En medio de las dudas sobre el rumbo que tomará la implementación del Acuerdo de Paz durante el mandato del presidente Abelardo De La Espriella, el Gobierno Nacional lanzó un duro cuestionamiento contra la gestión anterior. Desde la Casa de Nariño, el Ejecutivo señaló a la administración de Gustavo Petro por haber registrado el porcentaje histórico más bajo en el avance de los compromisos pactados con las extintas Farc dentro del Plan Marco de Implementación (PMI), alcanzando apenas un 4,66 % de ejecución.
El balance fue presentado por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, quien actualmente ejerce además como comisionado de paz encargado y director encargado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
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«Nos tienen a punta de narrativas»: La comparativa de ejecución entre gobiernos
During su intervención pública, el alto funcionario cuestionó con vehemencia el contraste entre el discurso en materia de paz de la pasada administración y los resultados consolidados en las bases de datos gubernamentales.
«Los que creen en la paz, los que han asumido la postura de abrir muchos más procesos de paz en Colombia, de tener zonas de ubicación temporal, de invertir 64 billones de pesos en la paz, solamente ejecutaron el Plan Marco de Implementación en un 4,66 %; lo ejecutó más el gobierno anterior [Duque], con un 54 %», sostuvo Ríos Puerta.
De acuerdo con el informe estadístico divulgado por la Presidencia de la República, el historial de avance del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz entre las tres administraciones se desglosa de la siguiente manera:
- Gobierno de Juan Manuel Santos (2016–2018): Registró un cumplimiento del 23 %.
- Gobierno de Iván Duque Márquez (2018–2022): Consolidó el mayor porcentaje de avance, alcanzando un 54 %.
- Gobierno de Gustavo Petro Urrego (2022–2026): Se posicionó como el periodo con menor avance, marcando un 4,66 %.
«De los tres gobiernos que van a la fecha de la implementación del Acuerdo de Paz, el que menos lo ejecutó fue el gobierno Petro. Nos tienen a punta de narrativas, pero los números dicen lo contrario», enfatizó el director del Dapre.
Tensión con el Poder Judicial: Anuncian cierre de la ZUT en Putumayo en dos meses
En el mismo espacio, el comisionado encargado confirmó que la Casa de Nariño mantiene su determinación de liquidar la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) ubicada en zona rural del Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo, en un plazo máximo de dos meses. En el sitio permanecen concentrados cerca de 50 excombatientes de los Comandos de la Frontera (facción vinculada a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB).
La decisión administrativa, argumentada por el Ejecutivo debido a limitaciones presupuestales, entra en directo choque con un fallo de tutela emitido por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís. La providencia judicial ordenó a la Presidencia suspender por un lapso de seis meses la terminación de la ZUT para amparar los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la seguridad y las garantías de tránsito a la vida civil de los exintegrantes del grupo armado.
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Frente al mandato del juez, el director del Dapre rechazó la utilización de acciones constitucionales para extender la vigencia del predio:
«A punta de tutelas me van a mantener esa zona. Les tengo que dar la noticia: no lo vamos a hacer. Nos vamos a dar los dos meses no más. Con todo el respeto que merece el Poder Judicial, no podemos permitir que a los jueces los instrumentalicen para estos efectos», aseveró Ríos Puerta.
El anuncio de concretar la clausura en 60 días abre un complejo escenario de confrontación entre el Ejecutivo y los tribunales del Putumayo, mientras organizaciones sociales advierten sobre los riesgos de seguridad para la población concentrada en esa región del sur del país.
