En un momento de alta sensibilidad institucional, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió formalmente una investigación disciplinaria contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por el presunto delito de participación indebida en política.
El auto, emitido por la congresista Gloria Arizabaleta, se fundamenta en una denuncia penal y disciplinaria que recopila 15 publicaciones específicas realizadas desde la cuenta personal de X (antes Twitter) del mandatario entre los años 2023 y 2025. Según el documento judicial, dichos trinos “podrían guardar relación con actividades o controversias de carácter político-partidista”.
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Arizabaleta, quien además integra el triunvirato investigador que define el expediente de la campaña presidencial «Petro Presidente 2022», aclaró en el auto que la apertura del radicado:
“…sin constituir por sí mismas un juicio anticipado sobre la responsabilidad del investigado, revisten entidad suficiente para justificar el inicio de la actividad instructiva dirigida a verificar la ocurrencia de los hechos denunciados”.
Inspección digital: CTI preservará los trinos presidenciales
El primer bloque de medidas ordenadas por la célula legislativa apunta a blindar el material probatorio digital. Para ello, se solicitó la intervención inmediata de la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrita a la Comisión, la cual deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos:
- Verificación de existencia: Cotejar la vigencia y correspondencia de las capturas de pantalla adjuntas en el expediente original.
- Metadatos e identificación: Rastrear y registrar los datos técnicos asociados a la divulgación de las 15 publicaciones denunciadas.
- Cadena de custodia: Adoptar las medidas de seguridad informática necesarias para la preservación, registro de archivos y documentación técnica de los servidores para rendir un informe pericial detallado.
Ofensiva probatoria: Lupa al DAPRE y a los discursos oficiales
El requerimiento de la Comisión de Acusación escala directamente a la estructura administrativa de la Casa de Nariño. La investigadora ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) entregar un dossier completo que responda a interrogantes clave sobre el manejo de los canales de comunicación del jefe de Estado:
- Accesos a la cuenta: Identificar qué dependencias, servidores públicos, contratistas o asesores externos han tenido acceso directo a las credenciales de la cuenta personal del mandatario.
- Dispositivos asociados: Listar los teléfonos, tabletas u ordenadores oficiales asociados con la administración de dicho usuario.
- Protocolos de edición: Explicar los lineamientos institucionales de elaboración, revisión, aprobación, publicación, modificación y eliminación de contenidos.
- Historial de equipos: Remitir las hojas de vida y datos de contacto de todo el personal que ha integrado los equipos de prensa, comunicaciones y estrategia digital de la Presidencia desde agosto de 2022.
Adicionalmente, el despacho ordenó incorporar al expediente el contexto de las publicaciones mediante el análisis de discursos oficiales, entrevistas, intervenciones en plaza pública, consejos de ministros y eventos partidistas, además de anexar formalmente el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.
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Choque de ponencias: El futuro de la investigación de la campaña 2022
Este nuevo frente disciplinario contra el primer mandatario coincide con la cuenta regresiva de la Comisión para definir el rumbo del expediente principal sobre la presunta financiación irregular de la campaña electoral de 2022.
En los próximos días, la plenaria de la comisión de aforados deberá resolver la profunda división jurídica existente entre sus tres magistrados investigadores.
Mientras el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico) defiende la ponencia que solicita archivar el caso por falta de mérito probatorio, sus homólogos Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo presionan la aprobación de un pliego de cargos que ordene llamar a indagatoria formal al presidente, una de las medidas restrictivas y de juicio político más agudas contempladas en el ordenamiento constitucional de la República.
