Luz Marina Esper aseguró que fue objeto de seguimiento y hostigamiento mientras se encontraba en el centro comercial Buenavista. El caso reabre el debate sobre los protocolos de actuación del personal de seguridad privada y el trato a periodistas en espacios públicos y comerciales.

Una denuncia realizada por la periodista y empresaria de medios Luz Marina Esper, directora y propietaria del Diario La Libertad, generó reacciones en distintos sectores del Caribe colombiano luego de que relatara un presunto episodio de acoso, persecución e intimidación por parte de un vigilante del centro comercial Buenavista, en Santa Marta.

Según la comunicadora, los hechos ocurrieron mientras desarrollaba una actividad cotidiana dentro de las instalaciones del establecimiento comercial, uno de los más concurridos de la capital del Magdalena.

De acuerdo con la denuncia publicada por el propio medio de comunicación que dirige, Esper manifestó haber sido objeto de un seguimiento constante por parte de un integrante del equipo de seguridad privada, situación que, según afirmó, le generó incomodidad y preocupación.

La periodista calificó la situación como un acto de hostigamiento que, en su criterio, excedió las funciones normales de vigilancia y control que corresponden al personal de seguridad de un centro comercial.

La denuncia llega en un momento de creciente preocupación por la seguridad

El incidente ocurre en un contexto en el que la seguridad de los espacios comerciales de Santa Marta ha estado bajo especial escrutinio público.

Durante los últimos meses, distintos hechos delictivos registrados en centros comerciales de la ciudad han motivado el fortalecimiento de medidas de vigilancia y control por parte de administradores y empresas de seguridad privada.

Uno de los casos que más impactó a la opinión pública fue el intento de asalto a un vehículo de valores en el centro comercial Buenavista, hecho que derivó en un intercambio de disparos y dejó personas heridas, generando preocupación entre comerciantes y visitantes.

Asimismo, informes periodísticos y pronunciamientos de sectores empresariales han advertido sobre el aumento de delitos como hurtos, extorsiones y ataques contra trabajadores y comerciantes en Santa Marta.

Sin embargo, expertos en seguridad privada recuerdan que el fortalecimiento de los controles no puede traducirse en actuaciones arbitrarias contra visitantes, periodistas o ciudadanos que desarrollen actividades legítimas dentro de estos espacios.

¿Cuáles son los límites de la vigilancia privada?

La controversia también pone sobre la mesa una discusión recurrente sobre el alcance de las funciones de los vigilantes en establecimientos comerciales.

La normativa colombiana establece que las empresas de vigilancia privada tienen como misión proteger personas, bienes e instalaciones, pero sus actuaciones deben desarrollarse respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Juristas consultados en diferentes oportunidades sobre casos similares han señalado que los vigilantes no pueden realizar procedimientos que impliquen intimidación, discriminación, retenciones arbitrarias o seguimientos injustificados sin una causa objetiva relacionada con la seguridad.

En ese sentido, cualquier actuación que pueda interpretarse como hostigamiento o persecución debe ser evaluada por las autoridades competentes para determinar si existió una vulneración de derechos.

Periodistas y libertad de prensa

El caso también ha despertado comentarios en sectores periodísticos debido a que la persona que formula la denuncia es la directora de un medio de comunicación regional con amplia trayectoria en la Costa Caribe.

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa han insistido en que los periodistas deben poder ejercer su labor y desplazarse libremente por espacios públicos o privados de acceso abierto sin ser objeto de intimidaciones o restricciones indebidas.

Aunque hasta el momento no se ha planteado que los hechos denunciados estuvieran relacionados con la actividad periodística de Esper, algunos comunicadores han señalado la importancia de esclarecer lo ocurrido para evitar interpretaciones que puedan afectar el libre ejercicio del periodismo.

Se espera pronunciamiento de los responsables

Hasta el momento de esta publicación no se conocía una versión oficial del centro comercial Buenavista ni de la empresa encargada de prestar los servicios de vigilancia en el establecimiento respecto a los señalamientos realizados por la directora de Diario La Libertad.

Diversos sectores consideran que una explicación institucional permitiría esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente y determinar si se trató de un procedimiento de seguridad ajustado a protocolo o de una actuación que pudo exceder las funciones asignadas al personal involucrado.

Un caso que abre un debate más amplio

Más allá de la denuncia particular, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los protocolos de atención al público en espacios comerciales de alta concurrencia.

Centros comerciales, establecimientos privados y empresas de vigilancia enfrentan el desafío de garantizar condiciones de seguridad para miles de usuarios sin afectar derechos fundamentales como la libre circulación, la dignidad personal, la privacidad y la libertad de información.

Mientras se conocen más detalles sobre lo ocurrido, la denuncia de Luz Marina Esper continúa generando reacciones en el ámbito periodístico y empresarial de Santa Marta, donde diversos sectores han solicitado que los hechos sean aclarados con transparencia y que se garantice el respeto por los derechos de todos los ciudadanos.