las comunidades rurales.

Defensa alerta por crecimiento de cultivos ilícitos en Putumayo

La viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, respaldó la necesidad de evaluar nuevamente la aspersión aérea debido a las dificultades que enfrenta la erradicación manual en territorios con presencia de minas antipersona y grupos armados.

La funcionaria señaló que el crecimiento de los cultivos de hoja de coca ha permitido el fortalecimiento de organizaciones ilegales y aseguró que el narcotráfico representa una actividad con un peso significativo dentro de la economía ilegal del país.

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ANLA tendrá la última palabra sobre la aplicación de los pilotos

El Ministerio de Ambiente explicó que la propuesta de los pilotos responde, entre otros factores, a la situación de deforestación que enfrenta el departamento del Putumayo.

Sin embargo, la entidad aclaró que será la ANLA la encargada de emitir los conceptos técnicos necesarios para determinar la viabilidad ambiental de las operaciones, en cumplimiento de las órdenes establecidas por la Corte Constitucional.

El Ministerio recordó que deben aplicarse los principios de precaución y prevención ambiental, por lo que existirán zonas donde no será permitido realizar actividades de aspersión.

Gobernación del Putumayo pidió garantías para las comunidades

Al cierre del debate, el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, expresó preocupación por la manera en que se desarrollarán los pilotos y pidió claridad sobre las condiciones de implementación.

El mandatario departamental señaló que funcionarios del Gobierno Nacional se desplazarán al territorio para dialogar con las comunidades y analizar alternativas, incluyendo posibles acuerdos de erradicación voluntaria.

La discusión sobre el uso del glufosinato de amonio continuará siendo uno de los principales puntos de debate dentro de la política antidrogas del Gobierno, debido al choque entre la necesidad de combatir las economías ilegales y las advertencias sobre sus posibles impactos ambientales y sociales.