«No puedo respirar, que Dios me bendiga». Esas fueron las últimas palabras pronunciadas por Geraldo Lunas Campos, un migrante cubano de 55 años, antes de perder la vida a manos de custodios federales en Camp East Montana. El recinto, considerado el mayor centro de detención migratoria de los Estados Unidos, opera bajo un estricto régimen militar dentro de las instalaciones de la base de Fort Bliss, en Texas.

La revelación forma parte de un devastador informe conjunto publicado este miércoles 15 de julio de 2026 por las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Cruces (ACLU). El documento denuncia la existencia de un patrón sistemático de palizas, negligencia médica deliberada, aislamiento prolongado y condiciones insalubres extremas que violan flagrantemente los tratados internacionales.

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Una «ejecución extrajudicial» amparada por la impunidad

Camp East Montana está diseñado con una infraestructura semipermanente de cinco macrotiendas de campaña con capacidad para hacinar hasta a 5.000 solicitantes de asilo. Lejos de ser un espacio de tránsito humanitario, HRW sostiene que los abusos documentados en el complejo de El Paso constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. La organización fue tajante al tipificar jurídicamente el fallecimiento del ciudadano cubano Lunas Campos como una «ejecución extrajudicial» bajo los estándares del derecho internacional.

Las corporaciones civiles basaron sus hallazgos en extensas entrevistas de campo realizadas a 71 personas que sobrevivieron al encierro, procedentes de doce naciones de Latinoamérica y el Caribe. Los datos son alarmantes: 64 de los 71 entrevistados afirmaron haber sido víctimas directas de agresiones físicas o haber presenciado severas golpizas propinadas por los guardias de seguridad privada y agentes federales.

«Quieren demostrar que pueden hacer lo que quieran con nosotros»

Los testimonios recogidos en el dosier de HRW y ACLU describen un ambiente de terror psicológico y físico donde se castiga cualquier intento de reclamación básica. Los guardias encargados de la custodia operan bajo dinámicas de anonimato que dificultan su identificación judicial.

«Cuando una persona reclama, se desquitan con todos nosotros», relató un migrante hondureño bajo el seudónimo de Germán L., quien sumaba un mes retenido en el complejo militar. «Visten de negro, usan máscaras que les cubren casi todo el rostro y no llevan placas con sus nombres. Quieren demostrar que tienen el control y que pueden hacer lo que quieran con nosotros».

El uso de la fuerza desmedida también fue denunciado por Armando G., un ciudadano venezolano de 32 años. De acuerdo con su relato, durante el desarrollo de una huelga de hambre pacífica para exigir celeridad en los trámites de asilo, siete custodios lo derribaron contra el suelo de concreto: «Uno me asfixiaba mientras otro me tiraba del cabello y me golpeaba la cabeza contra el piso». A pesar de sufrir hematomas severos y un agudo dolor abdominal, el personal médico del recinto le negó la evaluación y el tratamiento analgésico.

El repunte de muertes bajo la administración de Donald Trump

La tragedia de Lunas Campos no es un hecho aislado. El ciudadano cubano, padre de cuatro hijos, se convirtió en uno de los tres migrantes fallecidos en Camp East Montana en el último semestre. De acuerdo con los indicadores estadísticos de la red humanitaria Detention Watch Network, la cifra global de decesos bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha experimentado un preocupante repunte tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Las métricas oficiales de las organizaciones civiles contabilizan 50 muertes bajo custodia federal: 31 casos registrados durante el periodo fiscal de 2025 y 19 decesos adicionales en lo que va corrido de 2026.

Periodo AnualFallecidos bajo Custodia de ICE
Año 202531 migrantes
Año 2026 (A la fecha)19 migrantes
Total Gestión Reciente50 víctimas mortales

El deceso de Lunas Campos ocurrió la noche del pasado 3 de enero, tras ser confinado en una celda de aislamiento por exigir el suministro de medicamentos esenciales para sus patologías de base. Aunque el reporte inicial de ICE alegó de forma escueta que el personal de guardia halló al detenido «en dificultades respiratorias» y aplicó maniobras de reanimación, el informe forense desmintió la versión oficial.

La autopsia independiente reveló abrasiones profundas en el tórax y las rodillas, así como hemorragias internas en el cuello. El peritaje médico legal determinó que la causa del deceso fue asfixia mecánica por compresión del cuello y el torso, catalogando técnicamente el caso como un homicidio.

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Hacinamiento, infecciones y un «cementerio de personas vivas»

El informe de HRW y ACLU detalla condiciones de salubridad deplorables dentro de los módulos de Fort Bliss. Las celdas comunitarias sufren de un hacinamiento crítico donde hasta 72 personas se ven obligadas a compartir únicamente seis inodoros y seis duchas, las cuales permanecen obstruidas e inundadas con aguas negras y residuos fecales.

Los internos denunciaron pasar semanas consecutivas sin acceso a insumos de aseo básico como jabón, desinfectante o cepillos dentales. Esta falta de higiene provocó brotes masivos de infecciones cutáneas, afecciones respiratorias agudas y patologías dentales crónicas. Asimismo, el servicio de alimentación fue catalogado como deficiente, con porciones insuficientes de comida en estado de descomposición o congeladas, lo que provocó pérdidas de peso corporal de hasta 13 kilogramos en varios de los afectados.

La gravedad de la crisis humanitaria en la frontera sur de Texas fue sintetizada por Lorenzo P., un ciudadano ecuatoriano que sobrevivió a las celdas de aislamiento de Fort Bliss antes de ser liberado: «Este lugar es un cementerio de personas vivas. Aquí adentro te puede pasar cualquier cosa y nadie responderá por ti». Las organizaciones firmantes instaron al Congreso de los Estados Unidos a abrir una comisión de investigación independiente y a ordenar el cierre inmediato de las estructuras de carpas de Camp East Montana.