Controversia judicial
La actuación de una Comisaría de Familia en Cartagena genera cuestionamientos sobre el cumplimiento de los protocolos de protección a la niñez durante una diligencia relacionada con un menor de 10 meses. Surgen dudas sobre el acompañamiento institucional requerido.
Una controversia se ha desatado en Cartagena tras un procedimiento de restitución de derechos que involucró al hijo de 10 meses del candidato Santiago Botero y Manuela Echeverri. El caso ha generado interrogantes sobre la aplicación de los protocolos establecidos para la protección de menores de edad y la participación de las entidades competentes durante la diligencia.
Según información conocida sobre el caso, el procedimiento fue adelantado por una Comisaría de Familia de la ciudad, situación que ha dado lugar a cuestionamientos por la presunta ausencia de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) durante parte del proceso.
Por tal motivo el excandidato presidencial, realizó las actuaciones legales pertinentes ante la Procuraduría General de la Nación, para que sea investigado el actuar del Comisarios de Familia Amin Sanabria Aislant, caso que ahora deberá resolver la entidad y dar a conocer si las acciones realizadas en dicho procedimiento se ajustaron o no a la forma y la norma.
material audiovisual del medio de comunicación La libertad
Cuestionamientos sobre el procedimiento
De acuerdo con versiones conocidas alrededor de la diligencia, el comisario de familia Amin Sanabria Aislant habría ordenado actuaciones relacionadas con la restitución de los derechos del menor, en medio de un operativo que posteriormente fue objeto de críticas.
Las dudas se centran en si durante el desarrollo del procedimiento se cumplió con la presencia y el acompañamiento institucional que, según diversas interpretaciones de los protocolos de protección infantil, suelen involucrar a entidades especializadas en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Debate por la participación del ICBF
Uno de los aspectos que más controversia ha generado es la presunta ausencia de un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el momento en que se habría solicitado la presencia del menor en la diligencia.
Fuentes cercanas al caso sostienen que el acompañamiento de personal especializado en infancia y adolescencia resulta fundamental en procedimientos de esta naturaleza, especialmente cuando se trata de garantizar el interés superior del niño y minimizar posibles afectaciones emocionales o psicológicas.
Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales que esclarezcan si la participación institucional requerida se cumplió de manera integral durante todas las etapas del procedimiento.
La importancia de los protocolos de protección infantil
Expertos en derecho de familia recuerdan que las actuaciones relacionadas con menores de edad deben desarrollarse bajo estrictos criterios de protección, priorizando en todo momento el bienestar del niño.
Asimismo, destacan que la coordinación entre autoridades administrativas, organismos de protección y cuerpos especializados de la Policía de Infancia y Adolescencia constituye un elemento clave para garantizar la legalidad y transparencia de este tipo de actuaciones.
Mientras avanzan las revisiones sobre lo ocurrido, el caso continúa generando debate en Cartagena y en distintos sectores de la opinión pública. Las preguntas sobre el cumplimiento de los protocolos institucionales y la participación de las entidades responsables de la protección de la niñez mantienen el foco sobre una diligencia que involucra derechos fundamentales de un menor de edad.
Se espera que las autoridades competentes emitan pronunciamientos oficiales que permitan esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento y determinen si se cumplieron todos los requisitos legales y administrativos exigidos para este tipo de actuaciones.
